Con motivo del 50° aniversario del último golpe, nuestro compañero Ariel Petruccelli entrevistó al historiador Pablo Scatizza. Platense radicado en Neuquén, profesor e investigador de la Universidad Nacional del Comahue, se ha especializado en el estudio del terrorismo de Estado en la Argentina contemporánea, con particular énfasis en la década del setenta y la región norpatagónica.
A nivel internacional, junto a más de sesenta colegas del Cono Sur, integra la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER), creada entre 2014 y 2015. Pablo es uno de sus fundadores y coordinadores.
Es autor de muchos artículos, y del libro Un Comahue violento: Dictadura, represión y juicios en la Norpatagonia argentina (Prometeo, 2016). Con Gabriela Águila y Santiago Garaño compiló dos obras colectivas: Represión estatal y violencia paraestatal en la historia argentina reciente: Nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado (UNLP, 2016) y La represión como política de Estado. Estudios sobre la violencia estatal en el siglo XX (Imago Mundi, 2020). Buena parte de su producción intelectual está disponible aquí. Es un material historiográfico de inestimable valor, donde el rigor científico de Clío y la pulsión política de Mnemósine se dan la mano.
Durante los últimos años, ha recrudecido en Argentina el debate público en torno a la última dictadura y el terrorismo de Estado. Los usos y abusos ideológicos y políticos que se han hecho del tema son innumerables. ¿Es posible ordenar un poco todo esto? ¿Qué es lo que se puede relatar como cierto «más allá de toda duda razonable», con independencia de las preferencias políticas o ideológicas?
Como principio ético diría que, si el debate público sobre este o cualquier tema recrudece, es positivo. Es preferible una sociedad debatiendo que una anestesiada en un consenso inerme. Pero yendo concretamente a la pregunta, personalmente no estoy tan seguro de que el debate público sobre la dictadura y el terrorismo de Estado haya recrudecido. Lo que sí creo que lo ha hecho es el intento, por parte del gobierno actual, y de una derecha que por años estuvo silenciada en este y otros temas, de imponer un nuevo relato, una nueva narrativa en relación a los años setenta (más que a la dictadura en particular). Eso no ha sido «debate»: se trata de una ofensiva por la disputa del sentido del pasado, con recursos políticos y mediáticos desproporcionados, y con muy escasa o nula disposición a la discusión genuina. Y si bien esto último no ha sido exclusivo de este gobierno –honesto es reconocerlo–, sí lo es el hecho de que ese relato haya estado basado en tergiversaciones, mentiras y argumentos falaces.
Es cierto, sin embargo, que esa ofensiva produjo un efecto que merece ser pensado y que a priori caracterizo de manera positiva: las calles atestadas de gente el pasado 24 de marzo, muchos jóvenes ocupando los espacios de memoria (en especial las redes y canales virtuales), todos los medios de comunicación hablando sobre el tema, cierta reactivación de una sensibilidad antidictatorial que parecía adormecida… Un conjunto de elementos que sugieren que el consenso social construido en torno a la condena del terrorismo de Estado –aquello que está “más allá de toda duda razonable”– no estaba ausente, sino más bien ritualizado, reificado. Y si bien los consensos son necesarios –ninguna sociedad puede prescindir de ellos–, cuando dejan de ser interrogados corren el riesgo de volverse paralizantes, dogmáticos incluso. En ese sentido, el conflicto, cuando incomoda, puede tener un efecto productivo: obliga a explicitar, fundamentar y volver a pensar aquello que se daba por sentado. De todas formas –me quedo pensando– hay que modular cuánto de esta reactivación responde a dicha ofensiva gubernamental y de la derecha, cuánto a la «redondez» del aniversario y su peso simbólico, y cuánto al cambio de ciclo que –a mi entender– estamos atravesando al respecto, con el ocaso de una generación que se había puesto a sus hombros los trabajos por la memoria.
