“El martes, los manifestantes asaltaron e incendiaron el palacio de Singha Durbar, que alberga el parlamento y los edificios gubernamentales“ (Foto extraída de BBC, EPA/Shutterstock)
Un fantasma recorre el mundo, el fantasma de la revuelta popular. En la Argentina desde la que escribimos, el hartazgo de la ciudadanía frente a la calamitosa situación económica, financiera, política y social; la obscena redistribución regresiva de ingresos; los casos escandalosos de corrupción que recién empiezan a salir a la luz e involucran a las más altas esferas del poder político; la infinita crueldad presidencial –y de sus cómplices– con los más débiles y la ausencia absoluta de registro de la catástrofe que se está incubando por parte de la esotérica pareja presidencial (los hermanos Milei) agitan la amenaza del estallido social. El establishment que se beneficia de la plutocracia autoritaria mileísta ha estirado la cuerda hasta el límite, como no queriendo reconocer lo que desde siempre sabe, que cuando la ira del pueblo se desata no hay fuerza terrestre o celeste que la contenga. Los poderes fácticos de la Argentina han empezado a reconocerse en el ominoso espejo que les ofrece la realidad social de Indonesia, Nepal, Francia… ¿Sabrán frenar a tiempo o seguirán acelerando en las curvas hasta ponerse el auto de sombrero?
Si hay algo que caracteriza a la serie de levantamientos populares de Yakarta (y más de veinte ciudades de Indonesia), Katmandú (Nepal) y París (entre otras muchas ciudades francesas), es la explosión de la bronca acumulada por años de injusticia, signados por la contradicción patente entre la precarización de las grandes mayorías –tanto laboral como existencial– y el enriquecimiento obsceno de las élites políticas y económicas, ya sea por medios legales o ilegales. La codicia ilimitada de los poderosos del mundo, contracara de la pauperización generalizada de trabajadores y excluidos del sistema, no siempre termina impune…
En este dossier, ofrecemos a nuestros lectores una serie de análisis de los últimos levantamientos populares acaecidos en septiembre de 2025. Si dirigiéramos la vista más atrás en el tiempo, deberíamos incluir también los sucesos en Kenia de hace poco más de dos meses, como asimismo los de Nueva Caledonia y Bangladés en 2024, amén de los de Sri Lanka (2022) y Chile (2019), por citar los más destacados de los últimos años. Sin olvidarnos de Francia, donde las protestas –recurrentes y masivas– derivan en furibundas rebeliones con una facilidad admirable, sin parangón, casi todos los años, principalmente en París, la meca de las barricadas (la ciudad que acumula más estallidos insurreccionales en todo el mundo: 1789, 1830, 1848, 1871 y 1968).
En todas estas puebladas se advierte un denominador común: el hartazgo ciudadano, sobre todo juvenil, frente a regímenes político-económicos de signo neoliberal que ofrecen un presente y futuro cada vez menos promisorios para las nuevas generaciones, una actualidad y un porvenir ensombrecidos por las políticas de ajuste fiscal, la explotación del precariado y la creciente hiperconcentración de la riqueza.
“The Indonesian Protests Are a Revolt Against Oligarchy“, de Michael G. Vann (profesor de Historia de la California State University), fue publicado en inglés por Jacobin el 4 de septiembre del presente año, y no fue traducido anteriormente al español.
El 9 de septiembre apareció en Peoples Dispatch el artículo “Nepal’s Gen-Z uprising is about jobs, dignity – and a broken development model“ de Atul Chandra (investigador del Instituto Tricontinental de Investigación Social) y Pramesh Pokharel (analista político y profesor de Antropología, miembro del Comité Central del Partido Socialista Unificado de Nepal y secretario general de la Federación de Campesinos de Nepal). Lo reproducimos aquí, habiendo revisado y corregido la traducción castellana que ofrece el mismo sitio web. “De Nepal a Indonesia: una rebelión global contra las élites“, de Gonzalo Fiore Viani, fue publicado por La Tinta (Argentina) el 10 de septiembre. Un día después, Vijay Prashad (director del Instituto Tricontinental de Investigación Social) y Atul Chandra (coordinador adjunto del Programa del Instituto Tricontinental para Asia) publicaron, también en Peoples Dispatch, el artículo titulado “Five theses on the situation in Nepal“ con su traslación al español, que presentamos en este dossier, en versión ligeramente corregida.
Sobre las protestas en Francia, publicamos un artículo del 7 de septiembre, anterior a las movilizaciones, huelgas y piquetes del día 10; y otro, del viernes 12, que se hace eco de aquella importante jornada de lucha. El primero apareció en Contratemps y se titula “Quel débouché politique pour le mouvement septembriste?“, cuya traducción tomamos (y corregimos) de las Misceláneas de Carlos Valmaseda (ver aquí), escrito por Clémence Guetté y Hadrien Clouet, diputados de la Francia Insumisa. El segundo, de Antoine Larrache (editor de Inprecor), “10 septembre : construire un mouvement de masse pour une rupture avec Macron et son monde“ salió en L’Anticapitaliste (la traducción castellana y la nota editorial que aparece entre corchetes la tomamos de Viento Sur).
¿Argentina seguirá los ejemplos de Indonesia, Nepal y Francia? ¿Subirá de escalón? ¿Pasará de la protesta a la rebelión, como en diciembre de 2001? Ojalá que sí. La agudización de la crisis económica y política parece apuntar en esa dirección. Al respecto, no dejen de leer la entrevista que le hicimos recientemente a Roberto Gargarella, como así también el ensayo “Protesta y represión, memoria y negación. Pensar subversivamente Mileilandia“ de Federico Mare, para Corsario Rojo VIII (primer semestre de 2025).
LAS PROTESTAS EN INDONESIA SON UNA REVUELTA CONTRA LA OLIGARQUÍA
El presidente indonesio, Prabowo, querría volver a los oscuros días de la dictadura de Suharto. Pero se ha enfrentado a una inesperada ola de protestas tras el asesinato de un joven a manos de la policía en Yakarta, la capital del país.
Yakarta está en llamas. También lo están Makassar, Bandung, Surabaya, Mataram y otras ciudades de Indonesia. El descontento, que comenzó como indignación por los lujosos privilegios de los legisladores, se convirtió rápidamente en una acusación mordaz contra la brutalidad policial, los privilegios de la élite, la precariedad económica, las disparidades de riqueza y la erosión democrática.
La horrible muerte de un joven llamado Affan Kurniawan a manos de la policía empujó a Indonesia al límite. Por el momento, no está claro hasta dónde llegarán las cosas. Pero incluso el autoritario presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, está haciendo concesiones ante el estallido masivo de ira social.
La oscura Indonesia
Como cuarta nación más grande del mundo y (al menos por ahora) tercera democracia más grande del mundo, Indonesia ha luchado contra el legado del autoritarismo y la disciplina del libre mercado desde la revuelta popular que derrocó el Nuevo Orden dictatorial de Suharto.
Durante la última semana [recuérdese que este artículo fue escrito el 9 de septiembre de 2025], diversos actos de disidencia, que llevaban mucho tiempo gestándose bajo la superficie, se unieron en violentas acciones masivas en todo el archipiélago. Con una ferocidad y una velocidad sin precedentes, gracias a las redes sociales, miles y miles de ciudadanos desilusionados estallaron en señal de desafío.
La tensión ha ido aumentando a lo largo de 2025. En febrero, una serie de manifestaciones estudiantiles en toda Indonesia desafiaron a Prabowo. Organizados bajo el hashtag #IndonesiaGelap o #DarkIndonesia, los manifestantes se opusieron a una serie de políticas, entre ellas los recortes presupuestarios masivos, el papel del ejército en el gobierno nacional, el nepotismo, la corrupción y un controvertido programa de comidas escolares gratuitas.
El movimiento juvenil abrazó con entusiasmo la estética punk DIY y adoptó “Bayar, Bayar, Bayar” (“Paga, paga, paga”) de Sukatani como su himno. La canción del dúo mixto mezclaba sensibilidad punk, gótica y retro New Wave en una estridente condena de la corrupción policial.
Aunque estas manifestaciones acabaron disipándose, el sentimiento pesimista de Dark Indonesia [Oscura Indonesia] se extendió. Muchos hablaban de abandonar su patria. El hashtag #KaburAjaDulu, o “Simplemente huye primero”, se hizo viral, reflejando el descontento generalizado entre los jóvenes indonesios ante las escasas oportunidades laborales y perspectivas profesionales en el país.
