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Nota.— El lunes 3 de abril del corriente año, la página web italiana de izquierda Sinistrainrete (nuestro público lector ya la conoce, por los escritos de Enrico Tomaselli que hemos traducido y difundido) publicó un valioso artículo de análisis sobre China y su capitalismo de estado tan sui generis, escrito por Giordano Sivini, especialista en la temática: “Il partito comunista cinese e il controllo sui mezzi di produzione. Le imprese pubbliche industriali dal mercato alla sfida tecnológica”. Compartimos aquí la traslación castellana que hemos realizado, respetando el título original e incluyendo la bibliografía.
Dado su peso específico en términos económicos y demográficos, y su creciente importancia geopolítica, lo que acontece en la República Popular China no puede ser ignorado por quien pretenda orientarse en este problemático y febril siglo XXI. Por desgracia, las obras sobre China no son ni abundantes ni de gran calidad en castellano, y no es sencillo hallar artículos relativamente cortos que brinden buena información y esclarecedoras claves analíticas. El artículo que ofrecemos a continuación dibuja una buena panorámica del desarrollo industrial y tecnológico chino en las últimas décadas. Describe con nitidez ciertas situaciones y determinados cambios, a los que será bueno registrar. Por el contrario, resulta escueta su carga analítica y crítica. No se puede decirlo todo en un texto (menos si es breve), pero no está de más apuntar, en esta presentación, otros aspectos relevantes de la realidad china que no son abordados en el escrito de Sivini, aunque se hallan estrechamente relacionados: la desigualdad de clases, la dictadura de partido único, las aspiraciones hegemónicas de China como potencia mundial, la cuestión ecológica (productivismo, extractivismo, consumismo) y el «prometeísmo» tecnológico del que sigue hacienda gala el régimen liderado por Xi Jinping.
Una digresión, ma non troppo: quien desee conocer y comprender la evolución política y económica del coloso asiático en la contemporaneidad, desde una perspectiva de izquierda más incisivamente analítica y crítica, seguramente no se decepcionará leyendo los numerosos artículos históricos que el colectivo marxista Chuang –formado por intelectuales comunistas chinos disidentes con la «ortodoxia» del PCCh– ha publicado en su revista homónima. El sitio español de izquierdas Espai Marx ha traducido del inglés una buena cantidad de ellos, y los ha compilado en dos libros, ambos de descarga libre y gratuita (como todos los títulos que engrosan su biblioteca electrónica Els Arbres de Fahrenheit): Sorgo y acero. El régimen socialista de desarrollo y la forja de China (2016) y Polvo rojo. La transición al capitalismo en China (2019).
Algunas líneas sobre el autor de “Il partito comunista cinese e il controllo sui mezzi di produzione”, que abajo publicamos en castellano: Giordano Sivini (Trieste, 1936) es un analista de la realidad socioeconómica y política italiana, europea y global. Durante muchos años, se desempeñó como profesor de sociología política en la Facultad de Economía de la Universidad de Calabria. Ha escrito, entre otros libros, La resistenza dei vinti. Percorsi nell’Africa contadina (“La resistencia de los vencidos. Caminos en el África campesina”, Feltrinelli, 2006), l banchiere del Papa e la sua miniera (“El banquero del Papa y su minera”, Il Mulino 2009), La fine del capitalismo (“El fin del capitalismo”, Asterios, 2016), Reddito di cittadinanza. Emancipazione dal lavoro o lavoro coatto? (“Renta básica. ¿Emancipación del trabajo o trabajo forzoso?”, con Giuliana Commisso, Asterios, 2017) y La constituzione materiale della Cina. Le ragioni storiche della crescita del capitalismo cinese fuori dall’economia-mondo finanziarizzata (“La constitución material de China. Las razones históricas del crecimiento del capitalismo chino a partir de la economía-mundo financiarizada”, Asterios, 2022).
Introducción
El control del Partido Comunista sobre los medios de producción es uno de los fundamentos de la Constitución material de China (Sivini, 2022), el dintel del sistema de poder de la República Popular desde el momento de su fundación hasta nuestros días, más allá de los cambios en sus bases estructurales. Mao Zedong (1949-1976) había intentado realizar una estructura en la que las relaciones sociales de producción marcadas por el socialismo igualitario condicionaran el desarrollo de las fuerzas productivas. Deng Xiaoping (1978-1992), que le sucedió, trabajó para que la construcción del socialismo se basara en la redistribución de la riqueza por las fuerzas productivas impulsadas por la competencia entre los agentes del mercado. Esta dinámica modificó las relaciones sociales de producción, allanando el camino para la generalización de su configuración capitalista, que Jiang Zemin y Zhu Rongji (1993-2003) contribuyeron a institucionalizar, y que aún persiste en la actualidad. Socialización, estatización y capitalización son las formas en que se ha materializado el control del Partido Comunista sobre los medios de producción en estas diferentes fases de la historia de China.
