La rebelión estudiantil en Francia, Macron y la ultraderecha

Manifestación de liceístas en el Boulevard Voltaire de París, el 6 de octubre de 2026. Fotografía de Audrey Bonn.

Europa, aquella del viejo fantasma, parece estar despertando de su largo sueño neoliberal. O por lo menos así lo anuncia la suma de protestas y revueltas que se expanden a lo largo del viejo continente. España, Italia, Alemania, Bélgica, Albania… y Francia, siempre Francia, la patria de la revolución y la lucha de clases, a la que Marx y Engels tanto ponderaron en sus escritos. Hoy Europa, atrapada entre la inercia neoliberal y el sometimiento voluntario de sus líderes a la tiranía del imperio estadounidense, ve sublevarse a una juventud que no distingue ningún horizonte prometedor en su futuro: elevados costes de vida, privatización de la vivienda, condiciones ingratas de educación y salud, la amenaza de la guerra y el servicio militar obligatorio… La juventud europea dice no más y sale a las calles a protestar. De nuevo se le oye entonar los himnos militantes del pasado: La Internacional, La Marsellesa, Bella Ciao, El pueblo unido jamás será vencido… Detrás de esas voces utópicas, se asoma, sin embargo, el fanático rostro de la ultraderecha y la anuente voz de los neoliberales exhaustos.
Emilio Chauvet Figueroa, estudiante mexicano de Sociología, ahora maestrante de Filosofía en Francia (nada menos que en la Universidad de París-Nanterre, epicentro del histórico Mayo del 68), nos comparte una crónica minuciosa y profunda sobre las causas de la rebelión estudiantil y el avance de la extrema derecha en el país galo. Ningún aspecto relevante escapa a su mirada escrutadora: los detalles inmediatos de las protestas, sus derivaciones violentas (consecuencia del acoso policial y militar), la decadencia de la educación pública, las falsificaciones mediáticas, el racismo estructural, las trampas y mentiras del Estado francés en sus distintos niveles, el avance indetenible de la ultraderecha… El análisis es revelador, pero no cae en la desesperanza. El posible triunfo político de la reacción, derrotero factible como deriva de un neoliberalismo decadente, encuentra hoy su contraste en una juventud que vuelve elevar la voz de protesta y sale a las calles a exigir lo que le corresponde. La moneda está en el aire, claro, pero por lo menos hay ya una expresión de hartazgo y organización que promete ser un camino de no-retorno.
La crónica de Chauvet Figueroa, que lleva por título “La rebelión estudiantil en Francia, la ultraderecha y Macron”, y que amplía y actualiza lo dicho recientemente por el autor en la revista mexicana Salida de Emergencia, es el buque insignia de una edición especial de Kalewche dedicada, sobre todo, a la primavera juvenil del otoño europeo; una primavera con intensas –y confesas– reminiscencias sesentaiochistas: la épica de las barricadas, la consigna de la “unidad obrero-estudiantil”, el llamamiento a la huelga general, la politización y radicalización anticapitalistas de la generación sub 20 y sub 30, el deshielo de la lucha de clases, el contagio internacional de una rebeldía que vuelve a ser de izquierda… El renovado texto de Emilio –a quien le agradecemos profundamente su colaboración– sale al día siguiente del tercer sábado consecutivo de movilización masiva y represión brutal en Francia. Ayer, 31 de octubre, desafiando a la violencia policial y los toques de queda, volvieron a manifestarse centenares de miles de liceístas, universitarios, chalecos amarillos y trabajadores sindicalizados en general (docentes, ferroviarios, personal sanitario, operarios de fábricas y refinerías, etc.) contra el gobierno neoliberal de Macron en las calles y plazas de París, Marsella, Lyon, Nantes, Toulouse, Rennes y otras ciudades de un país abrumado por el ajuste y la carestía.
Es una Francia capitalista que, como toda la Unión Europea, ve cada vez más lejos, en su espejo retrovisor, la bonanza de Les Trente Glorieuses. Una Francia económicamente estancada desde hace largos años, donde el Estado de bienestar se achica y la precarización laboral se expande. Una Francia servilmente sometida al hegemón imperial estadounidense, una y otra vez humillada por Trump, resentida por el declive de su poder neocolonial en África, cómplice del genocidio israelí en Gaza, desquiciada por la rusofobia belicista y la cínica “solidaridad con Ucrania”. Una Francia donde la ultraderecha en ascenso, con su demagogia nostálgica y conspiranoica ad nauseam (la panacea pseudo-explicativa de una “civilización occidental y cristiana” y una “nación blanca” amenazadas desde el sur y desde el oriente por el “Gran Reemplazo”, al decir de Renaud Camus) proyecta sombras cada vez más ominosas sobre la sociedad y la política, a menos de seis meses de las elecciones presidenciales.

Si bien es cierto que, desde hace semanas, el movimiento estudiantil francés en curso ha merecido algunas menciones en los medios de comunicación, lo ocurrido el sábado 17 de octubre lo condujo hasta las primeras planas internacionales. Los saqueos y las barricadas en París, la policía nacional desbordada retirándose en Marsella y permitiendo a la multitud irrumpir en la municipalidad de la segunda ciudad más poblada del país, el ayuntamiento de la pequeña ciudad de Limoges en llamas y tantas más postales impactaron a las buenas conciencias, que de pronto se preguntaron, junto con Macron, “¿qué pasa por las cabezas de estas personas?”. La diferencia, sin embargo, entre el interrogante formulado por el presidente francés el domingo 18 de octubre de 2026 en su solemne discurso a la nación y el que se hacen, con justa razón, quienes desconocen el contexto político de Francia, es que el primero es producto del más puro y simple cinismo. Las imágenes son sorprendentes, por supuesto, y sacadas de su contexto llegan a ser desconcertantes, pero la magnitud y la forma que adquirió la movilización social del sábado 17 se explican fácilmente en el marco de las movilizaciones estudiantiles recientes y la violenta represión policial con que el gobierno macronista las ha enfrentado. Lo que ocurrió el 17 de octubre de 2026 no es el resultado de una horda desbordada de vándalos delincuentes sin nada mejor que hacer que saquear supermercados, sino de un legítimo movimiento estudiantil violentamente reprimido y de un progresivo y peligrosísimo avance de la extrema derecha en Francia.