Prabowo y su administración reaccionaron con dureza, desestimando la tendencia, burlándose de los jóvenes y sugiriendo que formaba parte de una conspiración. El diputado de la oposición Charles Honoris respondió describiendo el hashtag como “una llamada de atención, no una razón para tachar a los jóvenes de antipatriotas o disuadirles de regresar. En lugar de reaccionar negativamente a esta tendencia, el Gobierno debería centrarse en reforzar los programas de colocación y protección de los trabajadores”.
Reescribiendo la historia
En mayo, el ministro de Cultura, Fadli Zon, adulador de Prabowo desde hace mucho tiempo y rabioso sinófobo, horrorizó a muchos indonesios cuando anunció que estaba escribiendo una nueva historia nacional. El proyecto era un evidente intento de encubrir las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la era Suharto. Zon hizo entonces comentarios despectivos sobre las violaciones masivas de mujeres chinas durante los caóticos últimos días del Nuevo Orden, dando a entender que los rumores habían exagerado el alcance de estos crímenes bien documentados.
La violencia antichina de 1998 formaba parte de una estrategia para desviar la ira popular de Suharto hacia un chivo expiatorio fiable. Prabowo, entonces general de alto rango y yerno de Suharto, fue expulsado deshonrosamente por su participación en el secuestro, tortura y desaparición de activistas. En una audiencia del comité, los políticos de la oposición Mercy Chriesty Barends y Bonnie Triyana condenaron públicamente a Zon por intentar borrar estos crímenes de los registros.
Ante la disidencia procedente de diversos frentes, Prabowo decidió unir a la nación literalmente en torno a la bandera. Como el 17 de agosto se cumplían ochenta años de la declaración de independencia de Sukarno, ordenó a todo el mundo izar la bandera nacional roja y blanca en un acto de patriotismo. En cuestión de semanas, antes de la fecha en que las comunidades suelen decorar para la festividad, se izaron banderas y se encendieron luces patrióticas en las 17.000 islas del país.
Pero entonces ocurrió algo extraño en las famosas y transitadas carreteras de Indonesia. Los camioneros, frustrados por las largas jornadas y las onerosas regulaciones, se negaron a izar la bandera nacional. En un descarado acto de disidencia, izaron la “bandera de One Piece”, una versión modificada de la bandera pirata Jolly Roger de un popular anime japonés. Después de que las imágenes de los camioneros se hicieran virales en las redes sociales, las banderas comenzaron a aparecer por todas partes.
Prabowo estaba furioso. En un acto de mezquindad comparable a las diversas obsesiones de Donald Trump, el ministro coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad de Indonesia, Budi Gunawan, advirtió de las consecuencias penales (como cinco años de prisión o una multa de 30.000 dólares estadounidenses) para quienes se atrevieran a levantar la cómica calavera con huesos cruzados adornada con un sombrero de paja. Lo absurdo de la reacción exagerada de Prabowo solo sirvió para impulsar las ventas de banderas.
Por el contrario, la presidenta de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, sugirió un enfoque más conciliador hacia la benévola protesta: “Estas expresiones pueden adoptar la forma de frases cortas como ‘Kabur Aja Dulu’, sátiras mordaces como ‘Dark Indonesia’, chistes políticos como ‘Konoha country’ [otra referencia al anime] y nuevos símbolos como la bandera de One Piece y muchos más que circulan ampliamente en el espacio digital”.
Además de ser la primera mujer presidenta de la Cámara, Puan es hija de la primera mujer presidenta de Indonesia y nieta de Sukarno, su primer líder tras la independencia. Recordó a sus oyentes que las democracias deben permitir la disidencia y la crítica.
Punto de inflexión
A medida que se acercaba el Día de la Independencia, la frustración con el Gobierno dio un giro violento en la regencia de Pati, en Java Central. Entre el 10 y el 13 de agosto, al menos 85.000 personas salieron a las calles para rechazar un escandaloso aumento del 250% en los impuestos sobre la tierra y la construcción. Lo que comenzó como una protesta contra los impuestos regresivos se convirtió en una exigencia de la dimisión del regente Sudewo y la revocación de múltiples políticas locales impopulares.
Sudewo, indignado, se burló de los manifestantes, pero pronto se vio abrumado por la ira popular. Cuando llamó a la policía antidisturbios –la infame Brimob, o Brigada Móvil– para que lo rescatara, él y los agentes fueron apedreados con basura y expulsados del centro de la ciudad. Tras varios días de enfrentamientos entre los manifestantes y la Brimob, la legislatura local canceló la suba de impuestos y comenzó el proceso de destitución de Sudewo. Esta insólita victoria empoderó a los activistas de Yakarta.
Según la mayoría de los testimonios, las celebraciones del Hari Merdeka, que conmemora los ochenta años desde la declaración de Sukarno y Mohammad Hatta del fin del dominio holandés, fueron eventos grandes y alegres. Es cierto que muchos activistas decidieron no participar. Prabowo organizó una gran celebración en el Istana (el palacio presidencial neoclásico, antigua sede del gobernador de las Indias Orientales Neerlandesas), con desfiles militares, guardias de honor y una procesión de caballería, pero también con múltiples coreografías coordinadas en las que participaron soldados, oficiales, burócratas y oligarcas. Los no VIP asistieron a un gran desfile y a vuelos de aviones alrededor de Monas, el monumento nacional.
Una semana después, el lunes 25 de agosto, el ambiente en la capital nacional era radicalmente diferente. Se desató una tormenta cuando se reveló que los 580 miembros de la Cámara de Representantes habían estado recibiendo una asignación mensual para vivienda por valor de 50 millones de rupias –más de 3.000 dólares estadounidenses, casi diez veces el salario mínimo de Yakarta– además de sus salarios y otras prestaciones. Los estudiantes manifestantes, indignados por tan grotesca muestra de privilegios, se lanzaron a asaltar el recinto parlamentario. La policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos; los estudiantes respondieron con piedras y provocaron incendios bajo un paso elevado. Las carreteras quedaron bloqueadas y la ciudad se convulsionó.
Las protestas se extendieron y agravaron rápidamente. El 28 de agosto, los sindicatos se sumaron a la contienda. Miles de estudiantes, trabajadores y mototaxistas (ojol) con chaquetas verdes marcharon exigiendo el fin de la subcontratación, salarios mínimos más altos y protección contra los despidos masivos. El enfrentamiento con la policía se intensificó hasta convertirse en auténticas batallas callejeras. Utilizando gases lacrimógenos y cañones de agua a alta presión, la Brimob se enfrentó a los manifestantes en las zonas cercanas al Parlamento, extendiéndose a centros comerciales, autopistas y estaciones de tren, y paralizando el centro de Yakarta.
El levantamiento
Una muerte horrible aumentó drásticamente lo que estaba en juego. El jueves por la noche, frente a la Cámara de Representantes de Indonesia, un vehículo blindado de la policía atropelló y arrolló a Affan Kurniawan, antes de huir del lugar a gran velocidad. La víctima, de veintiún años, trabajaba como ojol [mototaxista], un trabajo agotador y peligroso con un salario bajo. La muerte fue grabada en vídeo y subida inmediatamente a las redes sociales. De manera similar al asesinato policial de George Floyd en 2020, el desgarrador video se hizo viral, provocando dolor y rabia.
De repente, el levantamiento se extendió fuera de Yakarta. Más de veinticinco ciudades, desde Aceh hasta Papúa, se convirtieron en escenarios de revueltas. Los manifestantes de Medan quemaron neumáticos y levantaron barricadas; en Pontianak, los líderes estudiantiles fueron detenidos (y posteriormente puestos en libertad con la condición de que prometieran no repetir sus acciones). En Makassar, un incendio envolvió el edificio del parlamento local, causando la muerte de tres funcionarios públicos y heridas a otros cinco en un espectáculo horrorífico.
Los jóvenes de Lombok también incendiaron la legislatura regional, mientras que en Surabaya saquearon y prendieron fuego a las oficinas del gobernador de Java Oriental. En Yogyakarta, la provocación culminó con el incendio de un edificio de servicios integrados de permisos de conducir, un acto desafiante de resistencia simbólica, incluso cuando el sultán de la región intentaba calmar las tensiones mediante el diálogo. La violencia se extendió por toda Java, con edificios incendiados, comisarías destruidas y centros comerciales cerrados.
