Fotografía: https://malalweche.blogspot.com
Nota.— A ambos lados de la cordillera de los Andes, la lucha del pueblo mapuche por la defensa o recuperación de sus territorios ancestrales es objeto de una feroz demonización por parte del establishment político, económico y mediático: omisiones, exageraciones, simplificaciones, tergiversaciones, sofismas, mentiras, descalificaciones, invectivas… En Chile, los mapuches suelen ser tildados de «terroristas» o «violentos», y duramente reprimidos. En Argentina también. Pero en Argentina se da otro fenómeno: la caracterización anacrónica y mendaz de los mapuches como «chilenos invasores». Básicamente, se les niega su ancestralidad para deslegitimar sus reivindicaciones. Esta burda falacia de espantapájaros, tan funcional a los intereses de los terratenientes y las empresas mineras o forestales de la Patagonia, es propalada ad nauseam por la prensa hegemónica, que sabe buscar y encontrar en la academia algunas «voces autorizadas» de pseudoespecialistas refutadores que le dan a la campaña de negacionismo y odio una pátina de «credibilidad» o «respetabilidad» intelectual pour la galerie. Son voces minoritarias y marginales dentro del campo académico, muy poco representativas; con una producción científica obsoleta, carente de rigor y criticidad, de bajo nivel empírico y teórico. Pero bastan para montar, encomiadas y amplificadas por los medios masivos de comunicación, el simulacro de una «experticia antimapuche» (antropológica, historiográfica, arqueológica).
Esta dinámica social tan tóxica, que hemos visto infinidad de veces en las provincias norpatagónicas, ahora también ha llegado a Mendoza, con niveles de virulencia inusitados. Podemos hablar de un verdadero «linchamiento mediático». A él se han sumado con fervor políticos y empresarios, periodistas e intelectuales.
Valiéndose de una sólida argumentación y una exposición clara, el antropólogo Diego Escolar –investigador del CONICET y profesor de la UNCuyo, reconocido cientista social que ha dedicado gran parte de su vida profesional al estudio de las poblaciones indígenas de lo que hoy es Mendoza– sale al cruce del brote de negacionismo antimapuche en tierras cuyanas. Su artículo “La ínsula mendocina y su paranoia mapuche” nos parece una intervención pública lúcida y necesaria, sensata y oportuna, que honra nuestra sección Kukulkán, dedicada a los pueblos originarios.
Una observación final: “La ínsula mendocina…” incluye algunos pasajes ya publicados por el autor en dos columnas suyas de febrero: “Fake news de ayer, de hoy y de siempre: ¿hay o no hay mapuches en Mendoza?” (MDZ, miércoles 1°) y “Una Mendoza sin indios: lo que somos y lo que creemos, o queremos ser” (Los Andes, domingo 5). Otros pasajes del artículo son totalmente nuevos. Agradecemos al Dr. Escolar su generosa colaboración.
Cada vez con mayor frecuencia, se reabre en Mendoza una ácida discusión sobre la presencia mapuche en la provincia. No se desarrolla atendiendo al conocimiento actualizado sobre el tema. Por el contrario, explota en los medios de comunicación y en el sistema político, inclusive en los bares de la coqueta avenida Arístides Villanueva, que hace un año el gobernador Rodolfo Suárez consideró en riesgo de invasión mapuche, reproduciendo un abanico de prejuicios originados en añejos intereses económicos o, en el mejor de los casos, lisa y llana ignorancia. A partir de que se dio a conocer que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas había concluido unos estudios de relevamiento territorial de tres comunidades mapuche en los departamentos de Malargüe y San Rafael, nuevamente el gobierno provincial y su coalición política, los medios de comunicación principales, y un coro de supuestos expertos en la temática resucitaron la Campaña del Desierto. Cabe aclarar que dichos estudios, cuya culminación estaba pendiente desde 2016, son parte de una serie que se viene realizando hace tiempo con el conocimiento del gobierno provincial –en cumplimiento de la ley 26160– y que no implican una adjudicación de tierras. Solamente el reconocimiento de que a sus ocupantes les asiste el derecho de posesión en función de haberse comprobado su pertenencia o descendencia de los grupos indígenas que lo habitaban antes de la anexión de los mismos por el Estado argentino.