Las semanas previas: los bloqueos de los liceos y la represión policial

El estallido social del 17 de octubre ocurre en el marco de un movimiento estudiantil que, en realidad, comenzó a gestarse en septiembre, en los liceos de los territorios de ultramar, es decir, en las antiguas colonias. En los primeros días de su regreso a clase, los 2.300 estudiantes del liceo Cité du Nord (nivel medio superior), en la isla africana de Mayotte, decidieron que no era posible seguir estudiando hacinados en salones de edificios prefabricados (establecimientos originalmente concebidos para recibir a algunos cientos de alumnos), donde los profesores son insuficientes para cubrir las horas de clases que les son asignadas. Al poco tiempo, le siguieron los liceos de otros territorios de outre-mer. El movimiento llegó a la metrópoli el 21 de septiembre, cuando los estudiantes de un liceo de Créteil, a las afueras de París, decidieron bloquear el acceso a las instalaciones para denunciar la falta de condiciones materiales y humanas para estudiar. En cuestión de días, y de manera espontánea, le siguieron cientos de liceos, exponiéndose así la degradación y el abandono en que se encuentra la educación nacional francesa. Los testimonios que circularon muy pronto por las redes sociales son desoladores: salones sobresaturados en zonas donde se registran 8°C en invierno y 35°C en verano, múltiples goteras, estudiantes tomando notas en el suelo ante la falta de sillas y mesas, intentando seguir las enseñanzas del profesor, cuando lo hay.

La respuesta del gobierno fue contundente: enviar a la policía nacional a todos y cada uno de los liceos bloqueados para poner fin al movimiento lo antes posible. Diariamente, durante semanas, delante de cientos de liceos, la policía nacional utilizó armas de “letalidad reducida”, clasificadas como “material de guerra” según la propia calificación del Ministerio del Interior, en contra de adolescentes de dieciséis años, profesores y padres de familia sensibles a las reivindicaciones estudiantiles. La utilización de estas armas está regulada por una legislación convenientemente imprecisa que estipula que las granadas ensordecedoras que explotan generando un ruido de 160 decibeles y dispersando gas lacrimógeno en pastillas ardientes a 250°C (o bien, granadas de dispersión que arrojan trozos de caucho cuando explotan), sólo pueden ser utilizadas cuando es “absolutamente necesario”. Hasta el momento de la redacción, veintinueve personas han sufrido lesiones graves, muchas de ellas irreparables: ocho han perdido un ojo, dos quedaron desfiguradas del rostro, cinco han tenido que someterse a amputaciones de manos o pies y otras catorce han sufrido lesiones graves. Así 8.000 personas han sido arrestadas, en su gran mayoría, menores de edad.

Lejos de conducir a la desmotivación, la represión ha llevado a la ampliación del movimiento. Desde la primera semana de octubre, a los bloqueos se sumaron liceos públicos de los centros urbanos y algunos liceos privados, ambos conocidos por atender a poblaciones privilegiadas. Al mismo tiempo, numerosas universidades reprodujeron la dinámica de los bloqueos y la organización de asambleas generales. Si bien el estado de las universidades públicas es menos dramático que el de los liceos, éstas sufren degradaciones similares a consecuencia de la política de austeridad neoliberal de Macron: en muchas facultades, el número de materias ofrecidas se reduce año tras año, las clases están sobresaturadas, el mobiliario escolar y la infraestructura muestran un claro estado de deterioro (sin que ninguna renovación sea posible con la asignación presupuestal vigente) y el profesorado, rebasado por una carga laboral aplastante, no se da abasto para atender a los estudiantes de posgrado en sus investigaciones.

Durante el mes de octubre, a los bloqueos se sumaron las marchas. Con un ritmo de al menos dos por semana, cientos de miles de liceístas, estudiantes universitarios, profesores, padres y numerosos sindicatos y colectivos salieron a las calles, a nivel nacional, para manifestar su desacuerdo con la actual gestión del presupuesto y con la represión policial. La respuesta, una vez más, fue la represión por parte de las fuerzas del orden. El uso desmedido de gas lacrimógeno, los golpes de macana, las tácticas de acordonamiento por parte de la policía nacional y la anonimización ilegal de sus integrantes mediante el ocultamiento deliberado de la matrícula de identificación se volvieron sistemáticos. Los cateos previos a las manifestaciones para retirar cubrebocas, suero fisiológico –para limpiarse el gas lacrimógeno de los ojos– y hasta pancartas con mensajes contra los oficiales en turno resultan ya escenas comunes. En París, a pesar de seguir los recorridos autorizados por la Prefectura, las columnas de manifestantes son impedidas en los puntos de encuentro a la hora establecida, hostigadas a lo largo del camino. Se ha vuelto común que, en las plazas donde las manifestaciones desembocan, todas las salidas, menos una, sean bloqueadas por la policía nacional veinte minutos antes de ordenar la dispersión de los participantes. Las escenas, muchas veces filmadas por los participantes, llegan al delirio: la gente camina de un lado al otro preguntando a los policías que rodean la plaza por dónde retirarse, a lo que éstos responden con su ignorancia, invitando a los manifestantes a seguir buscando la salida mientras los megáfonos continúan ordenando la dispersión. A los pocos minutos, llueven granadas de gas lacrimógeno y macanazos. Los arrestos masivos son el colofón habitual.