Dicho esto, creo que sí ha habido usos y abusos políticos del pasado reciente, los cuales no son, sin embargo, patrimonio exclusivo de este gobierno ni de esta coyuntura. El kirchnerismo supo capitalizar las luchas memoriales (que no inventó, sino que encontró, por decirlo de alguna manera, e impulsó con políticas concretas) fusionándolas con su identidad partidaria. Esa fusión tuvo consecuencias estructurales que provocaron, cuando el ciclo político entró en crisis, que parte del capital simbólico de la memoria se viera arrastrado con él. No porque la memoria fuera falsa o débil, sino porque había quedado sobreidentificada con un proyecto que se desgastó por razones que poco tenían que ver con ella. El macrismo inauguró un ciclo distinto, poniendo sobre la mesa de la discusión pública un relato que no había tenido mucho peso hasta entonces, buscando erosionar la institucionalidad memorial sin confrontarla abiertamente, negando los efectos del terrorismo de Estado y, por momentos incluso, que este haya sucedido. Un relato –el negacionista– que no era novedoso en otros campos, pero sí en lo referido a la última dictadura; no porque no hubiera negacionistas anteriormente, sino porque con ese discurso oficial dicha mirada sobre los setenta comenzó a ocupar un lugar en la agenda pública que hasta entonces no había tenido. El mileísmo da un paso más: es directamente apologético, justificatorio. Recupera narrativas de los propios perpetradores –la noción de “guerra”, la figura de los “excesos”– que habían estado disponibles pero eran socialmente inaceptables. Y esa rehabilitación no es inocua en el presente: la gramática que justifica la represión de los setenta habilita también una gramática para justificar la represión de hoy.
Frente a todo esto, ¿qué se puede afirmar, entonces, más allá de toda duda razonable? Varias cosas: que el terrorismo de Estado existió (más allá de la discusión conceptual válida de si fue “terrorismo de Estado”, “genocidio”, “masacre”, “represión estatal”, etc.); que se trató de un plan sistemático y previamente planificado desde las más altas esferas del poder militar, el cual contó con muy importante participación civil; que tuvo entre sus prácticas centrales la desaparición forzada de personas; que funcionó una red de centros clandestinos de detención de distinta magnitud, muchos de ellos articulados entre sí; que hubo un sinnúmero de detenidos desaparecidos, a quienes la cifra de 30 mil simboliza con justicia. Todo esto no es una interpretación: es el resultado convergente de décadas de investigación histórica sólida, de miles de testimonios, de centenares de sentencias judiciales firmes. Quien lo niega no está proponiendo una lectura alternativa del pasado: está operando políticamente en el presente. Pero reconocer ese piso sólido no equivale a dar por cerrado el conocimiento histórico. Dentro de ese piso hay debates genuinos, necesarios y políticamente relevantes que el campo académico e intelectual está dando con seriedad: el papel que jugó la guerrilla y la violencia política, los consensos sociales que existieron –o no– en torno al uso de la violencia, las formas en que esa violencia circuló y se materializó en la sociedad, la capilaridad del poder represivo en distintos espacios e instituciones, el fenómeno de la delación, las categorías con que nombramos lo ocurrido, etcétera.
¿Cómo creés qué se debería encarar socialmente la discusión sobre este tema tan ríspido?
Pensar en cómo encarar esta discusión nos pone frente a la tan mentada tensión entre memoria e historia, donde esta última es la que suele salir perdiendo. Y encarar socialmente una discusión de esta naturaleza obliga, antes que nada, a preguntarse desde dónde se la encara, o, mejor aún, asumir que estamos nadando en medio de esa tensión, lo cual no veo como algo negativo necesariamente. Como ha señalado Enzo Traverso, la memoria sin mediación histórica tiende a cristalizarse en dos direcciones igualmente problemáticas: la nostalgia identitaria o el duelo paralizante; y la historia, por su parte, sin la interpelación que la memoria le impone, corre el riesgo de volverse erudición sin urgencia. Al menos en este tema, creo que no se trata de elegir entre una y otra, sino de asumir esa tensión entre ambas y mantenerla viva, porque cuando se relaja, el pasado deja de ser una herramienta crítica y se convierte en monumento. Es claro que en Argentina esa tensión no siempre se sostuvo con la misma intensidad ni de la misma manera en todos los espacios. Las luchas por las memorias son protagonizadas por actores muy distintos, que no actúan de manera uniforme ni responden a una misma lógica: los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, los gobiernos, las instituciones educativas, los medios de comunicación en tanto agentes, etcétera, no siempre recuerdan y olvidan del mismo modo los mismos aspectos o dimensiones del pasado (ni siquiera dentro de un mismo espacio político-ideológico). Y en este sentido, hay que reconocer que ciertos temas espinosos como el debate sobre la cifra de los treinta mil, el accionar guerrillero y sus consecuencias, los grados de aceptación social de la violencia, las complicidades civiles, el fenómeno de la delación, entre otros, mientras sí habían sido trabajados con rigor y seriedad por la historiografía, no fueron incorporados con la misma intensidad al campo memorialístico ni al debate público progresista. No porque nadie los abordara, sino porque había una economía política del debate que los dejaba en un lugar incómodo, difícil de administrar políticamente. Y esa incomodidad la derecha la convirtió en argumento: la demanda de una “historia completa” que en realidad no es una demanda legítima de conocimiento, sino una operación destinada a relativizar lo que está más allá de toda duda razonable. Y creo, en este sentido, que la historia como disciplina no tenía esa deuda y quizá sí la gestión pública de la memoria.