En la mayoría de los casos, la policía perdió por completo el control de la situación. Por ira o pánico, decenas de agentes respondieron con una violencia aparentemente indiscriminada. El gas lacrimógeno, los cañones de agua y los disparos se convirtieron en algo habitual en todas las grandes ciudades y en algunas localidades más pequeñas. Se produjeron miles de heridos, muchos de ellos graves, en todo el país. Se registraron más muertes y, lamentablemente, se esperan más, ya que la violencia no parece remitir después de casi una semana.
Ante las pruebas de conducta indebida de la policía y los actos de desobediencia masiva que se han publicado en las redes sociales, TikTok cerró temporalmente sus servicios en un vano intento por frenar la rápida escalada y detener la difusión de información errónea. Sin embargo, en todas las plataformas de redes sociales se están difundiendo rumores de que hay agentes provocadores que incitan a las multitudes para justificar la violencia policial.
En un tropo antisemita muy familiar, los medios de comunicación rusos especularon que George Soros estaba detrás de los disturbios. Los activistas de izquierda han señalado que los ataques se han centrado en la PolRI, la policía nacional, y han respetado al ejército (Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia, TNI). Teniendo en cuenta la larga y, en ocasiones, violenta rivalidad entre la TNI y la PolRI, es posible que algunos elementos dentro del ejército aprovechen esta oportunidad para sus propios fines.
Otros señalan que, dado que los disturbios están empañando la reputación tanto de Prabowo como de la Cámara de Representantes, el candidato presidencial derrotado en 2024, Anies Baswedan, es quien más tiene que ganar. Teniendo en cuenta su uso oportunista en el pasado de la política de identidad islámica, las movilizaciones masivas y la sinofobia para destruir las carreras de rivales como Basuki Tjahaja Purnama, la cuestión merece ser tenida en cuenta.
Conciliación y coacción
El sábado continuó la violencia. Varias comisarías de policía en Yakarta y otros lugares fueron atacados, incluyendo grupos que lanzaban piedras y cócteles Molotov. La comisaría del este de Yakarta fue incendiada. Las redes sociales se llenaron de cientos de videos de enfrentamientos, algunos con actos de violencia alarmantes.
En los enclaves ricos de Yakarta, cientos de personas irrumpieron en comunidades cerradas y atacaron las casas de políticos muy conocidos. Eko Patrio, que había publicado mensajes en las redes sociales burlándose de los manifestantes, sufrió el saqueo de su casa. Los videos mostraban a personas sacando sillas, lámparas, maletas, altavoces y colchones de la casa.
La casa del legislador Ahmad Sahroni fue invadida y vandalizada, y los autores se llevaron bolsos de lujo, una gran caja fuerte, un televisor, equipo de gimnasia, un piano y una estatua de Iron Man a tamaño real. La casa de la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, fue saqueada. Haciéndose eco de la trama de la reciente película Mountainhead, el ataque a su residencia pudo haber sido provocado por un video generado por inteligencia artificial en el que supuestamente se burlaba de los profesores de las escuelas públicas.
Ante la revuelta generalizada, el presidente Prabowo canceló un viaje programado a China para hacer frente directamente a la crisis, expresando sus condolencias y prometiendo una investigación. En un cambio dramático con respecto a su respuesta a disturbios similares en 1998, visitó inmediatamente a la familia de Affan Kurniawan y expresó su profundo pesar.
El domingo 31 de agosto pronunció un discurso mayoritariamente conciliador en el que prometió eliminar los excesivos estipendios parlamentarios y otras prestaciones. Sin embargo, también animó a la policía a perseguir a los malhechores: “El derecho a la reunión pacífica debe respetarse y protegerse. Pero no podemos negar que hay indicios de acciones al margen de la ley, incluso contrarias a la ley, que se inclinan hacia la traición y el terrorismo”.
El Estado está tomando medidas enérgicas contra las manifestaciones. Solo en Yakarta se produjeron más de mil detenciones. Con miles más detenidas en otros lugares, cabe preguntarse cómo la policía y los tribunales, ya sobrecargados, gestionarán el debido proceso. La policía nacional y el ejército se movilizaron para restaurar el “orden”, un término cada vez más utilizado para justificar la represión de la disidencia. Las redes sociales siguen documentando las tácticas de mano dura.
Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia, rechazó el discurso del presidente por considerarlo insensible y fuera de lugar. Instó a Prabowo a que considerara seriamente las quejas de la población.
Instantánea de la crisis
Las protestas de 2025 se han convertido así en una instantánea de una crisis más amplia: las medidas de austeridad que afectan a las instituciones civiles, el enriquecimiento inexorable de la élite y la fragilidad subyacente del tejido democrático de Indonesia. Los ciudadanos –en particular los jóvenes, los obreros y los trabajadores de la economía gig [de trabajos temporales o “bajo demanda”, mediante plataformas]– plantearon una pregunta directa: ¿A quién sirve exactamente este gobierno?
Estos levantamientos ponen de manifiesto las contradicciones fundamentales de la economía política de Indonesia: la brecha entre la clase dominante y los gobernados, la colusión entre la austeridad y el despilfarro, y el resentimiento latente de una generación que ve hipotecado su futuro.
Los dos impulsos del Estado, la concesión y la represión, ponen de manifiesto su inseguridad. Las victorias en Pati o el ablandamiento de la retórica en Yakarta no contribuyen en nada a cambiar las tensiones estructurales. Si no se controla, la reacción podría acelerar el colapso de la credibilidad democrática. Países vecinos como Tailandia, Camboya y Filipinas ofrecen lecciones objetivas sobre la fragilidad de la democracia.
En este sentido, agosto de 2025 no es solo otro ciclo de protestas. Es potencialmente un punto de inflexión en el que el espíritu cívico de Indonesia chocó de frente con la impunidad de la élite. ¿Cómo responderá el Estado? ¿Con represión o con reformas? El futuro de Indonesia nunca ha sido tan incierto.
Michael G. Vann
EL LEVANTAMIENTO DE LA «GENERACIÓN Z» EN NEPAL TIENE QUE VER CON EL EMPLEO,
LA DIGNIDAD Y UN MODELO DE DESARROLLO FALLIDO
La renuncia del primer ministro nepalí, Khadga Prasad Oli, en medio de masivas protestas juveniles, ha planteado numerosos interrogantes para el pueblo nepalí y su otrora unida izquierda. Si bien muchos han acusado al levantamiento de ser simplemente una respuesta a la prohibición de las redes sociales, sus raíces son mucho más profundas.
Katmandú está al borde del abismo, no por las “apps”, sino porque una generación criada con la promesa de la democracia y la movilidad se ha topado con una economía y un orden político que no dejan de cerrarles todas las puertas. El detonante inmediato fue normativo: el Gobierno ordenó a 26 grandes plataformas de redes sociales que se registraran localmente y comenzó a bloquear aquellas que consideraba que no cumplían con la normativa, entre ellas Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, X y otras. Las multitudes se abalanzaron hacia el Parlamento; la policía utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y, en varios lugares, fuego real. A última hora del 9 de septiembre, al menos 19 personas habían perdido la vida y más de 300 habían resultado heridas [al día de hoy ya se habla de 51 muertos y 1.300 heridos]. Bajo presión, el Gobierno levantó la prohibición de las redes sociales y el primer ministro K. P. Sharma Oli dimitió de su cargo.
La chispa fue la prohibición. El combustible fue la economía política.
Es tentador, especialmente desde la distancia, narrar esto como un conflicto sobre las libertades digitales. Eso sería poco analítico. Para la “Generación Z” nepalí, las plataformas no son solo entretenimiento, sino también opciones de trabajo, agencias de noticias, herramientas de organización y salvavidas sociales. Cerrarlas, tras años de deriva económica, se percibió como un castigo colectivo. Pero la historia más profunda es estructural: el crecimiento de Nepal se ha estabilizado gracias a las remesas, en lugar de transformarse mediante inversiones nacionales capaces de generar trabajo digno. En el año fiscal 2024/25, el Departamento de Empleo en el Extranjero expidió 839.266 permisos de trabajo, lo que supone una emigración asombrosa para un país de unos 30 millones de habitantes. Las remesas rondaron el 33% del PIB en 2024, una de las proporciones más altas del mundo. Estas cifras hablan de supervivencia, no de progreso social; son un referéndum sobre un modelo que exporta a sus jóvenes a contratos con salarios bajos mientras importa productos básicos, y que depende del clientelismo en lugar de la productividad.