Como investigador, desde hace más de treinta años en antropología e historia indígena cuyana, me preocupa la liviandad con que, para combatir la legitimidad de esta restitución de tierras, se reproducen preconceptos, teorías perimidas, invenciones o fake news sobre los mapuche en Mendoza. El primero y principal: que históricamente no hubo mapuche en el territorio de la provincia. El segundo, que los mapuche son chilenos, y que, por lo tanto, su eventual presencia histórica en la provincia constituyó una «invasión» chilena. Hemos visto estos pseudoargumentos en boca de casi todo el arco político, incluyendo exgobernadores, diputados, senadores, gobernadores e intendentes.
Lo primero que es necesario comprender para evaluar el proceso es que gran parte de la actual Mendoza fue territorio indígena hasta bien entrado el siglo XIX. Sin contar el área huarpe del norte de la provincia, que se mantuvo en litigio desde el período colonial hasta finales de ese mismo siglo (y sobre la que se mantuvieron reclamos hasta el siguiente)1, los actuales departamentos sureños de Malargüe, General Alvear y San Rafael eran en su totalidad o en su mayor parte territorio indígena hasta su ocupación militar durante la denominada Campaña del Desierto de 1878-1886. Estos grupos formaban parte de un conjunto que, en la actualidad, es reconocido como parte de los mapuche en su conjunto.
¿Mapuches sí o no?
Uno de los argumentos preferidos de algunos profesores de historia que alimentan el negacionismo indígena es que, en la documentación histórica colonial de la región, no se encuentra el término de adscripción «mapuche», y que, por lo tanto, los hoy identificados como mapuche son ilegítimos. Esta conclusión denota, lamentablemente, una falta de actualización historiográfica y teórica de cincuenta años, sin la cual de nada sirve invocar una abultada pila de fuentes primarias que no se está en capacidad de interpretar científicamente.
Es un sinsentido tan falto de comprensión histórica como plantear la ilegitimidad de la identidad y el estado argentinos porque en esos mismos documentos de la región no se encuentra el término «argentino», y sí el dato de que Mendoza era parte de Chile. Con el mismo tipo de razonamiento deberíamos denunciar la falsedad de la Argentina y proclamar la necesidad de restituir los territorios de las tres provincias de Cuyo a Chile.
El término mapuche, en efecto, no era utilizado como un etnónimo, pero la terminación che de la mayoría de los términos de adscripción que se encuentran en las fuentes (pehuenche, puelche, picunche, moluche, huilliche, etc.) y el hecho de que ya en el siglo XVIII su lengua común era el mapudungun o idioma mapuche, como así también sus prácticas culturales, evidencian la fuerza de su –conflictiva– integración. Explicaremos brevemente, a continuación, cómo se produjo la emergencia del término mapuche en el contexto de los conflictos con el estado colonial y luego los estados republicanos.
En rigor, el término mapuche, que significa «gente de la tierra» (a veces traducido como «paisano»), no refiere a un solo grupo, sino que se fue desplegando desde finales del siglo XIX como un rótulo para la identificación o autoidentificación de diversas parcialidades. Algo así como las identidades provinciales y regionales (cuyanos, cordobeses, tucumanos, porteños, etc.) que fueron incorporados bajo el rótulo de argentinos a lo largo de un proceso político, el de la independencia de España y la formación de la nación y el estado argentinos, también durante el siglo XIX. Estos grupos y sus antecesores, desde antes de la conquista española, ocupaban espacios en ambas bandas de la cordillera de los Andes a través de vínculos de parentesco, cooperación, intercambio y guerra, a lo largo de enormes distancias y experimentando periódicamente grandes migraciones.
Los intelectuales de la generación del 80 Estanislao Zeballos, José Manuel Olascoaga y Francisco Pascasio Moreno, preocupados por la competencia territorial con Chile en el área patagónica (que en la práctica pertenecía a los indígenas de ambos lados de la cordillera), elaboraron la narrativa de la «araucanización», que postulaba que los indígenas que existían en el centro y sur de la Argentina de entonces eran invasores provenientes de Chile, cuando en realidad precedían a ambos estados nacionales. Este fue el argumento principal para justificar la invasión de sus tierras, genocidio, traslado forzoso y apropiación de sus cuerpos (vivos y muertos), que quedaron en manos de altos mandos militares y ricos terratenientes que financiaron la campaña, hechos denunciados por el diario mendocino Los Andes entre las décadas de 1880 y 1890. Cualquier investigador medianamente actualizado en el tema sabe que la supuesta condición chilena de los indios de la región es un mito, y que las clasificaciones étnicas (pehuenches, mapuche, pampas, etc.) fueron aplicadas de un modo rígido por los etnólogos clásicos de la década de 1940, antes de haberse realizado investigaciones serias sobre la formación y transformación de esos grupos indígenas y sus identidades a lo largo de la colonia y la república. También que, obviamente no se van a encontrar identidades «mapuche» en los documentos históricos antes de la formación del estado argentino porque es un nombre aplicado posteriormente, del mismo modo que no se encuentran referencias a una identidad nacional «argentina» sino hasta bastante después de la independencia de España.