¿Cómo encarar entonces la discusión de otro modo? No sé si tengo una respuesta concreta, tampoco creo que la haya. Pero me animo a pensar en tres condiciones necesarias para avanzar en eso. La primera tiene que ver con el rol de quienes intervenimos en el campo de la memoria desde un lugar crítico y con la responsabilidad que tenemos de apuntalar activamente esa tensión entre memoria e historia. Eso significa motivar preguntas incómodas, aportar complejidad donde el debate tiende a simplificarse, y contribuir desde la mirada histórica a la construcción de una memoria con carga política genuina. No desde afuera ni desde arriba, sino interviniendo en diálogo con los procesos que ya están ocurriendo. Es cierto que esas memorias –o esos agentes de memoria– que interpelan el presente ya existen, como los organismos de derechos humanos y la militancia que participan activamente de luchas territoriales, de la defensa de jubilados, de demandas docentes, de la cuestión ambiental… Están haciendo exactamente eso, conjugando la memoria en presente, conectando los crímenes del pasado con los problemas que nos atraviesan hoy. En este sentido, el desafío no es inventar algo que no existe sino reconocerlo, apuntalarlo y darle centralidad.
La segunda es recuperar la historia como herramienta de futuro. Volver sobre los proyectos truncos no para idealizarlos sino para hacer visible algo más importante: que el presente no es el único mundo posible, que otras configuraciones fueron intentadas y destruidas deliberadamente, y que por lo tanto pueden volver a ser imaginadas. No en modo «nostalgia revolucionaria» –que puede ser tan paralizante como el duelo que Traverso advierte– sino como uso crítico del pasado en tanto evidencia de que la imaginación política puede ir más lejos de lo que el presente permite ver.
La tercera condición pasa por reconocer explícitamente que el debate sobre la dictadura nunca es solo sobre la dictadura. Siempre hay una dimensión de presente en juego, siempre hay demandas, tensiones y conflictos actuales que se procesan a través del pasado. Negarlo o disimularlo no hace más honesto el debate sino más opaco. Asumirlo, en cambio, permite distinguir mejor qué parte de la discusión es genuinamente histórica y qué parte es disputa política por el presente, sin que esa distinción invalide ninguna de las dos. El problema no es que el pasado se use para pensar el presente –eso es inevitable y hasta deseable– sino que esa operación se haga de manera encubierta, como si fuera una polémica puramente académica o puramente memorial cuando en realidad es también –y legítimamente– una discusión sobre qué sociedad queremos ser. Hacerlo visible es una condición para que el debate sea más productivo y menos estéril.
Tenés mucha experiencia en ámbitos escolares: ¿cómo pensás qué es la mejor manera de abordar la dictadura en las escuelas?
Tengo que hacer una aclaración antes de responder: mi experiencia es fundamentalmente universitaria, como docente universitario. Mi participación en escuelas de enseñanza media ha sido más esporádica, a través de charlas y talleres, y no estoy lo suficientemente actualizado en materia de currículos escolares como para hacer afirmaciones que podrían no ser correctas. Sí sé, por esa experiencia propia, que hay colegios que abordan el tema de manera muy rica y creativa, y otros donde apenas se roza. Y sé también que esa diferencia depende en gran medida de los y las docentes así como de los cuerpos directivos, que son quienes en última instancia deciden qué se hace con lo que el diseño curricular habilita o no habilita. Por eso sería más prudente no hablar de cómo se enseña, sino de cómo creo que valdría la pena pensar ese proceso.
