Ilustración de Lo Cole para The Economist (2015).
Finalmente se confirmó quién enfrentará a la derechista Keiko Fujimori –la hija del difunto dictador neoliberal del Perú de los noventa– en el balotaje del 7 de junio: el progresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. En Sidecar, el blog de la New Left Review, salió un interesante análisis de Tony Wood: «Hollow Thrones». Lo hemos traducido al castellano.
No sería exagerado describir la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el 12 de abril, como un concurso de impopularidad. En una reñida contienda con 35 candidatos, 23 obtuvieron menos del 1%, y solo cinco superaron el 10%. La abstención alcanzó el 26%, algo que no es inédito, pero sí elevado para un país con voto obligatorio. Keiko Fujimori, hija del autoritario expresidente Alberto Fujimori, quedó en primer lugar con el 17% de los votos, pero se tardó más de un mes en determinar quién se enfrentará a ella en la segunda vuelta del 7 de junio. Al final, un margen mínimo de 21.209 votos separó a los candidatos que quedaron en segundo y tercer lugar: Roberto Sánchez, de la coalición de izquierda Juntos por el Perú, obtuvo el 12%, por delante de Rafael López Aliaga, el exalcalde de Lima de ultraderecha, con un 11,9%. Una décima de punto porcentual fue todo lo que salvó a Perú del sombrío escenario de un balotaje entre dos versiones de la derecha autoritaria. Tal y como están las cosas, las elecciones de junio serán una contienda entre la heredera de Fujimori y una izquierda que busca reunir a la oposición contra su legado.
Las encuestas actualmente muestran a Fujimori por delante de Sánchez con un 39% frente a un 35%, pero con un 14% de los votantes que afirman que votarán en blanco y otro 12% indeciso, la contienda aún podría decantarse de forma decisiva hacia cualquier lado. Los resultados de la primera vuelta replicaron en cierta medida las divisiones regionales que marcaron la contienda anterior entre Fujimori y Pedro Castillo en 2021. En aquellas elecciones, Castillo se impuso en gran parte del interior del país, mientras que Fujimori ganó en la costa. El margen de victoria de Castillo fue inferior a 45 mil votos, y su presidencia quedó prácticamente paralizada desde el principio por la resistencia del Congreso, que lo destituyó a finales de 2022 tras su intento de disolver la legislatura para salir del estancamiento. Sustituido por su vicepresidenta, Dina Boluarte, fue encarcelado en 2025 y sigue en prisión.
En esta ocasión, Fujimori volvió a obtener sus mejores resultados en las zonas costeras, desde Tumbes y Piura hasta Ica, mientras que Sánchez se impuso con holgura en los departamentos de la sierra: Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. Estas zonas suelen ser más pobres y con mayor presencia indígena; aquí fue donde Fujimori obtuvo sus peores resultados, con porcentajes de un solo dígito. Aparte de dos anomalías regionales (el candidato que quedó en cuarto lugar, Jorge Nieto, ganó en su departamento natal de Arequipa, y Ricardo Belmont, exalcalde de Lima, ganó en Tacna), la gran excepción al patrón geográfico binario fue Lima, donde López Aliaga quedó en primer lugar con un 19,9%. El departamento de Lima, que alberga a alrededor de un tercio del electorado total y donde se encuentra la capital, se ha inclinado históricamente hacia la derecha, y sin duda será un importante bastión electoral para Fujimori en la segunda vuelta: en la primera vuelta quedó muy cerca de López Aliaga, con un 17,9%, mientras que Sánchez quedó en noveno lugar con un mísero 3,3 %.
Gran parte del drama de las semanas posteriores a la primera vuelta giró en torno a la respuesta de López Aliaga a los resultados. Aunque los recuentos iniciales le favorecían, tan pronto como Sánchez le superó en el recuento, López Aliaga y sus seguidores denunciaron fraude y trataron de que se anularan los resultados. Se centraron en particular en los recuentos de las zonas rurales, negando su validez en una demostración apenas velada de desdén de clase y racismo. La campaña de López Aliaga ofrecía recompensas en efectivo a cualquiera que denunciara irregularidades electorales (lo cual constituía, por supuesto, una violación de la ley electoral). El 13 de abril, López Aliaga amenazó públicamente con sodomizar a Piero Corvetto, jefe de la autoridad electoral del país; tras varios días más de ataques virulentos en los medios de comunicación, Corvetto dimitió el 21 de abril. Un mes después de las elecciones, los partidarios de López Aliaga amenazaban con un levantamiento si no se anulaban los resultados, y el propio López Aliaga declaró que se estaba produciendo un “golpe electoral”. Pero cuando se anunciaron los recuentos definitivos el 14 de mayo, el partido de López Aliaga capituló de hecho (siguiendo con las denuncias de juego sucio, pero alegando que había “agotado todos los recursos”).