En un reciente libro publicado en México, Barry Naughton –estadounidense y uno de los principales estudiosos occidentales de China–sostenía que a partir de Deng, durante una larga fase, el crecimiento del país fue producido por el mercado y no por los gobiernos y el partido. Los planes quinquenales quedaron inconclusos o fracasaron, y las intervenciones estatales se dirigieron, con escaso éxito, a lograr que las empresas estatales fueran eficientes en el mercado. Sin embargo, la dependencia del mercado ha erosionado las capacidades de producción de China en comparación con las de Occidente, y se elaboraron tardíamente planes para remediar la brecha tecnológica, aplicados después de la gran crisis financiera.
La reflexión sobre las cuestiones tecnológicas llevó finalmente a superar el enfoque sectorial, con un plan de política industrial a largo plazo centrado en el potencial transformador de las nuevas tecnologías. Con este plan, concluye Naughton, “China aspira a ser la primera economía de mercado dirigida por el gobierno” (Naughton, 2021).
De hecho, durante el periodo de dependencia del mercado, en un entorno de decenas de miles de empresas –pequeñas, medianas y grandes– que perseguían sus propios objetivos, el partido y el gobierno se habían comprometido a construir un sector industrial público capaz de competir en el mercado capitalista. Habían apoyado activamente a las empresas de sectores estratégicos que aprovechaban del mercado el estímulo para aumentar su competitividad mediante la coordinación con otras empresas hacia atrás y hacia adelante en la cadena productiva, hasta formar un equipo de «campeones nacionales», compuesto por conglomerados industriales públicos listos –con la entrada en la Organización Mundial del Comercio– para operar a escala global.
Aquí se esboza lo esencial de esta formación, destacando que es un requisito previo esencial para el posterior desarrollo de la política industrial.
Conglomerados y empresas estatales
En 2022, los 97 conglomerados industriales centrales de propiedad estatal, que son la columna vertebral de la economía china, registraron un aumento de la utilidad operacional del 8,3%; y de los beneficios netos, del 5,0%; en comparación con el año anterior. Estos porcentajes superan el 3% del PBI nacional, y “este es, en los últimos años, el requisito para que las empresas centrales sirvan de estabilizadoras del crecimiento del país”, subrayó Peng Huagang, secretario general de la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado (SASAC, por sus siglas en inglés), en una rueda de prensa celebrada el 20 de enero de 2023. La inversión en investigación y desarrollo aumentó un 9,8%, la productividad laboral un 8,7% y la contribución al presupuesto público un 19,3%. El Sr. Peng, al esbozar las actividades, hizo hincapié en la puesta en marcha de grandes proyectos y en la coordinación con las pequeñas y medianas empresas para la gestión conjunta del crédito y la deuda. El objetivo general era reforzar el benchmarking internacional de las empresas estatales chinas (Zhihua,2022).
Los 97 conglomerados dependen de la SASAC, el organismo que, en nombre del gobierno, supervisa todas las empresas estatales centrales, y también las locales. En total, hay 130 mil unidades de producción no financieras con activos por un valor de unos 30 billones de dólares, de los cuales el 40% están controlados por el gobierno central y el resto por los gobiernos locales. La creación de la SASAC en 2003 marcó un punto de inflexión en la historia de la gestión de las empresas industriales estatales por parte del Partido Comunista. En el pasado, Deng Xiaoping había tratado de mejorar su eficiencia; Jiang Zemin y Zhu Rongji habían cerrado o privatizado las deficitarias; con las demás, se habían sentado las bases para el desarrollo de conglomerados, cuya fuerza competitiva global se convirtió en el objetivo del nuevo organismo.
