Detalle de La plegaria, de Fernando Botero. Acuarela sobre papel, 1949, col. privada de identidad reservada. Fuente: www.bogotaauctions.com
El domingo pasado hubo comicios presidenciales en la Colombia de Gustavo Petro, donde la reelección está prohibida por la Constitución desde 2015, en reacción al doble y ruinoso continuismo neoliberal de Uribe (2002-2006 y 2006-2010) y Santos (2010-2014 y 2014-2018). Hace una semana, el opositor Abelardo de la Espriella, líder de la agrupación populista de derecha Defensores de la Patria (quien dice ser admirador de Trump, Milei y Bukele), obtuvo el primer puesto con más del 43% de los votos, mientras que el oficialista Iván Cepeda, candidato de la coalición progresista Pacto Histórico (PH), cosechó algo menos del 41%, en un país donde la no obligatoriedad del sufragio conlleva altos niveles de abstención, superiores al 40% del padrón. Dado que ninguno superó el límite del 50%, habrá balotaje. La segunda vuelta se celebrará el 21 de junio.
Le propusimos a nuestro camarada colombiano Carlos Medina Gallego, historiador y analista político, que escribiera un artículo sobre el proceso electoral abierto en Colombia, sin dejar de lado el pasado reciente de su país –los cuatro años de Petro y PH en el poder– con sus luces y sombras, avances y limitaciones. Por fortuna, Carlos aceptó la invitación. Nos envió muy pronto un texto, que publicamos aquí, bajo el título “La Colombia del Pacto Histórico. Entre la promesa de cambio y la responsabilidad de gobernar”. El subtítulo, que por razones de espacio no pudimos incluir, rezaba así: “Balance crítico del gobierno de Gustavo Petro y los escenarios electorales de la segunda vuelta presidencial de 2026”.
Aunque nuestra evaluación del petrismo es más adversa que positiva, más escéptica que esperanzada (se trata, a decir verdad, de una intransigencia político-intelectual con todos los progresismos latinoamericanos en general, una intransigencia desde premisas anticapitalistas radicales o de izquierda revolucionaria), valoramos enormemente la contribución de Carlos, y compartimos su preocupación por evitar “la simplificación” y la condena “sin matices” del reformismo petrista, “que deja un legado complejo y contradictorio” a Colombia, pero indudablemente menos malo que el que dejaron los gobiernos anteriores. Sería necio negar los muchos “avances alcanzados” bajo el gobierno de PH, como “la reducción de la pobreza” y “la ampliación de la gratuidad en la educación superior pública”, aunque se podría discutir la magnitud y profundidad de los cambios operados, así como su durabilidad (¿Mejoras compensatorias dentro del capitalismo o transformaciones estructurales hacia el socialismo? ¿Progresos sólidos para una clase trabajadora concientizada y autoorganizada en vías de emancipación, o paliativos frágiles de un Estado burgués paternalista y asistencial?). Sea como fuere, y más allá de nuestras interpretaciones o juicios (nada imparciales ni infalibles), el artículo de Carlos constituye un gran aporte al análisis y el debate de la coyuntura colombiana. Nuestra mayor gratitud con él.
Existe una forma fácil de analizar el gobierno de Gustavo Petro: celebrarlo sin reservas o condenarlo sin matices. Ninguna de las dos opciones resulta intelectualmente satisfactoria. La primera conduce a la propaganda; la segunda, a la simplificación. Lo que exige el momento político colombiano es un ejercicio más complejo: una evaluación crítica que reconozca simultáneamente los avances alcanzados, las limitaciones evidentes y los desafíos aún pendientes.
El primer gobierno progresista de la historia contemporánea de Colombia ha sido una experiencia política de alta intensidad. Llegó al poder con la promesa de impulsar transformaciones estructurales en una sociedad atravesada por profundas desigualdades, una larga historia de violencia política y una débil capacidad estatal para garantizar derechos en amplios sectores del territorio nacional.
A cuatro años de iniciado este experimento político, el balance obliga a reconocer una realidad compleja. El gobierno ha logrado avances importantes en materia social, ambiental y de reformas institucionales, pero también ha enfrentado dificultades significativas para consolidar capacidad estatal, garantizar seguridad, construir gobernabilidad y romper con prácticas tradicionales de la política colombiana.
La discusión adquiere una relevancia adicional en el contexto de las elecciones presidenciales de 2026. La primera vuelta no solo puso en disputa la continuidad o el cierre del ciclo político inaugurado en 2022, sino que evidenció la existencia de dos proyectos de país enfrentados que hoy compiten por definir el rumbo de Colombia.
Los logros sustantivos
Una evaluación rigurosa del gobierno Petro debe comenzar por reconocer aquello que efectivamente logró transformar.
