Excavación del EAAF en el ex centro clandestino de detención “La Perla”, provincia de Córdoba, Argentina. Imagen capturada de un video publicado en el diario Clarín.
El presente texto de la antropóloga argentina Ludmila Da Silva Catela, valioso aporte a nuestro número especial por el cincuentenario del golpe (1976 ~ 2026), es una versión actualizada y aumentada del artículo “Son 30.000”, publicado en la página web del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) el 22 de marzo del año pasado, con una bajada que decía así: “…Da Silva Catela aborda cómo se construyó la cifra histórica de las personas desaparecidas en la última dictadura militar. Indaga, además, sobre qué se cuestiona cuando se discute este número, lo que representa como lugar de memoria y consigna de lucha contra la impunidad, y la responsabilidad del Estado argentino en el pasado y en la actualidad. Es el Estado, y no las víctimas, quien debe decir con exactitud cuántas personas desaparecidas hubo y hay en nuestro país”.
La autora tuvo la generosidad, que agradecemos profundamente, de enviarnos una adenda. Esta adenda hace referencia a un suceso muy reciente de gran significación e impacto: la identificación de trece personas desaparecidas en el ex centro clandestino de detención “La Perla”, provincia de Córdoba, mediante estudios de ADN con restos óseos (a excepción de un caso, el de Jorge Cazorla, dilucidado por medio de una medalla dorada encontrada en la misma excavación de Loma del Torito, que su viuda pudo reconocer fácilmente gracias a la imagen de la Virgen Niña grabada en el anverso y a la leyenda inscripta en el reverso: “GRACIELA 3-9-74”).
Ludmila es doctora en Antropología Cultural y magíster en Sociología por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Se desempeña como investigadora del CONICET en el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR), y también como profesora en la UNC y la Universidad Nacional de La Plata. Coordina, asimismo, el Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Ha escrito numerosos artículos y varios libros, y participado de diversas obras colectivas. Muchos de sus textos están disponibles aquí.
La historia de una cifra que sigue abierta
30.000 como cifra tiene una historia. Por un lado, durante los años setenta, frente a la clandestinidad de los secuestros y la desaparición de los cuerpos de ciudadanas y ciudadanos en manos de las fuerzas de seguridad de la Nación, fueron los familiares de desaparecidos, las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas, las diferentes organizaciones de derechos humanos, quienes recopilaban la información sobre las personas que eran secuestradas. Consideraban que por una denuncia realizada había por lo menos otras dos que no se habían hecho o no habían podido ser registradas (testimonios de investigaciones y trabajo de campo antropológico). Así, 30.000 era una cifra abierta, una cifra que daba cuenta de lo silenciado por parte de la dictadura, una estimación que se hacía en medio del miedo, la soledad y la persecución.
Por otro lado, existe información de organismos internacionales que durante aquellos años receptaban denuncias en el exterior. Por ejemplo, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de los países del Cono Sur (CLAMOR) centralizó en Brasil la información sobre los bebés nacidos en cautiverio; y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) recibía las denuncias de exiliados que habían pasado por centros clandestinos de detención (CCD). Además, comenzaron a circular documentos con información de inteligencia de las propias Fuerzas Armadas.
Estos documentos desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban cinco años para el retorno de la democracia. El cálculo fue aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de Inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel. Aparece entre los documentos que logró sacar a la luz el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University,1 y a los que accedió la prensa en 2006 (por ejemplo, el periodista argentino Hugo Alconada Mon del diario La Nación, autor de la nota “El Ejército admitió 22.000 crímenes”)2.
En julio de 1978, el agente trasandino Enrique Arancibia Clavel envió –bajo el alias Luis Felipe Alemparte Díaz– un telegrama a sus superiores de la Dirección de Inteligencia Chilena (DINA) con nombres de decenas de víctimas en el país y precisando que se habían “computado 22.000 entre muertos y desaparecidos”, desde 1975 hasta “el día presente” (1978).3
Otro elemento que se tuvo en cuenta a la hora de construir la cifra de 30.000 fue la extensión de la violencia desatada por el Estado a lo largo y ancho del país, materializada en los centros clandestinos de detención: 814 sitios de cautiverio, tortura y desaparición fueron reconocidos por el Estado (ver mapa de los CCD de la Secretaría de Derechos Humanos)4.
Con relación a los datos oficiales, en 1984 la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) indicó 8.961 víctimas, en base a las denuncias efectivamente realizadas ante este organismo. Una cifra abierta que debe seguir actualizándose: “el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado [RUVTE] tiene a su cargo la elaboración permanente de una base de datos de alcance nacional y carácter federal, con información sistematizada sobre las víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino”.5
La noción de permanente es clave: da cuenta de que se trata de una lista que no está cerrada, ya que la investigación y los juicios no han finalizado. Es el Estado quien debe actuar por la Verdad, Memoria y Justicia, y no puede aún llegar a una conclusión sobre cuál fue la magnitud exacta de los delitos de lesa humanidad cometidos en el país.