Empresas en el mercado
El movimiento revolucionario dirigido por Mao Zedong había liberado a China de la ocupación japonesa. Había impelido a los campesinos a tomar posesión de la tierra y a aumentar, mediante el trabajo colectivo, la productividad necesaria para su subsistencia y la de los obreros industriales. Las fábricas creadas por los japoneses y otros capitales extranjeros habían sido ocupadas y puestas de nuevo en producción bajo la dirección de técnicos soviéticos, que también habían ayudado a crear otras. Según Mao, China debía crecer aprovechando los recursos internos y la relación directa entre productores y medios de producción, bajo la dirección del Partido Comunista. Las comunas eran la forma más avanzada de socialización en la agricultura. En la industria, este objetivo sólo se abordó tras la salida de los técnicos soviéticos, “porque – explicó Mao– no entendíamos estas cosas, no teníamos absolutamente ninguna experiencia en ellas. Y en nuestra ignorancia, lo que podíamos hacer era importar métodos extranjeros”. El propio Mao preparó un documento aprobado por el partido, que se centraba en la autogestión de la producción. Debía basarse en un reparto igualitario de la información, los conocimientos y las funciones entre obreros, técnicos y directivos dentro de pequeños grupos, en el marco de una actividad planificada por las asambleas fabriles, con el objetivo a largo plazo de llegar a una estructura de productores asociados que controlaran los medios de producción y compartieran el plusproducto. La Revolución Cultural, a la que estas perspectivas no eran ajenas, impidió que se iniciara la transformación de la estructura industrial.
Tras la muerte de Mao, el tercer plenario del Partido Comunista, en 1978, llevó a cabo una profunda reforma de la agricultura mediante la distribución de tierras en usufructo a las familias campesinas; no tocó el sector industrial. Deng Xiaoping, quien sucedió a Mao en la dirección del partido, se encontró con un patrimonio público de 25 mil grandes empresas controladas en su mayoría por el gobierno central, 40 mil medianas y pequeñas por los gobiernos provinciales, y 50 mil por los gobiernos de nivel inferior. Estaban situadas en espacios urbanos y mantenían la configuración del periodo maoísta. Las más grandes incluían, además de la fábrica, alojamiento para empleados y familias, guarderías, escuelas, servicios administrativos, médicos y recreativos; los niños podían tomar el relevo de sus padres, que permanecían en la unidad de trabajo hasta el final de sus vidas.
Estas empresas, que en el periodo de Mao formaban parte de un sistema planificado, fueron estatizadas y puestas bajo la responsabilidad de los gobiernos central y local. En 1984, su gestión se confió a sus directores sobre la base de contratos de responsabilidad; podían conservar los beneficios, pero tenían que recurrir al crédito bancario en lugar de a las subvenciones del gobierno, y tenían que hacerse cargo de los costes de reproducción de los trabajadores (sólo las nuevas contrataciones estaban reguladas por contratos individuales). No podían competir con las empresas colectivas e individuales que florecían en el medio rural reformado, que en cambio utilizaban la mano de obra de los emigrantes del campo. Su creciente disponibilidad también atrajo cada vez más al capital extranjero productivo más avanzado, que fue acogido selectivamente en China siempre que aportara nuevas tecnologías y estuviera orientado a la producción para la exportación.
La descentralización legislativa y financiera hacia los gobiernos locales que pretendía Deng contribuyó a la efervescencia económica, pero creó problemas. Zhu Rongji los abordó con una amplia reorganización institucional que tenía en cuenta la necesidad de aliviar la carga de las empresas estatales sobre el presupuesto público y, a largo plazo, el deseo de ingresar en la Organización Mundial del Comercio. Se privatizaron o cerraron pequeñas y medianas empresas estatales deficitarias; entre 1993 y finales de los noventa, al menos 45 millones de personas perdieron su empleo. Para poder intervenir en las empresas más grandes, el gobierno eliminó varios ministerios centrales que se resistían. Aplicó la Ley General de Sociedades de 1993, que las obligaba a darse una configuración preferentemente accionaria; y la Ley del Trabajo de 1995, que vinculaba todo el empleo a relaciones contractuales individuales. Obligó a las empresas deficitarias a cerrar o privatizarse; las demás tuvieron que despedir empleados para recontratar sólo a los que no se consideraban redundantes con los objetivos de producción. Entre 1998 y 2000, estas empresas estatales pasaron de 65.000 a 42.000, con 13 millones de personas sin trabajo.
El Banco Mundial había contribuido a la reorganización institucional pretendiendo la privatización completa de las empresas públicas. Para su pesar, no lo había conseguido: “el Banco dejó al gobierno ‘el asiento de conductor’, con todo lo que ello implica para la propiedad y el rendimiento del país”, reza la autoevaluación de la intervención. “La desafortunada consecuencia es que, cuando los actores clave del gobierno no están dispuestos a cooperar con el Banco, no se abordan cuestiones importantes” (Banco Mundial, 2005).
Una vez capitalizadas todas en términos accionarios, rehabilitadas en gran medida y hechas más competitivas respecto al capital extranjero, quedaba por definir la estructura de propiedad de las empresas supervivientes. El problema se planteó en 2002, en el XVI Congreso del Partido, donde se propuso un sistema de participación accionaria de los gobiernos local y central. Al año siguiente, Zhu Rongji creó en su lugar SASAC con el papel de accionista general en nombre del gobierno central, mientras que los gobiernos locales hacían lo propio con sus propias empresas.