Por eso la prohibición detonó tan rápidamente. Con una tasa de subempleo y desempleo juvenil ya elevada, del 20,82% en 2024, la rotación ministerial como norma y los escándalos de corrupción como ambiente habitual, los intentos de controlar los bienes comunes digitales parecían menos una cuestión de “orden” y más una humillación. La forma del movimiento –rápido, horizontal, interclasista– se hizo eco de las movilizaciones estudiantiles de Bangladesh y del Aragalaya de Sri Lanka: estudiantes de secundaria y universitarios uniformados, graduados desempleados, trabajadores temporales e informales, y un público más amplio y desilusionado se unieron en torno a un veredicto compartido sobre el mal Gobierno.
Hechos sobre el terreno: víctimas, toques de queda y retrocesos
La secuencia de los acontecimientos es inequívoca. Una amplia orden de registro y una decisión de bloqueo desencadenaron las protestas; las fuerzas de seguridad respondieron con una escalada de violencia; el lunes por la noche había 19 muertos y cientos de heridos; se extendieron los toques de queda y las prohibiciones de reunión; el ministro del Interior dimitió; una reunión de emergencia del gabinete retiró la prohibición; el martes, Oli dimitió.
Es importante destacar que la queja nunca fue solo digital. Las pancartas y consignas de las protestas se centraban en la corrupción, la impunidad de las élites y la ausencia de un horizonte de desarrollo creíble. Amnistía Internacional exigió que se llevara a cabo una investigación independiente sobre el posible uso ilegal de la fuerza letal, otra razón por la que el levantamiento pasó de ser una disputa sobre una plataforma a una crisis de legitimidad.
La migración como plebiscito silencioso
Si hay un indicador que explica el estado de ánimo de la generación, ese es el de las emigraciones. Los 839.266 permisos de trabajo expedidos en el año fiscal 2024/25 (un fuerte aumento con respecto al año anterior) se traducen en miles de personas que se marchan cada día en el momento álgido. No se trata de turistas, sino de la misma cohorte que ahora está en las calles. Sus remesas, que representan alrededor del 33% del PIB, mantienen a flote a los hogares y pagan la factura de las importaciones, pero también ocultan la falta de transformación estructural de la economía nacional. En un sistema que no puede absorber a sus jóvenes educados en trabajos estables y que aporten valor añadido, la plaza pública –tanto online como offline– se convierte en el único lugar donde se puede afirmar la dignidad. Intentar cerrar esa plaza en medio de la escasez estaba destinado a provocar una explosión.
Una herida autoinfligida para la izquierda de Nepal
Tras el programa de Facilidad de Crédito Ampliado (ECF, por sus siglas en inglés) del FMI para Nepal, de cuatro años de duración, el gobierno se enfrentó a la presión de aumentar los ingresos nacionales. Esto dio lugar a un nuevo impuesto sobre los servicios digitales y a normas más estrictas en materia de IVA (Impuesto al Valor Agregado) para los proveedores de servicios electrónicos extranjeros, pero cuando las principales plataformas se negaron a registrarse, el Estado intensificó sus medidas bloqueándolas. Esta medida, que comenzó como un esfuerzo por hacer cumplir la legislación fiscal, se convirtió rápidamente en una herramienta de control digital, y se produjo cuando la población ya se enfrentaba al aumento de los costos del combustible y a las dificultades económicas provocadas por el impulso del programa de consolidación fiscal. La prohibición de las plataformas por parte del Gobierno se convirtió en el detonante final de las protestas generalizadas contra la corrupción, el desempleo y la falta de oportunidades, lo que puso de manifiesto que los disturbios no tenían tanto que ver con una “revolución de colores”, como con las quejas materiales alimentadas por las medidas de austeridad.
El hecho de que la represión y su desenlace político se desarrollaran bajo un primer ministro del Partido Comunista de Nepal (UML) convierte esto en una calamidad estratégica para la izquierda nepalí. Años de divisiones entre facciones, coaliciones oportunistas y deriva política ya habían erosionado la credibilidad entre los jóvenes. Cuando un gobierno de izquierda restringe el espacio cívico en lugar de ampliar las oportunidades materiales, cede el terreno moral a actores que se nutren del cinismo antipartidista: la política del culto a la personalidad y una derecha monárquica resurgente. Esta última se ha movilizado de forma visible este año; con la dimisión de Oli, tratará de presentarse como garante del “orden”, aunque su visión económica siga siendo débil y regresiva. Este es el peligro: las fuerzas más hostiles a la transformación igualitaria pueden aprovechar la mala gestión de la izquierda para ampliar su influencia.
Desde una perspectiva antiimperialista –que se opone a los privilegios del Norte, pero insiste en un análisis objetivo–, la crisis es un ejemplo clásico de dependencia sin desarrollo. Las remesas suavizan el consumo, pero afianzan la dependencia externa; los ajustes en la gobernanza impulsados por los donantes rara vez se convierten en políticas industriales que den prioridad al empleo; y el gasto público, con un gran peso de las adquisiciones, alimenta más los circuitos de renta que la capacidad productiva. En un orden así, el Estado se ve tentado a controlar la visibilidad en lugar de transformar las condiciones. Por eso, el intento de regular las plataformas cerrándolas, en lugar de garantizar el debido proceso y una adaptación precisa, se interpretó como un esfuerzo por gestionar la disidencia, no por resolver los problemas.
Lo que nos dicen las señales de la oposición (y lo que no nos dicen)
Las declaraciones de la oposición reconocieron el panorama general antes que el Gobierno. Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) expresó sus condolencias, instó a tomar medidas contra la corrupción y pidió que se eliminaran las “sanciones a las redes sociales”. Las declaraciones del PCN (Partido Socialista Unificado) y del CPN (Partido Maoísta de Centro) condenaron la represión, exigieron una investigación imparcial y vincularon las restricciones digitales con los fracasos en materia de empleo y gobernabilidad. Estas reacciones son importantes desde el punto de vista analítico porque muestran que, incluso dentro de la política dominante, se reconoce que la crisis tiene que ver con los medios de vida y la legitimidad, y no solo con la ley y el orden.
Pero estas señales también revelan la difícil situación de la izquierda: si sus figuras destacadas solo pueden reaccionar ante un levantamiento juvenil en lugar de prefigurar el horizonte de desarrollo que lo habría evitado, entonces la arena estará dominada por corrientes antisistema y monárquicas que afirman poder restablecer el orden más rápidamente, incluso a costa del espacio democrático.
Conclusión
Estas protestas en Nepal comenzaron porque un Gobierno intentó regular cerrando la plaza pública. Estallaron porque esa plaza es donde una generación precaria busca trabajo, comunidad y voz ante la falta de oportunidades en su país. Por lo tanto, un balance completo debe registrar tanto el costo humano –19 muertos y cientos de heridos [al día de hoy ya se habla de 51 muertos y 1.300 heridos]– como el costo estructural: cientos de miles de personas obligadas a marcharse cada año y remesas que sostienen el consumo mientras posponen la transformación. Con la dimisión de Oli y la retirada de la prohibición, la confrontación inmediata puede remitir, pero el veredicto emitido por la “Generación Z” no lo hará. Hasta que Nepal sustituya la complacencia de las remesas y la aritmética de la coalición por un modelo de desarrollo que dé prioridad al empleo, las calles seguirán siendo el escenario más creíble para exigir responsabilidades.
Atul Chandra y Pramesh Pokharel
DE NEPAL A INDONESIA: UNA REBELIÓN GLOBAL CONTRA LAS ÉLITES
Las revueltas que sacuden desde el Himalaya hasta el Archipiélago revelan un mismo patrón: jóvenes hartos de la corrupción, el nepotismo y las élites políticas desconectadas de la realidad. En Katmandú, la prohibición de redes sociales encendió la chispa; en Yakarta, la represión y la ostentación de privilegios. Dos países distintos, un mismo mensaje: la democracia vacía ya no alcanza.
En Katmandú, miles de jóvenes con uniforme escolar se enfrentaron hace unos días a la Policía, levantando barricadas en Maitighar Mandala y marchando hacia el Parlamento. El aire cargado de incienso y especias fue reemplazado por humo de neumáticos encendidos y gases lacrimógenos. El saldo: 19 muertos en una sola jornada y la renuncia del primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Oli.
A más de 5.000 kilómetros de allí, en Yakarta y otras ciudades de Indonesia, manifestantes atacaban edificios gubernamentales, incendiaban parlamentos regionales y saqueaban las mansiones de políticos millonarios. Dos escenas distintas, un mismo trasfondo: la rebelión de una generación contra la corrupción y el secuestro de la democracia por parte de élites enquistadas en el poder.