Dicho esto, sí me animo a plantear algo que me parece central: la importancia de desplazar el eje desde la transmisión de una memoria hacia la construcción de un problema histórico, o, dicho de otra manera, evitar una pedagogía del testimonio y promover una pedagogía del análisis histórico. Es decir, no tanto enseñar qué pensar sobre la dictadura, sino cómo sabemos lo que sabemos, por qué pasó lo que pasó, cuáles fueron las condiciones de posibilidad que las hicieron realidad y que opciones tuvieron los actores de ese presente (y con qué herramientas contaban) para resolver las situaciones a las que tuvieron frente a ellos. En la línea de lo que ha trabajado Claudia Feld sobre la transmisión del pasado reciente, el testimonio como dispositivo pedagógico tiene una potencia innegable (pone rostros, voces y cuerpos donde de otro modo habría solo abstracciones), pero también límites que conviene reconocer: tiende a producir conmoción más que comprensión, identificación más que análisis, y puede obturar las preguntas que precisamente habría que abrir. Desplazar el eje implica trabajar con fuentes, con documentos, con testimonios… pero también con las preguntas que esos testimonios no responden; mostrar que el conocimiento sobre ese pasado no es inmediato ni transparente, sino que se construye a partir de indicios, de huellas, de fragmentos. Introducir a los estudiantes en una lógica más cercana a la investigación –aunque sea de manera inicial– puede resultar mucho más productivo que la simple exposición. No se trata de convertir a los chicos y chicas en historiadores (o sí, en protohistoriodores) sino de darles herramientas para hacerse preguntas, para desconfiar de las certezas fáciles, para entender que el pasado no habla por sí solo, sino que es siempre el resultado de una construcción.
Soy consciente de que hay quienes señalan, con razón, que para adolescentes a quienes la dictadura les queda temporalmente muy lejos, una entrada posible y efectiva es justamente la del caso particular: la anécdota, la historia individual, el nombre concreto. Y creo que tienen razón, siempre que esa entrada no se convierta en destino. Hay algo en el paradigma indiciario que describió Carlo Ginzburg que resulta pedagógicamente muy potente: partir de lo singular, de la huella, del detalle aparentemente menor, para desde ahí escalar hacia los procesos más generales. Una historia individual bien trabajada puede ser más iluminadora que cualquier exposición abstracta sobre el aparato represivo, siempre que la clase no se detenga en la conmoción que esa historia produce, sino que la use como punto de partida para formularse interrogantes más amplios. La diferencia entre una pedagogía del testimonio y una pedagogía del análisis histórico no está en el material que se usa, sino en qué se hace con él.
Al mismo tiempo, es fundamental tender puentes con el presente. No en un sentido forzado o instrumental, sino mostrando cómo ciertas problemáticas –la violencia estatal, las formas de control social, la producción de desigualdades– tienen historicidad y continuidad. Si el pasado aparece completamente desligado del presente, difícilmente pueda ser apropiado por las nuevas generaciones. Y si aparece solo como horror lejano, como un paréntesis protagonizado por monstruos que ya no están, se pierde precisamente lo más importante: la comprensión de que esos procesos tienen condiciones de posibilidad sociales, económicas y políticas que no desaparecen con los perpetradores.
¿Cómo evalúas las diferentes «políticas de la memoria» desarrolladas por los gobiernos desde 1983 a la actualidad?
Es una pregunta que daría para desgranar muchísimo. Seguramente deje cosas afuera al responderla. En un recorrido necesariamente incompleto y esquemático. Hay que tener en cuenta que evaluar políticas de memoria exige primero definir con qué criterios se las evalúa. Los que me parecen más útiles son los que permiten preguntarse en qué medida cada ciclo político produjo –o cerró– condiciones para el acceso a la justicia, para el conocimiento histórico y para la transmisión crítica del pasado. Con esos tres ejes como brújula, el panorama desde 1983 a hoy muestra avances, retrocesos y tensiones que no siempre coinciden con las narrativas que cada gobierno construyó sobre sí mismo.