La formación del sector estratégico
La selección de grandes empresas por Rongji y la solución de la SASAC concluyeron el proceso de formación del sector industrial público estratégico. Durante la década de 1980, como resultado de la creciente autonomía empresarial y las presiones competitivas internas, se habían multiplicado los acuerdos de cooperación entre empresas estatales que, reunidas en torno a las más grandes, dieron lugar a grupos de interés, sujetos a un trato gubernamental privilegiado. La Comisión de Planificación había mostrado el camino a finales de 1987. En 1991, una directiva gubernamental había tomado nota de la actividad experimental de 57 grupos económicamente significativos, y había indicado las condiciones y los objetivos para poner en marcha otros: superar la dispersión geográfica, romper las barreras provinciales, fomentar las incorporaciones y las fusiones, desarrollar la capacidad de atraer inversiones y aspirar a mejorar la calidad.
En 1997, llegó una segunda directiva gubernamental. En ella se consideraban sustancialmente alcanzados los objetivos de los 57 grupos definidos por el primer documento, y se daban indicaciones para continuar, de nuevo con el apoyo del gobierno, la experimentación en curso de otros 67 grupos. Pretendía concentrar el crecimiento en sectores clave de la economía, y hacía hincapié en la competitividad internacional. Definía su articulación; recomendaba evitar los «matrimonios forzados» inducidos por factores extraeconómicos; ampliaba la función de las empresas matrices en la formulación de estrategias, en la asignación de recursos financieros y tecnológicos, en la utilización de capital para proyectos de menos de 30 millones de dólares, en la cotización de filiales en mercados nacionales y extranjeros, en la emisión de bonos corporativos y en la creación de centros tecnológicos y de investigación dentro de los grupos. Por último, el documento ampliaba el número de sectores y provincias en los que podía desarrollarse la intervención, y habilitaba la participación de empresas privadas. Subrayaba la necesidad de que los grupos y las empresas integrantes fueran entidades jurídicas definidas según las normas de 1993.
Cuando China ingresó en la Organización Mundial del Comercio en 2001, estos grupos se consideraban «campeones nacionales». Abarcaban sectores de la economía considerados estratégicos y constituían la columna vertebral de la estructura productiva del país. En muchos sectores coexistían varios grupos nacionales: tres en petróleo, otros tantos en telecomunicaciones, cinco en energía, tres en transporte aéreo, etcétera. Dentro de cada sector, los grupos competían en el mercado nacional, pero el gobierno les animaba a cooperar cuando operaban en los mercados extranjeros.
Cada grupo estaba encabezado por una gran empresa «matriz», con un capital superior a 100 millones de yuanes, que poseía una participación de control en al menos otras cinco empresas. En terminología local, este era el nivel «vecino» del grupo. Las empresas en las que la empresa matriz tenía una participación minoritaria se denominaban «semivecinas». A su vez, las vecinas o semivecinas podían tener participaciones en otras empresas, y algunos grupos tenían cientos de ellas. Al menos una empresa del grupo tenía que cotizar en bolsa, y era esta la que generalmente se relacionaba con el extranjero. Lo que daba cuerpo a un grupo eran las sinergias técnico-productivas, y en su seno se creaban institutos de investigación y empresas comerciales o financieras con funciones de servicios. En China, se prohibía a los bancos tener participaciones en empresas industriales, y se disuadía a los grupos (aunque la ley lo permitía) de tener participaciones de control en bancos.
En el momento de su creación, se encomendó a la SASAC la gestión de 196 grupos, conglomerados no financieros dependientes de la administración central, que comprendían 34.280 empresas. Para los demás grupos que operan en las provincias, los gobiernos locales crearon organismos similares. La SASAC comenzó con un programa destinado a mejorar la gobernanza corporativa de las empresas, aumentar la eficiencia económica del sistema mediante la coordinación sectorial de las actividades y apoyar la participación en las licitaciones públicas para las infraestructuras del país y las iniciativas en el extranjero. Continuó en esta línea en la primera década, teniendo en cuenta las señales del mercado nacional e internacional. Siguió estimulando la centralización y concentración de empresas, aprobando numerosas adquisiciones y fusiones, con el objetivo de mejorar la competitividad e incidir en la sobrecapacidad productiva. En 2010, los conglomerados se habían reducido a 121, con 23.738 empresas.