La reducción de la pobreza monetaria, la pobreza extrema y diversos indicadores de pobreza multidimensional constituye uno de los resultados más importantes de la administración. Millones de colombianos mejoraron sus condiciones materiales de vida durante este periodo, resultado de una combinación de políticas de transferencias sociales, recuperación parcial del empleo, fortalecimiento de programas de protección social y mantenimiento de niveles significativos de inversión pública.
En un país caracterizado históricamente por elevados niveles de desigualdad, estos resultados poseen una importancia estructural que no puede ser minimizada.
En el campo educativo, la ampliación de la gratuidad en la educación superior pública representa un avance significativo en la democratización del acceso al conocimiento. Aunque persisten enormes desafíos relacionados con cobertura, calidad y financiación, la política permitió ampliar oportunidades para sectores históricamente excluidos.
Igualmente, relevantes fueron las reformas laboral y pensional. Más allá de los debates legítimos sobre sus alcances, ambas reformas reabrieron una discusión nacional sobre la protección social, la dignidad del trabajo y las responsabilidades del Estado frente a las condiciones de vida de la población.
En materia agraria, el gobierno logró avances que durante décadas parecieron políticamente imposibles. La formalización de tierras, el impulso a la reforma agraria y la creación de la jurisdicción agraria constituyen transformaciones institucionales relevantes en un país donde la concentración de la propiedad rural ha sido una de las principales fuentes históricas de conflicto. Los resultados ambientales también merecen destacarse. La reducción de la deforestación durante buena parte del periodo, el liderazgo internacional en biodiversidad y la promoción de una agenda de transición energética posicionaron a Colombia como un actor relevante en los debates globales sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático.
En síntesis, el gobierno logró intervenir variables estructurales que durante decenios permanecieron prácticamente intactas. Ese mérito debe ser reconocido incluso por quienes mantienen profundas diferencias con el proyecto político que representa.
Los límites del cambio
Los avances alcanzados no eliminan los problemas. Por el contrario, permiten identificar con mayor claridad los límites que enfrentó el proyecto reformista.
La principal dificultad del gobierno ha sido la brecha existente entre la formulación de políticas públicas y la capacidad efectiva del Estado para implementarlas de manera sostenida y coordinada.
La historia colombiana demuestra que transformar leyes resulta mucho más sencillo que transformar realidades territoriales. Esta limitación aparece con especial claridad en materia de seguridad. El incremento de fenómenos como el secuestro y la extorsión en varias regiones, así como la persistencia y reconfiguración de grupos armados ilegales, evidencian que el Estado continúa enfrentando enormes dificultades para ejercer control efectivo sobre amplias zonas del territorio nacional.
La política de Paz Total representó una apuesta audaz por abordar simultáneamente múltiples conflictos armados. Sin embargo, sus resultados fueron desiguales. Los avances alcanzados en algunos escenarios coexistieron con incumplimientos, fragmentaciones organizativas, dificultades de verificación y persistencia de economías ilegales que continúan alimentando dinámicas de violencia.
La principal lección es que la construcción de paz requiere no solamente negociación política, sino también fortalecimiento institucional, control territorial, justicia efectiva y presencia integral del Estado.
En el plano económico tampoco desaparecieron las tensiones. Aunque Colombia evitó escenarios de crisis macroeconómica, persistieron preocupaciones relacionadas con el déficit fiscal, la desaceleración de algunos sectores productivos, la caída de ciertos niveles de inversión y las restricciones presupuestales que condicionan la sostenibilidad futura de la política social.
Los retos de la transformación social exigen una relación más equilibrada entre redistribución, crecimiento económico y estabilidad fiscal. A ello se suma una dificultad recurrente en la construcción de gobernabilidad. Los frecuentes cambios ministeriales, las tensiones con sectores aliados y los conflictos permanentes con distintas instituciones reflejaron problemas para construir consensos duraderos en un sistema político altamente fragmentado.
Caudillismo, clientelismo y corrupción
Uno de los aspectos más complejos del balance gubernamental se encuentra en la relación entre el discurso transformador y las prácticas políticas realmente existentes.
El liderazgo de Gustavo Petro fue, sin duda, el principal motor político del gobierno. Su capacidad de iniciativa permitió impulsar reformas que probablemente habrían sido imposibles bajo otros liderazgos. Sin embargo, esa misma centralidad presidencial generó problemas de estabilidad institucional. La excesiva personalización de las decisiones dificultó en ocasiones la consolidación de equipos técnicos y la continuidad administrativa de políticas públicas.
Más problemática aún resultó la incapacidad para desmontar plenamente las estructuras clientelares que históricamente caracterizan la política colombiana.