El contexto inmediatamente previo al estallido social del 17 de octubre es, pues, el de un legítimo movimiento estudiantil que puso en cuestión la política neoliberal de austeridad impuesta por el gobierno de Macron a lo largo de diez años. En términos presupuestales, el balance es desastroso: el gasto por estudiante, tomando en cuenta todos los niveles educativos, bajó 20% en diez años. En ese mismo periodo, el presupuesto del Ejército se duplicó y la deuda pública aumentó como nunca, pasando del 97 al 119% del PBI, en buena medida como consecuencia de la disminución de los ingresos del Estado por una política fiscal hecha a la medida de las grandes fortunas. Estas cifras tienen un impacto concreto en la calidad de los servicios públicos: los estudiantes preparatorianos de los barrios populares suburbanos¹ pasan frío en sus salones durante el invierno, se sofocan durante el verano, se aglutinan en números de 35 a 40 en salones diseñados para 25, se apilan en el suelo por falta de mobiliario y ven constantemente sus clases anuladas por falta de profesores.

El 17 de octubre

La manifestación del 17 de octubre se anunció semanas atrás y originalmente estaba centrada en la denuncia de la carestía. Sin embargo, dado el desarrollo del movimiento estudiantil, diversas organizaciones estudiantiles y sindicatos de trabajadores se sumaron a la protesta. Los días inmediatamente previos a la movilización se anunciaba ya el caos: la Prefectura de Policía de París rechazaba las propuestas de recorrido para finalmente autorizar, en la medianoche del viernes, dos trayectos que partían de la misma plaza, aunque en direcciones opuestas, lo que condujo a que el día acordado los simpatizantes no tuvieran claro a dónde ir. En redes sociales circulaba todo tipo de información sobre cómo protegerse de la represión policial, hasta que finalmente comenzaron a circular propuestas de manifestaciones sauvages o «salvajes», que es como popularmente se conoce a las acciones de protesta no declaradas ante la Prefectura ni autorizadas por ella bajo el doble argumento de que: 1) no servía de nada manifestarse en el marco legal si, de cualquier modo, las reivindicaciones no serían atendidas; y 2) que los pequeños grupos de manifestantes altamente móviles serían más difíciles de reprimir que las columnas multitudinarias, las cuales recorren los grandes bulevares para dirigirse a las plazas habituales donde centenas de camiones de policía los esperan macana en mano. En pocas palabras, la propuesta de una manifestación fuera del marco legal surgió como resultado directo de las decisiones del gobierno de Macron, que durante semanas hizo todo lo posible para reprimir el movimiento estudiantil y para impedir el libre ejercicio del derecho constitucional a la protesta.

Fue en esta olla de presión que entre 550 mil y 800 mil personas salieron a las calles a manifestarse contra el alto costo de la vida, contra la destrucción neoliberal de la educación y contra la represión policial. La inmensa mayoría lo hizo siguiendo los recorridos autorizados de último minuto, cuando les fue posible. En París, la Plaza de la República, que fue declarada el punto de encuentro autorizado de ambos recorridos, se encontraba inundada de gas lacrimógeno una hora antes del inicio de la manifestación, lo que rápidamente dio lugar a enfrentamientos y obligó a una gran mayoría de los manifestantes a dispersarse por las calles aledañas. Algunas de las postales más impactantes de ese día (un quiosco de periódicos en llamas, supermercados y comercios cuyos productos fueron repartidos colectivamente) ocurrieron sobre la Place de la République y alrededores, y tuvieron como origen, al menos parcialmente, la aterradoramente desastrosa actuación de la policía nacional, quien gaseó y atacó una manifestación autorizada y perfectamente legal. Fuera de ese choque inicial, la policía nacional dejó de ser vista en los recorridos oficiales porque, desbordada ya y en números más reducidos que los que uno esperaría, estaba ocupada jugando al gato y al ratón con la pequeña minoría que decidió desviarse de los recorridos autorizados y generó el mayor escándalo posible mientras se dirigía, en pequeños contingentes de unos cuantos cientos de personas, a los Campos Elíseos y al Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia de la República. Los enfrentamientos entre la policía nacional y los manifestantes a sólo unos cientos de metros del Elíseo duraron horas y pasaron desapercibidos. Las pequeñas barricadas y fuegos menores aparecieron y desaparecieron a lo largo del día y hasta bien entrada la noche.

En otras ciudades del país la historia fue similar: un número relativamente pequeño de policías y una desastrosa gestión de las multitudes. En Burdeos, la Plaza de la Bolsa, punto de reunión de la manifestación autorizada, fue gaseada al inicio de la jornada, mientras que, en la calle comercial de Sainte-Chaterine, sobre la que se encuentran las Galerías Lafayette famosamente saqueadas, no había un solo uniformado. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo el domingo por la noche no haber anticipado correctamente el número de manifestantes, lo que explicaría por qué fueron movilizados sólo 60 mil policías, cuando en los días de mayor tensión del movimiento de los chalecos amarillos la cifra ascendió hasta 89 mil. ¿Es descabellado hablar de una movilización policial deliberadamente reducida con la intención de incrementar las tensiones y generar un desborde? Sea como resultado de una decisión política calculada o como producto de una mala previsión, el gobierno de Macron fue directamente responsable de no garantizar el ejercicio del derecho a la protesta en un marco adecuado.

Ahora bien, ¿por qué se ha dicho que esto es una muestra fehaciente de la “fascistización” de Francia? Hablar de la represión autoritaria de un movimiento social es ya lo suficientemente grave, como lo constata la condena de distintas organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional. Sin embargo, existen tres razones más para sostener que la situación actual en Francia es el resultado de un viraje hacia la extrema derecha de la casta gobernante, representante de una derecha tradicional.

La dimensión racial de las propuestas: el elefante en la habitación

La primera razón es que, como lo señaló recientemente en una entrevista la politóloga y ensayista Fatima Oussak, basta con escuchar atentamente las reivindicaciones estudiantiles para darse cuenta de que la cuestión racial es el elefante en la habitación. Aún si rara vez es mencionado de manera explícita, el movimiento estudiantil es esencialmente un movimiento antirracista que tiene como reivindicación central la justicia social y el acceso equitativo a la educación nacional. En la última década, el presupuesto nacional de la educación bajó año tras año, y si bien algunos de los efectos de esa desinversión son generalizados, las degradaciones más dramáticas en la calidad del servicio público son claramente diferenciadas. El origen del movimiento preparatoriano en los territorios ultramarinos y en las barriadas periféricas de París no es un dato menor: son los jóvenes racializados, descendientes de inmigrantes y pertenecientes a las clases populares,² quienes se ven impedidos de estudiar en condiciones dignas. En un país donde la trayectoria educativa tiene un impacto considerable en la vida profesional, el movimiento estudiantil actual debe comprenderse como un movimiento por la justicia social en el campo educativo. El reclamo estudiantil no se reduce a exigir un aumento in abstracto del presupuesto educativo, sino a demandar un aumento acompañado de igualdad de condiciones en el aprovechamiento del servicio público.