El gobierno utilizó diversas medidas para apoyar a las empresas estatales: barreras administrativas, técnicas y reglamentarias; acceso preferente al crédito bancario; facilitación del uso del suelo y cotización pública en las bolsas nacionales; contratación pública y apoyo a fusiones y adquisiciones, incluidas las internacionales. Estas últimas formaban parte de la estrategia gubernamental de «globalización» de la expansión exterior, puesta en marcha desde principios de la década de 2000, que en pocos años había convertido a China en el segundo país en cuanto a flujos de inversión exterior, el 80% de los cuales correspondían a empresas estatales. La prosecución en el marco del programa transcontinental One Belt One Road [Nueva Ruta de la Seda], lanzado en 2013 por Xi Jinping, puso orden a una situación caracterizada por la superposición de intereses burocráticos y objetivos comerciales o estratégicos contrapuestos, obligando a los conglomerados a participar financieramente en la ejecución de los proyectos.
Las reformas de Xi Jinping
Desde 2003, el producto bruto interno había crecido durante cinco años: 10; 10,11; 11,4; 12,7; 14,2%. Tras la gran crisis financiera, había rondado por arriba del 9% entre 2008 y 2011: 9,7; 9,4; 10,6; 9,6. Durante estos años, China actuó como la fábrica del mundo. La dirección del país estaba en manos del gobierno. Con Jiang Zemin como presidente, Zhu Rongji había llevado a cabo las reformas institucionales y definido la línea de política económica; y tras él, con Hu Jintao como presidente, Wen Jiabao había desempeñado un papel igualmente importante; ambos se habían movido en el marco de las orientaciones básicas del Partido Comunista, que, según algunos, parecía vivir en un estado de atrofia (Blanchette, 2019). Con Xi Jinping, la relación entre gobierno y partido cambió. Bajo su presidencia, fue el tercer plenario de 2013 el que puso de manifiesto una batería de problemas a los que el partido en particular se enfrentaría durante los siguientes años.
Las empresas públicas figuraban entre los problemas más destacados. Se referían a sus funciones en relación con las necesidades económicas del país, y al papel de la SASAC; su relación con el capital privado; y la presencia del Partido Comunista en ellas. Se dieron pasos sustanciales para abordarlos operativamente con la presentación conjunta, por parte del partido y el gobierno, de las Guiding Opinions on Deepening the Reform of State-Owned Enterprises [Opiniones Directrices sobre la Profundización de la Reforma de las Empresas Estatales] en 2015, el mismo año en que el gobierno lanzó el plan de política industrial Made in China 2025.
Las empresas públicas se clasificaron en tres categorías para definir sus relaciones con el capital privado y el estado, así como los criterios generales para su evaluación. Las “comerciales” que operan en sectores competitivos podían abrirse a la propiedad privada; las “comerciales especiales” en sectores estratégicos podían permanecer bajo control estatal; aquellas que desempeñan funciones sociales y proporcionan bienes y servicios públicos podían decidir si diversificaban la propiedad o permanecían bajo protección estatal. El gobierno podía reducir el apoyo a las primeras, haciéndolas competir con el sector privado, mientras aumentaba los recursos para las segundas. Los resultados serían evaluados en función de la competencia y la rentabilidad para las empresas competitivas, y de indicadores de calidad para las sociales. El proceso sería implementado por la SASAC a nivel central y local.
Por otra parte, la SASAC se reorganizó, pasando de la “gestión de la empresa” a una “gestión del capital”. Las State Capital Investment and Operating Companies (SCIO) [Compañías Estatales de Inversión y Explotación] se convirtieron en empresas de primer nivel con grandes capitales, a las que se responsabilizó de las demás a través de la participación directa. La SASAC se reconfiguró como una organización piramidal con tres niveles de intensidad de capital; y serían los accionistas –ya no el manager– quienes decidirían. “La ‘gestión de la empresa’ prestaba más atención a los indicadores de explotación y producción, lo que podía conducir fácilmente a la búsqueda ciega de hacer más grandes las empresas. La ‘gestión del capital’ (…) dicta los modos de desarrollo en términos de calidad, eficiencia y poder” (Peng, 2019). Con esta nueva configuración, la SASAC, a través de las SCIO, es capaz de movilizar recursos financieros para inversiones funcionales al desarrollo industrial en el marco de los planes nacionales. Un sistema similar funciona para las empresas gestionadas por los gobiernos locales. En 2016, la directiva se centra en reforzar los sectores estratégicos definidos como prioritarios en el 13º plan quinquenal 2016-2020 (equipos de alta gama, tecnologías de la información, biotecnología, aviación y sector aeroespacial, nuevas energías, nuevos materiales, ahorro energético, protección del medio ambiente).