Lo que ocurre en Nepal e Indonesia no puede leerse como hechos aislados. Más bien, son episodios de un fenómeno mayor: un cansancio global con la política tradicional, que se expresa especialmente entre los más jóvenes. Desde el Himalaya hasta el sudeste asiático, la llamada “Generación Z” toma las calles no por consignas abstractas, sino por la experiencia cotidiana de la desigualdad, el nepotismo y la corrupción ostentosa de dirigentes que, lejos de representar, parecen vivir en un universo paralelo.
Nepal: la chispa digital
El detonante en Nepal fue aparentemente banal: la decisión del gobierno de bloquear 26 plataformas digitales bajo el argumento de combatir discursos de odio y delitos cibernéticos. En un país donde más del 90% de la población utiliza redes sociales, la medida fue percibida como un ataque directo a la libertad de expresión. La paradoja: solo TikTok quedó exento, lo que generó sospechas de alineamiento con Beijing.
Pero detrás de la prohibición había mucho más. Las redes no son solo entretenimiento: constituyen el espacio de organización y denuncia de una generación que ve su futuro hipotecado. El contraste entre los nepobabies –los hijos de políticos mostrando autos de lujo, viajes y fiestas en Instagram– y la vida precaria de millones de jóvenes que deben emigrar o endeudarse para estudiar encendió la mecha. Lo que estalló en septiembre fue la acumulación de años de frustración con una democracia capturada por las mismas caras de siempre.
El trasfondo histórico ayuda a entenderlo. Tras el fin de la monarquía en 2006 y la proclamación de la república federal en 2008, se esperaba que Nepal transitara hacia una democracia inclusiva. Sin embargo, la guerra civil maoísta y la posterior transición dejaron un legado de partidos tradicionales que se reciclaron en el poder sin alterar la lógica de privilegios. Oli, Prachanda, Deuba: nombres repetidos que se alternan en el gobierno como si fueran piezas de un ajedrez manipulado por las élites.
La economía no dio respiro: uno de cada cuatro hogares depende de remesas enviadas desde Qatar, Malasia o India. En 2024, más de 700.000 nepalíes emigraron en busca de trabajo. El desempleo juvenil ronda el 20%. Frente a ese panorama, las imágenes de los herederos del poder ostentando lujos se convirtieron en un insulto insoportable.
Este 8 de septiembre, influencers, artistas y hasta Miss Nepal Earth 2022 se sumaron a las protestas. La renuncia de Oli, apenas 24 horas después, mostró que la juventud nepalí no solo protesta: también puede derribar gobiernos.
Indonesia: la contracultura de la protesta
En Indonesia, el punto de inicio fue el atropello mortal de un mototaxista por un vehículo policial. En cuestión de horas, el país estalló. Ocho parlamentos regionales fueron incendiados, residencias de políticos saqueadas, símbolos de la élite ridiculizados en redes. Las imágenes recordaron inevitablemente a 1998, cuando la represión en la Universidad Trisakti precipitó la caída de Suharto.
Pero lo que sucede hoy no es una simple repetición de aquella crisis. Es la quinta gran ola de movilizaciones juveniles desde 2019. Primero, contra el vaciamiento de la Comisión Anticorrupción. Luego, contra la Ley Ómnibus de Creación de Empleo que precarizó el trabajo y debilitó protecciones ambientales. Más tarde, contra medidas fiscales y reformas que beneficiaban a las élites. Cada ciclo dejó huellas, acumulando una subcultura de protesta que se nutre de redes sociales, sindicatos, ONG y colectivos estudiantiles.
El politólogo Edward Aspinall lo resume en una frase: “Las protestas son el resultado del choque entre ‘dos mundos’ de la política indonesia. Por un lado, la política institucional, dominada por el clientelismo y las dinastías familiares. Por otro, la política de la calle, formada por jóvenes que ya no esperan nada del sistema y expresan su rabia en formas horizontales, rizomáticas, difíciles de cooptar”.
La desigualdad es el combustible de esa rabia. Diputados y ministros ostentan Lamborghinis, bolsos Hermès o esculturas de Iron Man en tamaño real, mientras la economía informal se expande y la clase media se encoge. Cuando los parlamentarios votaron aumentarse las dietas, lo hicieron bailando en plena sesión, completamente ajenos a la crisis social que golpea al país. La desconexión entre élites y pueblo es tan profunda que raya el desprecio.
Un patrón común en el Sur Global
Los paralelismos entre Nepal e Indonesia son claros. En ambos países, la represión estatal no sofocó la protesta: la multiplicó. En ambos casos, el hartazgo se canalizó a través de organizaciones horizontales, difusas, sin líderes visibles que puedan ser cooptados fácilmente. Tanto en Katmandú como en Yakarta, la bronca apunta a un mismo blanco: la corrupción sistémica, el nepotismo dinástico y una clase política que vive en una burbuja de privilegios.
Este patrón no se limita a Asia. En Chile, en 2019, la suba de tarifas del metro encendió una revuelta que terminó cuestionando toda la arquitectura institucional heredada de Pinochet. En Sri Lanka, en 2022, la indignación contra la crisis económica forzó la huida del presidente Gotabaya Rajapaksa. En cada caso, un detonante menor destapa un descontento mayor, acumulado por años.
Lo que conecta a todos estos episodios es que surgen en el Sur Global, donde democracias jóvenes y frágiles enfrentan la paradoja de reproducir prácticas oligárquicas bajo un barniz electoral. Son sociedades donde las promesas de representación, igualdad y movilidad social quedaron subordinadas a sistemas de privilegios que parecen inmutables.
La nueva internacional de la bronca
Nepal e Indonesia muestran que los levantamientos ya no son monopolio de partidos organizados ni de ideologías cerradas. Lo que se configura es una internacional difusa de la bronca, tejida en redes sociales, alimentada por agravios concretos, encarnada en símbolos de lujo y ostentación que contrastan brutalmente con la vida de la mayoría.
No se trata solo de la caída de un primer ministro o de la presión sobre un presidente. Lo que está en juego es algo más profundo: la posibilidad de construir una democracia que no sea solo un ritual electoral, sino un sistema capaz de ofrecer dignidad.
En el Himalaya y en el Archipiélago, en escenarios aparentemente tan disímiles, la juventud nos recuerda una verdad incómoda: cuando las instituciones se vacían de contenido y se convierten en maquinarias de enriquecimiento personal, la calle vuelve a ser el último espacio donde se disputa el futuro.
La pregunta ahora es si estas rebeliones lograrán trascender la furia inmediata y convertirse en proyectos de transformación política. O si, como tantas veces, quedarán como fuegos intermitentes que iluminan brevemente la noche, pero no alcanzan a encender un nuevo amanecer.
Gonzalo Fiore Viani
CINCO TESIS SOBRE LA SITUACIÓN EN NEPAL
Tras la renuncia del primer ministro nepalí Khadga Prasad Oli en medio de protestas masivas impulsadas por la juventud del país, han circulado diferentes narrativas que simplifican y tergiversan las complejidades y la realidad sobre el terreno en Nepal que están en el origen de esta crisis.
Si tu casa no está limpia, las hormigas entrarán por la puerta y atraerán a las serpientes.
La crisis en Nepal se agravó a principios de septiembre, derrocando al gobierno de centroderecha del primer ministro Khadga Prasad Oli (proveniente del Partido Comunista). El detonante inmediato fue la regulación y prohibición de las redes sociales el 4 de septiembre. Las protestas por esta medida fueron reprimidas por la policía con disparos, dejando 19 manifestantes muertos. Fueron aumentando las protestas, que se convirtieron en manifestaciones masivas y ataques a las casas de políticos, al edificio del Parlamento nacional y a la residencia presidencial.
Circulan varias narrativas sobre la agitación actual, pero dos son las que predominan:
1. Fracaso sistémico del gobierno: los años de promesas incumplidas, corrupción y alianzas oportunistas han provocado una crisis de legitimidad no de este o aquel partido, sino del establishment. El auge actual se explica como una reacción popular debido al descuido acumulado.
2. Tesis de la revolución de colores: que las protestas están orquestadas por una fuerza externa, y la mayoría de los dedos apuntan a los Estados Unidos y a la financiación del Congreso de los Estados Unidos a través de la Fundación Nacional para la Democracia a Hami Nepal (creada en 2015).
