Memoria y negación

Torturador de la ESMA. Detalle de una pintura del artista catalán Ernest Descals Pujol (2018) para una serie en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo. Fuente: https://ernestdescals.blogspot.com

El presente texto de nuestro camarada rioplatense Federico Mare, historiador y ensayista, es un extracto ligeramente adaptado y actualizado –hacia fines de marzo de 2026, con motivo del 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina– de su extenso ensayo “Protesta y represión, memoria y negación. Pensar subversivamente Mileilandia”, originalmente publicado en Corsario Rojo VIII, segundo semestre de 2025, sección Bitácora de Derrotas, pp. 55-134. Por razones de agilidad y concisión, las notas a pie de página con referencias bibliográficas, aclaraciones, digresiones, matizaciones, etc., han sido suprimidas. Quienes deseen leerlas, pueden hacerlo accediendo a la edición original en PDF.

A cincuenta años del golpe, el negacionismo histórico busca ocultar o minimizar (e incluso, en parte, a veces, justificar), con un cinismo e impudor inusitados, los horrores del terrorismo de Estado en la Argentina de los setenta. Y ya no sólo desde la tribuna de algunos medios de comunicación, sino también desde la mismísima Casa Rosada. ¿Qué contexto político más favorable podría tener este rebrote discursivo de los “dos demonios” y la “guerra sucia” que un gobierno reaccionario como el de Javier Milei y Victoria Villarruel, que insiste en negar –de distintas formas, no siempre omitiendo o encubriendo– los 30.000 desaparecidos en medio de una posmodernidad donde, como «la objetividad no existe», se puede decir con ligereza e impunidad cualquier cosa?

Antes de avanzar, hagamos una importante aclaración de alcance general: por negacionismo histórico se entiende no solamente los discursos de desmemoria –en Argentina o en cualquier otro país– que niegan un pasado genocida o de terrorismo de Estado mediante el expediente del ocultamiento, sino también aquellos que lo niegan a través de la minimización y la justificación. Retóricas que, aun sin velar o silenciar los crímenes de lesa humanidad del ayer, subestiman su gravedad o hasta buscan legitimarlos, también son negacionistas. Que el ocultamiento supone negacionismo, es una verdad de Perogrullo. Que la minimización también es negacionista, también resulta bastante claro: la desmemoria puede ser total (negación entera o integral del genocidio o terrorismo de Estado) o parcial (negación de una parte o fracción de ese pasado tan trágico, horroroso y traumático). Pero también la justificación puede ser considerada una forma de negacionismo histórico. Aunque no encubre ni infravalora los hechos de antaño, niega total o parcialmente la ilegalidad criminal e inmoralidad aberrante de un Estado genocida o terrorista. Hacer apología de la violación masiva de los derechos humanos no es negacionismo en términos fácticos, pero sí en términos valorativos.

Desde luego que el discurso negacionista no empezó con el gobierno de Milei y Villarruel. Durante la presidencia de Macri, entre 2015 y 2019, se oyeron varias voces del oficialismo pronunciándose con recelo, acritud, malicia, sarcasmo o escarnio sobre las políticas de memoria, verdad y justicia implementadas durante los doce años de kirchnerismo (2003-2015), y también sobre el activismo de las organizaciones de derechos humanos. Y antes del macrismo, ya hubo negacionistas duros y blandos durante el Menemato. De hecho, los primeros en negar el terrorismo de Estado fueron sus propios artífices, ipso facto: los militares dictadores, pues su plan de exterminio se ejecutó en la clandestinidad, buscando eficiencia e impunidad. Videla, por ejemplo, pontificaría: “Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido… Frente a eso no podemos hacer nada.” Grotesco y perturbador. El peor de los burócratas kafkianos no lo habría dicho mejor… La realidad contemporánea del sistema capitalista y sus personeros políticos se las ingenia para igualar y superar a la ficción, por más absurda o distópica que esta sea.

Pero volvamos al presente. Sería imposible detallar aquí, por falta de espacio, el maratónico y churrigueresco historial negacionista de la vicepresidenta Victoria Villarruel, abogada y técnica en seguridad, dirigente del Partido Demócrata e integrante de LLA, una liberal conservadora y patriotera estrechamente vinculada al integrismo católico más reaccionario (lefebvrismo) y al nacionalismo de ultraderecha, antifeminista pañuelo celeste y adalid de la “mano dura”. Hija y sobrina de oficiales del Ejército Argentino que participaron en la “lucha contra la subversión” (su padre, en el Operativo Independencia; su tío, en el centro clandestino de detención El Vesubio), fundó en 2006 y dirige desde entonces el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV). Cursó estudios de posgrado sobre “antiterrorismo” y “seguridad hemisférica” en Washington DC, en el William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies (WJPC) de la Universidad de Defensa Nacional, un «nido de halcones» con anacrónica mentalidad de Guerra Fría. Villarruel hizo sus primeras armas en el activismo contra las políticas de memoria, verdad y justicia a principios de este siglo, como parte de la ONG Memoria Completa, liderada por Karina Mujica, y también de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (Afyappa), presidida por Cecilia Pando. Ha redactado dos libros: Los llaman… jóvenes idealistas (CELTYV, 2009) y Los otros muertos. Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70 (Sudamericana, 2014, en coautoría con Carlos A. Manfroni).

Citar frases negacionistas de Villarruel sería una tarea de nunca acabar, digna de Sísifo. Además de dos libros, ha escrito muchos artículos y concedido numerosas entrevistas (gráficas, radiales y televisivas) durante los últimos veinte años, amén de pronunciar gran cantidad de discursos y conferencias. En teoría, es una exponente de la “teoría de los demonios”, o al menos esa es su autopercepción. Pero en la práctica, su propensión a la apología lisa y llana de la “guerra sucia” es muy fuerte, como suele suceder con quienes enarbolan la consigna “memoria completa”. En 2006, por ejemplo, justificó la “lucha contra la subversión” en estos términos: “en un contexto de guerra es legal matar al enemigo”.

Cuando Victoria Villarruel, como candidata a vicepresidenta por LLA, debatió con su rival peronista Agustín Rossi en vísperas del balotaje, y éste le reprochó que hiciera campaña electoral con el negacionismo histórico, desconociendo el consenso 1983 en torno al modus vivendi republicano y los derechos humanos, le espetó: “El pacto democrático del que hablás no incluye a todos los argentinos. Hay víctimas de Montoneros y del ERP que no tienen derechos humanos”. Y sentenció que “no fueron 30.000” las personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Y con tono provocador, sobrador, Villarruel acotó: “En el Parque de la Memoria, situado en la Costanera Norte de la ciudad de Buenos Aires, hay 8.751 nombres. ¿Dónde están los demás?”.

También el propio Milei, en el debate de presidenciables de aquella crispada primavera eleccionaria de 2023, sostuvo una posición parecida a la de su compañera de fórmula. Tratándose del actual jefe de Estado, conviene citar in extenso sus palabras:

“Los liberales valoramos la visión de memoria, verdad y justicia, pero empezamos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos; fueron 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los setenta, hubo una guerra, y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos; y por tener el monopolio de la violencia, les vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, del ERP, mataron gente, pusieron bombas, hicieron desastres, y también cometieron delitos de lesa humanidad.”

Milei no se olvidó del mantra demagógico anti-K “con la nuestra”: la vieja sofistería macrista de reducir las políticas de memoria, verdad y justicia a un «tentáculo» de la «cleptocracia» kirchnerista. Dijo el candidato de LLA: “Además, tampoco estamos de acuerdo con el curro de los derechos humanos. Aquellos que usaron la ideología para ganar plata, para hacer negocios turbios, o no recuerdan algo así como Sueños Compartidos o lo que es la propia Universidad de Madres de Plaza de Mayo”. Y concluyó: “Ustedes sigan discutiendo la historia, nosotros venimos para gobernar, para hacer una Argentina distinta, que es imposible con los mismos de siempre”. En una entrevista con A24, afirmó que las víctimas del terrorismo de Estado fueron “terroristas que estaban haciendo desastres y que no pelearon acorde a las reglas militares, sino que pelearon sucio”.

Imposible hablar del negacionismo del actual gobierno sin mencionar dos nombres: Nicolás Márquez y Agustín Laje. Estos dos intelectuales de ultraderecha son los grandes ideólogos de la “batalla cultural” librada por LLA, el tándem-usina que está detrás de lo que el periodista Juan Luis González (uno de los principales biógrafos no autorizados –independientes, críticos– de Javier Milei) llamó “giro cavernícola” en el pensamiento de quien hoy preside la República Argentina. En efecto, Márquez y Laje vienen cumpliendo, desde un primer momento, el papel de artífices y espadachines doctrinales de la cruzada neoconservadora en curso. Partidarios, apologetas, amigos y asesores del presidente de la Nación, se les atribuye haber pergeñado –y redactado– en la trastienda el escandaloso discurso anti-woke de Davos, culmen del “giro cavernícola” de Milei. De hecho, Márquez es el biógrafo oficial del presidente, el coautor de Milei: la revolución que no vieron venir (Bs. As., Hojas del Sur, 2024, con Marcelo Duclos). Laje, prologuista de este panegírico, es quien preside la reaccionaria –ultraliberal y neocon– Fundación Faro, estrechísimamente vinculada al establishment económico. Se trata de una ONG elitista e híbrida, a caballo entre think tank, lobby y fundraiser (vale decir, un laboratorio de ideas oficialista que también funge como grupo de presión del círculo rojo y como recaudadora de fondos para la campaña electoral de LLA, todo eso a la vez).

Márquez y Laje –especialmente el segundo, por su notable proyección internacional– son típicos exponentes de la nueva ultraderecha latinoamericana. Estamos hablando de una ultraderecha aggiornada, que salió del clóset sectario y de los guetos patrios para irrumpir con gran ímpetu militante, desparpajo transgresor y eficacia demagógica en la cultura globalizada de masas, explotando al máximo –muy hábilmente– las viejas industrias culturales y las nuevas tecnologías digitales del capitalismo (libros bestsellers de divulgación y polémica, apariciones escandalosas o picantes en radio y TV, páginas web y blogs de propaganda, redes sociales, videos y canales de YouTube, podcasts, streaming), y sintonizando con todo un abanico de tendencias ideológicas y fenómenos consuetudinarios de esta era signada por la hegemonía neoliberal (ultraindividualismo, egoísmo agonal, emprendedurismo, auge de las neurociencias, emocionalización de la política, haters y trolls, anticomunismo/antiprogresismo visceral, patrioterismo, xenofobia, antiecologismo, conspiranoia, tecno-optimismo, tecnocratismo, fascinación popular con los superricos y Silicon Valley, sociabilidad fandom, antifeminismo, tribus neomasculinistas de incels, ecosistema virtual de criptobros, occidentalismo, racismo, sexismo homofóbico y terf, sionismo judío y cristiano, islamofobia, activismo “pro vida”, neomalthusianismo, darwinismo social, mitologema antiinmigración del grand remplacement, moralina de la anticorrupción, etc.).

Por la profusión de libros publicados sobre la materia, Nicolás Márquez es, sin dudas, uno de los mayores intelectuales apologistas de la última dictadura con que cuenta la derecha vernácula en el presente. (En el pasado tuvo varios, como el historiador mendocino Enrique Díaz Araujo, fallecido en 2021.) El otro es Juan Bautista “Tata” Yofre, figurita repetida y nefasta –yerba mala nunca muere– de la “casta” política y mediática de la Argentina del último medio siglo: joven tecnócrata neoliberal del Proceso en misión ante el BID en Washington, fue luego, sucesivamente, director de la SIDE y embajador durante el menemismo, periodista “anti-K” y ensayista estrella del PRO desde 2005, y ahora –en recompensa por su fervoroso apoyo a la política económica y su fiel servicio a la “batalla cultural” por la “memoria completa” de LLA– director de la Escuela Nacional de Inteligencia. Yofre no ha sido menos prolífico ni conocido que Márquez en su prédica negacionista, pero desde una línea historiográfica revisionista un poco más moderada, no tan “políticamente incorrecta”, que podemos identificar grosso modo con la “teoría de los dos demonios”, mientras que Márquez cultiva un revisionismo duro sin ambages, netamente de trinchera, explícitamente asociado a la teoría de la “guerra sucia” (aunque la frontera entre ambas teorías –conviene recalcarlo– es singularmente porosa y promiscua, admitiendo toda una gradación de posiciones intermedias más o menos negacionistas donde ciertos énfasis y omisiones, igual que las tonalidades retóricas escogidas, juegan un rol relevante). Yofre también ha sido una de las espadas expertas del mileísmo en su asalto frontal a la efeméride del 24 de marzo, como ya veremos.

El periodista Ceferino Reato merece una breve mención al pasar. Autor de libros como Los 70, la década que siempre vuelve. Toda la verdad sobre Perón, la guerrilla, la dictadura, los desaparecidos y las otras víctimas (2020) y Masacre en el comedor. La bomba de Montoneros en la Policía Federal. El atentado más sangriento de los 70 (2022), su posición es «duodemoníaca» –permítaseme este neologismo adjetival– pero con más matices que Yofre.

No nos es posible, ahora, examinar en detalle cada una de las obras «setentistas» de Márquez y Yofre. Eso demandaría un libro entero. Mencionaremos apenas un puñado de obras, a título ilustrativo.

En 2006, con motivo del 30° aniversario del golpe de 1976, Yofre –profundamente disgustado con la política de memoria, verdad y justicia del kirchnerismo, que juzgaba sesgadamente montonera o izquierdista– inició su derrotero revisionista de la historia argentina contemporánea con el díptico Nadie fue. Crónica, documentos y testimonios de los últimos meses, días y horas de Isabel Perón en el poder (2006) y Fuimos todos. Cronología de un fracaso, 1976-1983 (2007), al que le añadió las «precuelas» Los archivos ocultos de la “Cámara del terror” (1971-1973) (2009) y El escarmiento. La ofensiva de Perón contra Cámpora y los montoneros, 1973-1974 (2010), como así también la «intercuela» 1976. La conspiración: 24 de marzo. Civiles y militares en el día que cambió la Argentina (2016), que completan su fresco de la Argentina setentista. Su historiografía «duodemoníaca» amplió el radio geográfico en Fue Cuba. La infiltración cubano-soviética que dio origen a la violencia subversiva en Latinoamérica (2014), que, asumiendo sin rubor la perspectiva anticomunista y contrainsurgente de la Doctrina de Seguridad Nacional del Pentágono, sirve de contextualización regional a los libros antes señalados.

Abogado de profesión e historiador autodidacta, ensayista y conferenciante, graduado de la oscurantista Universidad FASTA, militante del partido derechista UCeDé y la asociación negacionista Memoria Completa, fundador y director del reaccionario portal Prensa Republicana, el bonaerense Nicolás Márquez ha escrito numerosos libros, principalmente acerca de la lucha armada en la Argentina setentista, la figura del Che Guevara y los líderes populistas latinoamericanos, desde una perspectiva encarnizadamente contrainsurgente y antiprogresista. Es autor, entre otras obras, de La otra parte de la verdad. La respuesta a los que han ocultado y deformado la verdad histórica sobre la década del 70 y el terrorismo (2004), La mentira oficial. El setentismo como política de Estado (2006), El Vietnam argentino. La guerrilla marxista en Tucumán (2008), El canalla. La verdadera historia del Che (2009), La máquina de matar. Biografía definitiva del Che Guevara (2017) y La guerra civil argentina. Los 70 que oculta la corrección política (2020). Todas ellas llevan agua –raudales de negacionismo histórico– al molino de la “guerra sucia”.

El cordobés ultramontano Agustín Laje, politólogo egresado de la UCA con una maestría en filosofía por la Universidad de Navarra, catorce años más joven que Márquez (su mentor), ha escrito seis libros. Su ensayística de extrema derecha, que se suele catalogar como “paleolibertaria” (por su mixtura a la yanqui de neoconservadurismo y minarquismo), también se halla monopolizada por la “batalla cultural” contra todo lo que huela a izquierda, “estatismo” o “wokismo”, aunque el campo principal de su pulsión polémica no es la historiografía, sino la teoría: anticomunismo, antiprogresismo, antifeminismo, homofobia, transfobia, antiecologismo, antiglobalismo, xenofobia, antigarantismo, etc. Con Márquez escribió Cuando el relato es una farsa: la respuesta a la mentira kirchnerista (2013) y El libro negro de la nueva izquierda: ideología de género o subversión cultural (2016). Posteriormente, en solitario, redactó La batalla cultural. Reflexiones críticas para una Nueva Derecha (2022), Generación idiota. Una crítica al adolescentrismo (2023) y Globalismo. Ingeniería social y control total en el siglo XXI (2024). No obstante, su ópera prima se mete de lleno en el debate sobre los setenta, abonando el negacionismo histórico: Los mitos setentistas. Mentiras fundamentales sobre la década del 70 (2011).