Pero el territorio indígena era obviamente anterior a la propia existencia del estado argentino, y este es el eje de las reivindicaciones indígenas más allá de las denominaciones que fueron adquiriendo o les fueron proyectadas por colonizadores o expertos según la época y sus saberes hegemónicos.
El territorio mapuche y la expansión mendocina
Durante la colonización española, el enclave mendocino fundado desde Chile en 1561 no pudo concretar su dominio más allá del centro-sur de la provincia, alternando momentos de paz y guerra. La frontera quedó más o menos establecida en San Carlos hacia el siglo XVII, y recién se corrió más al sur con la fundación del fuerte de San Rafael, en el último cuarto del siglo XVIII. La ocupación de Malargüe, y de hecho su fundación, se produjo en 1876 como un hecho preparatorio de las campañas militares de ocupación del sur de Mendoza y la Patagonia que sobrevendrían un par de años después. Sin embargo, durante todo este lapso y aún después, los indígenas siguieron siendo el grueso de la población del entorno. Esto marca una continuidad de presencia indígena más larga que las propias jurisdicciones políticas que se impusieron desde la colonia. Desde el siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XIX, el estado colonial, luego el nacional e incluso el provincial realizaban negociaciones y pactos, y suscribieron tratados donde reconocieron sus territorios como naciones indígenas preexistentes a la nación argentina. Estos acuerdos se realizaron en Mendoza o en Santiago de Chile, por la sencilla razón de que Cuyo también pertenecía a Chile (perteneció hasta 1776, cuando se constituyó el Virreinato del Río de la Plata). Como ejemplo, poco antes, una comitiva de indios chiquillanes que habitaban a medio día de camino del fuerte de San Carlos –precisamente en el área actualmente en litigio– fue recibida con honores y firmaron un tratado en Santiago, en el que fueron reconocidos su territorio y autoridades. Los cinco caciques consignados en el tratado tienen nombre en lengua mapuche.
Así que, más que considerar la presencia mapuche una «invasión» foránea, incluso chilena en Mendoza, lo justo sería decir que, en rigor, lo que ocurrió históricamente fue un proceso colonial en un territorio originario mapuche iniciado con la invasión española y seguido de una «colonización republicana» argentina y mendocina.
Más allá de la ocupación militar de los territorios del sur de Mendoza, la mayoría de sus pobladores –en especial en zonas rurales– continuaron siendo los indígenas o sus descendientes, a veces incluidos en el rótulo de puesteros, enfrentando todo tipo de despojos, violencia y discriminación por parte de terratenientes y operadores apoyados por gobiernos y aparatos judiciales provinciales y municipales.2
Una etapa decisiva en el crecimiento de las identificaciones mapuche por sobre otras denominaciones históricas es el período posterior a la Campaña del Desierto.
Como parte de una serie de prácticas genocidas que se dieron en otras partes de la Argentina, pero que en Mendoza fueron especialmente intensas, miles de indígenas tomados prisioneros en la Campaña del Desierto, especialmente niños, fueron trasladados a pie hasta la ciudad de Mendoza y departamentos próximos, donde los sobrevivientes fueron repartidos como virtuales esclavos a familias pudientes. En Malargüe, Rodeo del Medio y Campo de los Andes en San Rafael; en Los campamentos en Rivadavia; en el corralón municipal, la plazoleta Barraquero y el departamento de policía de la capital; y estancias privadas en toda la provincia, hubo campos de concentración de mapuches, en algunos casos hasta casi el siglo XX. La propiedad del general Rufino Ortega en Rodeo del Medio, como él mismo reconoció, todavía albergaba una toldería entera de más de 300 personas en 1892. Personalmente he reconstruido este proceso a partir de la prensa, partes militares, memorias orales y actas bautismales de niños clasificados como indios, pehuenches, picunches, huilliches y pampas, provenientes en su gran mayoría del sur de Mendoza y Neuquén.3 Los traslados forzosos, el desmembramiento de comunidades y familias, el ocultamiento de nombres y orígenes, y la posterior agrupación –tanto por parte del mismo Ejército nacional como de los propios indígenas que conseguían volver a sus territorios originales– hicieron muchas veces perder sentido a los marbetes étnicos previos. Como hemos podido comprobar quienes hacemos etnografía con indígenas o sus descendientes, las memorias colectivas indígenas de Mendoza y gran parte de la Argentina se construyeron sobre el trauma de estas experiencias de violencia estatal y social, y como una reconstitución fragmentaria y a veces clandestina de sus orígenes. Es por eso que la identificación «mapuche», como genérico de indígenas de habla y cultura mapuche en la época del awkan o gran malón blanco, fue y es para muchos la expresión lógica de su adscripción indígena. Lo cual no implica que los mismos sujetos no puedan eventualmente definirse también con otras denominaciones históricas.