Para ilustrar la dimensión racial, siempre presente y raramente nombrada, vale la pena recordar dos pancartas ampliamente visibilizadas en las marchas que denotan la desigualdad en el terreno educativo. Durante el bloqueo del prestigioso y emblemático Liceo Henri-IV situado a dos pasos del Panteón, cuyos salones han visto pasar innumerables figuras intelectuales y políticas, Macron entre ellas, los estudiantes sostenían pancartas que decían: “somos privilegiados y queremos compartir”. Fotografías de las pancartas y videos de los estudiantes coreando la misma consigna circularon ampliamente por redes sociales. La segunda pancarta, por su lado, presente en todas las marchas y reproducida miles de veces, dice una frase aparentemente sin sentido: Bismillah, c’est les ténèbres. Se trata de un eslogan satírico que tiene como origen la captura de pantalla de un mensaje enviado a través de la red social Snapchat, atribuido a un supuesto policía infiltrado, del que se sospecha haberse hecho pasar por un estudiante racializado de liceo para obtener información sobre los bloqueos. Bismillah, que significa “en el nombre de Dios”, es uno de los muchos términos árabes que, para horror de las buenas consciencias, forma parte del argot juvenil, especialmente –aunque no de manera exclusiva– en las periferias urbanas socialmente diversas. Combinando faltas de ortografía, expresiones en árabe, banderas argelinas, un nombre de cuenta que sugiere un origen étnico del oeste africano e invitando a la destrucción de infraestructura pública, el mensaje del que el eslogan satírico fue extraído supone a un policía blanco que se hace pasar por un estudiante racializado que usa desastrosamente los códigos de comunicación juveniles. Si bien no existe, hasta el momento, una investigación periodística que confirme o desmienta un intento de la policía por infiltrarse en el movimiento estudiantil mediante cuentas falsas en Snapchat, las risas que tales capturas de pantalla suscitan son testimonio del racismo sistémico atribuido a la policía. Como dice la sabiduría popular (y repitiera Freud en su estudio sobre la relación entre lo cómico y lo inconsciente): “entre broma y broma, la verdad se asoma”. La importancia de la anécdota no radica en la veracidad del intento de espionaje de la policía, sino en el hecho de que a una gran mayoría le resulta verosímil imaginar a una policía nacional que sólo ve a los estudiantes movilizados como delincuentes racializados, culturalmente extranjeros, que no saben hablar francés “correctamente” y buscan únicamente provocar el caos y hundir al país en “las tinieblas”.

Sumadas, ambas pancartas dan cuenta de una juventud consciente del efecto de las medidas de ajuste impuestas por el gobierno neoliberal de Macron, las cuales agravan las enormes disparidades existentes entre los centros educativos públicos de la ciudad y los de las periferias urbanas, las comunidades rurales y los territorios de ultramar. Lo más importante, sin embargo, es que nos muestran a una juventud consciente de que la disparidad encierra un componente racial innegable. Si bien Macron nunca se ha manifestado explícitamente a favor de una segregación por razas de los servicios públicos, en los hechos, sus políticas producen resultados similares a los que podrían tener las de una Marine Le Pen, quien abiertamente aboga por un acceso diferenciado a servicios públicos en función de criterios racistas, apenas si disimulados tras el eufemismo de la supuesta “prioridad nacional”.

Por sí mismo, este fenómeno no justifica la calificación de “fascistizante” que hemos usado más arriba para describir al gobierno de Macron. El empleo de las instituciones del Estado para la reproducción de desigualdades sociales no es exclusivo de los proyectos de extrema derecha. El panorama cambia considerablemente, sin embargo, si tomamos en cuenta el tratamiento mediático de las manifestaciones. Es en el análisis del discurso mediático donde el alineamiento entre los actores políticos de ultraderecha, el gobierno macronista, la derecha tradicional y los mismos editorialistas de los medios de comunicación se vuelve evidente.

Derecha tradicional, ultraderecha y medios: tres voces, un mismo discurso

Una segunda razón para pensar que la normalización de la extrema derecha en Francia resulta grave es, pues, el abordaje mediático del movimiento social. El paisaje mediático francés se ha visto transformado radicalmente en el último decenio como consecuencia de la concentración de los medios de comunicación más influyentes del país en manos de unos cuantos multimillonarios que simpatizan con la ultraderecha. Los casos paradigmáticos son los de Vincent Bolloré y Pierre Édouard Stérin. Día y noche, personajes políticos y opinólogos de extrema derecha, que durante décadas fueron considerados impresentables, como Éric Zemmour –cuyo racismo desacomplejado hace ver a Marine Le Pen como una dulce y sensata viejecilla– o la propia Le Pen, tienen el micrófono en cadenas informativas como CNews, imponiendo, de esta manera, su agenda político-mediática al conjunto del ecosistema comunicativo.

Como consecuencia de esta profunda transformación, los grandes medios, tanto privados como públicos, han hecho una cobertura desastrosa del movimiento, la cual tiene por objetivo legitimar su represión. Durante las primeras semanas de movilizaciones a nivel nacional, en el noticiero de France 2 –un medio de información público y la segunda cadena de TV más vista en el país–, por cada minuto en el que se habló de las reivindicaciones estudiantiles, se hablaron siete de los botes de basura incendiados esporádicamente en algún que otro bloqueo. Las imágenes de los noticieros y la nula atención a la violencia policial pretenden hacer creer que no nos hallamos frente a un movimiento estudiantil, sino frente a expresiones de la “violencia urbana”, por definición ilegítima, sin ninguna otra motivación que el deseo de provocar el caos. La narrativa de los medios de comunicación ha sido irresponsable e injustificadamente acrítica en su reproducción del discurso gubernamental y de la retórica ultraderechista.