La responsabilidad de dar respuesta sigue siendo del Estado
Es moralmente indigno que se le reclame a las víctimas y sus familiares que den una respuesta certera respecto a un número que ellas no pueden saber ni tienen por qué investigar, ya que no lo provocaron. Se está hablando de seres humanos desaparecidos, con nombre y apellido. De cuerpos ocultados, arrojados al río, al mar o en fosas comunes como cosas; de apropiación de bebés nacidos en cautiverio, de niños y niñas secuestrados, tabicados, torturados junto a sus padres; de procedimientos militares y policiales clandestinos e ilegales; de documentos públicos fraguados para robar bienes; de torturas y violaciones sobre cuerpos ya indefensos en centros clandestinos de detención. De archivos que las fuerzas militares y de seguridad nunca entregaron ni revelaron.
La justicia ha avanzado en demostrar la ilegalidad y clandestinidad de estos y otros hechos inimaginables. A marzo de 2026, según el relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, “Tribunales de todo el país dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad, en las que condenaron a 1.231 personas y absolvieron a 250 desde la reapertura de los juicios en 2006”. A cincuenta años del golpe, “hay 12 juicios en curso” y “504 personas detenidas por estos crímenes”, aunque “582 personas investigadas permanecen en libertad”. Entretanto, “en la etapa de investigación preliminar se encuentran en trámite 282 causas”. El número de procesados asciende a 292, “y en los expedientes en investigación hay 517 personas imputadas por fiscales, que aún no han sido intimadas, y otras 76 que fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación personal”6.
Mientras que a las víctimas se les demanda una cifra, se ocultan otras cifras que cuentan cómo se rompió la impunidad. Los discursos que niegan, dudan o reivindican las acciones clandestinas del Estado silencian que hay 1.136 policías e integrantes de las FF.AA. condenados, y 814 centros clandestinos de detención reconocidos por el Estado, lo que da cuenta de la violencia clandestina ejercida.
En este sentido, cuando un presidente, un legislador o un juez afirma que “los 30.000 no son verdaderos”, ¿no está acaso incumpliendo los deberes de funcionario público, ya que tiene la obligación de investigar cada una de las detenciones, torturas y desapariciones que se ejecutaron en este país (las del pasado reciente y las del presente)? Cada desaparición es un crimen de lesa humanidad que nos afecta a todos y todas.
No es a las víctimas a quienes hay que reclamarle una cifra precisa, una cuantificación estadística; eso es responsabilidad del Estado, de sus tres poderes. Es el Estado argentino quien debe decir con exactitud cuántos desaparecidos y desaparecidas hubo –y hay– en el país.
Un símbolo de lucha contra la impunidad
30.000 desaparecidos y desaparecidas no es un dato estadístico. La cifra es una consigna y un lugar de memoria. Un número redondo que se constituyó –así como los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto– para dar cuenta y significar el accionar clandestino y terrorista del Estado. Un número para referenciar el horror.
Es una cifra símbolo que tiene una historia: la lucha contra la impunidad. Una historia de la incertidumbre que viven, aún hoy, las familias de quienes desaparecieron, frente a la clandestinidad con la que actuó el Estado.
El número, 30.000, muestra o revela la clandestinidad. Pone de manifiesto la impunidad de los represores, que nunca hablaron ni entregaron documentación verídica de los asesinatos y desapariciones que ejecutaron. Constituye una cifra abierta, que la justicia debe corroborar o rechazar. Impone a los gobernantes la responsabilidad de garantizar que no queden impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos en este territorio contra sus ciudadanas y ciudadanos.
30.000 es una consigna sostenida por quienes lucharon y luchan por la memoria de los muertos y contra el silencio de un Estado dictatorial. Es también un lugar de duelo frente a la ausencia de los cuerpos. Un espacio de nuevas luchas y visibilidades, como cuando se sube esa cifra a 30.400 para incorporar a la memoria colectiva las torturas y desapariciones de la comunidad LGTB+.
Es interesante observar que quienes disputan el número, al hacerlo, por lo general sólo enuncian que “no son 30.000”, sin señalar a qué se están refiriendo. Borran del enunciado la palabra desaparecidos. Silencian el significante.