El momento alfonsinista sigue siendo fundacional e irreductible: el Juicio a las Juntas, la CONADEP, el Nunca Más, establecieron un piso institucional y simbólico sin el cual nada de lo que vino después hubiera sido posible. Hay que reconocer, sin embargo, los límites que ese ciclo también produjo, y hacerlo sin perder de vista el contexto histórico en que le tocó actuar: unas Fuerzas Armadas que conservaban poder real y capacidad de desestabilización, una democracia frágil, y una sociedad que todavía estaba procesando la magnitud de lo ocurrido. Pero las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no fueron accidentes sino decisiones políticas que clausuraron un proceso antes de que pudiera desarrollarse, y tampoco pueden leerse como si hubieran sido tomadas en el vacío. Esa tensión entre lo que se abrió y lo que se cerró es constitutiva del período.
El menemismo, por el contrario, representa un retroceso claro con los indultos a los principales responsables del terrorismo de Estado, que completaron la arquitectura de impunidad que el Punto Final y la Obediencia Debida habían iniciado. Pero hay una paradoja que vale la pena nombrar: fue también durante ese período que el predio de la ESMA comenzó a ser pensado como sitio de memoria, en un proceso impulsado fundamentalmente por los organismos de derechos humanos y no por el Estado. Lo que muestra que las políticas de memoria no se reducen a las decisiones gubernamentales, y que incluso en los ciclos más adversos los actores sociales siguen construyendo. Bueno, quizá justamente por eso fue un período donde surge HIJOS, por ejemplo, y toman mucha fuerza y protagonismo las luchas por la memoria.
El ciclo kirchnerista dio un giro de timón radical, en la estela de la crisis del 2001. No puede ser leído, creo, como algo ajeno a esa coyuntura. Con la presión de los organismos de derechos humanos en sus espaldas, la reapertura de los juicios, la anulación de las leyes de impunidad, la construcción de sitios de memoria, la institucionalidad de derechos humanos con recursos reales, etc., se convirtieron en políticas de Estado. Hubo traducción oficial de una voluntad social en hechos concretos, con consecuencias jurídicas y culturales duraderas. Pero esa política de memoria quedó sobreidentificada con una identidad partidaria, lo cual tuvo consecuencias estructurales que se hicieron visibles cuando el ciclo entró en crisis. Y hay algo más para decir, retomando a Koselleck: esa política construyó un espacio de experiencia muy denso y políticamente poderoso, pero no articuló un horizonte de expectativas equivalente. El futuro quedó formulado en negativo: que la dictadura y el terrorismo de Estado no vuelvan a pasar. Condición irrenunciable, pero insuficiente para sostener una política transformadora en el tiempo.
El macrismo inauguró, como reacción, algo cualitativamente distinto: no la ausencia de política de memoria sino una política orientada a erosionarla. No mediante la confrontación abierta, sino mediante el vaciamiento presupuestario, la designación de funcionarios hostiles, la introducción gradual en el debate público de narrativas negacionistas. Fue un ciclo de habilitación: no dijo lo que Milei dice, pero preparó el terreno para que pudiera decirse. Y en ese sentido, aunque nunca confrontó abiertamente el consenso memorial, sí comenzó a disputarlo desde los márgenes.
El mileísmo es, en ese arco, el punto de llegada de un proceso que viene de antes. Su novedad no es el negacionismo en sí –que existía– sino su carácter oficial y presupuestario, y el hecho de que por primera vez desde 1983 el Estado construye activamente una memoria tergiversada, justificatoria y apologética, recuperando narrativas de los propios perpetradores: la noción de guerra, la figura de los excesos, la equivalencia entre víctimas y victimarios. Y a diferencia de los gobiernos kirchneristas que construyeron un espacio de experiencia poderoso pero sin horizonte de expectativas equivalente, el mileísmo sí supo articular un horizonte. Ofreció –y ofrece– un proyecto de futuro (el programa libertariano) al mismo tiempo que una memoria funcional a ese proyecto, que rehabilita a los actores del pasado, cuyas políticas económicas ese programa quiere restaurar. La reivindicación de la dictadura y la propuesta económica ultraliberal no son elementos separados de una agenda: son partes de un mismo paquete coherente internamente, aunque sea regresivo y construido sobre falsedades. La memoria tergiversada no es un accidente ideológico, sino una pieza estructural del proyecto. Y entenderlo así es condición para disputarlo con eficacia.
Te has especializado en la represión en la Patagonia Norte. ¿Qué puede enseñarnos ese estudio sobre la represión más en general?