Decíamos que no es posible examinar aquí con exhaustividad, por falta de espacio, las obras de intelectuales como Nicolás Márquez y Agustín Laje, del historiador Tata Yofre y el periodista Ceferino Reato, o de la abogada Victoria Villarruel. Sería necesario un libro entero para ello. Así y todo, se puede sostener un debate serio con ellos bajo estas circunstancias, por dos razones. La primera es que, a mi entender, el gran problema historiográfico que tiene el negacionismo de la “guerra sucia” y los “dos demonios” está en el plano de la interpretación y valoración del pasado, no tanto en la constatación factual ni en la autenticidad de las fuentes primarias: cómo una visión de los setenta totalmente diseñada a priori y pro domo conduce a una historización reduccionista, esquemática, tendenciosa y maniquea donde la verdad es escamoteada mediante el hurto hormiga y el fraude telaraña (infinidad de pequeñas pero sistemáticas omisiones y énfasis en el relato), pero mucho más aún por una deficiente contextualización y una capciosa conceptualización de los hechos, donde los malos encuadres de análisis y explicación, los errores y las trampas a nivel categorial, las imprecisiones y los abusos en la terminología, los dobles estándares de enjuiciamiento, las exageraciones adjetivales y otros excesos retóricos juegan un papel más que importante, decisivo. La segunda razón es que lo que aquí más nos atañe e interesa es lo que piensa, dice y hace el gobierno de Milei respecto a la efeméride del 24 de marzo y las políticas de memoria, verdad y justicia; lo cual nos lleva a centrarnos en los tres spots producidos y difundidos oficialmente por Casa Rosada en 2024, 2025 y 2026, con motivo del Día de la Memoria. Tales videos logran sintetizar lo medular del revisionismo setentista de derechas.

*                             *                             *

Ahora sí, entremos de lleno en el debate histórico-político con los grandes exponentes de la “teoría de los dos demonios” y la doctrina de la “guerra sucia”: Laje, Yofre, Márquez, Villarruel, etc. En sucesivos puntos, iremos desmontando críticamente sus argumentos centrales, que pueden sistematizarse en nueve.

1) Antes de marzo del 76, Argentina sufría una guerra civil entre facciones extremistas no estatales. Las Fuerzas Armadas no tuvieron más remedio que, por el bien de la patria, intervenir de forma salomónica y extraordinaria dando un golpe y tomando medidas drásticas de contrainsurgencia para restaurar la paz y el orden.

Falso. Antes del golpe, el país atravesaba un proceso de violencia política protagonizado por escuadrones de la muerte ultraderechistas (esencialmente la Triple A) y organizaciones guerrilleras de izquierda (principalmente Montoneros y ERP). Eso es indudable y nadie lo discute. Pero: a) la Triple A fue organizada, equipada, financiada, dirigida y apañada desde el propio Estado, por lo que corresponde calificarla –seamos realistas, no formalistas– como un aparato represivo paraestatal, y de ningún modo como “no estatal” (amén de que era parapolicial, no paramilitar, lo que tampoco encaja en el molde de la guerra civil); b) las Fuerzas Armadas y de seguridad, lejos de toda pasividad y neutralidad, también habían estado envueltas –y mucho, y nada salomónicamente– en la violencia política del trienio peronista 73-76 que medió entre las dictaduras militares de la “Revolución Argentina” y el “Proceso de Reorganización Nacional”, de múltiples formas; y c) no hubo ninguna “guerra civil” en Argentina durante los años setenta, ni tampoco en las dos décadas anteriores, como sí la hubo en otros países de la región y del mundo. La superioridad militar de las Fuerzas Armadas sobre los grupos guerrilleros (incluyendo el ERP, el de mayor potencia ofensiva) era abrumadora, ni hablar después del Operativo Independencia en el monte tucumano (1975), que aniquiló el único foco rural existente (muy modesto, por otra parte, pues sólo involucró unos pocos centenares de combatientes), y que prosiguió con el aplastamiento del asalto perretista al arsenal de Monte Chingolo, en vísperas de Año Nuevo.

Como ya se indicó, para principios del 76, meses antes de que se produjera el golpe de Estado, tanto el ERP como Montoneros estaban diezmados y en declive. Ya no representaban una amenaza real, sino mínima. Habían sufrido demasiadas derrotas y bajas. Estaban en retirada y ya no tendrían oportunidad de recobrar fuerzas y recuperar la iniciativa estratégica.

El teniente primero Ernesto Facundo Urien, uno de los 33 jóvenes oficiales del Ejército Argentino expulsados en 1980 por oponerse –tal fue su rectitud y valentía– a la represión ilegal del pueblo y la metodología del terrorismo de Estado (quien además, luego, se presentaría espontáneamente ante la Conadep para revelar información crucial sobre las violaciones a los derechos humanos en el III Cuerpo comandado por el siniestro Gral. Luciano Benjamín Menéndez, razón por la cual debió testimoniar ulteriormente en el Juicio a las Juntas), recordaría en una oportunidad:

“Cuando llegué a Tucumán, creía como los demás oficiales jóvenes, que entrábamos en guerra. Pero cuando encontré que ellos eran 67 y nosotros más de 4.000 no pude dejar de preguntarme: ¿Qué carajo estamos haciendo nosotros aquí? Fue todo una gran pantalla (…) No querían eliminar al enemigo. Querían tener un problema latente como pretexto del golpe.”

Argentina, por sus características geográficas y sociodemográficas, no era Cuba ni Vietnam. No reunía las condiciones ambientales y humanas adecuadas para que se desarrollaran guerrillas de gran envergadura como el M-26-7 o el Viet Cong, de ahí el fracaso trágico del ERP y Montoneros. La insurgencia peronista y perretista, al margen de su abnegación y heroísmo incuestionables, estaba condenada a la derrota y nunca representó un desafío demasiado serio al statu quo capitalista. Desde luego que a los militares –y a los civiles que los apoyaban por razones de simpatía ideológica y/o conveniencia económica– les convenía exagerar todo lo posible el “peligro de la subversión”, y así lo hicieron (consciente o inconscientemente, o un poco de lo uno y de lo otro, da lo mismo). Ese tremendismo paranoico e histérico de los mandos castrenses y sus aliados del establishment era clave para legitimar no sólo una nueva salida golpista, sino también un régimen dictatorial de terrorismo de Estado a gran escala y largo plazo, cuya finalidad primordial no podía ser la tan cacareada “contrainsurgencia”, sino el amedrentamiento y disciplinamiento generalizados de una clase trabajadora y unas capas medias que percibían como demasiado inquietas, politizadas, contestatarias, radicalizadas, rebeldes, movilizadas, propensas a una excesiva efervescencia de ideas y a una contenciosidad sindical insoportable; amedrentamiento y disciplinamiento que eran requisitos sine qua non para la instauración de un nuevo modelo de acumulación en una Argentina económicamente periférica, poco desarrollada y dependiente. En palabras del historiador Ariel Petruccelli,

“¿Quiénes eran ‘la subversión’ desde la óptica de los militares? Como queda perfectamente claro en las obras de los ideólogos locales de la guerra antisubversiva, la ‘subversión’ no era para las Fuerzas Armadas únicamente quienes empuñaran las armas: estos grupos eran considerados meramente la punta del iceberg. Por debajo de ellos, y conformando un continuum, eran considerados subversivos los militantes de la izquierda no armada, los delegados sindicales combativos, los activistas de centros de estudiantes, los curas progresistas, los profesores con ideas ‘izquierdistas’, etc. Dicho de otro modo, subversivo era todo aquel que intentara organizar autónomamente a algún sector popular, que reclamara por sus derechos o pensara con cabeza propia.”

Por poner un ejemplo de nuestra época, nunca el ERP y Montoneros constituyeron una amenaza mayor –ni siquiera equivalente– al EZLN en el México reciente, y todos sabemos que en México la guerrilla neozapatista, más allá de ser un factor de “subversión” a nivel local (Chiapas), de ningún modo ha podido poner en riesgo el sistema capitalista a nivel nacional o regional, ni siquiera en su momento de máximo esplendor. El Ejército Mexicano neutralizó al EZLN conteniéndolo en su reducto originario de la Selva Lacandona, sin que el orden republicano y las garantías constitucionales del país hayan trocado en dictadura militar y terrorismo de Estado a gran escala.

Laje, Yofre, Márquez y otros negacionistas de la derecha argenta usan el término “guerra civil” con una ligereza lamentable, como sinónimo de “violencia política”. Por supuesto que toda guerra civil es violencia política, pero no toda violencia política es guerra civil. Deben alcanzarse ciertos umbrales de escala, duración e intensidad para que un conflicto político en el que se emplea la fuerza para dirimirlo pueda ser definido como guerra civil. Y algo más: cierto grado mínimo de simetría. Dicho de otro modo, un enfrentamiento armado demasiado asimétrico, excesivamente desparejo en el poderío de sus bandos (disparidad en número de combatientes, en capacidad tecnológica, en recursos económicos, en apoyos civiles, etc.) tampoco puede ser considerado una guerra civil. Pues bien, en la Argentina setentista no se alcanzaron ninguno de estos umbrales, ni de cerca. “Guerra civil revolucionaria” es lo que hubo, por ejemplo, en Rusia, entre bolcheviques y blancos, tras el estallido insurreccional de 1917; o en España, entre republicanos y nacionales, luego del alzamiento militar de 1936 acaudillado por Franco; o en China, cuando los comunistas de Mao se entreveraron con los nacionalistas del Kuomintang (1927-36 y 1945-49). Guerra civil es también –aunque no revolucionaria– lo que hubo en la propia Argentina, pero durante el siglo XIX: unitarios contra federales. Si confundimos el Operativo Independencia con la Guerra Grande, o el copamiento fallido del arsenal de Monte Chingolo (apenas 300 perretistas) con las batallas de Cepeda o Caseros, entramos al reino del disparate.

La cantidad de guerrilleros en la Argentina setentista (un país de gran extensión territorial que censó 23,3 millones de habitantes en 1970 y 28 en 1980) siempre fue modesta. Fernando Halperín lo ha resumido así: Para los sociólogos Marcos Novaro y Vicente Palermo, a mediados de 1975 eran “entre 2.000 y 3.000 los cuadros armados de la guerrilla”. (…) Frontalini y Caiati (…) estiman en no más de 1.800 el total de combatientes. El especialista inglés en Montoneros, Richard Gillespie, calcula hasta 3.000, sumando también el ERP. Y María José Moyano, hasta 3.500”. ¿La Argentina un Vietnam sudamericano? No parece. La mismísima Embajada del Tío Sam –el gran gendarme hemisférico– estimó para 1975 unos 2.000 insurgentes montoneros y unos 400/800 guerrilleros perretistas.

Que existan abundantes fuentes escritas y orales de izquierda que hablan de “guerra civil revolucionaria” o “guerra civil” a secas, eso no prueba nada. Que las organizaciones armadas de izquierda buscaran deliberadamente –o aceptaran eventualmente–escalar el conflicto con sus enemigos estatales o paraestatales de derecha hasta el umbral de una guerra civil revolucionaria, o declararan –e incluso creyeran fervientemente– que ese umbral ya había sido alcanzado, de ningún modo demuestra que tal cosa haya ocurrido efectivamente. Negacionistas como Márquez y Laje, que en otros debates de la “batalla cultural” (como el de género) están muy alertas a no confundir autopercepciones subjetivas con realidades objetivas, en este caso, por mero ventajismo ideológico, prefieren tirar por la ventana sus ínfulas de historiografía científica y convertirse en escribanos de la historia, autenticadores acríticos de la verdad o razón de todo cuanto afirman u opinan, en sus documentos y testimonios, los sujetos históricos. Que el navegante Cristóbal Colón, al toparse en 1492 con lo que luego se llamaría América, creyera firmemente que era el Lejano Oriente que tanto buscaba; y que, al morir trece años después, siguiera creyendo lo mismo, haciendo caso omiso de los argumentos de su coetáneo Américo Vespucio a favor de la existencia de un «nuevo» continente, no corrobora la veracidad de su convicción. Desde los tiempos de Tucídides y su clásica distinción analítica entre aitiai y alethestatai prophaseis, los historiadores sabemos bien que, en última instancia, lo que hace posible la historiografía en un sentido mínimamente científico y éticamente responsable, es no dar por cierto automáticamente todo lo que dicen los actores históricos, debido a la fuerte incidencia de factores como los intereses materiales y los prejuicios ideológicos, que llevan a los individuos y grupos sociales a equivocarse –o incluso mentir a sabiendas– en lo que expresan. Pero, al parecer, negacionistas como Márquez y Laje han olvidado esta regla de oro –la mesura escéptica– del oficio historiográfico, optando por creerse a pies juntillas el discurso revolucionario de las guerrillas sesentistas, sin tener en cuenta «detalles» como las necesidades propagandísticas del proselitismo o la agitación popular, o el sesgo optimista de todo compromiso militante. ¿Se equivocan o buscan engañarnos? Que cada quien saque su propia conclusión.

2) Los guerrilleros eran terroristas. Cometieron toda clase de actos violentos aberrantes, y no sólo contra integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, sino también contra civiles.

Constatamos aquí, una vez más, la enorme importancia que tiene el uso efectista de quid pro quos o adjetivaciones tremendistas en la retórica de Laje, Márquez, Yofre, Villarruel y otros autores que niegan en mayor o menor medida el terrorismo de Estado. No son sólo imprecisiones o desmesuras de orden terminológico. Son también exageraciones conceptuales de fondo, que hacen al meollo mismo del revisionismo setentista de derecha. Poco queda en pie de este discurso pseudo-historiográfico cuando se está atento a sus trampas sofísticas. El núcleo duro del negacionismo, la «sala de máquinas» de su argumentación, son, básicamente, hipérboles sensacionalistas de demonización/autovictimización y chicanas pro domo del tipo «gato por liebre» (la dimensión catafática o enunciativa del discurso), complementadas con omisiones puntuales y descontextualizaciones generales (la faz elíptica o elusiva del discurso).

En el punto anterior hablamos de la presunta “guerra civil revolucionaria” en la Argentina contemporánea. Ahora nos toca examinar el supuesto “terrorismo” de las organizaciones armadas de izquierda. Yofre, en el spot para el 24 de marzo de 2024, habla de “grupos terroristas”. Laje, en el video conmemorativo de 2025, convierte el adjetivo “terroristas” en una muletilla ad nauseam y sermonea acerca de los “horrendos crímenes” de las guerrillas.

El terrorismo es una forma extrema de violencia política donde el Estado o grupos no estatales (o paraestatales), en aras de alcanzar sus metas programáticas o ciertos objetivos intermedios, recurren de forma sistemática, masiva e indiscriminada al terror (amenazas, atentados, secuestros, reclusiones, golpizas, torturas, violaciones, asesinatos, ejecuciones, masacres, etc.) contra la población civil, creando un clima general de conmoción, alarma, pánico e intimidación que –en el cálculo acertado o no de quienes usan esa táctica– resulte ideológica o estratégicamente beneficioso. Los terroristas, con sus acciones, pretenden que el Estado o la sociedad –o ambas– hagan o se abstengan de hacer determinadas cosas, y para ello consideran imprescindible que la población civil experimente –como un fin en sí mismo o como un medio para inducir o condicionar las decisiones del gobierno– un miedo intenso, pavor. Un elemento clave, una condición sine qua non del terrorismo bien entendido (sin generalizaciones precipitadas, imprecisiones abusivas o manipulaciones ventajeras), es que sus perpetradores asumen como algo legítimo y necesario no solo que la población civil en su conjunto experimente un terror indirecto deliberado, sino que cualquier persona, por muy inocente que sea, sienta que corre el riesgo de sufrir violencia aleatoria directa.

Dicha asunción puede ser principista o pragmática, vale decir, por odio o desprecio a las víctimas civiles, o bien, por mero maquiavelismo. A menudo, los terroristas no piensan que su terror sea idealmente bueno, justo o deseable, sino un “mal necesario” en función de circunstancias muy adversas y apremiantes que están dadas objetivamente, de una dura realidad que no se ha elegido y que impone condiciones estructurales (límites o presiones). En este caso, las víctimas civiles inocentes elegidas aleatoriamente no son consideradas intrínsecamente enemigas o cómplices que merecen morir o sufrir (por su nacionalidad, etnia, «raza», religión, ideología, etc.), sino medios infortunados pero eficaces para la prosecución de un fin superior. Por supuesto que no faltan casos de la opción contraria: terroristas que consideran culpables –por acción u omisión– a sus víctimas civiles.