El debate por la cifra es un debate ideológico, no estadístico. Es un lugar de disputa por los sentidos del presente, de esta Nación y los proyectos de país en juego. La desaparición de personas en manos del Estado y sus fuerzas militares o de seguridad plantea un problema de diferentes niveles: político, ético, jurídico y religioso. Político, en tanto genera luchas por visibilizar la impunidad y prácticas en defensa de los derechos humanos; pero también porque produce un espacio de disputa sobre los sentidos de la vida y la muerte. Ético, ya que nos enfrenta, como ciudadanos, a posicionarnos frente a los delitos que afectan a toda la humanidad. Jurídico, en la medida en que será el ámbito donde deberán buscarse las causas, establecerse los delitos y las penas, constituir las pruebas que permitan saber la verdad sobre el destino de los desaparecidos y condenar a los represores, victimarios y culpables. Religioso, ya que los seres humanos debemos enfrentar la muerte, comprenderla y gestar rituales que permitan separar el mundo de los vivos y de los muertos. El cuerpo del fallecido, locus del dolor, espacio de ritual de despedida, es vital para comenzar a transitar el duelo. Sin cuerpo no hay muerte, no hay tumba, no hay duelo.
En este territorio de sentidos y significados se ancla la discusión sobre el número 30.000. Quienes niegan su veracidad vacían de contenido político, ético, jurídico y religioso a la desaparición como crimen de lesa humanidad. Reducen la desaparición a una cosa, una cifra, un número vacío de significante.
“30.000 compañeros desaparecidos: ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!” seguirá siendo un grito constante, que se actualiza en el presente, con cada muerte y cada desaparición. Un lugar de memoria donde recordar a los muertos y accionar demandas al Estado.
La cifra 30.000 seguirá siendo un lugar de disputas en el presente y hacia el futuro, como espacio abierto a otras memorias emancipadoras que enfrenten procesos negacionistas.
30.000 seguirá siendo una expresión que da cuenta de la identidad con la que se portan las banderas de las luchas por los derechos humanos en Argentina. Un sentido que se inscribirá de generación en generación y que, como un tatuaje en la piel o un grafiti en la ciudad, dejará marcas de recuerdo y formas de transmisión de las memorias. Porque incluso quienes se oponen a esa cifra o la niegan, la reconocen.
Ludmila Da Silva Catela
POST SCRIPTUM
LA PERLA: CUANDO LA TIERRA NOS CUENTA LA VERDAD
A trece kilómetros de la ciudad de Córdoba, sobre la Ruta Nacional 20, se encuentra el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla”. Entre 1976 y 1978, bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército comandado por Luciano Benjamín Menéndez, funcionó allí uno de los CCD más grandes del país. Se estima que entre 2.200 y 2.500 personas estuvieron cautivas allí. La mayoría continúa desaparecida.
Hoy, La Perla es un Espacio para la Memoria. Quien lo visita se encuentra con un paisaje «engañosamente» apacible: árboles, pastizales, construcciones bajas, pájaros que surcan el cielo y cantan. Nada, a simple vista, delata el horror vivido allí por cada uno y una de quienes fueron secuestrados y torturados. Muchos de ellos asesinados, sus cuerpos ocultados. Los sobrevivientes han contado hasta el cansancio lo que vivieron, lo que escucharon, lo que vieron. Han dado testimonios para ayudar a procesar el duelo de los familiares. Nunca han dejado de buscar a sus desaparecidos.7
En el transcurso del 2025 se comenzó una nueva excavación llevada adelante por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)8, en el predio de La Perla. Cuando miramos, no vemos más que tierra y, a veces, montículos que parecen tumbas, pero no lo son. Sin embargo, la tierra devuelve estos restos como si no pudiera soportar el secreto, nos cuenta la verdad de lo que se quiso ocultar. Son la prueba de que, bajo esa aparente calma, algo ocurrió. Funcionan como un símbolo geológico: diminutos, casi invisibles, pero una vez que los vemos, no podemos dejar de verlos.
El paisaje de La Perla tiene un testigo silencioso: un árbol que estaba durante el funcionamiento del campo y que sigue allí, décadas después. Las fotografías actuales lo muestran. El árbol ha visto todo y no puede hablar; pero su presencia nos obliga a nosotros, los que llegamos después, a preguntar, a imaginar, a recordar. Naturaleza y cultura, naturaleza y barbarie.
Estas imágenes trabajan sobre la ausencia para hacer presente lo que falta. No vemos la tumba, pero la imagen de esos surcos, de ese árbol, de esos pequeños objetos rescatados de la tierra, nos dice: aquí hubo algo, aquí hubo alguien. Trece certezas, trece identidades recuperadas.9 Restos, fragmentos, amuletos. Son mucho más que una foto. Son la evidencia de que el trabajo científico revela la verdad, devuelve nombres e identidades.