La apertura de la propiedad estatal a la participación de capital privado era uno de los objetivos del tercer plenario de 2013. Las dificultades de aplicación surgieron de inmediato con el choque entre las propuestas del ministro de Finanzas y la SASAC (Naughton, 2014), por lo que la apertura se decidió en 2016, topándose casi de inmediato con un nuevo escollo. La Comisión Reguladora de Valores de China impuso un límite accionario del 20%, al considerar excepcional e irrepetible el 37% suscripto por los gigantes privados Alibaba, Tencent, Baidu y China Life Insurance para entrar en China Unicom, el tercer operador de telecomunicaciones de China, elegido por el gobierno para experimentar con la reforma (Wang, 2018).
A pesar de estas dificultades, las razones de la apertura las explica Hao Peng, presidente de SASAC: “Independientemente de si son empresas estatales o privadas, todas son empresas chinas. Promoveremos firmemente la integración hacia arriba y abajo de las grandes, medianas y pequeñas empresas con diversas estructuras de propiedad, y el desarrollo coordinado e innovador de diversas entidades de mercado para construir conjuntamente un grupo empresarial de categoría mundial” (Xi, 2020). Algunos interpretaron estas palabras tranquilizadoras como una superación de la dicotomía público-privado (Blanchette, 2020), pero Peng parecía referirse más bien a formas de convergencia operativa en aras del interés nacional. No es casualidad que las declaraciones de apertura hayan ido acompañadas en 2020-21 de una presión (investigaciones antimonopolio, fuertes multas y nuevas normativas de privacidad) que afectó a las grandes plataformas de internet como Alibaba, Tencent, Didi y Meituan. “El gobierno ha señalado claramente que prefiere que las empresas tecnológicas chinas se dediquen a la innovación industrial en lugar de abusar del poder tecnológico para enriquecerse” (Feng, 2022).
Otro objetivo alcanzado es la institucionalización de los comités del Partido Comunista en las empresas estatales, seguida de una presencia en las privadas. El partido siempre ha estado presente en la gobernanza de las empresas estatales a través del sistema de contratación y evaluación de directivos en el departamento de organización. Ahora, la responsabilidad de la gobernanza pasa a ser colectiva, y los estatutos de las empresas deben definir las posiciones de los comités en relación con los directivos, ya que participan en el proceso de toma de decisiones, y en asuntos importantes tienen poder de veto. Xiao Yaqing, director de SASAC, señala que “en una empresa estatal, el jefe del comité del partido tiende a presidir el consejo de administración”. Añade que 800 mil miembros del partido participan en los comités, y que en las empresas estatales hay diez millones de miembros entre los 40 millones de trabajadores, por lo que se trata de “la base de clase más sólida y fiable del Partido Comunista para gobernar el país” (Wu, 2017).
La Comisión Reguladora de Valores de China publicó en 2018 el Código de Gobernanza para empresas cotizadas públicas y privadas. En él se estipula que debe haber una organización del partido dentro de ellas. Ya en muchas había células del partido que realizaban, sobre todo, funciones sociales para los trabajadores. Ahora las directrices pretenden, con la presencia de los comités, reforzar la confianza de los empresarios en el Partido Comunista para mejorar su gobierno corporativo con vistas a establecer un sistema empresarial moderno con características chinas” (Doyon, 2021).
La política industrial: del mercado al gobierno
Tras su adhesión a la Organización Mundial del Comercio, China logró resultados impresionantes en términos de producto bruto interno, principalmente a través de las exportaciones. Sin embargo, el nuevo liderazgo de Hu Jintao y Wen Jiabao (2003-2013) tuvo que darse cuenta de que la búsqueda del crecimiento de la productividad mediante tecnologías importadas de un mercado dominado por las multinacionales creaba cada vez más problemas de competitividad a las empresas chinas. Con el plan quinquenal 2006-2010, Jiabao estableció una estrategia para cambiar el modelo económico basado en las exportaciones a otro basado en las innovaciones de producción y consumo, y elaboró planes para intervenir en siete sectores estratégicos que debían mantenerse bajo “control absoluto” (defensa, electricidad, petróleo y petroquímica, telecomunicaciones, carbón, aviación civil y transporte marítimo), y en otros donde debía mantenerse una “influencia bastante fuerte” (metales básicos, acero, productos químicos, construcción). Al mismo tiempo, abordó específicamente el problema general de la competitividad industrial con un enfoque novedoso, dirigido a identificar científicamente los elementos más relevantes del desfase tecnológico, y las posibles soluciones en términos de “innovación autóctona”. Era necesario centrarse en la innovación que, según la definición del gobierno, se consigue “mediante la co-innovación y la re-innovación basadas en la asimilación de tecnologías importadas” (McGregor, 2010). En 2006, se puso en marcha un programa de ciencia y tecnología de quince años de duración (Medium-to Long-Term Plan for Science and Technology, MLP) con dieciséis megaproyectos.