A nadie se le escapa que “terrorismo” y “terrorista/s” son términos de fortísimas connotaciones políticas y una inmensa carga emocional. El uso propagandístico de los mismos es no menos indiscriminado, abusivo e inmoral que la metodología violenta que, con razón o sin ella, se le atribuye. Por lo general, cualquier forma de oposición política que utiliza métodos más o menos violentos o ilegales, o aun meramente “clandestinos” o “subversivos” (según los criterios antojadizos y discrecionales de quienes detentan el poder), es reputada de terrorista, independientemente del contexto, aun en situaciones de extrema explotación económica e injusticia social, autoritarismo represivo en el borde del modus vivendi republicano o democrático, dictadura lisa y llana, terrorismo de Estado, dominación colonial, ocupación militar, apartheid, «limpieza étnica» o genocidio. Tampoco les importa mucho, a quienes se autoperciben como “antiterroristas”, que la resistencia al régimen no realice ataques indiscriminados ni desproporcionados, ni tampoco que la metodología violenta empleada se reduzca a tirar piedras, derribar vallados, vandalizar edificios u objetos, o intercambiar empujones o golpes con las fuerzas represivas. Menos relevante les parece discernir si esa violencia desde abajo fue primaria o en reacción a una injusticia y violencia previas de mayor grado desde arriba, o a una provocación canallesca de la policía que busca pretextos de “orden público” para dispersar con palos, gases y balas una movilización popular de protesta. Un dictador como Videla, tan poco amigo del disenso político e ideológico, llegó a declarar sin despeinarse que “un terrorista no es solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana”. Si cualquier expresión intelectual o artística de carácter crítico, heterodoxo o contestatario era terrorista, ni hablar el fenómeno de la insurgencia de izquierda… De ahí que la dictadura procesista haya perseguido y aniquilado con tanta brutalidad y ensañamiento a las guerrillas.

El quid pro quo entre violencia/terrorismo no resiste un análisis serio, un examen honesto y riguroso. Todo terrorismo es violento, pero no toda violencia política es terrorista. No se trata de una logomaquia. Se trata de hacerse cargo de lo que las palabras denotan y connotan socialmente. Cuando una persona cualquiera lee u oye “terrorista/s”, la primera imagen que acude a su mente no es un niño palestino cascoteando un tanque de guerra del Tzáhal israelí o una joven feminista pintando un grafiti por la despenalización del aborto en el muro de una iglesia, sino a yihadistas de Al Qaeda secuestrando aviones de línea llenos de pasajeros, estrellándolos contra rascacielos y matando a miles de inocentes (oficinistas, visitantes, empleados de limpieza y mantenimiento, etc.) que no eran responsables de la política exterior de EE.UU. ni del imperialismo occidental; o atacantes suicidas de Boko Haram dinamitando escuelas repletas de estudiantes y docentes; o Hamás capturando como rehenes a más de 200 civiles, incluyendo niños y visitantes extranjeros. O bien, si la persona tiene más edad, recuerda atentados con coches bomba o explosivos ticking time del IRA o ETA en aeropuertos, estaciones ferroviarias o subterráneas, centros comerciales, edificios de oficinas o barrios residenciales. El núcleo semántico de “terrorismo” no es “violencia política” tout court, sino la existencia de víctimas civiles (fatales o no) y la aleatoriedad de su selección, que determina y dramatiza su inocencia. Nadie se toma en serio, por caso, las denuncias de “terrorismo” (¡e incluso “golpismo”!) de Patricia Bullrich contra jubilados manifestantes de edad sexagenaria o septuagenaria, cuya “violencia” se limitó a algún que otro improperio, escupitajo, empujón o manotazo contra los policías que los provocaban o reprimían con saña.

¿Montoneros y ERP ejercieron violencia política? ¿Practicaron la insurgencia, la lucha armada? ¿Llevaron a cabo expropiaciones, sabotajes, secuestros y asesinatos? La respuesta a todas esas preguntas es un rotundo sí. Ahora bien: ¿corresponde calificar a ese modus operandi de terrorista? Definitivamente no. Y la razón principal de ello no fue que Montoneros y ERP secuestraron y mataron una cantidad muchísimo más baja de personas que las fuerzas represivas estatales y paraestatales (cualquier intento de equiparación con el terrorismo de Estado sería obsceno).

No digo que ese elemento carezca de relevancia, sino que no resulta decisivo. Es un hecho que las guerrillas dieron muerte a centenares de personas. No está mal centrarse en la mortandad de la insurgencia, dado que se trata de la dimensión más sensible o neurálgica desde un punto de vista ético-humanitario. Aunque algunos investigadores elevan el número de muertos de la guerrilla a poco más de mil (Reato y Manfroni/Villarruel, por ejemplo), la mayoría lo calcula en algunas centenas. Hugo Gambini, por mencionar una fuente ya clásica en la materia (y no ciertamente una de las más cautas ni actualizadas), estima que perdieron la vida, a manos de las organizaciones armadas de izquierda, unos “547 militares, marinos y aeronáuticos (oficiales, suboficiales y soldados); personal de policía, gendarmería y de prefectura” y cerca de “230 políticos, empresarios, sindicalistas, funcionarios, diplomáticos, jueces, niños y desertores de la guerrilla”. En total, casi 780 víctimas fatales de la insurgencia, sumando uniformados y civiles. La cifra no es menor, sin duda. Pero los miles y miles de asesinados por la Triple A y la dictadura militar decuplican con creces esa mortandad (y estoy siendo muy circunspecto al expresarlo de esta manera, que muchos hallarán demasiado eufemística o ingenuamente optimista, no sin razón de su lado). No obstante, hay otros aspectos más importantes en la comparación.

Primero, las víctimas fatales civiles de la insurgencia argentina fueron una minoría inferior al tercio. No menos del 70% eran integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Segundo, solo la quinta o cuarta parte (dependiendo de la estimación total que se establezca) de las muertes por violencia guerrillera fueron “ajusticiamientos” o ejecuciones; lo que significa que la mayoría de los militares, policías, gendarmes y otros uniformados muertos a manos de los montoneros y perretistas cayeron en combate, en tiroteos (es decir, no asesinados a sangre fría). Julieta Pacheco calcula que Montoneros ajustició unas 140 personas, entre 1970 y 1976; y Vera Carnovale estima que el ERP ejecutó otras 62, durante el período 1972-77. Estaríamos hablando de unos 200 ajusticiamientos, en total. En este punto, la comparación con el terrorismo de Estado se vuelve aún más abismal.

Tercero, dentro de esa minoría que fueron las víctimas fatales civiles de la insurgencia, hubo casos excepcionales donde los guerrilleros las hirieron de muerte accidentalmente, sin intención. El ejemplo más emblemático de este tipo de situación trágica –explotado demagógicamente hasta el hartazgo por la derecha negacionista– fue María Cristina Viola, la pequeña hija del ya citado represor Humberto Viola. Un comando del ERP emboscó y ajustició a este odiado oficial tucumano (había entregado, torturado y asesinado a varios perretistas) cuando viajaba en automóvil con su familia. Éticamente, desde el distante y apacible sillón de la historiografía (acaso un poco cómodo y simplista, quizás un tanto arrogante e injusto), podemos cuestionar la irresponsabilidad de haberlo atacado en una circunstancia donde estaba con su esposa e hijitas, y de no haber abortado el operativo cuando se produjo un imprevisto que complicaba todo (la rutina hacía suponer que él descendería del vehículo a abrir el portón, pero fue su cónyuge quien lo hizo esa vez), desatando una balacera imprudente y temeraria donde había un riesgo elevado de que murieran inocentes a consecuencia de balas perdidas o desviadas. Todo eso está muy bien y, de hecho, el propio ERP admitió en aquel mismo momento que se había tratado de “un exceso injustificable”, resolviendo suspender la campaña de retaliaciones contra el Ejército luego de la brutal masacre de Capilla del Rosario (Catamarca, agosto de 1974), donde habían muerto catorce camaradas perretistas. Pero María Cristina Viola no fue asesinada. No la mataron deliberadamente. Su homicidio –una tragedia totalmente excepcional– fue el resultado accidental de una acción en parte desafortunada, pero también precipitada, negligente e insensata. Por razones de propaganda, los fachos negacionistas equiparan aquí, sin más, «matar» con «asesinar». Desde un punto de vista intelectual y moral, esa equiparación me parece un proceder digno de bestias o aves carroñeras.

Cuarto, a muy pocos de los civiles asesinados por la guerrilla –independientemente de lo que pensemos sobre la legitimidad de la violencia y la lucha armada– les cabe bien la calificación de «inocentes» (uso el verbo «asesinar» en sentido estricto: matar deliberadamente). Ante todo, aclaremos que ninguno de ellos fue elegido aleatoriamente, al estilo de varios atentados célebres de organizaciones como Al Qaeda o IRA. En la mayoría de los casos, se trató de patrones y directivos de grandes empresas capitalistas –especialmente trasnacionales– que tenían merecida fama de explotadores y que habían tomado represalias (suspensiones, despidos, etc.) contra los trabajadores y sus delegados en contextos de huelgas, tomas de fábricas u otras medidas de fuerza; muchos de los cuales, además, eran aborrecidos por sus obreros o empleados debido a que habían instigado o sido o cómplices del accionar represivo estatal o paraestatal, cuando no partícipes necesarios –y hasta actores principales– en los secuestros, las torturas y los asesinatos. En menor medida, los civiles ajusticiados por las organizaciones armadas de izquierda eran burócratas sindicales que habían traicionado a las bases de distintas formas: contubernios quietistas con la patronal y el gobierno, malversación de fondos, avasallamiento de la democracia interna de los gremios a través del fraude y la intimidación, persecución ideológica, violencia gansteril (aprietes, golpizas, torturas, asesinatos), participación o colaboración en los escuadrones de la muerte de la Triple A, delación y entrega de compañeros a la dictadura, etc. El resto de los civiles ejecutados por la guerrilla fue un conjunto heterogéneo, poco numeroso, de personas marcadas por su colaboración con la dictadura militar y el terrorismo de Estado: funcionarios, jueces, diplomáticos, etc. Debe tenerse en cuenta de que hay muchos casos dudosos, que bien podrían ser víctimas de la Triple A, las Fuerzas Armadas o los aparatos de seguridad (que solían culpar a Montoneros o el ERP de sus crímenes, mendacidad que los medios de comunicación se encargaban de amplificar). Además, no se olvide que las guerrillas tenían por regla o costumbre ejecutar a sus desertores y traidores.

En síntesis, la violencia de las organizaciones insurgentes tuvo una magnitud e intensidad mucho más bajas que la violencia estatal y paraestatal. Montoneros y el ERP realizaron secuestros y ejecuciones, pero en una escala muy inferior a la de la dictadura. La mayoría de las víctimas fatales que dejó la violencia guerrillera eran soldados y policías caídos en tiroteos.

Por último, aunque no menos importante: en su lucha armada, en su accionar violento, Montoneros y ERP no cometieron las atrocidades de los grupos de tareas. Cuando digo “atrocidades”, no estoy incurriendo en exageraciones ad misericordiam como hacen los negacionistas. Estoy simplemente describiendo con toda precisión prácticas reales, masivas y sistemáticas: torturas, violaciones sexuales, robos de bebés, etc. Torturar o no torturar, violar o no violar, robar criaturas o no robarlas, es una diferencia ética inmensa, no una cuestión de matiz metodológica. Por obvias razones, la derecha negacionista prefiere no hablar de ello. Lo que sí le agrada, porque le conviene a sus fines propagandísticos, es hacer foco una y otra vez en el caso excepcional de María Cristina Viola, presentándolo de tal modo que parezca un asesinato monstruoso, un infanticidio a sangre fría. Los spots de Presidencia de la Nación para el 24 de marzo ilustran muy bien este artilugio de manipulación histórica, que no es otra cosa más que una típica falacia inductiva de muestra sesgada (generalizar una excepción).

La defectuosa lupa –totalmente distorsionante, sesgada, tendenciosa– con la cual los negacionistas escudriñan la lucha armada de Montoneros y ERP en busca de alguna que otra evidencia-hormiga del presunto “terrorismo” guerrillero, la guardan rápidamente en el cajón cuando se trata de observar el accionar-paquidermo de las Fuerzas Armadas y de seguridad, o sólo la usan de mala gana –escueta, superficial y tibiamente– con la Triple A, para rápidamente perorarnos con que ya hubo mucha “represión ilegal” antes de la dictadura militar, durante los gobiernos peronistas de Perón y Martínez, y bajo sus auspicios (lo cual es muy cierto y debe ser recordado, aunque muchos kirchneristas/peronistas hoy prefieran olvidarlo, minimizarlo o negarlo), como si eso pudiera justificar el autoritarismo golpista y dictatorial de los militares y absolverlos de sus crímenes de lesa humanidad. Obviamente se habla, en el mejor de los casos, de “represión ilegal” y “excesos” (evitando profundizar, detenerse en detalles), pero nunca de “terrorismo de Estado”, el elefante en la habitación.

Si bien es cierto que la práctica masiva y sistemática de las desapariciones forzadas (con toda su panoplia criminal, desde torturas hasta asesinatos, pasando por violaciones sexuales y sustracción de criaturas) ejercida por los agentes estatales y paraestatales no fue aleatoria, sino selectiva, su selectividad tuvo criterios muchísimo más amplios y discrecionales –ya hemos hablado al respecto– que aquéllos en virtud de los cuales las organizaciones armadas de izquierda decidían a quiénes amenazar, secuestrar y/o ejecutar (pero no torturar ni violar): no solamente guerrilleros, sino militantes de izquierda en general, trabajadores y sindicalistas combativos, profesores e intelectuales críticos, artistas y periodistas comprometidos, curas villeros, activistas y abogados de derechos humanos, testigos de Jehová objetores de conciencia, etc., etc. No obstante esta masividad no exenta de zonas grises de incertidumbre y extralimitación, es un hecho que el terrorismo de Estado no operó indiscriminadamente, sino conforme a una Doctrina de Seguridad Nacional que tenía su núcleo duro en el anticomunismo, una delimitación de carácter ideológico. Un anticomunismo demasiado laxo y conspiranoico, proclive a las extralimitaciones teóricas y prácticas, de eso no hay duda. Pero al que no le faltaba toda la razón cuando asumía –más allá de sus inferencias prejuiciosas y mecanicistas– que la radicalización ideológica y política tiende a producirse más en ciertos ámbitos sociales que en otros: empresas en huelga, universidades públicas, facultades de humanidades o ciencias sociales, colegios secundarios con centros de estudiantes, partidos o fracciones partidarias progresistas, diócesis católicas que habían acogido con entusiasmo el impulso renovador del Concilio Vaticano II, la Iglesia metodista… No había ninguna ley de hierro, obviamente, aunque sí relaciones de implicación tendencial con mayor o menor probabilidad. Esos ámbitos sociales con alto riesgo de radicalización donde la vigilancia y represión se concentraron más, se emplearon a fondo, no eran escasos ni insignificantes. Pero no dejaban de ser minoritarios desde un punto de vista macrosocial.

Nada de todo dicho, sin embargo, alcanzaría a justificar el uso del término “terrorismo de Estado”. No hubo, al fin de cuentas, víctimas civiles elegidas aleatoriamente. La razón por la cual muchos autores –incluyendo el que escribe estas líneas– consideran que es correcto hablar de “terrorismo de Estado” en la Argentina setentista es porque los militares buscaron crear, de forma deliberada y planificada, un clima de terror indiscriminado en toda la población civil, una atmósfera generalizada de alarma y conmoción, un contexto social de pánico o amedrentamiento, no sólo punitivamente (en el caso de las minorías intensas y rebeldes), sino también preventivamente (en el caso de la mayoría silenciosa, conservadora o menos politizada). De ahí las redadas policiales en discotecas para llevarse detenidos al voleo, la hipertrofia de normas y sanciones catonianas en las escuelas en resguardo del “recato” femenino y la “pulcritud” masculina, el hostigamiento a hippies y rockeros de pelo largo en las calles o en los conciertos, la averiguación de antecedentes con parejas fogosas sentadas en bancos de parques o plazas, los maltratos gratuitos de los grupos de tareas a vecinos curiosos o preocupados que se asomaban a la puerta o una ventana cuando se realizaban los allanamientos, y tantos otros abusos que las autoridades dictatoriales no sólo permitían, sino también fomentaban oficiosamente. En esa estrategia de intimidación y amedrentamiento universales, no importaba demasiado la diferencia entre inocentes y culpables, entre impolutos y sospechosos. Toda la sociedad argentina debía ser escarmentada, disciplinada, amansada, en castigo o en disuasión. Las guerrillas, en cambio, nunca tuvieron por objeto crear un clima de terror generalizado en el pueblo por el cual luchaban y daban la vida. Cuando actores políticos no estatales quieren aterrorizar a toda la población civil para lograr ciertos objetivos, lo que hacen es practicar atentados aleatorios. Ni Montoneros, ni ERP, ni ninguna de las otras guerrillas más efímeras o pequeñas de la Argentina sesentista y setentista, fueron terroristas. El contraste con organizaciones como Al Qaeda, Estado Islámico, IRA o ETA no podría ser mayor.

