Fotografía: Agencia Presentes
Nota.– El 22 de junio, el periodista Darío Aranda publicó en la agencia de noticias Tierra Viva un valioso artículo sobre uno de los conflictos socioambientales más candentes de la Argentina actual: “Panorama: Jujuy, litio y extractivismo de norte a sur”, texto que inscribe los sucesos jujeños recientes –ahí radica su mayor mérito– en un proceso económico y social más general, en una dinámica de atropellos capitalistas –y resistencias populares– mayor y anterior. Lo reproducimos aquí, en nuestra sección Kukulkán de pueblos originarios, con permiso del autor, a quien le agradecemos su predisposición y amabilidad. Hacemos extensivo el agradecimiento al geógrafo y profesor de la UNCuyo Marcelo Giraud, por la gentileza de habernos puesto en contacto con Aranda, y también por haber escrito los dos párrafos introductorios que abajo compartimos:
“Ante el gravísimo conflicto que convulsiona a la sociedad y política jujeñas, con diversas repercusiones a escala nacional, resulta muy oportuna esta nota de Darío Aranda para refrescar la memoria y no perder de vista el contexto histórico. Sabemos bien que, desde hace un largo mes, 400 comunidades de quince pueblos originarios, decenas de miles de trabajadores y la sociedad jujeña en general, vienen luchando en defensa de sus territorios y de los bienes comunes que sustentan sus vidas, contra la reforma (in)constitucional que el gobernador Morales impuso de manera «exprés» con la complicidad de los convencionales justicialistas. A las múltiples represiones y ataques policiales contra comunidades originarias y movilizaciones de docentes y el pueblo todo en lucha, con decenas de detenidos y de heridos (tres personas perdieron un ojo), el gobierno suma condenas por «contravenciones», con multas de hasta más de dos millones de pesos por persona. Pero las comunidades mantienen con firmeza múltiples cortes de ruta, y una docena de concejos deliberantes municipales –especialmente de la Puna y la Quebrada, pero también del resto de la provincia– han declarado su rechazo a la reforma”.
“Así como sería muy aventurado pronosticar cómo evolucionará este conflicto, tampoco conviene olvidar que, en las últimas décadas, y sin grieta entre alianzas o frentes, los sucesivos gobiernos han impulsado en todo el país las diversas facetas del extractivismo capitalista, reprimiendo violentamente a quienes resisten ese avance y defienden sus territorios y bienes comunes. Luchas y resistencias sobre las que Darío Aranda escribe desde hace dos decenios y cara a cara con sus protagonistas en los propios territorios, sin concesiones partidarias, como trabajador precarizado en Página/12, y más aún a través de la revista MU, de su blog Territorios, y sobre todo de la excelente agencia Tierra Viva y de sus libros Argentina Originaria. Genocidios, saqueos y resistencias (La Vaca, 2010) y Tierra Arrasada. Petróleo, soja, pasteras y megaminería. Radiografía de la Argentina del siglo XXI (Sudamericana, 2015)”.
Como es ampliamente sabido, la opresión que sufren las comunidades originarias de Jujuy acumula siglos de antigüedad. Se retrotrae –cuanto menos– a los orígenes del período colonial, cuando los conquistadores europeos impusieron a sangre y fuego su régimen de explotación económica, aculturación y dominación política a las etnias kolla y atacama en el siglo XVI, tras la caída del Tawantinsuyu. Durante la etapa «independiente» (Argentina decimonónica y contemporánea), el panorama no mejoró mucho en términos sustanciales, fuera de algunas reformas gatopardistas asociadas a las promesas de “libertad e igualdad” de un nuevo orden que se proclamó republicano, y luego democrático. La concentración latifundista y las rentas leoninas continuaron abrumando al campesinado indígena y mestizo de la Puna, igual que la discriminación racista fáctica, en un contexto social de iniquidad y avasallamiento profundos, donde la desigualdad material de clase y las asimetrías étnicas de estatus se confundían totalmente. En 1874-75, se produjo la gran rebelión armada de Anastasio Inka. En 1946, con Perón de presidente, la protesta agraria denominada “Malón de la Paz”… Hemos citado apenas dos ejemplos, entre muchos más, de una multisecular resistencia indígena en el NOA, que hoy se manifiesta vigorosamente con la lucha contra la minería extractivista del litio, caballito de batalla del capitalismo «verde» y su mentirosa «transición energética».