Casi inmediatamente, el gobierno tuvo que hacer frente a la ralentización económica debida a la crisis financiera mundial. La crisis reforzó en los dirigentes chinos la convicción de que el partido y el gobierno debían dirigir la dinámica económica del mercado. Se refinanció el MLP, se lanzó un paquete de “revitalización industrial” para diez sectores, en su mayoría tradicionales, y también se anunció en noviembre de 2009 una iniciativa de Industrias Emergentes Estratégicas (Strategic Emerging Industries, SEI), que se puso en marcha al año siguiente. “En 2000, el principio rector del gobierno había sido que las fuerzas del mercado impulsarían la toma de decisiones, y que estas fuerzas determinarían en última instancia el desarrollo sectorial de la economía. En 2010, el principio rector era que las prioridades sectoriales esbozadas en las SEI orientarían la toma de decisiones del gobierno a todos los niveles, y que el gobierno guiaría a las empresas para que siguieran esas orientaciones” (Naughton, 2021). En esos sectores, según el gobierno, no habría intereses fuertes que contrarrestar globalmente, y sería posible ocupar posiciones dominantes.
A diferencia de los megaproyectos, concebidos dentro de una “estrategia de recuperación” (Naughton), el programa SEI, de 15 años de duración, se centraba en el desarrollo de actividades productivas de alta intensidad tecnológica, bajo consumo de recursos materiales, alto potencial de crecimiento y claros beneficios sociales; el gobierno central aportaría entre el 5% y el 15% de los costes; y las empresas y los gobiernos locales tendrían que ejecutarlo. Un año después de su puesta en marcha, 31 provincias y municipios se centraron en el desarrollo de la industria de nuevos materiales y nuevas energías; 30, en la industria biológica; 29, en equipos de alta gama para la industria manufacturera; otras tantas, en la industria medioambiental de ahorro energético; 28, en tecnologías de la información; y 18, en nuevas energías para la industria automovilística (Jiang, 2013).
El reto tecnológico de Xi Jinping
“Sin embargo, seguía faltando una lógica que vinculara a los distintos sectores entre sí” (Naughton). Esto exigía un cambio en el diseño de la política industrial, que superara el condicionamiento que seguía ejerciendo el mercado. Se hizo realidad bajo el liderazgo de Xi Jinping, precedido sin embargo en 2015 por el plan Made in China 2025, develado por el gobierno para señalar su voluntad de pasar de una producción intensiva en mano de obra a otra intensiva en tecnología. En él, se indicaban los sectores en los que China aspiraba a convertirse en líder tecnológico mundial: aeroespacial, biotecnología, información y comunicación, producción inteligente, ingeniería marítima, ferrocarriles avanzados, vehículos eléctricos, equipos eléctricos, nuevos materiales, biomedicina, maquinaria y equipos agrícolas, productos farmacéuticos y producción robótica. Muchos de estos sectores estaban dominados por empresas occidentales, y el plan, aunque similar en algunos aspectos a la Industria 4.0 de Alemania, e incluso con un calendario a largo plazo, se interpretó en el extranjero como un desafío, lo que llevó a los gobiernos occidentales, en defensa de intereses creados, a considerar a China un rival sistémico.
El punto de inflexión con respecto al mercado llegó al año siguiente con la Innovation-Driven Development Strategy (IDDS), un plan a largo plazo en tres fases presentado conjuntamente por el partido y el gobierno. El desarrollo industrial ya no se concebía desde la estructura sectorial del mercado, sino desde el potencial tecnológico para aumentar la productividad y transformar la economía y la sociedad. “Se está acelerando un nuevo ciclo de revolución tecnológica global, de cambio sectorial y de cambio militar”, señalaron el partido y el gobierno. La exploración científica se está desarrollando a todas las escalas, desde la microscópica a la cosmológica. Un conjunto de nuevas tecnologías revolucionarias, inteligentes, ecológicas y omnipresentes provocará importantes ajustes en la división internacional del trabajo, remodelando el panorama competitivo mundial y modificando la fuerza relativa de las naciones (…). Los motores tradicionales del desarrollo se están debilitando gradualmente y el modelo de crecimiento expansivo es difícil de sostener” (Xinhua, 2016).