3) Las acciones ilegales y violentas de la insurgencia argentina no fueron delitos comunes, crímenes corrientes. Fueron crímenes muy graves, crímenes de guerra, con carácter imprescriptible. Incluso, en el caso del foco guerrillero de Tucumán, se podría hablar de crímenes de lesa humanidad, también imprescriptibles, aunque de gravedad mayor, pues sus víctimas eran civiles. ¿Cómo las Fuerzas Armadas y de seguridad iban a quedarse de brazos cruzados ante esa barbarie? Y para poder vencer, imponer condiciones, debían responder con la ley del talión, ojo por ojo. En ese marco de “guerra sucia”, los agentes estatales inevitablemente cometieron algunos excesos… Pero esos excesos fueron crímenes de guerra, no de lesa humanidad.

Más mentiras. Jurídicas en este caso, con asistencia de leguleyos venales o ad honorem. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, no puede haber crímenes de guerra en contextos no bélicos de violencia política. Como bien ha explicado el abogado y académico Sebastián Alejandro Rey (UBA/UNPaz) en su artículo para El Cohete a la Luna “Ni negar ni equiparar”, que vale la pena citar en extenso,

“Antes del retorno de la democracia la ‘teoría de los dos demonios’ ya había sido utilizada en la normativa sancionada para llevar adelante el Operativo Independencia. El éxito de esta ‘teoría’ radica en que un sector importante de la población sigue convencido de que entre 1975 y 1976 en Tucumán se produjo un conflicto armado interno no convencional, por lo que tanto los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad como del ERP podrían haber cometido crímenes de guerra.

El art. 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 exige para su aplicación que exista, como mínimo: a) una oposición de grupos armados organizados; b) una cierta intensidad en las hostilidades, lo que implica superar un elevado umbral de violencia; y c) una cierta duración del conflicto, que debe ser prolongado.

De este modo, se puede distinguir un conflicto armado interno de los disturbios internos, las insurrecciones no organizadas o las actividades terroristas, que no están reguladas por el derecho internacional humanitario. (…)

Una virtud de la ‘teoría de los dos demonios’ fue que la población se convenció de que el ERP tenía un poderoso ejército, lo cual ha sido desacreditado por numerosas fuentes (…).

Si se analiza lo ocurrido durante la década de 1970 resulta imposible aplicar el derecho internacional humanitario debido a la debilidad y poca organización de la oposición armada. Más allá de la autopercepción que puedan tener militantes del ERP o de Montoneros sobre sus acciones, para el derecho internacional no es lo mismo una persona que tiene un arma que un combatiente.

La Compañía de Monte ‘Ramón Rosa Jiménez’ realizaba principalmente acciones de propaganda armada. No existen pruebas que permitan sostener que durante el Operativo Independencia se desarrollaron acciones armadas de tal envergadura que puedan caracterizar un conflicto armado. Es más, el conscripto Benito Acosta en el juicio oral por los crímenes durante el Operativo Independencia declaró: ‘No era una guerra, ellos venían, hacían unos tiros y se iban, no era un enfrentamiento’. Los escasos enfrentamientos aislados entre integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad y del ERP podrían ser caracterizados como disturbios internos. (…)

Por lo tanto, debe descartarse de plano la idea de que en Tucumán o en el resto del territorio nacional se vivió un conflicto armado interno, de modo que ni las Fuerzas Armadas y de seguridad, ni el ERP o Montoneros cometieron crímenes de guerra.”

En síntesis, como no hubo nada parecido a una guerra civil en la Argentina setentista (ni siquiera en el monte tucumano), la violencia insurgente y contrainsurgente no pueden ser valuadas al alza –la primera– y a la baja –la segunda– como “crímenes de guerra”.

Pero ¿qué hay de la presunta comisión de delitos de lesa humanidad por parte del ERP en Tucumán, presunta justificación del Operativo Independencia? Otro delirio. Algunos negacionistas, que no han podido demostrar jamás el supuesto “terrorismo” de las organizaciones insurgentes, suben la apuesta como en el truco y cantan vale cuatro, e intentan que se considere ese “terrorismo” guerrillero como “terrorismo de Estado” o “paraestatal” (!). ¿Con qué fundamento? Que el ERP habría tenía control efectivo sobre amplias zonas del territorio tucumano, volviéndose allí una autoridad política de facto con el monopolio de la fuerza. Veamos qué dice al respecto Rey:

“Otro mito que instaló la ‘teoría de los dos demonios’ fue el dominio que tenía el ERP de determinadas zonas de la provincia de Tucumán, factor que hay quienes utilizan para caracterizar como crímenes contra la humanidad los posibles delitos cometidos.

Del Reglamento RC9-1 ‘Operaciones contra elementos subversivos’, de 1975, se desprende con claridad que, para el propio Ejército, el ERP no tenía control de ninguna porción de territorio. A idéntica conclusión arribó la Cámara en el Juicio a las Juntas.

Pero incluso si, a modo de hipótesis, se considerara que tal control pudo haber existido, no hay dudas de que los delitos cometidos por el ERP o Montoneros no formaban parte de un ataque dirigido contra la población civil sino contra las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Es importante advertir que, en el caso argentino, las fuerzas de seguridad [Policía, Gendarmería, etc.] no pueden ser consideradas ‘población civil’, ya que participaron de la represión contra la población civil, como se demostró en cientos de procesos judiciales. Hubo grupos de tareas integrados casi en su totalidad por miembros de la Policía Federal, y centros clandestinos en dependencias policiales.

Además, es imprescindible recordar que, de acuerdo con el derecho internacional vigente en los 70, sólo el Estado u organizaciones que dependían del Estado podían cometer crímenes contra la humanidad. Ello implica que los actos de particulares debían ser dirigidos, organizados o tolerados por el poder político de iure o de facto [para poder ser considerados ‘terrorismo de Estado’. Sería el caso de la Triple A].

Es absurdo pensar que el ERP o Montoneros tenían esa relación con el Estado argentino, por lo que sus integrantes no pudieron cometer crímenes contra la humanidad.

Recién con la adopción de los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales durante la década de 1990 surgió la posibilidad de que el concepto de crimen contra la humanidad abarque como perpetradores a agentes no estatales. Los tribunales argentinos no pueden recurrir al Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado 20 años después de los delitos en cuestión, sin violar notoriamente el principio de legalidad y de irretroactividad de la ley penal.”

Por enésima vez hay que decirlo: no hubo ningún “Vietnam argentino”. La violencia insurgente no cometió “crímenes de guerra”, ni tampoco –menos que menos– “crímenes de lesa humanidad”. Pero sí hubo terrorismo de Estado en Argentina. Sus Fuerzas Armadas, sus aparatos de seguridad y los escuadrones parapoliciales de la Triple A sí cometieron crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles.

4) Terroristas o no, lo cierto es que los guerrilleros eran subversivos. Querían imponer sus ideas extremistas a través de métodos ilegales y violentos, lo cual es repudiable.

El término “subversión” tiene connotaciones siniestras, extremadamente negativas. Especialmente en países como Argentina, donde se lo usó mucho y en los peores sentidos, muy peyorativamente. Pero si nos atenemos a la denotación estricta de esta palabra, tal como figura en el diccionario de la RAE (acción y efecto de subvertir: revolucionar el orden social o alterar el orden público), nadie con ideas radicales de izquierda podría sentir rechazo. Su etimología, de hecho, es bellísima: «subvertir» proviene del latín subvertere, que significa «voltear hacia abajo». ¿Qué otra cosa queremos los socialistas revolucionarios sino subvertir el capitalismo?

Pero volvamos a lo nuestro. ¿Los insurgentes montoneros y perretistas eran “subversivos”? Claramente sí, en la acepción no despectiva del término.

¿Sus ideas eran “extremistas”? Desde un punto de vista burgués de derecha o centro, sin duda eran extremistas, aunque aquí preferimos llamarlos “radicales”, porque querían afrontar y solucionar de raíz los problemas sociales.

¿Querían “imponer sus ideas extremistas a través de métodos ilegales y violentos”? ¿Es eso algo necesariamente “repudiable”? No podemos en este ensayo encarar un debate de largo aliento criticando el capitalismo y defendiendo el socialismo, que este autor quiere comunista y libertario (en la vena del anarquismo de izquierda, el único anarquismo auténtico). Excedería totalmente nuestra finalidad y oportunidad, y no habría ya espacio para tamaña digresión. Tampoco es posible aquí, por idénticas razones, sumergirnos en el profundísimo océano del derecho de rebelión, que incluye la lucha armada. Deberemos contentarnos, pues, con dar por sentada su legitimidad ética y política (profusamente argumentada por infinidad de filósofos desde tiempos antiguos), aunque su legitimidad jurídica sea, desde luego, más difícil de argumentar, aunque no tan imposible (recuérdese, por ejemplo, el tercer considerando de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU).

Baste hoy con señalar lo siguiente: si la política de oposición fuese encorsetada dentro de los límites de la legalidad y la no violencia, ningún proceso social de transformación y emancipación sería posible. No habría habido Revolución Francesa, ni Independencia norteamericana, ni Revolución de Mayo… En todos estos procesos se recurrió al recurso extraordinario de la lucha armada y la ruptura del orden jurídico. Por eso fueron precisamente –verdad de Perogrullo a menudo olvidada– revoluciones. Se dejó de lado la ley y la paz. Se destituyeron las autoridades constituidas, se crearon otras, se derogaron viejas normas y se introdujeron nuevas. Se tomó las armas, se fabricó o compró armamento, se armaron ejércitos, se crearon armadas, se hizo la guerra (exterior o civil). George Washington y San Martín no fueron legalistas ni pacifistas. Asumieron la responsabilidad histórica –tanto política como moral– de la revolución y la guerra como un todo, es decir, el derecho de resistencia a la opresión y el derecho a la lucha armada.

La violencia no es idílica, desde luego. Causa mortandad y sufrimiento. Mucha sangre humana se derrama, incluso de civiles totalmente inocentes. En toda guerra y en toda revolución hay “daños colaterales”, consecuencias no deseadas. Es el duro precio que la historia exige a los procesos transformadores de liberación. No en vano Marx escribió: “La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva”. No se trata de romantizar la violencia, sino de ser realistas. No vivimos en un mundo ideal. Vivimos en un mundo atravesado por enormes injusticias y violencias de todo tipo. Hay circunstancias de extrema explotación u opresión donde la lucha armada por fuera de la ley –a pesar de sus riesgos y costos– se nos presenta no solamente como una legítima necesidad, sino también como un deber ineludible.

Legalistas y pacifistas auténticos, sinceros, coherentes, consecuentes, podrán objetar esto, desde ya. Ese debate, muy respetable e interesante, deberá quedar pendiente para otra ocasión, como ya dijimos.

Pero podemos acordar en lo siguiente: si vamos a polemizar en serio –con rigor y honestidad– acerca de la legitimidad o no de los métodos ilegales y violentos en el ejercicio de la oposición política, no podemos tener un doble rasero. Eso no vale. Es hacer trampa.

Y eso es lo que sucede con Laje, Márquez, Yofre, Villarruel y otros autores negacionistas de la derecha argentina. Sólo condenan la violencia y la ilegalidad en el caso de la izquierda, de la insurgencia. En otros casos, la acciones violentas e ilegales les parecen totalmente aceptables, legítimas. Más que eso: les parecen admirables, épicas, patrióticas, dignas de celebración y emulación… La subversión y la guerra, la violación de leyes y la destitución de autoridades, las expropiaciones y los sabotajes, el fusilamiento de enemigos o traidores, etc., no se los asume como cosas intrínsecamente malas, sino según quiénes son sus autores y cuáles son sus fines. ¿Eso es inválido? No, pero los demás –los que no son de derecha– también tienen derecho a lo mismo. Debatir sobre la violencia política con duplicidad y cinismo no sirve de nada.

¿Montoneros y ERP transgredieron leyes y tomaron las armas para luchar por sus ideas? Sí, nadie lo niega. Pero es ridículo que esa elección política sea objetada por quienes distan mucho de ser legalistas y pacifistas. Peor que eso: son apologetas del golpismo y del terrorismo de Estado, dos formas de ilegalidad y violencia infinitamente mayores y más extremas que la insurgencia guerrillera.

Y que los negacionistas no aleguen, por favor, que el problema estriba en el carácter irregular –guerrillero– de la lucha armada llevada adelante por ERP, Montoneros y otras fuerzas de izquierda. Sería otro ejemplo más de doble vara. ¿Acaso no celebran las hazañas de su prócer nacional don Martín Miguel de Güemes y sus Infernales, sus gauchos milicianos, sus paisanos partisanos? ¿No fue la suya una guerra de guerrillas tan legítima, necesaria y ponderable como la guerra convencional que libraron San Martín y Belgrano con sus ejércitos de línea? Además, en la contrainsurgencia de los años sesenta y setenta, las Fuerzas Armadas argentinas también utilizaron métodos irregulares de combate (lecciones aprendidas de EE.UU. y Francia) sin que el prefijo «contra» habilite a sacar conclusiones fáciles sobre quién tiró la primera piedra: si las organizaciones guerrilleras o los aparatos estatales y paraestatales. De este asunto hablaremos luego.

Por otra parte, desde un punto de vista jurídico y ético, la violencia ilegal del Estado siempre es más grave que la violencia de personas u organizaciones particulares, porque el Estado tiene la misión de garantizar el orden legal y el respeto de los derechos humanos, y cuenta para eso con el monopolio de la fuerza legítima y enormes recursos materiales y humanos. Por lo tanto, su responsabilidad moral y penal es forzosamente mucho mayor.

¿No hay autocrítica para las izquierdas? Puede haberla, y muchos trotskistas mostraron un posible camino: aunque la insurgencia está justificada en muchos contextos, y si bien la Argentina posterior al 55 ofreció sobradas razones al ejercicio del derecho de rebelión (como ya habremos de comprobar), cabe preguntarse por la conveniencia política y legitimidad ética de una lucha armada de cuadros cuando las masas no acompañan con lucha de calles y no se vislumbra en el horizonte una espiral insurreccional. Una guerrilla aislada, que libra un combate desesperado en un escenario de apatía y quietismo del pueblo, se expone a una derrota desastrosa y puede provocar con ella –sin quererlo– una reacción autoritaria y represiva de terribles consecuencias para la sociedad. ¿No fue eso lo que ocurrió entre 1973 y 1976, tras la efímera “primavera camporista”, durante los gobiernos justicialistas de Perón e “Isabelita”? Masacre de Ezeiza, López Rega, Triple A, “decretos de aniquilamiento”, Operativo Independencia, golpe del 76, dictadura del “Proceso de Reorganización Nacional”… Desde un punto de vista táctico y estratégico, político y ético, la lucha armada necesita bastante lucha de clases y bastante lucha de calles. Dicho de otro modo, la insurgencia de izquierda, para no extraviarse en un vanguardismo aventurero y numantino, requiere de un alto grado de movilización, unión, organización y radicalización del proletariado y el pueblo en general. Hubo en Argentina un proceso ascendente de lucha de clases entre fines de los sesenta e inicios de los setenta, con el Cordobazo y otros «azos», no hay duda. Pero esa ola de rebeliones no llegó a Buenos Aires, el gran centro del país (tanto en términos económicos y demográficos, como políticos y culturales). Hacia 1973, cuando el dictador Lanusse llamó a elecciones y ganó Cámpora en representación de Perón, para pronto ser sucedido por éste, aquel ciclo de revueltas obrero-estudiantiles y populares ya estaba en reflujo (el último gran «azo» fue el Mendozazo, en abril del 72). La Argentina peronista de 1973-76 en la cual Montoneros y ERP decidieron proseguir la lucha armada no era la España republicana del 36 ni la Rusia del 17. Era una Argentina que se hundía en la oscuridad lopezreguista. El Villazo, la revuelta proletaria de Villa Constitución (Santa Fe, marzo de 1974) fue una bella y épica excepción, el canto del cisne de la resistencia obrera argentina antes del Rodrigazo (que no fue ninguna pueblada, a pesar del sufijo) y antes de una nueva dictadura inusitadamente represora y desindustrializadora.

Pero claro: hablar con el diario del lunes es muy fácil (ventaja y vicio de los historiadores, pero también su obligación). En las filas montoneras y perretistas no faltaron sospechas ni certezas de que las Fuerzas Armadas preparaban un nuevo golpe de Estado, y que sería peor –más brutal y cruento– que el de 1966. ¿Hubo entonces imprudencia, temeridad, ceguera, irresponsabilidad? Probablemente sí, un poco. Pero también es cierto que no resultaba nada fácil imaginar o predecir que la dictadura por venir sería muchísimo peor que las pasadas. Y es que el golpe del 76 llevó el terrorismo de Estado a otra escala. Fue un salto cuantitativo y cualitativo que no se puede obviar ni minimizar. Muy pocos se dieron cuenta del monstruo que crecía en las entrañas de la Argentina. Toda la verdad sea dicha, pues, a favor de nuestros valientes y abnegados camaradas de la insurgencia. Hombres y mujeres de una generación heroica, llena de energía y utopía, que fue diezmada por la dictadura. Combatientes que cayeron o desaparecieron por sus ideas, o que sobrevivieron al terror. Más allá de aciertos y errores, acuerdos y desacuerdos, merecen nuestro recuerdo y respeto, toda nuestra comprensión y admiración.