Además de estos breves datos históricos, es claro que existieron abundantes elementos propios de la cultura mapuche que permiten discutir la supuesta «extranjería» de los mismos. Entre ellos, el uso parcial de la lengua mapuche, denominada mapudungun, que los españoles llamaron «araucano» y que las crónicas de los primeros misioneros católicos ya reconocieron como una de las principales que se hablaba en Mendoza desde el inicio del período colonial. Como parte de este legado, numerosos nombres de lugar o accidentes geográficos en el centro y sur de Mendoza provienen de esa lengua, como por ejemplo Malargüe, Nihuil, Chacaico, Ranquil, Payén y Atuel, como así también numerosas palabras y nombres de especies vegetales y animales. Estos y otros aspectos de cultura mapuche son claramente observables en la documentación histórica en la región en conflicto, y fueron documentados inclusive a lo largo de siglo XX en los trabajos del injustamente olvidado etnógrafo Orlando Agüero Blanch, y del naturalista y folklorista Carlos Rusconi.
Hasta el día de hoy, numerosas familias son o descienden de mapuches, viven en los territorios originales y continúan enfrentando las derivas del proceso colonial aún en curso sobre sus tierras, economía y cultura por parte de las élites provinciales. Un proceso que, para legitimar tales apropiaciones desde hace más de un siglo, insiste en negar su existencia histórica en la provincia.
La falta de reconocimiento de la presencia o descendencia indígenas en Mendoza es entonces fruto de una operación cultural de larga data de las elites políticas e intelectuales de la región. La misma tuvo dos finalidades principales: la primera, inculcar en la población la idea de la superioridad de la cultura y sociedad europeas, y los inmigrantes de este origen, por sobre indígenas y criollos, y crear la ilusión de pertenencia de toda la población a este sector social, borrando de la conciencia otros orígenes; la segunda, legitimar la apropiación de las tierras indígenas y de criollos pobres por parte de esta élite, que no se produjo solo durante la colonización española, sino también durante la argentina, tanto en el sur como en el norte de la provincia, desde la década de 1870 hasta la de 1930, en especial bajo la hegemonía de los gansos o conservadores mendocinos. Esta apropiación fue realizada, como hasta la actualidad sucede, mediante coacción, engaños, un sistema judicial afín, e inclusive legislación y políticas públicas. Este es el trasfondo de la exagerada reacción tanto del gobierno provincial –que no para de publicar gacetillas incendiarias contra el «puñado de mapuches» que habita en los olvidados parajes que ahora suscitan su interés– como de la «rueda de auxilio» académica proporcionada por historiadores y arqueólogos oficiosos cuya experticia nada tiene que ver con la temática indígena contemporánea, y que reproducen el discurso de la Campaña del Desierto.
Diego Escolar
NOTAS
1 Diego Escolar, Los indios montoneros. Un desierto rebelde para la nación argentina. Guanacache, siglos XVIII-XX. Bs. As., Prometeo, 2020.
2 Diego Escolar y Julieta Magallanes, “No estamos extinguidos”: memorias, presencia y proyectos de los pueblos originarios de Cuyo. Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, Serie “Pueblos indígenas en la Argentina”, vol. 9, 2017. Ministerio de Educación de la Nación, Repositorio Institucional. Disponible en http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/handle/123456789/110438.
3 Diego Escolar y Leticia Saldi, “Apropiación de los niños indígenas capturados en la Campaña del Desierto: Mendoza, 1878-1889”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, dic. 2018. Diego Escolar, “El repartimento de prisioneros indígenas en Mendoza durante la Campaña del Desierto y otros itinerarios del debate intelectual mendocino”, en P. Laguarda y F. Fiorucci (eds.), Intelectuales, cultura y política en espacios regionales de Argentina (siglo XX). Prohistoria/Universidad Nacional de La Pampa, pp. 171-196.