El 28 de mayo, publicamos en nuestra sección literaria Naglfar algunas de las Cartas a las mujeres argentinas de Herminia Brumana, una de las escritoras feministas de izquierda más notables que ha tenido el Río de la Plata. Allí, nuestro público lector encontrará un retrato etnográfico –y sociocrítico– muy vívido de la Puna hacia mediados de los treinta del siglo pasado, plena Década Infame (diez años antes del primer Malón de la Paz).
Represión para extraer el litio de los territorios del pueblo kolla y atacama.
Violencia para explotar Vaca Muerta en territorio mapuche.
Judicialización para desalojar y fumigar con agrotóxicos a familias campesinas y poblaciones invadidas por el agronegocio.
Es el ADN del extractivismo: represión, violación de derechos, contaminación, falta de democracia real.
Los violentos hechos del gobierno de Jujuy son un capítulo más en cómo se impone el extractivismo sobre las comunidades indígenas y campesinos (aunque no solo en esos lugares). El poder económico y político –junto con sus aliados judiciales y mediáticos– intenta arrebatar los territorios indígenas para entregarlos a las empresas mineras, petroleras, forestales y del agronegocio.
Desde el peronismo gobernante se argumenta, intentando retener votos y aparatos estatales, que los hechos de Jujuy son un ensayo de los que será un próximo gobierno de Juntos por el Cambio (ya sea con Larreta o con Bullrich). Desde los territorios sometidos al extractivismo, y desde los pueblos que sufren represiones cotidianas, se puede leer que Jujuy es un botón más de muestra de lo que –en distintas intensidades– ya sucede en los territorios, tanto con gobiernos peronistas como con radicales.
Un reclamo antiguo ante oídos siempre sordos
Desde hace más de diez años que las comunidades del Pueblo Kolla y Atacama denuncian (incluso con audiencia en la Corte Suprema) la vulneración de derechos de la minería del litio en Jujuy y Salta.
Los pesares indígenas, y sus reclamos, son tan antiguos como la historia del continente. El pasado de Jujuy es abundante en luchas indígenas. Un hecho importante, no el primero, sucedió en 1946, durante el primer gobierno peronista, cuando un centenar de indígenas marchó caminando desde Jujuy hasta Plaza de Mayo en reclamo de territorios. El hecho, inédito, quedó en la historia como el “Malón de la Paz”. Fueron casi dos meses de caminata para gritar en Buenos Aires una deuda silenciada: las tierras de los originarios. No tuvieron respuesta.
Seis décadas después, otra marcha, ante otro peronismo (Cristina Fernández de Kirchner en la Nación, y Eduardo Fellner en la Provincia), pero con el mismo reclamo: 120 comunidades realizaron el “Segundo Malón de la Paz”. Caminaron, en reclamo de sus tierras, desde los distintos departamentos de la provincia hacia Purmamarca.
La misma ciudad donde se reunieron el sábado 17 de junio y sufrieron cuatro represiones en un día. La misma provincia que ya bautizó, a esta lucha indígena, como el “Tercer Malón de la Paz”. Donde la bandera de lucha fue “abajo la reforma, arriba las Whipalas”.
Jujuy es un reflejo de lo que sucede en todo el país. Los pueblos indígenas defienden sus territorios, sus lugares de vida, y gobiernos y empresas se unen para intentar someterlos con migajas o, de ser necesario, desalojarlos con violencia.
Para los abanderados de la «seguridad jurídica» es necesario recordar que los pueblos indígenas cuentan con frondosa legislación que protege sus derechos y que obliga a los Estados (nacional, provincial y municipal) a consultar y obtener el consentimiento de las comunidades afectadas. Ese derecho básico, que en Argentina no se cumple, está escrito en leyes provinciales, la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos que el país adhirió.
Jujuy fue Neuquén
La represión duró más de cinco horas. En las calles: docentes, pueblos indígenas, estudiantes, trabajadores. Del otro lado, policías disparando a mansalva. Una represión sin fin. ¿Es lo sucedido en Jujuy en 2023? No. Se trató de Neuquén en 2013. Cuando la Legislatura provincial se aprestaba, en total sintonía con el gobierno nacional, a votar una ley a libro cerrado para permitir que Chevron e YPF comiencen con el fracking en Vaca Muerta.
El progresismo kirchnerista, y sus medios aliados, no alzaron la voz. Al contrario, justificaron la represión.