5) La insurgencia argentina, en plena Guerra Fría, recibió auxilios diversos de la Cuba socialista aliada a la Unión Soviética, tanto en logística como en entrenamiento. Ese apoyo foráneo e intrusivo de La Habana vuelve a Montoneros y el ERP organizaciones apátridas y antiargentinas, carentes de toda legitimidad política y ética.

Los negacionistas machacan sin cuartel con este argumento. Es una de sus acusaciones favoritas. ¿Qué podemos decir al respecto? Dos cosas. Primero, que si bien es cierto que Cuba asistió a los guerrilleros argentinos, la asistencia fue bastante limitada e indirecta, muy lejos de las fantasías conspiranoicas de la ultraderecha argentina. No hubo en Argentina nada parecido a la aventura del Che y sus cubanos en el Congo o en Bolivia. De modo que mostrar en un mapa, como hace Laje en el spot de 2025, una América Latina repleta de focos guerrilleros «orquestados» desde La Habana, e inferir de esa presunta «epidemia regional castroguevarista» una especie de «brote argentino» totalmente artificial y subordinado, sin arraigo ni autonomía, es un delirio. Sin negar la influencia y la asistencia de Cuba, Montoneros y el ERP son –con aciertos y errores, luces y sombras– guerrillas esencialmente endógenas e independientes en su desarrollo y funcionamiento, no “injertos” ni “tentáculos” de la “subversión internacional”, como se desprende de las investigaciones empíricas de infinidad de historiadores rigurosos.

Algo más hay que decir: ¿la contrainsurgencia argentina fue acaso impolutamente nacional, sin ninguna influencia ni injerencia foráneas? Todos sabemos muy bien que no. La contrainsurgencia argentina estuvo fuertemente influida (en lo ideológico), bendecida (en lo político-diplomático) y asistida (en lo militar y económico) por unos Estados Unidos obsesionados con el «duelo geoestratégico existencial» de la Guerra Fría y la «mosca en la sopa hemisférica» de la Revolución Cubana. No es necesario volver a relatar cosas tan sabidas como la Doctrina de Seguridad Nacional, la Escuela de las Américas en el Canal de Panamá o el Plan Cóndor… De hecho, si comparamos, la ayuda cubana a la insurgencia argentina fue infinitamente inferior a la ayuda estadounidense a la contrainsurgencia argentina. Pura correlación de fuerzas: ¿cómo podría haber rivalizado la pequeña Cuba insular con la mayor potencia continental y mundial?

Además, ¿dónde están la verdadera traición a la patria y la mayor amenaza a la soberanía nacional? ¿En unas guerrillas que, comprometidas con la liberación nacional y social, aceptaron el auxilio de un modesto país caribeño en vías de desarrollo, incapaz de proyectarse hegemónicamente hasta el Cono Sur? ¿O en unas Fuerzas Armadas cipayas que aceptaron la ayuda –condicionada y tutelada– de una superpotencia imperialista con un largo historial de injerencias políticas, presiones económicas e intervenciones militares en toda América Latina, incluyendo la propia Argentina? El doble estándar con que los negacionistas evalúan toda esta cuestión es execrable. No perdamos más tiempo con él.

6) No fueron las Fuerzas Armadas y de seguridad, sino, principalmente, las guerrillas de izquierda (aunque la Triple A peronista también echó leña al fuego después), las que prendieron la hoguera que habría de devorar la paz social, las que iniciaron la espiral de violencia política en la Argentina. Como indica la palabra “contrainsurgencia”, antes de la represión ilegal del Estado se desarrolló un fenómeno de insurgencia en la sociedad civil. La contrainsurgencia vino luego, en respuesta a ese desafío. Había que defender la nación de la ofensiva terrorista de Montoneros y ERP.

La guerrilla argentina no nació de un repollo. Se desarrolló en un contexto político autoritario y represivo, bajo dictaduras militares o democracias a medias –tuteladas y restringidas– donde las libertades públicas, los derechos humanos y los beneficios laborales o sociales adquiridos no eran respetados, o estaban en peligro. Desde la caída y exilio de Perón en 1955 como consecuencia de la “Revolución Libertadora” (tercer golpe pretoriano del siglo XX argentino, al cual los peronistas apodaron con picardía, pero sin exageración, “Revolución Fusiladora”) hasta el ocaso del régimen castrense de la “Revolución Argentina” en 1973, el país vivió dieciocho años de inestabilidad política durante los cuales, más allá del péndulo entre república y dictadura, el peronismo (el partido mayoritario a nivel nacional, con el cual se identificaba fervientemente el grueso de la clase trabajadora y sus sindicatos) estuvo proscripto. El radical Frondizi (UCRI) ganó las elecciones del 58 con los votos «prestados» de un PJ prohibido. Otro radical, Illia (UCR del Pueblo), quien no obtuvo esa transferencia de sufragios en los comicios del 63, salió vencedor con apenas el 32 por ciento. Entre 1955-58 y 1966-73 hubo dictadura militar, de modo que la proscripción del peronismo –como dirían los abogados– devino abstracta.

No fueron las fuerzas de izquierda, ni las masas populares trabajadoras organizadas en sindicatos (tozudamente leales a su líder desterrado Perón), las que iniciaron el largo y cruento ciclo de violencia política en la Argentina contemporánea que llegó a su cima de horror en 1976. Lo inició la derecha anticomunista y gorila, fiel representante de los intereses y valores de la clase dominante. Una derecha que no sólo sentía fobia hacia el maximalismo revolucionario socialista de países como la URSS y China (luego también Cuba), donde capitalistas y terratenientes habían sido expropiados, sino también hacia el reformismo «welfareano» populista del primer peronismo (1946-55), donde los cambios operados no pasaron de una industrialización sustitutiva de importaciones con ampliación del mercado interno, un incremento de la presión impositiva a la riqueza, cierta redistribución progresiva del ingreso y el reconocimiento de derechos de segunda generación (laborales, previsionales, sanitarios y otros), con un Estado de tipo keynesiano que asumió funciones regulatorias y empresariales en su política económica, al mismo tiempo que un rol mediador y conciliador en los conflictos obrero-patronales (pero todo ello dentro de los «sacrosantos» límites del capitalismo, puesto que la propiedad privada y el mercado mantuvieron plena vigencia, incluyendo la acumulación y competencia de capitales).

Definir con precisión cronológica los parteaguas de la historia siempre es difícil y arbitrario, más si hablamos de un fenómeno tan complejo como la génesis del terrorismo de Estado en Argentina. Pero ninguna otra fecha parece más apropiada que el 16 de junio de 1955, casi en vísperas de la “Revolución Libertadora”. Ese día ocurrió una de las peores tragedias del pasado nacional: la masacre de Plaza de Mayo. Fue perpetrada por la Armada, uno de los sectores más extremistas y violentos del antiperonismo, como parte de un intento fallido de golpe de Estado. Una escuadra de la Aviación Naval bombardeó y ametralló la Casa Rosada y sus alrededores de forma masiva e indiscriminada, dejando un saldo espeluznante de más de 300 muertos y 800 heridos, casi todos civiles (el ataque fue realizado un jueves al mediodía, hora pico, dentro del área más céntrica y concurrida de la Capital Federal, una zona repleta de bancos y oficinas). No fueron pocos los cadáveres que resultaron imposibles de identificar, razón por la cual, todavía hoy, nadie sabe bien cuánta gente pereció (la cifra de 300 es un piso, no un techo). Entre las víctimas de la matanza, hay que contar a muchos niños, pues una de las bombas impactó en un transporte escolar lleno de niños que estaban de excusión, pibes y pibas de sólo seis años. Muchos de los aviones tenían pintado el símbolo Cristo Vence (una cruz dentro de una «V»), pues la Iglesia, tras varios años de alianza con Perón, se había enemistado con él y vuelto un vórtice de intensa confluencia conspirativa para los gorilas.

Con el bombardero de Plaza de Mayo, con esa multitud de civiles inocentes impunemente asesinados a mansalva –de forma totalmente deliberada pero aleatoria– para crear un clima generalizado de conmoción y pavor en la sociedad, «debutó a lo grande» el terrorismo de Estado en la Argentina contemporánea. Y esa misma jornada nació también el contraterrorismo popular: varios edificios de la Iglesia católica (templos, conventos, la Curia, etc.) fueron quemados esa misma tarde por masas obreras espontáneamente movilizadas con hambre de acción directa, mayormente en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los episodios más significativos de anticlericalismo e iconoclastia del Río de la Plata.

Tres meses después, se produjo un nuevo y cruento golpe de Estado, esta vez exitoso: la ya citada “Revolución Libertadora” (los militares proclamaron que venían a «libertar» la Argentina de la “tiranía fascista” implantando una dictadura en toda regla). Más de 150 personas perdieron la vida en los enfrentamientos. El general Aramburu llevó adelante una política drástica de desperonización: el Partido Justicialista fue prohibido, los dirigentes políticos y gremiales peronistas quedaron encarcelados o cesanteados, la Constitución del 49 resultó derogada (se restableció la vieja Constitución liberal de 1853), los símbolos peronistas fueron prohibidos… Se llegó al extremo de considerar delito toda mención escrita u oral a los nombres de Perón y Evita, igual que la exhibición de imágenes con sus figuras. La Revolución Libertadora se prolongó durante más de dos años y medio, hasta el 1° de mayo de 1958. Fue una dictadura muy revanchista, autoritaria y represiva. Clausuró el Congreso, destituyó a la Corte Suprema y a muchos otros jueces, intervino las provincias y municipalidades, proscribió al peronismo, censuró a la prensa, intervino los sindicatos y las universidades… Un gran número de militantes peronistas –y también comunistas– fueron perseguidos, encarcelados, torturados, ejecutados… A nivel económico, el Plan Prebisch resultó ser muy antipopular. Al mismo tiempo que se devaluaba el peso y se desregulaban los precios, los salarios quedaron congelados. La inflación afectó con fuerza a los trabajadores, en un contexto muy complicado para la lucha sindical: ausencia de paritarias, eliminación de derechos laborales, CGT intervenida, sindicalistas presos, delegados de fábrica despedidos, derechos de huelga y manifestación restringidos, etc. Hubo también medidas de ajuste fiscal, recortes al presupuesto público, que agravaron el deterioro en la calidad de vida del pueblo. Con bajos niveles de exportación y reservas, Argentina vio crecer su deuda externa. El país se incorporó al Fondo Monetario Internacional.

En medio de la “Revolución Libertadora”, un 9 de junio de 1956, se produjo otra matanza: los fusilamientos de León Suárez, en la zona norte del Conurbano bonaerense. Las víctimas eran civiles. Se trató de una masacre clandestina, totalmente ilegal. Otro episodio más de terrorismo de Estado, que fue reconstruido por el periodista y escritor Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre (1957), un clásico de la narrativa argentina.

En este contexto tan autoritario y represivo, donde los obreros peronistas iniciaron acciones de resistencia en fábricas y barriadas, emergió en el Interior profundo, en la provincia norteña de Santiago del Estado, la primera guerrilla argentina del siglo XX: Uturuncos, una organización peronista de izquierda. Nótese el detalle de que Uturuncos surgió de modo totalmente endógeno, cuando la Revolución Cubana todavía no había triunfado ni logrado proyección internacional, y cuando el Viet Cong aún no era muy conocido mundialmente.

No podemos aquí hacer una genealogía exhaustiva de la guerrilla argentina. Lo importante es saber que, desde un punto de vista no sólo temporal o cronológico, sino también etiológico o causal, la insurgencia de izquierda surge con posterioridad y en reacción a la violencia represiva del Estado, principalmente pero no solamente dictatorial. Una violencia represiva donde el terrorismo de Estado fue desarrollándose gradualmente desde 1955, hasta alcanzar su cenit en 1976.

En este proceso, resulta clave la etapa dictatorial de la “Revolución Argentina”, que empieza con el Onganiato de 1966-70. Bajo este nuevo régimen pretoriano, que elevó los niveles históricos de represión y terrorismo estatales en Argentina contra un telón de fondo mundial muy efervescente (la radicalización de la juventud, el Che Guevara, la guerra de Vietnam, el Mayo Francés, la Primavera de Praga, etc.), y que supuso un nuevo empeoramiento de las condiciones económico-sociales para el pueblo (detonante, a su vez, de un gran ciclo de rebeliones populares entre 1969 y 1972, la más importante de las cuales fue el Cordobazo), aparecieron varias formaciones guerrilleras de izquierda con un perfil mayormente urbano: las FAR (1967-73), el FAL (1967-73), Descamisados (1968-72), las FAP (1968-79) y, por último, las dos guerrillas que se volverían preponderantes: Montoneros (1970-83) y el ERP (1970-76). Este vigoroso florecimiento de la violencia desde abajo en la Argentina de los sesenta y setenta (tanto en la forma de revueltas populares como de organizaciones insurgentes: lucha callejera y lucha armada) difícilmente hubiese ocurrido sin el acicate de la violencia desde arriba: una dictadura represiva al servicio del gran capital, totalmente alineada con Washington y consustanciada con la Doctrina de Seguridad Nacional, muy preocupada y ocupada en entrenar y pertrechar a sus Fuerzas Armadas y de seguridad para la contrainsurgencia o “guerra sucia”, según el modelo yanqui de la Escuela de las Américas en Panamá y según el modelo francés aplicado en Indochina y Argelia (desapariciones forzadas, torturas y otras tácticas clandestinas).

Como se ve, la palabra “contrainsurgencia” es capciosa, por su prefijo. Invierte la cronología, la explicación y la responsabilidad del proceso de violencia política en la Argentina que va de los cincuenta a los setenta. El autoritarismo, la proscripción política del peronismo, el golpismo militar, la criminalización de la huelga y la protesta, la represión legal e ilegal de los sindicatos y las izquierdas, las masacres, el terrorismo de Estado in crescendo, las torturas y los desaparecidos, no fueron una respuesta ex post a la guerrilla. La precedieron, causaron y justificaron. Fueron el gran factor histórico que determinó –y legitimó– su nacimiento y desarrollo. También serían luego, inexorablemente, la causa de su declive y disolución.

En el spot del 24 de marzo de 2025, Agustín Laje le reclama a la sociedad argentina que no se olvide de la violencia política que hubo entre 1973 y 1976, antes de la dictadura del Proceso, bajo gobiernos peronistas popularmente elegidos. Laje tiene razón, siempre y cuando esa retrospección histórica no excluya el terrorismo de Estado (en gran medida parapolicial, pero no solo parapolicial) ni todo lo que aconteció entre 1955 y 1973, que fue mucho y grave, e incalculablemente decisivo, desde el bombardeo de Plaza de Mayo y los fusilamientos de José León Suárez, ya referidos, hasta la masacre de Trelew en agosto de 1972, cuando el Tte. Gral. Lanusse fungía de tirano con charreteras y donde diecinueve presos políticos indefensos –no los hemos olvidado, jamás olvidaremos a nuestros mártires– fueron ametrallados a quemarropa por un pelotón de marinos y, en algunos casos, ultimados con armas cortas en la Base Aeronaval Almirante Zar de Chubut, tras la fuga del Penal de Rawson (que para otros compañeros, la mayoría, afortunadamente terminó bien). Aquella fue una matanza totalmente ilegal, pero no clandestina: el Estado la asumió oficial y públicamente, aunque con absoluta impunidad.

Una memoria colectiva que arranca tardíamente –in media res, cual rayo en un cielo sereno– con la vuelta de Perón, pero a la que no le parece relevante dieciocho años de proscripción del partido más popular, ni tres golpes de Estado (1955, 1962 y 1966), ni tampoco dos dictaduras sangrientas (1955-58 y 1966-73) que sentaron las bases del terrorismo de Estado en Argentina, no parece ser una “memoria completa” en su descripción, explicación y valoración del pasado. No al menos si esa memoria declara tener como objetivo conocer y comprender el proceso de violencia política que condujo en espiral al golpe del 76, para –aducen los negacionistas sin convicción, parafrasean con cinismo– nunca más repetirlo. ¿Quién puede creer en un llamado a la reconciliación nacional de personajes como Agustín Laje Arrigoni?

7) Por conveniencia y con hipocresía, los kirchneristas «olvidan» que la represión ilegal no empezó en 1976 con la dictadura militar, sino durante los gobiernos constitucionales justicialistas de 1973-76, con el accionar no estatal de la Triple A, la derecha peronista enfrentada a muerte a la izquierda peronista y la izquierda marxista (siendo estas últimas las que arrojaron la primera piedra).