Habiendo estado tan cerca, López Aliaga podría exigir un alto precio por actuar como artífice del ascenso de Fujimori. Ampliamente conocido como “Porky” por sus rasgos porcinos, López Aliaga (n. 1961) entró en política en la década de 2000, tras haber amasado su fortuna en la banca y el sector hotelero. En cierto modo, es una figura típica de la nueva derecha latinoamericana, que se ha subido a la ola de la falsa indignación cristiana conservadora y del sentimiento antizquierdista y contrario a la “ideología de género” para alcanzar la alcaldía de Lima en 2023 al frente de Renovación Popular, un nuevo partido fundado en 2020. Pero en otros aspectos, como ha señalado la historiadora peruana Cecilia Méndez, López Aliaga representa a las fuerzas de derecha más antiguas, recurriendo a una profunda tradición elitista en la que el poder arbitrario y la violencia –incluida la violencia sexual– se emplean sin reparos en defensa de privilegios arraigados. Cabe señalar, sin embargo, que el 11,9% obtenido por López Aliaga solo supuso una mejora mínima con respecto al 11,8% de 2021, cuando también quedó tercero (lo que difícilmente puede considerarse una señal de un avance inexorable de la extrema derecha). La base de apoyo de López Aliaga fuera de Lima es también insignificante, y Fujimori podría calcular que sus seguidores estarán más que dispuestos a respaldarla frente a un candidato de izquierda.
El éxito de Sánchez fue quizás la mayor sorpresa de la primera vuelta: su resultado final duplicó con creces el 4/6 por ciento que habían pronosticado las encuestas. Nacido en 1969 en Huaral, una ciudad situada a unas dos horas en coche de Lima por la costa, Sánchez se formó como psicólogo social antes de entrar en política como miembro del ya desaparecido Partido Humanista Peruano, uno de los cuatro partidos que se fusionaron para formar la coalición Juntos por el Perú en 2017. Presidente de la coalición desde entonces, Sánchez fue elegido congresista en 2021 y posteriormente nombrado ministro de Comercio y Turismo en el efímero gobierno de Castillo, antes de dimitir tras el fallido intento del presidente de disolver el Congreso en 2022. La plataforma de Sánchez aboga por una “refundación del país”, basada en un “nuevo contrato social, un Estado plurinacional que reconozca el verdadero rostro del Perú”. Además de abogar por una nueva Constitución, Juntos por el Perú propuso otras medidas que probablemente atraigan a los votantes del interior: la descentralización del poder de la capital hacia los gobiernos departamentales; la revisión de los contratos mineros, con el fin de mantener una mayor parte de los ingresos cerca de los yacimientos; y medidas para reequilibrar la agricultura del país, alejándola de las exportaciones. Otras políticas potencialmente populares incluían compromisos para hacer frente al flagelo de las universidades privadas y ampliar el acceso a la educación superior, así como la derogación de varias leyes aprobadas por el Congreso desde 2023 que dificultan el enjuiciamiento del crimen organizado.
Durante la campaña electoral, Sánchez subrayó su vínculo con Castillo, luciendo el mismo sombrero blanco de ala ancha y prometiendo conseguir la puesta en libertad del presidente destituido. Esto formaba parte de un intento por llegar a los votantes que en 2021, recelosos de todos los partidos establecidos, se habían unido al partido de Castillo, el pequeño y marginal Perú Libre, en lugar de a Juntos por el Perú. Sánchez no cuenta con el estatus de outsider de Castillo, y no fue capaz de replicar el resultado de este último en 2021. Sin embargo, superó el 8% obtenido por la anterior candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, lo que sugiere que, al menos en el interior serrano, sí fue capaz de atraer a algunos de los votantes de Castillo. El expresidente sigue siendo popular a pesar de que el apoyo a su partido, Perú Libre, ha desaparecido prácticamente por completo (en gran parte debido a su incompetencia y a su conducta descaradamente oportunista, tanto antes como después de su destitución). En estas elecciones, el candidato de Perú Libre fue el veterano líder del partido, Vladimir Cerrón, quien desde 2023 está huyendo de las autoridades peruanas para eludir cargos de corrupción. Obtuvo apenas 100 mil votos en todo el país (0,6%).