En mayo de 2013 también hubo represión en Famatina (La Rioja). El gobierno de Luis Beder Herrera descargó balas de goma y gases lacrimógenos contra asambleístas en rechazo a la megaminería. Una decena de detenidos y siete hospitalizados.
Andalgalá acumula media docena de feroces represiones desde que llegó la megaminería. En abril de 2021, Poder Judicial mediante, se produjo una cacería en la ciudad. Rompieron puertas, golpearon a hombres y mujeres, y se llevaron sin causa a doce asambleístas que rechazan activamente el extractivismo y, al mismo tiempo, protegen las fuentes de agua de Catamarca, provincia gobernada desde hace doce años por el peronismo.
En diciembre de 2021, en Chubut, la policía de Mariano Arcioni (aliado de Sergio Massa) reprimió durante horas la pueblada conocida como Chubutazo, que hizo retroceder al gobernador y volvió a frenar la megaminería.
Ni en Catamarca ni en Chubut estuvo presente el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti (que sí estuvo en Jujuy). El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que alguna vez tomó la bandera de los derechos humanos, tampoco apareció en los lugares donde el extractivismo viola derechos. La mayor preocupación de Cabandié, en un país atravesado por el extractivismo, es el reciclado de plásticos y pasearse por cumbres internacionales.
Pero no se trata de solo funcionarios. El «progresismo» urbano (no solo porteño) elige con qué represiones indignarse y en cuáles mirar para otro lado. Se indignan con Jujuy y miran para otro lado en Catamarca, Chubut, Chaco, La Rioja y tantas otras provincias feudales.
Feudos, democracias y dictaduras
La búsqueda del poder sin límites de Gerardo Morales, y el menosprecio a las comunidades indígenas, no es característica única del radicalismo jujeño. Formosa, con Gildo Insfrán, es un emblema de gobierno feudal y sometimiento a los sectores populares, en general, y a los pueblos indígenas, en particular. Pero, para los medios y periodistas oficialistas, Insfrán no amerita críticas.
El litio, ese mineral para la falsa transición energética, es uno de los factores detrás de la reforma constitucional de Jujuy y botín preciado por la obtención de dólares.
También hay litio en Catamarca. Allí funciona la primer megaminera (la multinacional FMC Corporation, bajo el nombre de Minera del Altiplano) que explota ese mineral y esos salares. Y, desde hace décadas, los pueblos indígenas ya padecen ese extractivismo. La comunidad Atacameños del Altiplano denuncia desde hace años el accionar de las mineras y de los gobiernos locales. Existen pruebas contundentes de su impacto ambiental: secó el río Trapiche. Y ahora avanza sobre el río Los Patos. “¿Quién se hace responsable del saqueo, de la contaminación, del agua que usan? Conocemos a las mineras desde hace tres décadas, por eso decimos no a la minería de litio”, remarca el cacique de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, Román Guitián.
No son los únicos afectados. La población de Fiambalá, dedicada al turismo y el agro, sufre la avanzada del litio con la multinacional china Zijing Mining, alentada por el gobernador Raúl Jalil y el presidente Alberto Fernández.
“Dictadura minera”, es el término acuñado en Catamarca y San Juan por el accionar represivo y cotidiano del modelo extractivo, donde los gobiernos son los mejores lobistas y guardianes de las empresas.
Incomprensible que sectores sociales que se dicen alejados de la derecha y que marchan los 24 de marzo, insistan con desarrollar más el extractivismo. Una clara muestra en Juan Grabois, que algunos señalan como “lo más a la izquierda” que puede estar el kirchnerismo. Grabois promociona reiteradamente la explotación de litio con mayor participación del Estado (en sintonía con los dichos de Cristina Fernández de Kirchner el 25 de mayo en Plaza de Mayo). Le respondieron desde la organización socioambiental Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (Pucará): “Hablan de derechos humanos pero reprimen detrás de cámara. Hablan de luchar por los pobres pero se besan con los ricos. Hablan de soberanía pero destruyen a las naciones indígenas. Por suerte, al frente de todos los que sostienen este saqueo, están los que resisten en los territorios”.
Jujuy no es, como argumenta el peronismo, un globo de ensayo del futuro. El futuro llegó hace rato: gobiernos y empresas que explotan la naturaleza. Y los pueblos indígenas que protegen sus territorios y la vida.
Darío Aranda