Es cierto que el relato sobre los setenta ofrecido por el kirchnerismo ha tendido a desentenderse de aquellos años tan oscuros y embarazosos en que el PJ volvió a ser gobierno; o que, en el mejor de los casos, ha procurado exculpar o minimizar la responsabilidad de Perón respecto a la creación y actuación de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), alegando que ya era un hombre muy mayor y enfermo, y que su secretario privado devenido ministro de Bienestar Social, José “el Brujo” López Rega, mandaba en las sombras con total independencia de una autoridad presidencial que ignoraba ese modus operandi; autoridad que primero detentó el caudillo y luego –tras su muerte en 1974– su tercera esposa, María Estela Martínez de Perón. La llamada “teoría del cerco” (un Perón todavía bueno, pero ignaro y manipulado por un entorno cada vez más derechizado), tan difundida entre los peronistas de la Tendencia Revolucionaria, y reciclada en el siglo XXI por los kirchneristas (muchos de ellos con pasado montonero o en la JP), es demasiado rebuscada, vaporosa e inocente. Está llena de inconsistencias y peticiones de principio, y ha sido objeto de una crítica histórica demoledora, que aquí no podemos desandar. Tampoco podemos hacer aquí un repaso del frondoso accionar criminal de la Triple A y sus violaciones masivas de derechos humanos (miles de amenazas de muerte, atentados con bombas, numerosos secuestros, torturas y centenares de asesinatos), un capítulo fundamental en la evolución del terrorismo de Estado en Argentina.

Nos importa al menos señalar que es totalmente incorrecto afirmar que la Triple A era una organización no estatal. Era una organización parapolicial apadrinada oficiosamente y en secreto por el gobierno, las Fuerzas Armadas y los aparatos de seguridad. Como tal, debe ser considerada paraestatal y, por ende, su ejercicio de la violencia política –causante de tantos delitos de lesa humanidad– constituye terrorismo de Estado. Pero con un matiz: su accionar no era clandestino, sino público, estruendosa y deliberadamente público. No sólo dejaban tirados en cualquier parte los cadáveres de quienes mataban, a los efectos de que fuesen rápidamente encontrados, sino que también reivindicaban con aspavientos todos sus atentados y asesinatos. Esa era la táctica de sus escuadrones de la muerte, integrados por policías y militares retirados, sicarios o patoteros de la burocracia sindical y militantes nacionalistas de extrema derecha. Una táctica que se enmarcaba obviamente en la naturaleza paraestatal y oficiosa de la organización, y que contrasta con la clandestinidad o el secretismo de los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas y de seguridad durante la dictadura del Proceso.

Por lo demás, el denominado “tercer peronismo” no se limitó a patrocinar en sordina los escuadrones de la muerte de la AAA. Su contribución a la escalada represiva y al desarrollo del terrorismo de Estado en la Argentina setentista fue mayor y más diversa. Al respecto, conviene citar al historiador Pablo Scatizza, gran conocedor de esta temática:

“El papel que jugaron [las Fuerzas Armadas y de seguridad en el aparato represivo de los 70] fue fundamental, sin duda. Y no solo a partir del 76 –cuando parece obvio, dado que son las protagonistas principales de la última dictadura– sino también en años previos, incluso durante el tercer peronismo. (…)

Actualmente son numerosos los trabajos historiográficos que dan cuenta, desde distintas perspectivas teóricas y escalas de análisis, que la represión desplegada durante la última dictadura militar no comenzó el 24 de marzo de 1976, y que dan cuenta de la existencia de prácticas represivas propias del terrorismo de Estado ya en los años previos al golpe, tanto por el accionar de fuerzas paraestatales y de la derecha peronista, como por la aplicación de leyes específicas que habilitaron a las fuerzas «legales» (léase: Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad) a perseguir y reprimir toda actividad considerada ‘subversiva’. En este sentido, sin dejar de tener presentes las especificidades propias que caracterizaron a las dinámicas represivas antes y después de aquella fecha, son claros los elementos que habilitan a pensar a toda la década en términos de continuidad en materia de persecución política de opositores al statu quo vigente. Y quisiera ser más preciso al respecto: cuando hablo de continuidad entre la dictadura y los años previos, me refiero especialmente a las cuestiones de fondo –más bien sustanciales– que constituyeron la dinámica represiva, más que a aquellas cuestiones de forma que, si bien también compartieron, presenta características propias. Me refiero con aquellas a los fundamentos ideológicos, políticos y económicos que subyacieron en la violencia desplegada por el Estado, al tipo de enemigo a combatir que se propusieron y al modelo de sociedad al que aspiraban. Asimismo, y en lo que respecta a la instrumentalización de la represión, en todo el período hubo secuestro de personas, aplicación de tormentos, asesinatos e incluso desapariciones. Continuidades que se evidencian a lo largo de todo el período en cuestión.

Sin embargo, (…) en esos tres años de gobierno constitucional el accionar represivo, su puesta en práctica, tuvo características distintas respecto al gobierno de facto que lo sucedió. En primer lugar, por el tipo de acciones que llevaron a cabo la Triple A y otros grupos paraestatales o parapoliciales, como la CNU, el Comando Libertadores de América en Córdoba o el Comando Moralizador Pío XII en Mendoza. Incluso, podríamos poner en este grupo a miembros de la derecha peronista que actuaron obedeciendo la orden de depurar internamente al peronismo de la ‘infiltración marxista’, tal como pregonaba el Documento reservado dado a conocer por el Consejo Nacional Peronista en octubre de 1973, días después del asesinato de Rucci. En general, estas eran públicas y ostentosas, tanto cuando daban a conocer las amenazas de muerte y difundían sus ‘listas negras’ con los nombres de sus objetivos, como cuando acarreaban atentados contra dirigentes políticos acribillándolos a balazos o bien colocando una bomba en su automóvil, dejando cadáveres calcinados en las calles y autos incendiados. La clandestinidad como naturaleza de la violencia política estatal recién con la dictadura se convertiría en el eje vertebrador de la represión, no antes. Una particularidad que le daría forma al dispositivo que por antonomasia caracterizó a la última dictadura: el centro clandestino de detención, y a la desaparición sistemática de personas como principio rector.

Por otro lado, hubo en estos años de gobierno constitucional un conjunto de leyes que avalaron el despliegue represivo de las fuerzas policiales y de seguridad, así como la persecución y detención de dirigentes y militantes políticos. La más emblemática de ellas fue la ley 20840 ‘de actividades subversivas’, sancionada en septiembre de 1974, a través de la cual miles de personas fueron detenidas en todo el país. Asimismo, no nos olvidemos de que en noviembre de ese año fue declarado el estado de sitio –que se mantendrá en vigencia hasta el fin de la dictadura–, ni de los ‘decretos de aniquilamiento’ sancionados en octubre de 1975, que habilitaron a las Fuerzas Armadas a intervenir en materia de Seguridad Interna con el objetivo de ‘aniquilar el accionar subversivo’, disponiendo para ello que todas las fuerzas policiales y de seguridad pasen a estar bajo control de aquellas [tal como sucedió con el Operativo Independencia en Tucumán durante 1975].”

Dicho todo esto, aclaremos dos cosas. Primero, la crítica al peronismo por su etapa setentista en el poder puede poner en apuros al kirchnerismo, si este no hace una autocrítica a fondo en su política de la memoria, pero de ningún modo compromete a las izquierdas revolucionarias marxistas y anarquistas que nunca reivindicaron los gobiernos justicialistas de Perón e “Isabelita”, ni entonces ni ahora. Segundo, la Triple A tuvo frondosos vínculos con las Fuerzas Armadas y de seguridad, más allá de sus nexos con el gobierno peronista, la burocracia sindical y el nacionalismo de ultraderecha. Y tercero, la espiral de violencia paraestatal, no estatal y estatal durante el trienio anterior a la dictadura procesista –y antes del 73, no lo olvidemos– no justifica para nada la generalización, sistematización e intensificación del terrorismo de Estado a partir de marzo de 1976.

Las cuentas claras no siempre conservan la amistad, ni en lo personal ni en lo político. Pero al menos sirven para conservar la verdad, si es cierto –como tanto pontifican Laje, Yofre, Márquez y Villarruel– que se la quiere “completa”, es decir, no mutilada a hachazos en el lecho de Procusto. Una realidad ajustada al preconcepto no es verdad, aunque sí propaganda.

Concluimos este apartado con un dato estadístico muy revelador: el 94% de las desapariciones forzadas entre 1966 y 1983 se produjeron bajo la última dictadura. Las hubo también antes y después, por supuesto, pero es muy evidente que la sistematización y masificación de esa práctica de terrorismo de Estado ocurrió bajo el “Proceso de Reorganización Nacional”, no bajo el tercer peronismo ni la “Revolución Argentina”, donde todavía era incipiente. Y si bien es cierto que en 1975 se registró un aumento considerable de las desapariciones forzadas, este aumento se explica centralmente por la contrainsurgencia estatal de las Fuerzas Armadas y de seguridad al amparo de los decretos de aniquilamiento de “Isabelita”, no por el accionar paraestatal de la Triple A, cuyos escuadrones preferían –por lo general– asesinar de forma directa y pública, sin secuestros ni cautiverios clandestinos.

8) No fueron 30.000 desaparecidos. Esa cifra está muy inflada, no sólo por razones ideológicas sino también a causa del “curro de los derechos humanos”. Es un invento para demonizar a las Fuerzas Armadas y victimizar a los guerrilleros. La cifra que vale es la de la Conadep, 8.961 desaparecidos, posteriormente rebajada por el RUVTE a 7.018, o sea, en más del 20% (dato que el kirchnerismo prefiere soslayar).

Ante todo, debe tenerse en cuenta que es el Estado, no las víctimas ni sus familiares, ni tampoco las organizaciones de derechos humanos, quien tiene la responsabilidad legal y política determinar con exactitud cuántos desaparecidos hubo –y hay– en el país. De acuerdo a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que emitió un fallo al respecto en 2018, hasta ahora el Estado –básicamente las Fuerzas Armadas, pero no solo ellas– ha tendido a negar o entorpecer el acceso a esa información, suministrándola a cuentagotas de modo discrecional o desentendiéndose de su debida preservación y actualización. Reclamarles a las víctimas y sus familiares, o a los activistas de derechos humanos, que den precisiones sobre algo que desconocen y que no es su quehacer ni deber averiguar (no fueron ellos quienes causaron las desapariciones), es algo canallesco.

La cifra, que nació en circunstancias muy adversas de persecución y censura, bajo el imperio del terror dictatorial, no es ni puede ser exacta. Se trata de una estimación. No está cerrada, no es definitiva. Está en proceso, continúa en elaboración. Depende de las investigaciones y hallazgos que se puedan hacer en el futuro, aunque está claro que, cuanto más tiempo pase, más difícil se volverá ese avance de la verdad histórica tan necesario.

Podríamos acotar también, no con ánimo de polemizar sino de seguir pensando la cuestión, que la memoria-antídoto contra el terrorismo de Estado no siempre ha tenido un rigor intelectual –descriptivo, comprensivo, crítico– tan alto como la pasión militante que merecidamente suscita la defensa de los derechos humanos. Eso pasa no solamente con el kirchnerismo, sino también con la izquierda de la que formo parte. Dicha falta de rigor intelectual, los flancos informativos y analíticos que ha dejado al descubierto, la propensión creciente a fetichizar y dogmatizar la cifra de 30.000 sin querer entender para sí –ni explicar a la sociedad– las complejidades y los matices que encierra el número (por ejemplo, la alta proporción de desaparecidos que sobrevivieron de distintas formas), han sido hábilmente explotados por la derecha negacionista para montar un muñeco de paja. Pero existe un camino alternativo y superador: compromiso activista sin renunciar a la ciencia crítica. Deberíamos seguirlo, para que los Laje, los Márquez, los Yofre y las Villarruel no hagan su agosto con Milei.

No hemos dicho todo, sin embargo. ¿Cómo se llegó a la cifra estimativa de 30.000 desaparecidos? Nadie ha investigado más y mejor esta y otras cuestiones conexas –que podemos englobar, grosso modo, como la temática del terrorismo de Estado y las desapariciones forzadas en la Argentina del Proceso, y la memoria colectiva sobre los setenta– que el sociólogo Emilio Crenzel, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigador del Conicet, autor de libros iluminadores como La historia política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en la Argentina (2024) y Pensar los 30.000. Qué sabíamos sobre los desaparecidos durante la dictadura y qué ignoramos todavía (2025), ambos editados en Buenos Aires por siglo XXI. Son libros muy recientes y, por consiguiente, muy actualizados. También muy oportunos, pues han salido a la luz en medio de una coyuntura (el gobierno de Milei y su “batalla cultural”) donde los vientos negacionistas arrecian como nunca desde que recuperamos la democracia, con el agravante de que soplan no solo desde las tribunas mediáticas de la derecha, sino desde el propio corazón del Estado. En sus libros, igual que en sus artículos, Crenzel revela poseer una gran exhaustividad heurística, perspicacia hermenéutica, vuelo teórico y mesura crítica, amén de claridad expositiva y profundidad reflexiva. Aquí citaremos bastante su última obra, que indudablemente ha marcado un antes y un después en la historiografía acerca de las desapariciones forzadas en la Argentina setentista. Pensar los 30.000 se basa en un relevamiento colosal de fuentes primarias (tanto documentales como orales) y secundarias (libros, monografías, etc.), e incluye un riquísimo repertorio de agudos análisis y hondas interpretaciones. Cualquier comparación entre la sofisticada producción intelectual de Crenzel y los rudimentarios libelos de Laje, Márquez, Villarruel y Yofre arroja como resultado un contraste de proporciones astronómicas: el Sol versus algunos meteoritos.

En la introducción de Pensar los 30.000, Crenzel hace notar que, durante la dictadura, los denunciantes (familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos) tenían un “conocimiento disímil” sobre “la magnitud de las desapariciones”, y que, “para contabilizarlas”, adoptaron “diferentes estrategias”, agrupables en dos tipos: las “basadas en estimaciones” y las que tenían como fundamento “la acumulación de denuncias”. A largo plazo, “en ese proceso, prevaleció la cifra de 30.000 desaparecidos”. Desde 1983, “tras el retorno de la democracia”, hubo “iniciativas estatales” a fin de “elaborar la cifra de desaparecidos”, aunque se hizo evidente “la debilidad del Estado para establecerla en la escena pública”. El autor plantea la necesidad de “distinguir entre quienes continúan desaparecidos y quienes, habiendo estado detenidos en los centros clandestinos, sobrevivieron”, razón por la cual “la cifra 30.000 no es azarosa, ya que incluye a quienes estuvieron en condición de detenidos-desaparecidos, hayan o no sobrevivido”. Como se empieza a vislumbrar con esta advertencia preliminar de Crenzel, todo es mucho más complejo y matizado de lo que pontifica la derecha negacionista, que se maneja en el debate como un elefante en un bazar. Paciencia y sutileza es lo que se necesita para dilucidar la cuestión que aquí nos ocupa.

Crenzel le dedica un capítulo entero de Pensar los 30.000, el tercero, a la cuestión de la cifra de desaparecidos. Se titula “¿Cuántos son?” y abarca más de treinta páginas (117-153). Los datos y las citas que siguen, proceden de ese capítulo.

Contrariamente a lo que cacarean los autores negacionistas en sus libros y el gobierno mileísta en sus spots conmemorativos del 24 de marzo (donde el testimonio de Labraña es el gran caballito de batalla), la estimación de 30.000 apareció muy tempranamente, en 1976, antes del golpe, como una predicción. En una carta al intelectual cubano Roberto Fernández Retamar, fechada el 2 de enero de ese año, el escritor Haroldo Conti, integrante del PRT (quien tenía un amigo militar a través del cual obtenía información confidencial sobre las Fuerzas Armadas), le revela al entonces director de la revista Casa de las Américas que “se espera un golpe sangriento para marzo. Inclusive los servicios de inteligencia calculan una cuota de 30.000 muertos”, y agrega: “Eso coincide con las apreciaciones de nuestros compañeros, que evalúan la situación constantemente”. No está claro, admite Crenzel, “que este sea el origen de la cifra que luego enarboló como símbolo el movimiento de derechos humanos”, pero es posible. No se trata solo de la carta de Conti (quien fue secuestrado poco después y aún sigue desaparecido), sino de una versión que, al parecer, circulaba en secreto tanto entre militares como perretistas. De todos modos, nótese que Conti hablaba de muertos, no de desaparecidos.