Ambas teorías permiten a las partes implicadas en Nepal eludir fácilmente su responsabilidad, ya sea achacándola a intromisiones extranjeras o a una vaga idea de la “clase política”. En estas teorías no se aborda el orden burgués subyacente y sus problemas en Nepal: una economía clientelar de más de un siglo de historia; el control de la tierra, las finanzas y los contratos gubernamentales en manos de un oligopolio estrechamente vinculado a la monarquía [abolida en 2006]; y un paradigma de crecimiento que depende de la exportación de trabajadores migrantes y del desarrollo de infraestructuras financiadas con deuda. Las causas estructurales de las reivindicaciones de la población se simplifican en conceptos simplistas, pero evocadores, por ejemplo, “corrupción” y “revolución de colores”.
Ninguna de estas teorías es totalmente incorrecta o correcta, sino que son solo parciales y su parcialidad puede ser muy engañosa. Este artículo no pretende corregir esa parcialidad por sí solo, pero espera ofrecer algunas ideas para el debate. Las cinco tesis que se exponen a continuación solo pretenden enmarcar el debate que esperamos se dé no sólo sobre la difícil situación de Nepal, sino también sobre la de muchos países del Sur Global.
1. Mal manejo de la oportunidad
Después de que se promulgara la nueva Constitución en Nepal en 2015, había una gran esperanza de que la izquierda amplia pudiera mejorar la situación social de los nepalíes. Por lo tanto, en 2017, los distintos partidos comunistas obtuvieron el 75% de los escaños en el Parlamento nacional.
Al año siguiente, los partidos comunistas más grandes se unieron para formar el Partido Comunista de Nepal, aunque la unidad no era muy profunda porque los partidos tenían sus propias estructuras y sus propios programas, y no podían formar realmente un partido unificado, sino principalmente un bloque electoral. La falta de un programa común para la actividad política comunista y de una agenda común para resolver los problemas del pueblo a través del instrumento del Estado condujo a la disipación de la oportunidad que se le había brindado a la izquierda.
El partido unificado se dividió en 2021 y, desde entonces, los distintos partidos de izquierda se han ido turnando en el poder, lo que el pueblo ha visto como prácticas personalistas y oportunistas. Cuando el ministro del Interior Narayan Kaji Shrestha (2023-2024), del Centro Maoísta, intentó utilizar los instrumentos del Estado para investigar las prácticas corruptas, incluso en su propio partido, fue expulsado de su cargo.
Desde 2024, el Gobierno de Nepal incluía una facción derechista de la izquierda (liderada por Khadga Prasad Oli) y una facción de la derecha (el Congreso Nepalí), lo que lo convertía en un gobierno de centroderecha. La larga lucha por la democracia que comenzó con la Revolución de 1951, se intensificó con el Jana Andolan (Movimiento del Pueblo) de 1990 y luego pareció consolidarse con el Loktantra Andolan (Movimiento por la Democracia) de 2006, parece haber sido derrotada, cuando en realidad esa larga lucha reaparece bajo otras formas.
2. Incapacidad para abordar los problemas básicos de la población
Los problemas de Nepal en 2015, cuando se adoptó la nueva Constitución, eran graves. Un terremoto masivo en Gorkha devastó la provincia, dejando más de 10.000 muertos y cientos de miles de personas sin hogar. Al menos una cuarta parte de los nepalíes vivía por debajo del umbral de la pobreza. La discriminación por motivos de casta y etnia creó una gran sensación de desesperanza. La provincia de Madhesh, situada en la frontera entre Nepal y la India, estaba especialmente indignada por la sensación de desventaja y por el análisis de que la Constitución de 2015 la marginaba aún más. La débil sanidad y educación pública, que llevaban un siglo sin recibir la financiación necesaria, no podían satisfacer las aspiraciones de la clase media emergente.
Los gobiernos de izquierda propusieron diversas políticas para abordar algunas de estas cuestiones, sacando a amplios sectores de la población de la pobreza (la pobreza infantil pasó del 36% en 2015 al 15 % en 2025) y de la carencia de infraestructuras (el acceso a la electricidad es ahora del 99% y se ha registrado una mejora en el Índice de Desarrollo Humano).
Sin embargo, sigue existiendo una enorme brecha entre las expectativas y la realidad, ya que las tasas de desigualdad no disminuyen lo suficiente y la migración se mantiene en niveles alarmantemente altos. Los niveles de corrupción también siguieron siendo demasiado elevados en el país, ya que la percepción de la corrupción se deterioró (ocupando el puesto 107 de 180 en 2024). El gobierno no ha podido contener la corrupción, la desigualdad y la inflación, y ha cerrado acuerdos muy desfavorables en materia comercial y financiera con el FMI (el retorno al Servicio de Crédito Ampliado del FMI ha reducido sus posibilidades fiscales).
3. La tendencia a buscar refugio en la idea de la monarquía hindú
La pequeña burguesía nepalí, que envía a sus hijos a escuelas en inglés y que a menudo procede de castas hindúes oprimidas o “atrasadas”, se siente frustrada por el continuo dominio de las castas superiores y se inspira en la política de la pequeña burguesía hindutva [nacionalista hindú de la India] de derecha de Uttar Pradesh, uno de los estados que limita con Nepal. Por eso en las marchas había muchos carteles con la imagen de Yogi Adityanath, líder del partido derechista Bharatiya Janata Party (BJP) de la India y jefe del gobierno de Uttar Pradesh. Esta fracción de la población también está dispuesta a “volver” a la monarquía, a una monarquía hindú. Varias fuerzas políticas respaldan estas tendencias, por ejemplo, el partido pro-monárquico (Partido Rashtriya Prajatantra o RPP) y sus aliados más amplios (Comité Conjunto del Movimiento Popular, formado en marzo de 2025 como parte de las protestas por el retorno a la monarquía, Shiv Sena Nepal, Vishwa Hindu Mahasabha).
Desde la década del 90, el Hindu Swayamsevak Sangh (HSS), afiliado internacional del RSS indio, ha creado discretamente shakhas (grupos) y cuadros. El HSS, junto con un grupo tentacular de organizaciones, por ejemplo, el Shiv Sena y el RPP, ha hecho campaña contra las políticas seculares y a favor del retorno al Raj hindú. En lugar de limitarse a atacar el secularismo, el bloque Hindutva ha centrado su atención en lo que denomina una puerta giratoria de élites en Katmandú que ha mantenido el poder desde que se abolió la monarquía en 2008. Enmarcan su retórica civilizatoria en torno a la lucha contra la corrupción y la caridad, con movilizaciones a través de festivales hindúes y de personas influyentes en Internet, así como con una divulgación selectiva entre las castas marginadas y oprimidas en nombre de la unidad hindú. Este bloque, poderosamente organizado a diferencia de los jóvenes, tiene la capacidad de tomar el poder y restaurar el orden en nombre del Estado hindú y la monarquía, recuperando el autoritarismo en nombre de la lucha contra la corrupción.
4. Cansados de la válvula de escape de la migración
Si omitimos países pequeños, por ejemplo, Montserrat o San Cristóbal y Nieves, Nepal es el país con la tasa per cápita más alta de migración por motivos laborales. Con una población de 31 millones de habitantes, actualmente hay 534.500 nepalíes (registrados) que trabajan en el extranjero, lo que supone 17,2 personas por cada 1.000 nepalíes. Las cifras han aumentado considerablemente en los últimos años. En 2000, la cifra registrada de nepalíes que obtuvieron permisos de trabajo en el extranjero era de 55.000, ahora es diez veces mayor. En 2022-23 se alcanzó un nuevo récord con 771.327 permisos expedidos.
Gran parte de la juventud está molesta por no haber podido satisfacer sus necesidades de empleo dentro de Nepal, verse obligada a emigrar y, a menudo, a aceptar trabajos horribles. En febrero de 2025 se produjo un terrible incidente en Yeongam (Corea del Sur), cuando una persona migrante de 28 años, Tulsi Pun Magar, probablemente se suicidó porque el empleador de la granja porcina donde trabajaba no dejaba de modificar a la baja su salario. Tulsi procedía de la comunidad gurkha de Pokhara. Tras su suicidio, se supo que 85 nepalíes habían fallecido en Corea del Sur en los últimos cinco años, la mitad de ellos por suicidio. Noticias como estas aumentaron la frustración y la ira hacia el gobierno. En Internet, muchos compartieron la opinión de que el gobierno se preocupaba más por los inversores extranjeros directos que por las personas migrantes propias, cuya inversión en Nepal a través de las remesas es mucho mayor que cualquier capital extranjero.