El nuevo horizonte es el de las tecnologías basadas en el triángulo “comunicación/datos/inteligencia artificial”. Interactuando, se refuerzan mutuamente, creando una única tecnología de uso general que afecta a todos los ámbitos de la sociedad y la economía. Naughton lo ejemplifica: “La 5G permite la integración sin fisuras de redes globales y locales. Crea oportunidades para muchas redes locales con latencia casi nula, lo que permite cosas como la cirugía a distancia en tiempo real. También es crucial para el desarrollo de vehículos sin conductor y un control del tráfico verdaderamente inteligente. Cada vez hay más datos generados por enormes redes de sensores de todo tipo, desde satélites hasta cámaras de tráfico. A medida que proliferan los sensores, los datos proliferan a un ritmo exponencialmente más rápido, ya que cada sensor crea un flujo continuo de datos. Las técnicas para procesar los datos están mejorando a pasos agigantados, y la inteligencia artificial ofrece la oportunidad no sólo de gestionar los datos, sino también de extraer conclusiones e interacciones de nivel superior” (Naughton, 2021).
Naughton proyecta la adopción de este conjunto de tecnologías en un futuro próximo, pero la IDDS es un plan que se fija objetivos estratégicos en la larga duración y con plazos concretos, en los cuales la combinación de este conjunto de tecnologías debe ir de la mano con la transformación de la producción y las relaciones sociales en la perspectiva del “socialismo con características chinas”. La primera etapa es 2020, momento en el que es necesario “unirse a las filas de los países orientados hacia la innovación”, vinculando a las empresas que poseen la fuerza competitiva necesaria para entrar en la franja alta de la cadena de valor mundial y, al mismo tiempo, realizar ajustes institucionales para apoyar el espíritu empresarial innovador, comprometiendo un gasto en I+D de hasta el 2,5% del PBI. La segunda etapa es 2030, momento en el que “deben sentarse unas bases sólidas para construir una superpotencia económica”, con grandes industrias situadas en el extremo superior de la cadena de valor, empleo de mayor calidad, mayores ingresos y una vida mejor, con un gasto que alcance el 2,8% del PBI. El tercer hito es 2050, cuando “China se habrá afianzado como la superpotencia mundial de innovación en I+D (…), poderoso apoyo para construir una nación socialista moderna, rica, fuerte, democrática, civilizada y armoniosa”.
En la perspectiva del nuevo plan, se van ajustando los programas actuales, desde el SEI al Made in China 2025; y, sobre todo, se ponen en marcha actividades para preparar una gobernanza científico-tecnológica adecuada al IDDS: Artificial Intelligence en 2017; Intelligent Photovoltaic, Intelligent Shipbuilding, Cloud Computing e Information Consumption en 2018; Internet Services en 2019. También participa el capital privado. Debido a sus competencias adquiridas y potenciales, Alibaba, Baidu, Tencent y Huawei “forman parte del equipo de campeones nacionales junto con las grandes empresas estatales” (Naughton).
Un objetivo relevante se refiere a la expansión de la demanda de alta tecnología, desde las Smart Cities hasta los sistemas de control de movimientos, información y comunicaciones. Desde 2020, se trabaja en la integración de las infraestructuras existentes y en la creación de otras nuevas, en particular para el transporte, la energía y la innovación científico-tecnológica. La creación de demanda interna encuentra su lugar en la elaboración del 14° plan quinquenal 2021-25, aprobado en 2020 por el plenario del XIX Congreso, que sitúa la “doble circulación” como elemento de la estrategia de desarrollo: reforzar las cadenas de valor nacionales para reducir la dependencia de los mercados exteriores, sin renunciar a la búsqueda de la competencia mundial. Con este objetivo, en diciembre de 2022 se presentó el Strategic Plan for Expanding Domestic Demand 2022-2035.
Este es el marco en el que podrá desarrollarse la IDDS tras los tres años de ralentización del covid, bajo la dirección directa del Comité Central del Partido Comunista a través de la Comisión Central de Ciencia y Tecnología creada en virtud de las reformas decididas por la Asamblea Popular en 2023. “La experiencia pasada indica que las nuevas tecnologías de uso general tardan décadas en extenderse por la economía, y su impacto suele llegar de formas poco previstas inicialmente. Pase lo que pase en el futuro, la actual orientación política de China será extremadamente difícil de cambiar, ya que está respaldada por un fuerte consenso vinculante. La IDDS está inserta a largo plazo en una vasta panoplia de planes. Se ha elaborado en muchos ámbitos, entrelazada con diversos objetivos económicos, militares y de otro tipo” (Naughton, 2021).
Giordano Sivini
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