Como muestra de esta convergencia, bastan las palabras con que Laurent Nuñez, ministro del Interior, justificara hace tres semanas las actuaciones de la policía: “En la derecha y en la extrema derecha del espectro político, hay quien dice que el ministro da instrucciones de moderación. Esto es falso. No hay ninguna instrucción de moderación. Y, por otra parte, tampoco hay ninguna instrucción de no utilizar todo el armamento intermedio del que disponen las fuerzas de seguridad interior. Estamos entrando en una situación de disturbios y violencia urbana. Se utilizan todas las armas intermedias para ponerle fin”. La segunda mitad de la intervención fue ampliamente comentada y discutida. Y con justa razón: las palabras del ministro fueron pronunciadas en el mismo momento que circulaban las primeras noticias de menores mutilados por las armas policiales. La brutalidad de las declaraciones, sin embargo, hizo ignorar la primera frase de la intervención, la frase que la contextualiza. Al comienzo de su declaración, Nuñez aclaró que a quien se dirigía era a la extrema derecha: es ella el interlocutor declarado del gobierno de Macron, es a ella a quien le rinde cuentas y a quien le explica que no es necesario alarmarse, que todas las armas a disposición de las fuerzas del orden están siendo utilizadas para reprimir a los estudiantes racializados que osaron pedir que en sus escuelas hubiera suficientes bancas y suficientes profesores.

“Los facciosos de ultraizquierda”, “la chusma arabo-musulmana” y demás culpables fantásticos

Al día siguiente del estallido social, Macron se dirigió a la nación. En un discurso de ocho minutos, el presidente de Francia señaló como principales responsables de los desórdenes del día anterior a los “facciosos, provenientes de grupúsculos de ultraizquierda” y a los “delincuentes” que se les habrían sumado. Pidió a las fiscalías de justicia imponer penas ejemplares a aquellos que “intentaron hacer caer la República”. Sobre las “reivindicaciones legítimas”, hizo lo que Poncio Pilato: el alto costo de la gasolina sería la culpa de una guerra que Francia no comenzó y los estudiantes deberían estar de vuelta en sus aulas frías y con goteras (¿haciendo qué?, quién lo sabe, dada la falta de profesores), porque hacía unas semanas el Ministerio de Educación había abierto un buzón de quejas del que más adelante saldría alguna propuesta.

El problema con la lógica de Macron es que los estudiantes no son tontos y saben muy bien que iniciativas similares fueron puestas en práctica en los últimos diez años y no sirvieron para nada. Buzones similares fueron abiertos en todos los ayuntamientos durante las manifestaciones de los chalecos amarillos en 2018 y jamás fueron tomados en cuenta. Son archivo muerto, cuya mayor utilidad será, tal vez, la de servir un día de fuente para la tesis doctoral de algún historiador. Después, entre 2019 y 2020, y como reacción a la continuidad de las movilizaciones sociales, el gobierno de Macron organizó lo que llamaron Convención Ciudadana por el Clima, de la cual emanaron 150 propuestas de leyes precisas, puntuales y en forma. Pero de todas ellas, sólo fue adoptado el puñado con el que el gobierno estaba de acuerdo. Las movilizaciones masivas contra la reforma de las pensiones en 2023 fueron reprimidas con violencia, y la reforma logró finalmente ser impuesta a través del artículo constitucional 49.3, lo que permitió a Macron evitar la molestia de hacer pasar su propuesta de ley por el voto de la Asamblea Nacional.

Que los estudiantes no estén satisfechos con la apertura de un buzón de sugerencias que jamás será tomado en cuenta es incomprensible para Macron. “Nada justifica, nada explica y nada excusa” las escenas del sábado, afirmó. El cinismo es obsceno, pero que finja demencia es natural: lo que justifica que la ciudadanía salga a las calles para exigir ser tomada en cuenta es el hecho de que su gobierno se ha caracterizado por imponer verticalmente una larga serie de reformas y medidas en contra de la voluntad popular. Lo que explica las movilizaciones es una política fiscal y presupuestaria que está destruyendo a los servicios públicos, empezando por la educación. Lo que excusa los desbordes es el hecho de que sea la policía nacional quien, de manera sistemática, cree el desorden e impida el buen desarrollo de las manifestaciones.

Tres elementos del discurso de aquel domingo son especialmente graves. El primero de ellos es que Macron anunció la puesta en marcha de ciertas medidas de seguridad para “hacer respetar firmemente el orden republicano”. Estas medidas incluyen: 1) toques de queda en las principales plazas de las ciudades más grandes del país como París, Marsella, Lyon y Niza; 2) la indicación a las Prefecturas de Policía locales de proteger a toda costa los edificios públicos y los comercios, prohibiendo las manifestaciones si fuera necesario; 3) las represalias judiciales contra los manifestantes arrestados el sábado, que ascienden a dos mil; y 4) la utilización del Ejército para complementar tareas de la policía en los días siguientes. Los efectos de dichas medidas ya se han hecho sentir: por las noches, los helicópteros y los drones de vigilancia sobrevuelan París, y el toque de queda en las zonas céntricas de la ciudad ha dado lugar a escenas descabelladas como el desalojo de las salas de cine del barrio de Châtelet-Les Halles a media función.