Y aquí ya nos topamos con un problema clave: las imprecisiones no sólo numéricas, sino también categoriales. ¿Qué se entiende exactamente por “desaparecidos”? ¿Quiénes están incluidos y quiénes no en esa categoría? Las fuentes manejaban distintos criterios, e incluso una misma fuente podía oscilar en el sentido que le asignaba al significante “desaparición”. La polisemia y la confusión eran habituales. Todavía hoy, de hecho, sigue habiendo ambigüedades y malentendidos.

En otras fuentes guerrilleras de 1976 las estimaciones eran similares o no mucho más bajas a la de Conti, y quizás hasta más altas. Por ejemplo, en julio, Santucho denunciaba 16.000 detenidos en el sistema penitenciario formal, casi todos torturados; y centenares o miles de secuestrados en centros clandestinos, muchos de ellos asesinados después de padecer brutales tormentos. Hacia octubre, la agencia Ancla (Montoneros) calculaba no menos de 15.000 detenidos «en blanco» (a disposición del Poder Ejecutivo) e innumerables asesinados y desaparecidos. En noviembre, El Combatiente (PRT-ERP) denunciaba 25.000 presos políticos y miles de asesinados o desaparecidos. Hacia diciembre, Cadena informativa (Montoneros) estimaba unos 5.000 desaparecidos y 5.000 presos, y unas 800 presentaciones de hábeas corpus por mes. En marzo del 77, al cumplirse un año del golpe que hizo de los crímenes de lesa humanidad una política de Estado, Rodolfo Walsh, en su célebre Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, habló de “quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos” (29.000 víctimas en total), amén de “decenas de miles de desterrados”, guarismos que resumió como “la cifra desnuda de este terror”.

Amnistía Internacional, también para el primer aniversario del golpe, ya contaba el número de desaparecidos por millares. Señalaba que, según sus fuentes, la cifra oscilaba entre 3.000 y 30.000, pero que la mayoría de ellas conjeturaba 15.000. El PCR, por su parte, suponía hacia noviembre del 76 que había de “25 a 30.000 detenidos”, muchos de ellos clandestinamente en “verdaderos campos de concentración”.

Coexistían, pues, estimaciones dispares e imprecisas, como consecuencia de la extrema opacidad informativa reinante y la provisionalidad que imponía un terrorismo de Estado in fieri. Pero resulta evidente que la cifra de 30.000, sin ser aún la dominante, empezó a circular muy tempranamente, desde 1976, incluso antes del golpe. En septiembre de ese año, cuando Gustavo Roca pudo acceder a una audiencia con el Congreso de EE.UU., afirmó que los desaparecidos no eran menos de 30 mil. Y en febrero del 77, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Rodolfo Mattarollo dijo que la cifra debía rondar entre 20 y 30 mil.

Por lo demás, debe tenerse en cuenta que también se manejaban guarismos desagregados, los cuales, sumados, daban a menudo 30.000 o un total parecido. Ejemplo: la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), en su recordado informe Argentina. Proceso al genocidio (hecho desde el exilio, para el primer aniversario del golpe), denunciaba 20.000 desaparecidos y 10.000 presos. A veces, la totalización era bastante superior a 30.000. Tal es el caso, entre otros, del Comité Venezolano de Solidaridad con el Pueblo Argentino, que contabilizó, al margen de 25.000 desaparecidos y 4.000 muertos, unos 20.000 “presos políticos y/o sociales”; o de COSOFAM Barcelona (un grupo de exiliados argentinos), que difundió un afiche donde se leía “20.000 presos polítics, 15.000 desapareguts, 5.000 morts”.

Ahora bien: con el paso del tiempo, esta estrategia de cuantificación rápida basada en estimaciones, en cifras totales y redondas, improvisada al calor de una urgencia desesperada y en pos de hacer denuncia política, empezó a convivir con otra estrategia más lenta pero rigurosa, de números precisos –aunque forzosamente muy parciales– capaz de dar sustento a una judicialización del reclamo. Un método de cómputo fundado en el registro formal de denuncias concretas, documentando y sistematizando testimonios, que obviamente no pretendía –ni de hecho suponía– invalidar o reemplazar la estrategia estimativa. La APDH fue la organización de derechos humanos que inauguró el nuevo método, solicitando a los familiares de desaparecidos que llenaran un formulario y presentaran copia del hábeas corpus con contestación del juzgado interviniente. Se registraron pronto centenares de denuncias, que con el tiempo se contaron por miles. Ese camino fue seguido también, más tarde, por otras instituciones, como el MEDH y Clamor.

Pero volviendo a las estimaciones, las altas cifras que barajaban los organismos de derechos humanos, las fuerzas de izquierda y los grupos de exiliados coincidían con informaciones de servicios de inteligencia extranjeros que saldrían a la luz más tarde. En julio de 1978, la DINA chilena recibió de un agente, Enrique Arancibia Clavel, el dato reservado –obtenido del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino– de que lo muertos y desaparecidos eran 22 mil. Ese mismo año, en otro documento desclasificado mucho tiempo después perteneciente a la Embajada de EE.UU. (cuya fuente era el Vaticano), se estimaba que los desaparecidos ascendían a 15 mil, cifra que, se puede presumir razonablemente, no incluía asesinados o, cuando menos, presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo. Nótese que ambos informes datan de 1978, cuando todavía restaban cinco años de dictadura (aunque el pico de la represión ya había pasado).

Para cuando volvió la democracia a fines del 83, la cifra estimativa de 30.000 ya se había vuelto canónica. Por otro lado, la CONADEP creada por Alfonsín de cara al Juicio a las Juntas, retomó a nivel oficial, y a una escala mayor, la metodología del registro preciso basado en denuncias concretas. Tras una minuciosa investigación (por primera vez de alcance federal, con cobertura de zonas rurales y urbano-marginales), dio a conocer el informe Nunca más, el cual había arribado al número de 8.961 desaparecidos, aclarando que era una lista abierta, que de ningún modo agotaba el universo de casos, debido al subregistro. No era una estimación total ni definitiva, sino un primer relevamiento parcial. La CONADEP se disolvió en septiembre de 1984.

Treinta años después, el kirchnerismo creó el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), el cual contabilizó 7.018 desaparecidos en 2015. Esta cifra no era muy distinta a las del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), dadas a conocer en el primer decenio del siglo XXI.

¿A qué se debe la brecha tan grande entre la estimación clásica de 30.000 y las cuantificaciones a la baja de la Conadep, el RUVTE, etc., que no llegan ni a la tercera parte de ese número? A varias razones.

Como explica Crenzel, no hay que confundir la pregunta “¿cuántas personas permanecen desaparecidas?” al día de hoy, con la pregunta “¿cuántas personas estuvieron en condición de desaparecidas?” en algún momento. “Son preguntas distintas y, como en todos los casos de violencias masivas, no podrán ser contestadas con precisión”. En efecto, “establecer la cifra de desaparecidos presenta dificultades específicas dada la clandestinidad del crimen, el pacto de silencio de los perpetradores, la circulación de desaparecidos entre diferentes centros clandestinos o entre centros clandestinos y cárceles, y detenciones y liberaciones no registradas”, amén de obstáculos diversos como “la existencia de familias diezmadas, la renuencia de otras a presentar denuncias por efectos del terror que trascendieron la dictadura, por desconfianza o rechazo al Estado, por dificultad de simbolizar la experiencia de la desaparición y, en una ínfima proporción, por reluctancia a inscribir a sus parientes como víctimas en vez de combatientes, como consideran que fueron”. Asimismo, existen “familias que, por su pobreza material y/o cultural, se les dificultó acceder a la justicia debido a los gastos y plazos que compromete o por el temor que les suscitó iniciar reclamos legales”. En suma, concluye el autor, “todos estos factores potencian el habitual subregistro que presentan las estadísticas oficiales de cualquier delito”.

Es un hecho que existen muchos desaparecidos no denunciados. Con razón señala Crenzel que “las personas que permanecen desaparecidas no equivalen a las víctimas de desaparición forzada”, pues “ese universo lo componen, además, los menores apropiados que, ya adultos, ignoran aún su identidad y los sobrevivientes de los centros clandestinos”, siendo estos últimos, de acuerdo al RUVTE, 3.432 casos en 2015.

“Pero, según este organismo, a partir del trabajo que realizan desde entonces para registrar a los sobrevivientes que declararon en todos los juicios desde 1985, en febrero de 2023 calculaban que quintuplican los 3.432 casos. Alcanzarían, entonces, a 17.160 liberados entre noviembre de 1974 y diciembre de 1983. Por ende, la suma de desaparecidos que continúan en esa condición (7.018), sobrevivientes (17.160), una fracción de los asesinados (1.613) y de los casos denunciados ante la CONADEP sujetos a revisión (783) más los desaparecidos y sobrevivientes no registrados compondrían una cifra aproximada a la enarbolada por el movimiento de derechos humanos.”

Estudios académicos de casos sobre las víctimas del terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Mar del Plata corroboran esta estimación del RUVTE de una alta proporción de sobrevivientes (81 y 64 por ciento, respectivamente). La clave principal de todo este intríngulis estadístico en torno a las víctimas de la represión ilegal radica, pues, en la elevada tasa de subregistro, que incluye, entre otros aspectos, un alto índice de supervivencia, por lo general ignorado u omitido en las narrativas sobre los setenta (con o sin mala fe). ¿Qué debemos entender exactamente por sobrevivientes del terrorismo de Estado? En palabras de Crenzel,

“Son los detenidos-desaparecidos que estuvieron cautivos por años y fueron liberados o, en un número ínfimo, lograron fugarse; pero también militantes que sufrieron cautiverios de horas o días, padres de militantes que fueron secuestrados y mantenidos como rehenes hasta que los represores capturaron a sus hijos; niños secuestrados junto a sus padres –por los centros clandestinos transitó un número importante de menores, hasta ahora no cuantificado–, testigos ocasionales o vecinos que sufrieron también secuestros breves.

Además, este universo se compone de víctimas de detenciones ilegales colectivas. En el Noreste fueron frecuentes las detenciones no registradas de familias campesinas luego en su gran mayoría liberadas, como las producidas en Chaco durante el Operativo Toba, en octubre de 1976; de vecinos como los secuestrados el 9 de marzo de 1977 tras un operativo militar conocido como la ‘Masacre del Castillo’ en Córdoba, o los setenta militantes radicales detenidos en la Universidad Nacional de Córdoba recluidos en La Perla una noche. Muchos de ellos, tras sufrir esas experiencias, nunca dieron testimonio o, por efecto del terror, como ciertos sobrevivientes del Operativo Independencia en Tucumán, testimoniaron solo en 2003, luego de que el general Domingo Bussi –máximo responsable de la represión en la provincia y electo gobernador entre 1995 y 1999 e intendente de su capital en 2003– fue condenado.

El universo de sobrevivientes se compone, además, de una importante proporción de presos políticos. La mayoría de los 8.625 presos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo estuvieron –por diferentes lapsos– desaparecidos antes de ser legalizados. La circulación entre centros clandestinos y cárceles, de hecho, dificulta la contabilización de ambos conjuntos. (…)

Por último, integran el universo de quienes transitaron por el sistema de desaparición los desaparecidos asesinados en enfrentamientos o en intentos de fuga fraguados.”

Poniendo todas estas consideraciones en la balanza, parece claro que la cifra de 30.000 desaparecidos (personas que siguen desaparecidas o lo estuvieron), lejos de ser exagerada, probablemente infravalore lo sucedido, aun cuando se decida no cuantificar a sobrevivientes de desapariciones de efímera duración (algunas horas o escasos días). Al poner en tela de juicio el número de víctimas del terrorismo de Estado, la derecha negacionista se pega un tiro en el pie. Una revisión rigurosa no conduce a un descenso, sino a un incremento de la cifra de 30.000 desaparecidos. El colectivo de divulgación científica El Gato y la Caja planteó esto mismo vía Instagram el último 24 de marzo, en su secuencia de infografías “Aritmética de la crueldad”. Allí concluye que “30.000 no es un número inflado; por el contrario, parece quedarse corto”. Hubo cerca de 800 centros clandestinos en todo el país. Si por cada uno pasaron al menos 40 o 50 personas, lo cual es una estimación bastante «optimista», estaríamos hablando de unos 32.000 o 40.000 desaparecidos. Solamente por cinco centros clandestinos (la ESMA, La Perla, Campo de Mayo, El Vesubio y Club Atlético) transitaron casi 15.000 desaparecidos. Por otro lado, unos 150 mil efectivos participaron del sistema de represión ilegal. Un desaparecido cada cinco uniformados no parece ninguna sobreestimación, y ese cálculo arroja 30 mil víctimas. Cabe la sospecha de que la proporción pudo haber sido más alta. Todos estos datos y cálculos están tomados de El Gato y la Caja.

Por izquierda y derecha, no faltan voces «cualitivistas» que plantean –con sinceridad empática o fingimiento manipulativo– que el número exacto de desaparecidos no importa porque, de todos modos, la tragedia es igual de grave en términos morales. Una de esas voces es la de Laje, en el spot del 24 de marzo de 2025. Sin embargo, “el pensamiento sociológico”, nos recuerda Crenzel, “reconoce la importancia de la dimensión cuantitativa de los procesos sociales, ya que crea una representación del crimen y establece su relevancia”. Concuerdo con el autor. Relativizar el valor de la precisión numérica en crímenes masivos de lesa humanidad no parece un camino edificante en términos de memoria, verdad y justicia.

Crenzel cierra el capítulo III de Pensar los 30.000 con algunas observaciones y reflexiones que me parece conveniente recuperar aquí:

“Las cifras exactas de desaparecidos y sobrevivientes probablemente no se lleguen a conocer. Se insiste en que la lista la poseen los perpetradores. Seguramente es así. Sobrevivientes de diversos centros clandestinos las pudieron ver durante sus cautiverio; afirmaron que en la ESMA existía un equipo de microfilmación y Emilio Grasselli, secretario del vicario castrense a quienes los familiares recurrían buscando información, poseía un fichero con sus nombres (…)

La discusión sobre las cifras de desaparecidos debe estar precedida por la aclaración de que la desaparición no constituyó el único tipo de violencia estatal: hubo entre 30.000 y 50.000 exiliados políticos, casi 9.000 presos políticos, decenas de miles de cesanteados, más de 1.600 asesinados, un número indeterminado de insiliados, además del impacto de diverso orden que sufrieron en sus vidas sus familiares y relaciones sociales. Esa cifra global de víctimas daría una idea más próxima a la afectación producida por la persecución política desenvuelta en el país.

Es posible aproximarse a la cifra de desaparecidos mediante un esfuerzo renovado del Estado para revisar los registros judiciales y los de los sitios de memoria, y recabar casos no denunciados en áreas rurales y periferias urbanas, donde puede haber un relativo subregistro de desaparecidos y, especialmente, de sobrevivientes. Esta posibilidad, amenazada por el tránsito generacional, debería formar parte de una política pública de la verdad. (…)

La cifra de 30.000 es discutida por quienes relativizan el crimen y buscan, sin una vocación genuina por la verdad, cuestionar al movimiento de derechos humanos y desestimar que en el país se perpetraron sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la suma de quienes continúan desaparecidos y los sobrevivientes se aproxima a la cifra emblemática, que incluye a todos los que transitaron esta experiencia límite. Quizás por eso, ‘los 30.000’ tengan tanta potencia. Evocan la condición de todos aquellos cuyo paradero se ignoraba en los tiempos del terror.”

9) Las personas asesinadas, heridas o secuestradas por las guerrillas también merecen reconocimiento y reparación de los poderes públicos como víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Otro de los latiguillos de la “memoria completa” es la equiparación moral y legal entre quienes padecieron el terrorismo de Estado en sus variadas formas (torturas, violaciones, asesinatos, etc.) y quienes fueron blanco deliberada o accidentalmente de la violencia insurgente, en su mayoría uniformados, con una minoría de civiles conformada –salvo excepciones– por integrantes del establishment económico y la burocracia sindical. Más allá de algunas diferencias de matiz, coincido en lo sustancial con la posición de Sebastián Rey, quien la resumió con mucha solvencia y claridad en su ya citado artículo “Ni negar ni equiparar”:

“…no quiero dejar de referirme a la posibilidad de llevar adelante investigaciones penales con sustento en el “derecho a la verdad” de las familias de las víctimas de los posibles delitos cometidos por Montoneros o el ERP.

Los ‘juicios por la verdad’ han sido utilizados cuando el juzgamiento penal ha sido política o prácticamente imposible por falta de poder de las nuevas autoridades, un compromiso alcanzado con el antiguo régimen o un contexto de guerra civil.