La búsqueda de mayorías legislativas condujo a acuerdos pragmáticos que, aunque comprensibles desde la lógica de la gobernabilidad, terminaron reproduciendo prácticas que el propio proyecto político había prometido superar. Los episodios de corrupción que involucraron sectores cercanos al gobierno tuvieron un efecto particularmente negativo, porque afectaron uno de los pilares simbólicos del cambio: la promesa de una nueva ética pública.
No obstante, sería equivocado concluir que el gobierno fue simplemente una repetición del pasado. Lo que se observa es una tensión permanente entre iniciativas de renovación institucional y estructuras tradicionales de poder que continúan ejerciendo una fuerte influencia sobre el funcionamiento del Estado. Un gobierno progresista con un Estado capturado institucionalmente por la derecha.
La responsabilidad de la coalición gobernante
El balance del gobierno no puede recaer exclusivamente sobre la figura presidencial.
Los sectores políticos, sociales y partidarios que integraron la coalición de gobierno también deben asumir responsabilidades. Una parte significativa de la izquierda comprendió el acceso al poder como una oportunidad para impulsar transformaciones estructurales, aunque algunos sectores se hayan visto reflejados en el espejo de las prácticas clientelares, corruptas y arrogantes de la derecha. Sectores que reprodujeron prácticas burocráticas y lógicas de ocupación institucional que poco contribuyeron a fortalecer la gestión pública.
Por su parte, sectores del centro político privilegiaron frecuentemente negociaciones coyunturales antes que acuerdos programáticos sólidos, debilitando la posibilidad de construir una coalición reformista más estable. A ello se sumó un problema recurrente en buena parte del progresismo latinoamericano: la dificultad para procesar la crítica interna y externa. En algunos momentos, la defensa del gobierno derivó en formas de autocomplacencia que limitaron la capacidad de corregir errores y aprender de las propias limitaciones.
La primera vuelta presidencial de 2026
La primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026 mostró las consecuencias políticas de este balance. Los resultados reflejan una sociedad profundamente polarizada en torno a dos interpretaciones distintas del presente y del futuro del país.
Por un lado, Abelardo de la Espriella logró consolidar una amplia coalición de derecha articulada alrededor de la seguridad, el orden, el conservadurismo moral y el rechazo al gobierno Petro. Por otro lado, Iván Cepeda Castro confirmó la existencia de una base social progresista robusta que continúa respaldando reformas sociales, ampliación de derechos y construcción de paz.
Lo más significativo es que ninguno de los dos proyectos logró construir una mayoría suficiente para imponerse de manera definitiva en la primera vuelta. La segunda vuelta se convierte así en una disputa por los sectores moderados, las clases medias urbanas y los votantes que no se identifican plenamente con ninguno de los polos de la confrontación.
Los escenarios de la segunda vuelta
La disputa electoral se desarrollará alrededor de tres grandes ejes. El primero será la seguridad: la percepción de inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas y probablemente definirá buena parte del comportamiento electoral. El segundo será la evaluación del gobierno de Petro: para algunos sectores, Pacto Histórico representa avances sociales importantes; para otros, simboliza incertidumbre y desgaste institucional. El tercero será la defensa de la democracia y las libertades públicas: ambos candidatos intentarán presentar a su adversario como un riesgo para la estabilidad democrática, aunque desde perspectivas completamente distintas.
La campaña ya no gira únicamente alrededor de programas de gobierno. Se ha convertido en una disputa por el significado mismo del cambio, del orden, de la democracia y del futuro de Colombia.
Una reflexión final a manera de cierre
El gobierno de Gustavo Petro deja un legado complejo y contradictorio.
Logró avances significativos en materia social, educativa, agraria y ambiental. Impulsó reformas largamente postergadas y abrió debates fundamentales sobre desigualdad, derechos y democracia.
Al mismo tiempo, enfrentó limitaciones importantes en seguridad, gobernabilidad, capacidad estatal y coherencia institucional. No logró desmontar plenamente las prácticas clientelares ni construir una estructura estatal capaz de materializar con mayor eficacia su ambicioso programa de transformación.
Por ello, el balance no admite simplificaciones. No estamos frente a un fracaso histórico ni ante una revolución consumada. Estamos frente a un proceso de cambio inconcluso que dejó avances reales, problemas persistentes y preguntas abiertas sobre el futuro del país. La elección presidencial de 2026 constituye, precisamente, la disputa política por la interpretación de ese legado. Más que decidir entre dos candidatos, Colombia decidirá si profundiza, corrige o clausura el ciclo político abierto en 2022. La respuesta aún está por escribirse.
Carlos Medina Gallego