El segundo y gravísimo elemento del discurso de Macron fue el de las insinuaciones indirectas, realizadas con especial énfasis, sobre una posible responsabilidad del mayor partido de izquierda en la organización de los disturbios del sábado 17 de octubre. Sin ningún fundamento, tanto el gobierno macronista como sus aliados de extrema derecha llevaban semanas repitiendo, una y otra vez, que La Francia Insumisa (LFI), y particularmente su líder y candidato, Jean-Luc Mélenchon, eran responsables de incitar al desorden y a la violencia. Diversas figuras de izquierda, incluyendo a los principales personajes de LFI, han expresado efectivamente su solidaridad con los estudiantes movilizados, pero el llamado de parte de la izquierda a manifestarse de manera pacífica, calmada y en orden ha sido constante. De cualquier modo, su participación en la organización del movimiento ha sido, en realidad, marginal: la movilización estudiantil tiene un ritmo, una agenda y una dinámica propias que no encuentra su origen en LFI ni en ningún otro partido de izquierda. A lo mucho, se puede hablar de una convergencia de intereses que no tiene por qué sorprendernos ni por qué asustarnos: un partido político cuyo programa denuncia la desigualdad escolar y que propone aumentar el presupuesto de la educación nacional es un potencial aliado, natural y legítimo, del movimiento estudiantil. Esto no ha impedido, sin embargo, que el gobierno macronista imponga la narrativa según la cual Mélenchon es el instigador detrás de las violencias ocasionales en los bloqueos escolares. La falta absoluta de pruebas que sustenten dicha afirmación no ha impedido, empero, que los medios repitan una y otra vez que, en efecto, detrás de la escalada de tensiones se encuentra el partido político que no ha dejado de llamar a la manifestación pacífica, y no la represión violenta de un movimiento encabezado por menores de edad por parte de una policía nacional excesivamente armada, la cual carece de órdenes de autocontención.

En este mismo sentido, y como prueba del abandono de la trinchera habitual de la derecha liberal en su acercamiento a la ultraderecha, el 1.° de octubre, Bruno Retailleau, antiguo ministro del Interior de Macron y candidato a la elección presidencial por parte de Los Republicanos, opinaba en televisión que LFI es “un partido fascinado por la violencia, que incita a la sedición e incluso intenta organizar la insurrección. Lo que está ocurriendo hoy frente a los liceos es el ensayo general de lo que podría suceder en 2027 si Le Pen ganara”. Para la derecha tradicional, supuestamente mesurada y responsable, las cosas son muy claras: exigir condiciones de estudio dignas es un crimen gravísimo y el derecho constitucional a la protesta constituye una seria amenaza al orden público. El verdadero peligro para las instituciones republicanas, y aquello que debería inquietar al electorado francés, no es la extrema derecha, sino la posible contestación de la izquierda. Por suerte y para bien de la democracia, Retailleau ofreció pistas para una posible solución: “Creo que hoy se plantea una cuestión y es la de la prohibición de LFI. Es muy complicado desde un punto de vista jurídico, pero la lanzo al debate público”, añadió. El 19 de octubre, Gérard Larcher, presidente del Senado, miembro del mismo partido que Retailleau, insistió sobre el tema: “creo que se puede plantear la cuestión [de prohibir LFI]”. Declaraciones como éstas muestran el grado de fragilidad en que se encuentra el Estado de derecho en Francia y cuánto terreno han ganado las narrativas desvergonzadamente antidemocráticas y autoritarias, propias de la ultraderecha. ¿Qué importa si es legalmente complicado impedir la participación electoral de la primera fuerza de oposición?, se preguntan dos figuras centrales de la derecha clásica. Lo importante es impedir que un partido cuyos portavoces han condenado una y otra vez la degradación material de infraestructura pública siga propagando el “caos”.

Íntimamente ligado, el tercer elemento aterrador del discurso de Macron fue la puesta en duda de la nacionalidad de los manifestantes. Además de la cómica pregunta con la que iniciamos esta crónica, Macron lanzó una segunda sobre lo ocurrido el 17 de octubre, bastante menos chistosa: “¿cómo pueden los franceses hacerle esto a Francia?”. Si la pregunta sobre el contenido de la cabeza de los manifestantes es cínica, la segunda es de un racismo desbocado pero hábilmente disimulado. En política, se conoce como dog whistle al uso de lenguaje codificado para obtener el apoyo de un grupo particular sin provocar el rechazo o la indignación de otro. Es decir, el dog whistle es un uso del lenguaje que a la mayoría le parece normal, pero que transmite mensajes velados a un público específico. El término hace alusión a los silbatos caninos, que emiten chiflidos a altas frecuencias, inaudibles para el oído humano, pero perfectamente audibles para los perros. Ésta es una táctica pródigamente empleada por la ultraderecha internacional. La aparentemente inofensiva pregunta retórica de Macron fue un ejemplo de manual, y la prueba es que, al día siguiente, Éric Zemmour –candidato presidencial de extrema derecha bajo la bandera de un partido llamado Reconquête (en alusión a la Reconquista española que expulsara a los árabes y judíos de la Península Ibérica a finales del siglo XV), y que ha sido condenado legalmente en múltiples ocasiones por incitar al odio mediante declaraciones racistas e islamofóbicas– salió a responderla por TV: los desbordes del 17 de octubre fueron llevados a cabo por una “chusma arabo-musulmana” binacional a la que habría que retirarle la ciudadanía francesa. En resumen: la derecha tradicional pregunta hipócritamente ¿cómo pueden los franceses hacerle esto a Francia? La extrema derecha, más repugnante aún, responde cínicamente que ello es así porque, sin importar que hayan nacido y crecido en Francia, los jóvenes racializados de los barrios suburbanos populares no son verdaderos franceses.

Epílogo: extinción del Estado de derecho y brutalización de la sociedad

En contra de los deseos de Macron, quien dijera el jueves 22 de octubre que “la recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días”, una nueva marcha fue convocada para el sábado 24 de octubre a nivel nacional. En París, una vez más, la Prefectura de Policía hizo todo lo posible para provocar el desorden: menos de veinticuatro horas antes del inicio de la manifestación, el recorrido previamente negociado y acordado fue prohibido. La Plaza de la Bastilla, lugar de encuentro original, estaba sumergida en gas lacrimógeno desde el mediodía. Un recorrido alternativo fue propuesto de último minuto por la Prefectura: fuera de París, para que nadie fuera molestado. A pesar de las jugarretas de la Prefectura y de que, como ya es costumbre, el gas lacrimógeno marcara el final de una protesta que en ningún momento mostró señales de desbordes, la marcha tuvo una afluencia multitudinaria. A lo largo de todo el país se contabilizaron entre 400 mil y 800 mil manifestantes, según se acepten las cifras gubernamentales o las de los organizadores.