Respecto de los posibles delitos cometidos por miembros de Montoneros o del ERP, durante décadas existió la posibilidad de avanzar con la investigación penal –hasta que operó la prescripción de la acción– y hay abundante bibliografía escrita en aquella época y años después por integrantes de las propias organizaciones que reivindicaban sus acciones, familiares de las personas muertas y periodistas de diferentes orientaciones políticas, que permite saber con certeza en casi todos los casos qué ocurrió, quiénes fueron los responsables y las víctimas. Ejemplo de ello es el homicidio del capitán Viola y su hija, hecho por el cual suele desconocerse que durante la dictadura los tribunales nacionales condenaron a reclusión perpetua a varios integrantes del ERP. En otros casos, dado que conocían con precisión quiénes eran las personas responsables, las Fuerzas Armadas y de seguridad secuestraron, torturaron y ejecutaron o desaparecieron a muchos integrantes de estas organizaciones como forma de vengar la muerte de agentes estatales.

Por lo tanto, entiendo que no se reúnen los requisitos que se han presentado en los casos en que se iniciaron procesos para ‘averiguar’ la verdad de lo ocurrido. (…)

Lo expuesto permite diferenciar, por un lado, los delitos llevados adelante desde el Estado, como parte de un ataque generalizado y sistemático contra un número representativo de la población civil con conocimiento de dicho ataque y, por el otro, los cometidos por quienes integraban Montoneros o el ERP.

Los primeros son crímenes contra la humanidad y son imprescriptibles. Los segundos formaban parte de ataques aislados que no eran dirigidos contra la población civil. Son delitos comunes que en la actualidad se encuentran prescritos.

Esto de ningún modo debe interpretarse como la justificación o reivindicación de lo ocurrido. Tampoco niega el dolor o el sufrimiento de los familiares de agentes estatales que perdieron la vida durante la década de 1970. Solo implica reconocer que, ante la posible comisión de delitos en perjuicio de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad, en todo momento han podido iniciarse actuaciones en la justicia penal y en la civil para determinar sus responsables y reparar los posibles daños. Antes, durante y después de la dictadura. De hecho, ello ocurrió en muchos casos.

Debe quedar claro que el homicidio de un policía por parte de particulares –ya sea durante la dictadura o tratando de evitar el robo de un banco en la actualidad– es un delito común. Por ende, son aplicables las disposiciones que establecen plazos de prescripción de la acción penal, así como las normas en materia de indemnización de posibles daños y perjuicios: el Código Civil de la Nación hasta el 1° de agosto de 2015 y el Código Civil y Comercial de la Nación en adelante.

Es momento de que el Poder Judicial jurídicamente ponga fin de una vez a los intentos de iniciar o reabrir causas penales para investigar los posibles delitos cometidos por integrantes del ERP o de Montoneros durante la década de 1970. Sin negar que hubieran ocurrido y, al mismo tiempo, sin equipararlos con los crímenes contra la humanidad cometidos por agentes estatales. Ese es el único sentido posible que se le puede asignar a los conceptos de Memoria, Verdad y Justicia.”

No podría estar más de acuerdo con Rey. Solo plantearía un reparo, respecto a su aclaración “Esto de ningún modo debe interpretarse como la justificación o reivindicación de lo ocurrido”. Me parece un distanciamiento excesivo que, como socialista convencido de la necesidad y legitimidad de la praxis revolucionaria (la cual inexorablemente conlleva ilegalidad y violencia), no podría acompañar. Lo cual no significa que cualquier forma de lucha armada, en cualquier contexto, sea correcta, vale decir, tácticamente adecuada y éticamente apropiada. De eso ya hablamos bastante en el punto 4, acerca de la “subversión”.

*                             *                             *

Podemos dar por terminado aquí este extenso escrito que hemos dado en llamar “Memoria y negación”. Los nueve argumentos centrales de la derecha negacionista, donde conviven promiscuamente la “teoría de los dos demonios” y la doctrina de la “guerra sucia”, no se sostienen.

Al margen de sus éxitos retóricos en propaganda y demagogia, el revisionismo setentista es muy endeble desde un punto de vista intelectual, científico. Se reduce, básicamente, a exageraciones efectistas de demonización y autovictimización, floreos adjetivales tremendistas o patetistas y varios quid pro quos terminológicos de gran alcance, complementados con omisiones factuales y contextuales no menos determinantes.

A Laje, Márquez, Yofre, Villarruel y otros animadores contumaces de la mitologización del pasado contemporáneo de Argentina en clave ultraderechista –hoy patrocinados sin pruritos ni retaceos por el gobierno mileísta, como parte de su fragorosa “batalla cultural”– les viene como anillo al dedo esta reflexión crítica que el historiador Eric Hobsbawm hilvanó en su autobiografía, allá por 2002:

“Las presiones políticas que sufre la historia a manos de los Estados y los regímenes nuevos y antiguos, de los grupos de identidad, y de una serie de fuerzas escondidas bajo la gélida capa de hielo de la Guerra Fría, son en la actualidad más fuertes que nunca, y la sociedad mediática moderna ha dado al pasado una preeminencia y un potencial mercantil sin precedentes. La historia está siendo revisada o inventada hoy más que nunca por personas que no desean conocer el verdadero pasado, sino sólo aquel que se acomoda a sus objetivos. La actual es la gran era de la mitología histórica. La defensa de la historia por sus profesionales es en la actualidad más urgente en la política que nunca. Nos necesitan.”

El mayor error de la progresía kirchnerista en la “batalla cultural” por los setenta fue haber elegido el camino de una estatalización paternalista y puritana de la memoria, con atisbos de intolerancia y punitivismo a la hora de enfrentar el desafío negacionista de una ultraderecha aggiornada a las nuevas tecnologías del capitalismo posmoderno. No había que canonizar, ni tampoco cancelar. No había que legalizar la memoria e ilegalizar el negacionismo a través de la potestad del Leviatán. Había que argumentar más y polemizar mejor en el llano, por fuera de los aparatos estatales, apostando a la racionalidad crítica y la radicalidad política. Como otros populismos latinoamericanos, el kirchnerismo se aferró a una estrategia superficial y woke de construcción desde arriba, a una lógica verticalista y moralista de poder pastoral, pretenciosa pero frágil.

Oficializar la memoria militante de los setenta, consagrarla y laurearla desde el Estado, ritualizarla y dogmatizarla con espíritu hierático y escolástico, fue una desastrosa equivocación, que la derecha negacionista aprovechó al máximo para simular demagógicamente “transgresión” y “rebeldía” en sus balandronadas revisionistas, especialmente ante la juventud centennial. El camino para mantener viva la memoria militante de los setenta era y es otro: la criticidad en el análisis y la reflexión, la persuasión de masas en profundidad, el debate a fondo en la arena pública y la construcción desde abajo y por izquierda. Una construcción que no excluye cierta participación o intervención táctica en espacios e instancias estatales, pero que precede y trasciende todo eso con autonomía y contrahegemonía.

*                             *                             *

Rige en Argentina un modelo de acumulación reprimarizado y financiarizado: agronegocio y saqueo de hidrocarburos y minerales, con carry trade de capitales buitre. Habitamos un país abrumado por una deuda externa que ya era monstruosa –de largo y leonino impacto intergeneracional– cuando Mauricio Macri le cedió el poder a Alberto Fernández en 2019, y que solo tiene dos propósitos: alimentar la demagogia consumista-electoralista de la “plata dulce” (dólar barato para compra de productos importados y viajes turísticos al extranjero) y promover la valoración financiera (por ej., el lucro especulativo con la diferencia entre las tasas de interés en pesos y dólares). Una republiqueta minarquista y plutocrática, en la cual la riqueza se acapara más que nunca a costa de una clase trabajadora y una clase media precarizadas y sobreexplotadas, que se esfuerzan desesperadamente en mitigar la carestía con horas extras y pluriempleo de baja calidad.

Este modelo en crisis, que va camino al desastre, no resulta nuevo. Es la cuarta ocasión en medio siglo que Argentina soporta su edificación y derrumbe. La vez anterior fue con el macrismo, y con el mismo ministro de Economía que hay ahora: Luis Caputo. Aquel experimento colapsó en 2018. La penúltima vez fue en los noventa. Esa bomba de tiempo la activó Menem con la Ley de Convertibilidad en 1991, pero le explotó a De la Rúa en 2001. También en este caso hubo «figurita repetida» en la cartera económica: Domingo Cavallo. La primera vez fue en la dictadura del Proceso, con Martínez de Hoz como ministro de Economía. El hundimiento se produjo en 1981. En todos estos casos, la Argentina que sobrevivió al desastre fue una Argentina peor: más endeudada, más dependiente, menos diversificada, menos pujante, más pobre, más desigual…

Los tres interludios progresistas (alfonsinismo, kirchnerismo y albertismo) de esas cuatro experiencias derechistas se limitaron a administrar, con vergüenza o resignación, el capitalismo neoliberal heredado, bajándole intensidad y haciendo control de daños para tratar de darle “rostro humano”, o ganando posiciones –nuevas o reconquistadas– en la “batalla cultural” contra el conservadurismo, el autoritarismo y la “mano dura”: políticas asistenciales o tímidamente redistributivas con las mayorías pauperizadas, reparaciones simbólicas e inclusión focalizada con las minorías discriminadas, “agenda de género” sin perspectiva clasista ni revolucionaria, pequeños avances superestructurales aquí y allá (jurídicos, políticos, culturales, educativos), etc. Ninguna de estas reformas de la progresía afectó la base material de la sociedad argentina, sus relaciones de producción y apropiación. El profundo desencanto con la performance macroeconómica del progresismo (sus magras o nulas mejoras, cuando no retrocesos, como la inflación que licúa los salarios) explica el cíclico retorno de la derecha al gobierno, que nada soluciona y todo lo empeora. Es la Argentina pendular, que bascula entre fachos y progres. En el capitalismo globalizado, financiarizado, digitalizado, precarizado e hiperconcentrado de hoy, tantos años después de la caída del Muro de Berlín, y en medio de una gravísima crisis ambiental e inestable situación geopolítica que ponen en peligro nuestra supervivencia como especie, ya no hay margen para ilusiones keynesianas y welfaristas al estilo de los Trente Glorieuses.

Decíamos que el mileísmo se parece a otras derechas neoliberales que gobernaron Argentina en los últimos cincuenta años. Las analogías en política económica son evidentes. Pero la semejanza con la última dictadura es especialmente notable, porque trasciende lo económico y alcanza dimensiones políticas e ideológicas: el autoritarismo represivo y el conservadurismo cultural. No es que el menemismo y el macrismo hayan sido celosamente respetuosos de la institucionalidad republicana y las libertades democráticas. No es que hayan sido ejemplarmente tolerantes con la protesta popular ni garantistas en materia de seguridad. No es que hayan sido inmunes a pulsiones oscurantistas en el campo de la cultura y la educación. En absoluto. Pero el mileísmo ha sido mucho más autoritario, represivo y reaccionario que el menemismo y el macrismo. En esto se acerca peligrosamente a la dictadura procesista, sin ser dictatorial. El menemismo y el macrismo fueron experiencias políticas de centroderecha. El mileísmo es una experiencia de ultraderecha, no fascista pero sí con ingredientes o atisbos fascistoides, que no deben ser ignorados ni minimizados. Por ejemplo, el avasallamiento del Congreso, la persecución política desembozada, la incitación constante al odio, la búsqueda de chivos expiatorios y el exacerbamiento sin límites de la criminalización de la protesta. En lo económico, constituye un neoliberalismo extremo, rabioso, de alta intensidad, definitivamente más virulento que el macrismo, e igual de virulento que el menemato y la gestión de Martínez de Hoz, aunque en algunos aspectos prácticos y teóricos (decisiones minarquistas y declaraciones «anarcocapitalistas») ha llegado más lejos o, al menos, eso intenta denodadamente. Harina de otro costal son sus logros concretos, algo que todavía no podemos calibrar, pues a Milei le queda por delante medio mandato.

Pero donde la analogía entre el gobierno mileísta y la última dictadura adquiere un tono más inquietante es en el negacionismo respecto a lo ocurrido en los setenta. El menemismo y el macrismo tuvieron sus valedores de la “teoría de los dos demonios”, e incluso patrocinaron o toleraron algún que otro apologeta de la “guerra sucia”. Pero ni menemistas ni macristas desearon –u osaron– hacer del negacionismo un buque insignia de la “batalla cultural” contra el progresismo. Los mileístas, por el contrario, han abrazado la causa negacionista con un nivel de compromiso y apasionamiento ideológicos que sólo resulta equiparable al de los propios dictadores y represores que perpetraron los crímenes de lesa humanidad. No sólo eso: el gobierno de LLA ha ido extremando su discurso negacionista, hasta el punto de sentirse insatisfecho con la visión «duodemoníaca» y empezar a coquetear con la doctrina de la “guerra sucia” pura y dura, como se advierte fácilmente al comparar los spots del 24 de marzo de 2024 y 2025. El uso recurrente del estigma “terrorista” en la criminalización de la protesta y en la persecución de opositores no ayuda a una interpretación más indulgente.

En un artículo para Pájaro Rojo, publicado en agosto de 2023, antes de que LLA ganara las elecciones, el periodista Juan José Salinas escribió:

“El caballo de Troya de Milei esconde a los herederos del partido militar, que esperaron agazapados durante cuarenta años para tener una oportunidad de reciclarse en las urnas sin tener que ocultar su estirpe. Pero no están solos. Como en 1976, son solamente una pata de la alianza que incluye a otras tres. Cincuenta años más tarde, para sorpresa de nadie, los actores son los mismos. Junto al partido militar se recortan las siluetas del poder eclesiástico, del establishment financiero neoliberal alojado en los Estados Unidos y del gran empresariado nacional, especialmente la patria contratista.”

Milei es un vástago monstruoso de eso que Horowitz ha llamado “democracia de la derrota”. La democracia de la derrota es una democracia que no tuvo la fuerza ni el valor para transformar el país que la dictadura shockeó y reseteó manu militari. Una democracia degradada, signada por la iteración del ajuste, donde la única discusión aceptada es sobre la dosificación y posología del neoliberalismo aplicado.

De la democracia de la derrota no se saldrá con ajuste fiscal sino con revolución social. La solución al desencanto argentino –y mundial– no pasa por suavizar el neoliberalismo desde la sima umbrosa del posibilismo, sino por militar el anticapitalismo desde la cima utópica del socialismo. No es la ultraderecha minarquista y neoconservadora la madre del borrego. La madre del borrego es el sistema capitalista, independientemente de sus tonalidades políticas e ideológicas.

Decíamos más arriba que Mileilandia no es una dictadura, que no constituye un régimen fascista. Pero acotemos esto: es una democracia de bajísima intensidad, que está teniendo una deriva iliberal, como la Hungría de Orbán: neoliberalismo en clave populista, autoritaria y conservadora. LLA está despedazando la democracia argentina. No desde afuera, con un golpe de Estado, súbita y espectacularmente, dinamitándola, sino desde adentro, gradual y furtivamente, parasitándola… ¿hasta matarla? No parece haber coche bomba. Lo que parece haber es –permítaseme completar la metáfora– un xenomorfo carnívoro, un alien predador creciendo en las entrañas de su huésped. ¿La larva voraz no podría algún día convertirse en un revientapechos, si Milei completa su mandato y es reelecto? ¿La Argentina de Milei empieza a transitar un proceso de «hungarización»? Nadie tiene la bola de cristal, pero la duda queda planteada. No se trata de hacer predicciones temerarias y tremendistas, sino de plantear conjeturas razonables que inviten a la reflexión.

Eso en el plano político-cultural. En el plano económico-social, el riesgo parece ser el de una «peruanización», como ha sugerido Alfredo Zaiat: una Argentina que alcanza umbrales extremos de reprimarización, dependencia, precarización, informalidad, exclusión y desigualdad, donde la clase media se contrae y la pobreza se expande. Pensándolo bien, la hipótesis de un «escenario peruano» a largo plazo no se reduce a lo económico-social. Puede tener también un correlato político. Si Milei no consigue perpetuarse en el poder como líder populista, si no logra convertirse en el Orbán rioplatense, ¿Argentina no podría ingresar en un largo tobogán de inestabilidad política como Perú, con conflictos endémicos entre los tres poderes del Estado, judicialización de esa discordia institucional, presidentes efímeros, parlamentos disueltos, rutinización del lawfare, cuartelazos, destituciones por impeachment​​ y autogolpes, donde el único funcionario estable es el presidente del Banco Central de Reserva, un tecnócrata ortodoxo y obsecuente apadrinado por el Tío Sam?

¿Qué hará el gobierno mileísta con la protesta popular si esta entra en una escalada de masificación y radicalización, como consecuencia de una crisis económica agudizada? ¿Bullrich redoblará la apuesta represiva y declarará el estado de sitio, corriendo el riesgo de que se produzca un estallido social como en diciembre de 2001? ¿O procederá con más cautela? La duda es legítima, porque el gobierno –hasta ahora– ha evitado reprimir las movilizaciones demasiado masivas. Muchas puebladas en la historia argentina se iniciaron a causa de la indignación generada por la muerte de un manifestante baleado por la policía, y la realidad es que Pablo Grillo se salvó por muy poco. Preguntas, dudas, conjeturas…

Federico Mare