5. Las influencias externas de los Estados Unidos y la India
El Gobierno de centroderecha de Khadga Prasad Oli había mantenido una estrecha relación con los Estados Unidos. Nepal se había unido a la Millennium Challenge Corporation (MCC) del gobierno de los Estados Unidos en febrero de 2017, una decisión tomada por un gobierno de izquierda que fue muy cuestionada por gran parte de la izquierda. Debido a la presión desde abajo, el gobierno de Nepal se mantuvo al margen de la MCC, pero el gobierno de centroderecha de Oli recibió a John Wingle (vicepresidente adjunto de la MCC) en Katmandú en agosto de 2025 para mantener conversaciones sobre la reanudación de la ayuda de los Estados Unidos y discutir la continuación de los proyectos de infraestructura. Mientras tanto, el gobierno de extrema derecha de Narendra Modi en la India trató de promover el papel del partido nacionalista hindú de ultraderecha en Nepal, que hasta ahora había estado al margen. Si hubo alguna actividad externa en las protestas de 2025, es más probable que la India, y no los Estados Unidos, tuviera algo que ver en los acontecimientos. Sin embargo, incluso en este caso, es posible que la ultraderecha nepalí se limite a aprovechar el colapso del gobierno de Oli y el enorme sentimiento anticorrupción.
Es importante reconocer que ninguna vivienda u oficina del RPP (partido pro-monarquía) fue atacada, mientras que en marzo los cuadros del RPP atacaron una oficina comunista, lo que prefiguraba lo que ocurre ahora en septiembre.
El Ejército parece haber restablecido cierta calma en Nepal. Pero se trata de una calma que es sinónimo de desorden y peligro. Queda por ver qué sucederá a continuación. Llevará tiempo que se calme la situación. ¿Invitará el Ejército a alguna de las celebridades de Internet a asumir el poder, por ejemplo, el alcalde de Katmandú, Balendra Shah? Los manifestantes han sugerido a Sushila Karki [efectivamente fue ella quien asumió como primera ministra el 12 de septiembre], una muy respetada ex presidenta del Tribunal Supremo de Nepal (2016-2017), que ha desarrollado su carrera manteniéndose al margen de los partidos políticos. Se trata de opciones provisionales. No tendrán el mandato de realizar cambios significativos. Fingirán estar por encima de la política, pero eso solo desilusionará a la gente con la democracia y sumirá al país en una crisis a largo plazo. Un nuevo primer ministro no resolverá los problemas de Nepal.
Vijay Prashad y Atul Chandra
¿QUÉ SALIDA POLÍTICA TIENE EL MOVIMIENTO SEPTEMBRISTA?
Un verano político
Por primera vez en el siglo XXI, el letargo estival no ha diluido las movilizaciones políticas. Así, durante el verano, dos millones de personas firmaron una petición contra la ley Duplomb sobre los pesticidas. El movimiento por la paz se reforzó con la salida de una nueva Flotilla de la Libertad, a bordo de la cual se encontraban dos diputadas insumisas. Y al día siguiente de la declaración de guerra social de François Bayrou, surgieron espontáneamente en las redes sociales llamamientos a la respuesta popular.
Esta politización estival no cae del cielo: se inscribe en un contexto socioeconómico particular. Coyunturalmente, los anuncios presupuestarios de François Bayrou actuaron como detonante, revelando una ira popular ya latente. Estructuralmente, el verano permite a una parte de la población disfrutar de un tiempo libre del trabajo, los estudios o la escuela. Este tiempo libre es también a menudo sinónimo de privaciones. Así, en la Francia de Macron, las vacaciones pagadas ya no son sinónimo de irse de vacaciones: el 40% de los franceses no se va de vacaciones, y los que querrían hacerlo se ven estrangulados por el aumento de los precios. De hecho, entre 2019 y 2024, los precios de una noche de hotel y de una parcela de camping han aumentado un 30%, y el de una entrada de adulto a Disneylandia, un 25%. Por lo tanto, durante el verano de 2025, el tiempo libre se ha convertido en un tiempo libre marcado por la prohibición material de irse de vacaciones, lo que lo hace propicio para la organización política.
Un poder que precipita su propia caída
Es este contexto de politización estival el que presagia el mes de septiembre que se avecina. Paralelamente, y desde la decisión de Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional en junio de 2024, asistimos a una verdadera crisis del régimen, es decir, a la brecha entre la cúpula, que ya no puede, y la base, que ya no quiere. La cabeza del poder se pudre a un ritmo acelerado, como lo demuestran el baile de gabinetes, la rotación de ministros y, más recientemente, el anuncio por parte del propio François Bayrou de su fecha de salida. Por primera vez en cinco años, notificó, a finales del verano, que se sometería a un voto de confianza en la Asamblea Nacional, 268 días después de su llegada a Matignon [el 9 de septiembre se vio obligado a dimitir].
Esta decisión puede parecer legítimamente una victoria popular contra la declaración de guerra social del Gobierno este verano. Bayrou va a caer, y con él su plan de violencia social sin precedentes. Sin embargo, no hay que engañarse. La única preocupación de la oligarquía macronista es controlar su propia salida, con el fin de mantener sus fracasos en un marco estrictamente parlamentario y evitar así ser expulsada por la movilización popular del 10 de septiembre. Pero este intento de separación entre el Parlamento y la sociedad, para reducir esta última a aquel, choca con la construcción política autónoma iniciada por el pueblo durante el verano.
Un regreso a la actividad marcado por el espíritu prerrevolucionario
A través de cadenas de mensajes y comités locales, miles de personas han reaccionado a la actualidad inmediata en torno a un objetivo (“que se vayan”) y un método (“bloquearlo todo”). Es este temor a un bloqueo generalizado de la economía el 10 de septiembre lo que llevó a François Bayrou a organizar la votación del 8 de septiembre. A raíz de ello, el rápido apoyo prestado por las confederaciones sindicales más combativas permitió obtener preavisos de huelga, lo que garantizó, por un lado, la capacidad concreta de los trabajadores para llevar a cabo el bloqueo sin riesgo de perder su empleo y, por otro, la credibilidad de la relación de fuerzas del movimiento de septiembre.
Pero la fuerza esencial del movimiento es su independencia político-sindical, que le confiere tres ventajas cruciales. En primer lugar, la ausencia de antecedentes de conflicto entre unos y otros, que perjudicaría la solidez y la fraternidad de la lucha. En segundo lugar, porque la independencia es siempre una exigencia recíproca, que lleva al movimiento a dotarse de sus propias consignas sin querer alinear imperativamente sus apoyos con el conjunto de reivindicaciones. Los Insoumis tienen su programa, que el movimiento del 10 de septiembre no les pide que abandonen, sino solo que identifiquen los puntos comunes sobre los que luchar juntos. Por último, porque la independencia implica reivindicaciones inmediatas y concretas, más que luchas de posicionamiento o juegos de billar a cuatro bandas.
El primer efecto concreto de esta movilización incipiente: ella ha impactado en la agenda mediática de la extrema derecha. Por primera vez en muchos años, en julio y agosto no se ha podido imponer ninguna polémica islamófoba. No ha habido burkinis ni abayas en las cadenas de televisión, porque el 10 de septiembre ha conseguido que el inicio del curso escolar se caracterice por un ambiente prerrevolucionario. Resultado: los emisarios del bloque reaccionario son espectadores de una actualidad que se les escapa. Más ávidos de defender los intereses de la oligarquía dominante que de ponerse al servicio del pueblo, se niegan a participar en el movimiento Bloquons tout [Bloqueemos todo] que les “da miedo”.
Emmanuel Macron debe irse
Ahora se plantea la cuestión del objetivo de tal movilización. En el primer aniversario de la disolución de la Asamblea Nacional decidida en 2024 por Emmanuel Macron, éste encarna más que nunca al adversario en la mayoría de las redes en las que asistimos a los intercambios. ¿Qué representa Macron? La ignorancia del resultado de las urnas. Del nombramiento de gobiernos contrarios a las expectativas populares expresadas en las urnas. Es responsable de los métodos autoritarios del Gobierno y de la represión de la oposición. Es responsable de la continuidad macroeconómica desde 2017, a pesar de las múltiples resistencias y sus derrotas electorales. Posee un conjunto de poderes exorbitantes para un solo hombre. Es conocido por todos en Francia, a diferencia de los ricos cuyos intereses representa y que se reparten la explotación del trabajo de la población. Su caída es posible de forma totalmente legal y constitucional: mediante una dimisión o una destitución, lo que daría lugar a unas elecciones presidenciales anticipadas. El 67% de los franceses lo desea.