En el marco de la continuación del movimiento social, tres elementos nos muestran cuál es el grado de fascistización de la sociedad francesa actual.

En primer lugar, el Estado de derecho está desapareciendo ante nuestros ojos. La gran mayoría de los toques de queda y las prohibiciones de las manifestaciones atentan contra derechos protegidos constitucionalmente y son impuestos mediante triquiñuelas diseñadas para evitar su anulación por parte de los tribunales. Si la Prefectura de Policía parisina hubiera anunciado, por ejemplo, que durante las noches de la semana posterior al 17 de octubre habría un toque de queda en las zonas de République y de Châtelet, la medida seguramente habría sido anulada por los tribunales por atentar contra el derecho al libre tránsito. Pero la Prefectura es muy lista, y entonces, para evitar el engorroso problema de lidiar con la ley, anunció los toques de queda de manera separada, y hacia el final de la tarde, cuando no hay tiempo de que un juez lo revise. Para cuando los tribunales que podían declarar la medida ilegal abrían, el toque de queda ya había terminado. Lo mismo sucede con las manifestaciones declaradas ilegales de último minuto: no es que el prefecto de Policía sea indeciso y se arrepienta de una ruta que ya había acordado y firmado, se trata de un sucio subterfugio técnico para hacer pasar medidas autoritarias e ilegales en nombre de la “República”: los jueces que pueden declarar ilegal la anulación de último minuto no tienen tiempo de revertir la decisión de la Prefectura.

En cuanto a las detenciones masivas que han tenido lugar en las últimas semanas, verdaderas escenas de terror están teniendo lugar en las comisarías y en los tribunales. Organizaciones de derechos humanos dan cuenta de adolescentes detenidos de manera arbitraria a quienes no se les da de comer durante horas, a quienes se les obliga a dormir en el suelo helado en celdas sobrepobladas, a orinar en botellas y se les priva de productos higiénicos femeninos. En los juicios expeditivos que siguen a las detenciones, ciertas decisiones no fundadas en elementos factuales dan muestra de una gravísima instrumentalización de la justicia con fines represivos: en París, dos jóvenes racializados de veinte años fueron condenados a ocho y diez meses de prisión –posteriormente suspendida– por el gravísimo crimen de encontrarse al lado de un bote de basura en llamas. No hay un solo testigo que los haya visto prender fuego al bote. No hay un video que lo demuestre, tampoco. Fueron detenidos lisa y llanamente por estar parados al lado del fuego. El que no cometieran ninguna infracción no impidió que estuvieran detenidos 48 horas y que obtuvieran una condena que, si bien no los hará pisar la cárcel, pesará por el resto de sus vidas en su expediente jurídico. Diversos colectivos de abogados no han cesado de expresar su preocupación frente a lo que sólo puede describirse como una justicia de excepción. “Todas las personas que comparecen el día de hoy tienen la cara hinchada [por los golpes]. Es aterrador”, denunció uno de los abogados.

Para concluir con el tema de los abusos policiales y judiciales, el lunes 19 de octubre, el primer ministro afirmó que “fue un milagro que no hubiera muertos” durante el fin de semana del 17 de octubre. El problema del milagro, como todos ellos, es que es mentira: Christophe M., un hombre de 59 años, murió durante las manifestaciones del sábado 17 de octubre en los alrededores de la Plaza de la República y un segundo hombre, no identificado aún, falleció al día siguiente, en el barrio de Châtelet, ambos en París. A pesar de que ambas muertes ocurrieran en el contexto de los disturbios ocasionados por la policía, la causa oficial que se reconoció fue la de un paro cardíaco. Los familiares de Christophe han exigido la realización de una autopsia para esclarecer el papel del gas lacrimógeno que inundaba la zona cuando los paramédicos se acercaron a auxiliarlo. Hasta ahora, la autopsia no ha tenido lugar y el abogado de la familia acusa a las autoridades de “hacer tiempo”. El segundo difunto sigue sin ser identificado. La noticia de ambos decesos ha pasado perfectamente desapercibida porque son contados los medios que la mencionan.

Muy preocupado por los desórdenes que tienen lugar, el Senado revivió una propuesta de ley que llevaba enterrada años: “el que rompe, paga”. Directamente inspirada en el código penal de Mussolini, y aprobada por la coalición de derecha y ultraderecha, la ley pretende castigar a quienes destruyan infraestructura pública o propiedad privada en el contexto de una manifestación. El problema es que la redacción de la ley prevé castigar a todo aquel que forme parte de un agrupamiento en el que se cometan tales actos y no sólo a quien los comete. En un gravísimo ataque contra el derecho de protesta, los senadores pretenden aplicar castigos colectivos atentando contra dos de los pilares más básicos del derecho: el principio de responsabilidad individual (una persona no puede ser juzgada por los actos de otra) y el principio de culpabilidad por el acto (una persona sólo puede ser juzgada por lo que hizo y no por quién es, qué piensa o qué se sospecha que hizo). Para cobrarle a los manifestantes hasta 10 mil euros por los hechos, el Senado propone hacer deducciones a los programas de asistencia social, lo cual representa igualmente un grave abuso legal, ya que estos recursos son asignados a familias, no a individuos, lo que colectiviza de nuevo el castigo. Para ser adoptada, faltaría que la Asamblea Nacional la aprobara.