Me especialicé en la represión en la Patagonia Norte, es cierto, aunque mi mirada no se ha limitado a ese recorte: he intentado pensar la región en su conjunto; y cuando digo región, no hablo solo de la Patagonia argentina sino del Cono Sur, lo que nos ha llevado –desde la Red de Estudios sobre Represión que coordinamos con Gabriela Águila y Santiago Garaño– a desarrollar estudios comparativos con colegas de varios países latinoamericanos, muy productivos para entender dinámicas que cruzan las fronteras nacionales.
La apuesta que hice tuvo desde el principio una dimensión que va más allá de lo metodológico: el cambio de escala de observación como operación epistemológica. Pensando en Jacques Revel y en la tradición de la Microhistoria italiana –Ginzburg, Levi– reducir la escala no significa simplemente achicar el objeto de estudio: significa transformar los problemas que se vuelven visibles y, con ello, aportar nuevos significados a explicaciones que la mirada desde arriba había dado por cerradas. Y en ese sentido, lo que el estudio de la Patagonia enseña sobre la represión en general se puede resumir en tres conclusiones.
La primera, que la represión dictatorial en la Patagonia no constituyó una versión atenuada o marginal del modelo nacional. La violencia estatal y paraestatal se desplegó de manera sistemática en toda la región, integrando plenamente a la Patagonia dentro del dispositivo represivo argentino. Pero el cambio de escala permite ver que esa sistematicidad se expresó mediante configuraciones territorialmente específicas, donde la planificación centralizada coexistió con márgenes variables de autonomía operativa y con formas de implementación adaptadas a las condiciones de cada territorio. Lo que cambia cuando se modifica la escala no es la magnitud del horror sino su textura. Y esa textura importa para explicar cómo funcionó.
La segunda, que en regiones alejadas de los principales centros urbanos, la fuerza explicativa de la tesis concentracionaria –la imagen del sistema represivo organizado en torno a los grandes centros clandestinos de detención que tan bien describió Pilar Calveiro– se vuelve insuficiente. No porque la desaparición y los centros clandestinos no hayan existido (sí existieron y fueron fundamentales), sino porque el peso relativo de otras modalidades fue significativamente mayor: la detención en instituciones policiales, la vigilancia sistemática, la judicialización selectiva, el exilio como forma de vaciamiento político. Específicamente respecto a los lugares de cautiverio, lo que se puede ver en la Patagonia es que coexistieron y se articularon espacios de distinta jerarquía: los centros clandestinos de detención (CCD) montados como dispositivos de desaparición; los centros de detención clandestina (CDC) insertos en instituciones policiales y de seguridad, donde la cualidad de clandestinidad estuvo en la forma de detención y no en el espacio; y en la base, las comisarías y los destacamentos que funcionaron como lugares de paso por algunas horas o días, hasta que las personas detenidas o secuestradas eran llevadas a alguno de los otros dos lugares. Esa tipología, desarrollada para pensar la Patagonia, ha resultado útil para mirar fenómenos similares en otras partes del país.
La tercera conclusión, que la represión en la Patagonia no puede comprenderse sin tomar en serio la trama de actores no militares que la pusieron en marcha. Las policías provinciales, las intendencias de facto, los organismos de inteligencia, las autoridades universitarias y civiles que colaboraron en la producción de información, etc. Sin esa red de actores locales, el dispositivo no hubiera tenido la capilaridad territorial que tuvo. Lo cual no diluye la responsabilidad de las Fuerzas Armadas como conductoras del plan represivo. Subraya, más bien, que ese plan no podría haberse ejecutado sin la colaboración activa de una cantidad de actores que excede con creces al personal castrense. Y hay algo más que el cambio de escala permite ver en este punto: que la represión –aunque más en general la historia de la dictadura– en la Patagonia no puede comprenderse tampoco sin incluir a Malvinas como parte constitutiva del relato. Represión y guerra se superponen en instituciones, territorios y biografías, y estudiarlas por separado empobrece el análisis de ambas.
Lo que el estudio de la Patagonia enseña sobre la represión en general es, en definitiva, que la sistematicidad del terrorismo de Estado no implicó uniformidad. El dispositivo represivo fue uno, pero sus formas de implementación fueron múltiples, adaptadas a las condiciones de cada territorio. Y comprender esa heterogeneidad no es relativizar el horror, sino explicar cómo logró funcionar sobre un país tan vasto y diverso como la Argentina.