Cuando comenzó la excavación, no había identificaciones. Solo tierra removida y la certeza de fragmentos de restos humanos. Fragmentos encontrados por el trabajo del EAAF y de un grupo de mujeres que integran una cooperativa de trabajo popular. Mujeres zarandeando toneladas –no gramos ni kilos– de tierra. Mirando, palpando, buscando. Fueron obreras de una memoria que no puede perderse. Más de 1.200 fragmentos de osamentas, telas, objetos. Ellas, las nadies para muchos, fueron las que pacientemente, día tras día, miraron cada partícula de la tierra para encontrar ese pequeño tesoro, esos huesos que permitieron arribar a trece certezas de identidad, personas desaparecidas que son familiares de alguien…
En la excavación, algo del orden de lo mágico sucedió. Se descubrió una pequeña medalla en esa inmensidad, una medalla que se sostuvo en el cuello del marido de Graciela Geuna, asesinado y desaparecido en La Perla, en medio de 14 mil hectáreas. Graciela se encontró con su medalla, con esa medalla, en el informe técnico del EAAF que explica con detalle cada cosa hallada en la excavación. Esa medalla, la de sus diecinueve años. La que tenía colgada de su cuello en el casamiento y luego le dio a su marido.
“…Todavía no hemos recuperado tu cuerpo, pero ya sabemos que estuviste ahí, que está en algún lugar de esa tierra. En ese lugar preciso, que ahora está marcado. La medalla es también una evidencia, una prueba. Un objeto que existe, que se puede tocar, analizar. Tangible. Apareció junto a huesos, junto a 1.263 restos y fragmentos óseos que recuperaron entre septiembre y diciembre de 2025 en el paraje conocido como Loma del Torito, dentro de los terrenos del III Cuerpo de Ejército. ‘Huesos de manos o pies: carpos, metacarpos, tarsos, metatarsos y falanges; así como piezas dentales, algunas vértebras y algunas costillas’, dice el reporte del EAAF. Dice también que hallaron ‘cráneo, mandíbula, miembros superiores, miembros inferiores y pelvis’. Se identificaron a 12 desaparecidos, a vos aún no. Pero por la medalla sabemos que estuviste allí. La medalla es una certeza. Pero también es un enigma y una pista: ¿Qué recorrido hicieron con tu cuerpo? ¿Con los cuerpos que estaban con vos? ¿Dónde estuvieron antes? ¿Adónde después? La medalla es una marca en ese camino, y ese camino lo vamos a rehacer. Siguen secuestrados, sí. Pero nuestra búsqueda está cambiando todo. Cincuenta años después los estamos encontrando. La muerte es parte de la vida, pero la desaparición no. Los estamos trayendo de regreso a un mundo compartido. Esa medalla dice que nuestra búsqueda tenía sentido. Que sigue teniendo sentido. Que sigamos.”10
Graciela sigue buscando a su marido Jorge Cazorla, asesinado y desaparecido en La Perla.11
Cada una de las trece historias restituidas, de las trece identidades recuperadas, resignifican los 30.000 con un rostro y un encuentro. No son números fríos que se pueden discutir como si fueran cosas. Son vidas que vuelven a renacer.
NOTAS
1 https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB185/index.htm.
2 www.lanacion.com.ar/politica/el-ejercito-admitio-22000-crimenes-nid791532.
3 https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB185/full%20%5BReport%20on%20Argentina%20disappeared%5D.pdf.
4 www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/ANM/rutve/mapas.
5 www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/ANM/rutve.
6 www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/a-medio-siglo-del-golpe-de-estado-1-231-personas.
7 https://espaciosmemoriacordoba.com.ar/terrorismo-de-estado-en-cordoba/hallazgos-que-alumbran-verdad-y-esperanza.
8 https://eaaf.org.
9 Las identificaciones mediante ADN fueron de doce víctimas, dos de ellas mellizas, a las que no se logró diferenciar porque comparten el mismo ADN. Hablamos de trece identificaciones debido a que una medalla allí encontrada da certeza sobre la identidad de una víctima más. Las personas identificadas son: Carlos Alberto D’Ambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mario Alberto Nívori, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana y Cecilia Carranza, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi y Elsa Mónica O’Kelly Pardo.
10 www.pagina12.com.ar/2026/03/14/la-medalla-que-te-esta-devolviendo.
11 Jorge nació el 24 de julio de 1953 en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Estaba casado y estudiaba abogacía en la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Además, militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Fue secuestrado la tarde del 10 de junio de 1976 junto a su esposa en la vía pública, dentro del barrio General Paz, en presencia de sus vecinos. Momentos después fue asesinado en la Ruta 20, a la altura de la Industria Mecánica del Estado (IME), y luego fue llevado al CCD “La Perla”. Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016 en la sentencia de la megacausa “La Perla-La Ribera-D2”. Jorge tenía 22 años. Aún continúa desaparecido. Ver https://apm.gov.ar/pressentes.