El segundo elemento que apunta a una fascistización acelerada del país es que, en al menos diez ciudades, las manifestaciones autorizadas y pacíficas del sábado 24 de octubre ya no fueron atacadas únicamente por la policía nacional, sino por agrupaciones neofascistas. Diversos videos, verificados por medios de comunicación, muestran a grupos de militantes de extrema derecha arrojando piedras y golpeando a manifestantes delante de la policía, sin que ésta intervenga para nada. En el mismo tono, durante la noche del lunes 19 de octubre, y en pleno toque de queda, un grupo de quinientos ultraderechistas se reunió en el centro de Lyon, bastión francés de la extrema derecha, so pretexto de mostrar su apoyo a comerciantes saqueados durante el fin de semana. Ni la marcha ilegal en pleno toque de queda ni los ataques con palos y piedras contra los manifestantes pacíficos han resultado en detenciones. La complacencia de la policía es aterradora, pero tristemente no sorprende: es de sobra conocido que la tasa de adherencia entre las fuerzas del orden a los partidos de ultraderecha es mucho más alta que en otras profesiones. Si bien durante semanas los medios de comunicación justificaron la mutilación de manifestantes adolescentes mediante el argumento de que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, es claro que la policía está dispuesta a hacer deshonrosas excepciones.

El tercer elemento nos recuerda por qué la extrema derecha no es una opinión política como las demás. Después de que los medios de comunicación insistieran día y noche sobre la participación de los “saqueadores binacionales” y “la Francia de los wallah” (otra expresión árabe que hace zumbar los tímpanos de los puristas raciales, empezando por los de Jordan Bardella, de cuya boca saliera esta fórmula) en los disturbios del 17 de octubre, la lamentable consecuencia no se hizo esperar. El viernes 23 de octubre tuvo lugar un atentado terrorista racista e islamofóbico de parte de un militante de ultraderecha en la pequeña ciudad de Trappes, en la periferia del área metropolitana de París. Pengo Bossio Wangi, de veintiséis años, fue asesinado y cinco personas más están gravemente heridas, entre ellas una niña de doce años. Según sus propias declaraciones, el atacante habría apuntado su arma específicamente a “los negros y los árabes” porque “estaba harto de ellos” y porque quería “vengar a los comerciantes saqueados” el 17 de octubre pasado. Amigos del atacante han comentado que desde hacía años “tenía un discurso racista permanente” y culpan directamente a la constelación político-mediática con la que el gobierno macronista está haciendo alianza en estos momentos: “escuchaba demasiado los medios de comunicación. Todo lo relacionaba con la inmigración, como lo hacen [Marine] Le Pen, [Éric] Zemmour o [Pascal] Praud”. Éste último siendo un infame analista político de extrema derecha. ¿El broche de oro? El lunes 26 de octubre, la Prefectura de Policía parisina prohibió de último minuto la reunión pública para rendirle homenaje a las víctimas en la Place de la République.

Un día después del atentado inspirado en el discurso racista de la ultraderecha, la policía nacional desplegó un enorme operativo en la ciudad de Orleáns para asegurar el buen desarrollo del mitin con que inició formalmente la campaña presidencial de Le Pen. Ese mismo operativo impidió que algunos de los camiones que transportaban a miembros de colectivos antirracistas y de defensa de derechos humanos llegaran a la contramanifestación autorizada bajo el pretexto de que algunas de las personas no tendrían papeles de residencia legal. Porque, aunque el macronismo hiciera campaña en contra de “los extremos”, todos sabemos que la “extrema izquierda”, con sus “delirantes ideas” sobre el acceso igualitario a los servicios públicos y una repartición igualitaria de las cargas fiscales, es mucho más peligrosa que una extrema derecha chovinista que pregona el odio racial y la islamofobia.

Brutalización del mantenimiento del orden, brutalización del discurso político-mediático, brutalización de la justicia y, finalmente, brutalización de la sociedad: a esto nos enfrentamos hoy en Francia. Vista desde el extranjero, la ultraderecha francesa es una posibilidad futura. Vista desde el vientre de la bestia, la extrema derecha es una realidad presente y el proceso de fascistización está más que avanzado. En conjunto, el actual movimiento estudiantil y la violenta reacción que la acompaña son muestra de la transformación profunda que está viviendo el Estado francés: sumido en una crisis social y política ocasionada por la imposición autoritaria de reformas neoliberales que han degradado objetivamente la calidad de vida de los franceses, el gobierno macronista está dispuesto a salir del marco del Estado de derecho y, en este proceso, se vuelca a los brazos de la extrema derecha. El caso francés da razón a Bertolt Brecht cuando dijera que “el fascismo no es lo contrario a la democracia, sino su evolución en época de crisis”. Es probable que la ultraderecha llegue al Palacio del Elíseo el próximo año, y será la derecha tradicional la que caballerosamente le sostenga la puerta abierta.

Sin embargo, y para retomar el título de un artículo de la prensa crítica francesa sobre el aterrador balance de estas últimas semanas, el tráiler da mucho miedo, pero la película no está aún escrita.³ La inesperada victoria electoral de Lula en Brasil y la propia movilización estudiantil en Francia –igual que en Italia y otros países europeos– demuestran que somos muchos quienes continuaremos movilizándonos contra el avance de la extrema derecha en el mundo. En todo caso, no será pronto que los estudiantes franceses dejen de gritar a coro: “la juventud se caga en el Front National”⁴ y siamo tutti anti-fascisti.

Emilio Chauvet Figueroa

NOTAS

¹ Las barriadas suburbanas de Francia donde se concentra la clase trabajadora más precarizada y pauperizada de origen inmigrante recibe el nombre de banlieues. Las más grandes se encuentran en las adyacencias de París, la capital. (N. del Ed.)
² El precariado de Francia está constituido, en su gran mayoría, por inmigrantes y descendientes de inmigrantes. La mitad es de origen africano –magrebí o subsahariano– y profesa el islam, de ahí la imbricación entre racismo e islamofobia. (N. del Ed.)
³ www.mediapart.fr/journal/politique/261026/extreme-droite-la-bande-annonce-fait-peur-mais-le-film-n-est-pas-ecrit.
⁴ Frente Nacional es el antiguo nombre del actual Rassemblement National de Marine Le Pen. Este cambio de nombre tuvo como motivación lavar la imagen de un partido chovinista fundado por negacionistas del Holocausto y colaboracionistas del régimen de Vichy, entre ellos, el propio padre de la candidata de RN, Jean-Marie Le Pen (1928-2025), quien lideró la ultraderecha francesa durante décadas. (N. del Ed.)