Dichas elecciones ofrecerían la salida constituyente en el momento de la destitución. Arbitrarían mediante el voto, y por tanto la mayoría, la relación de la nación con las reivindicaciones del 10 de septiembre. Sin negociaciones de pasillo ni acuerdos informales en un ministerio: una votación popular sobre las reivindicaciones sociales. Y esto, mientras la clase acomodada se ve debilitada por un movimiento que le es hostil, cuyas nuevas posiciones conquistadas, por ejemplo en las empresas, deberán ratificarse en caso de una movilización masiva deseable y ya anunciada por la intersindical con la jornada del 18 de septiembre. Tanto más cuanto que, por el contrario, la victoria electoral de un gobierno popular puede favorecer la continuación de la movilización, prosiguiendo la lucha contra los propietarios en el ejecutivo y en la calle.
Clémence Guetté y Hadrien Clouet
10-S: UNA JORNADA DE MOVILIZACIÓN EXITOSA
[Francia atraviesa la más grave crisis política desde la instauración de la V República. Incluso medios de comunicación poco proclives a la exageración como el El País, editorializaban con ese título la caída del gobierno de Bayrou. Y no es para menos: en menos de un año, Macron acaba de nombrar el tercer primer ministro tras haber avalado el órdago de Bayrou con la moción de confianza a la que se sometió el lunes pasado, justo dos días antes de la movilización anunciada para bloquear el país en un clima de tensión cada vez mayor contra la acción antidemocrática de Macron y unas políticas presupuestarias que sangran aún más a las clases populares. Si todo el mundo tenía claro desde el día de su anuncio que Bayrou iba a caer, la esperanza oculta de su gesto político era que si el gobierno caía, la movilización caería también… a falta de un gobierno contra el cual movilizarse. Una esperanza quebrada por una jornada de movilización en la cual, pese al extraordinario despliegue represiva del gobierno (con la proliferación del arma del futuro: los drones, y 80.000 policías), el éxito ha sido innegable y la continuidad de la movilización también, con acciones que se desarrollan un día tras otro y, sobre todo, la jornada de movilización convocada por la intersindical para el próximo día 18. A la espera de un análisis más en profundidad del desarrollo de esta crisis política, cuyo desenlace, por otra parte, no se puede aventurar, y que dependerá del grado que alcance la movilización y su repercusión en el ámbito político y sindical, publicamos a continuación esta análisis de Antoine Larrache, que nos ofrece la primera pincelada de la movilización y los retos hacia adelante, en un balance de urgencia.]
Por mucho que los medios de comunicación franceses y el gobierno minimicen el éxito de la jornada, se trata de un éxito que demuestra los recursos de la clase obrera francesa. Según el Ministerio del Interior, se han producido 430 acciones (frente a las dos o tres mil de los primeros días de los chalecos amarillos), de las cuales 157 bloqueos (piquetes) han movilizado a 29.000 personas. Pero ya se puede decir, a esta hora, que 15.000 personas se han manifestado en Burdeos, unas 30.000 en Tolosa (frente a las 120.000 en el momento álgido de la movilización por las pensiones), 600 en Belfort, al menos 200 en Angulema, al menos 10.000 en Rennes y 5.000 en Brest. En París se han llevado a cabo múltiples acciones: bloqueos de algunas puertas [se refiere a los ingresos a la ciudad de París], concentraciones en République, Gare du Nord, Châtelet y Place des Fêtes. Gran parte de los bloqueos parisinos han sido desalojados por el gobierno, que ha movilizado a 80.000 gendarmes y policías, aunque algunos piquetes, en los que había un número considerable de huelguistas, han aguantado. En todas partes se destaca la presencia de numerosos jóvenes. En total, 175.000 manifestantes (250.000 según la CGT) anunciados por Retailleau, que había previsto 100.000. Por la noche, se celebrarán asambleas generales para debatir las consecuencias del movimiento.
Un día exitoso
Se puede decir que, para ser un movimiento semiespontáneo, ha sido un gran éxito. Puesto en marcha por personas e iniciativas de diverso tipo, fue sumando adhesiones de sectores de la izquierda radical (France insoumise y la extrema izquierda, algunas federaciones y uniones locales de la CGT, Solidaires, etc.), mientras que las grandes confederaciones sindicales [CFDT, CGT, FO, CFE-CGC CFTC, Unsa, FSU, Solidaires) adelantaron la convocatoria de una jornada de huelga [conta la política presupuestaria del gobierno, que al inicio se había planteado para el mes de octubre] al 18 de septiembre. A finales de agosto y principios de septiembre, las asambleas reunieron a cientos de personas bajo el lema de rechazar a Macron y la austeridad, en particular tras el anuncio de la intención de renovar el presupuesto del año pasado (con graves consecuencias para los servicios públicos y la seguridad social), y de suprimir tres días festivos, entre ellos el 8 de mayo y el Lunes de Pascua. En las manifestaciones, estas consignas se mezclaron con el rechazo a la ultraderecha y al aumento de los presupuestos militares, y con la solidaridad pro-Palestina.
El gobierno se autodestruyó el 8 de septiembre, cuando el primer ministro Bayrou solicitó un voto de confianza a la Asamblea Nacional, que lo rechazó con solo 194 votos a favor y 384 en contra. El martes 9 de septiembre, el nombramiento del ministro de Defensa, Lecornu, como primer ministro, por parte de Macron fue percibido como una provocación y como una confesión de inmensa debilidad. Provocación pues, ¿cómo se puede nombrar para este cargo a quien representa a la vez la continuidad de todos los gobiernos bajo Macron y la transferencia de los presupuestos sociales hacia el militarismo? También es una muestra de debilidad que demuestra lo difícil que le resulta a Macron encontrar personal político dispuesto a llevar a cabo su política.
Las próximas semanas serán muy importantes, pues puede pasar cualquier cosa. Si las clases populares y la izquierda no se muestran lo suficientemente decididas, serán la derecha y la extrema derecha las que salgan ganando en esta fase de semi-vacío de poder. Quizás asistamos un acuerdo entre Le Pen y Macron para gobernar y acelerar la ofensiva antisocial y racista. O a un gobierno de expertos que impulse esta política con un Rassemblement National que le deje hacer y espere su momento en las presidenciales de 2027.
Construir un movimiento para ganar
Por el contrario, el proletariado puede influir en la situación, siempre que se posicione de forma ofensiva. Para ello se necesitan varias condiciones.
La primera es no conformarse con un movimiento minoritario y radical. Es absolutamente necesario construir el movimiento: en los próximos días, multiplicar las giras por los servicios, los talleres, etc., la distribución de panfletos, la preparación de una huelga masiva. El día 18 puede permitir dar un paso adelante hacia una huelga general contra la política del gobierno.
La segunda es tener objetivos claros, consignas que respondan a la situación económica, social y a los retos actuales: revocar la deuda [pública], aumentar los salarios de 400 euros, dinero para los servicios públicos, volver a la jubilación a los 60 años, prohibir los despidos, restablecer los derechos de las personas desocupadas (cuyo subsidio se recorta un día tras otro), conceder las libertades de circulación e instalación y la igualdad a las personas extranjeras, detener las políticas belicistas y, en particular, la complicidad con el genocidio en Palestina.
La tercera es responder a la cuestión del poder. No basta con deshacerse de Bayrou y Lecornu, hay que echar a Macron. Esto no puede hacerse en el marco de las instituciones actuales, que son antidemocráticas y han fracasado. Se necesita un gobierno de ruptura, un gobierno de trabajadores, de sus organizaciones, de los sindicatos y de los partidos de izquierda, para emprender una política de ruptura radical con el orden existente.
Esto es lo que los militantes anticapitalistas pueden defender en este movimiento. A través de sus periódicos, sus panfletos y sus intervenciones en las asambleas. Los militantes deben defender la unidad del movimiento –es decir, de toda la izquierda social y política, desde la base hasta la cúpula– y su construcción sobre objetivos concretos, tanto en lo que se refiere a las reivindicaciones como a la construcción democrática y militante (asambleas generales, piquetes, difusión…) y una orientación que permita construir el enfrentamiento con una clase dominante que no retrocederá ante nada que no sea una movilización masiva y duradera. Algunos círculos burgueses ya ven a la extrema derecha y la represión como un recurso frente al movimiento social. Hay que ganar para evitar una radicalización de los ataques antisociales, racistas y belicistas, y para romper con el capitalismo neoliberal.
Antoine Larrache