Por su parte, Fujimori logró un resultado ligeramente más favorable que en 2021, mejorando su resultado en la primera vuelta del 13 al 17 por ciento. Sin embargo, dada la fragmentación del panorama electoral, es posible que espere hacerse con una mayor parte de los votos de sus oponentes; y el resultado, junto con su marcada distribución regional, sugiere que su alcance sigue siendo relativamente limitado más allá del núcleo duro de los fujimoristas. Ha atendido a ese electorado haciéndose eco del enfoque de su padre en materia de seguridad, prometiendo librar una “guerra frontal” contra la delincuencia. Pero más allá de eso, su esperanza será que la hostilidad hacia la izquierda y la memoria corta –una cuarta parte del electorado tiene menos de treinta años, demasiado joven para recordar el mandato de una década de su padre (1990-2000)– sean suficientes para asegurarle la presidencia en su cuarto intento. En cierta medida, la segunda vuelta del 7 de junio es una cuestión de cuál aversión resulta más poderosa: si el sentimiento antifujimorista o el anticastillista. Ambos son fuertes: las encuestas de finales de abril mostraban que el 48% de los encuestados “definitivamente no” votaría a Fujimori, mientras que el 43% se oponía a Sánchez.
Sin embargo, el panorama político en Perú es más turbio y fragmentado de lo que tal polarización sugiere. La extensa lista de candidatos presidenciales de la primera vuelta fue solo un síntoma de una crisis política profunda y duradera. Su señal más visible ha sido la destitución en serie de los presidentes del país: desde 2018, cuatro han sido desplazados mediante votos de destitución o de censura y dos han dimitido ante la amenaza inminente de lo mismo. Otro síntoma relacionado ha sido la abismal impopularidad tanto de estos presidentes efímeros como del Congreso que los ha destituido e instalado como si fueran muebles de oficina de segunda mano. Durante gran parte de su mandato, Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución de Castillo en diciembre de 2022, fue la jefa de Estado menos popular del mundo; al final –de alguna manera logró mantenerse en el cargo hasta octubre de 2025 antes de ser destituida también– su popularidad en las encuestas se situaba en un escaso dígito. Quienquiera que gane el 7 de junio será el noveno presidente de Perú en el espacio de una década, asumiendo el mando de un Ejecutivo que se ha visto constantemente despojado de autoridad y poder.
La primera vuelta de los comicios presidenciales coincidió con las elecciones a la Cámara de Diputados y a un nuevo Senado. El retorno al bicameralismo fue el resultado de una reforma constitucional aprobada por el Congreso peruano en 2024, que estableció un Senado por primera vez desde que Alberto Fujimori reescribió la Constitución para abolirlo en 1993. En teoría, cabría imaginar que un aumento del número de cargos electos supone un aumento del poder democrático. Pero, de manera reveladora, la ciudadanía peruana se opuso de forma abrumadora: en un referéndum de 2018, el 91% votó en contra del retorno al bicameralismo y el 86% votó a favor de prohibir la reelección de los diputados. Si bien esta última medida se aplicó en 2021, la reforma del Congreso de 2024 anuló ambos veredictos, además de permitir que la actual Cámara de Diputados fuera elegida para el nuevo Senado. Más que un reequilibrio constitucional, el retorno al bicameralismo se considera ampliamente como una maniobra de la casta política existente para ampliar sus propias oportunidades de corrupción.
La desconcertante proliferación de candidaturas y la mezcla de sistemas electorales (los 130 diputados de la Cámara son elegidos en circunscripciones regionales plurinominales mediante representación proporcional; la mitad de los 60 senadores son elegidos a través de una lista de representación proporcional a nivel nacional y la otra mitad en circunscripciones regionales mediante representación proporcional) dieron lugar a una papeleta electoral de medio metro de largo. La aritmética es compleja, pero los resultados tanto para la nueva Cámara de Diputados como para el Senado parecían reflejar en gran medida el patrón de la votación presidencial. La Fuerza Popular de Fujimori iba camino de obtener 22 escaños en el Senado y 39 diputados; Juntos por el Perú ocupaba el segundo lugar con 14 senadores y 31 diputados; Renovación Popular, de López Aliaga, quedó en tercer lugar en la votación al Senado, con ocho escaños, pero fue relegada al cuarto puesto en la Cámara por el Partido del Buen Gobierno de Nieto, que contará con 18 diputados frente a los 16 de RP. Los grandes ganadores fueron Juntos por el Perú, que obtendrá 26 diputados, y Fuerza Popular, que logrará 15. El mayor perdedor fue Perú Libre, que pasó de ser el partido más grande con 37 diputados en 2021 a quedar totalmente fuera de juego en esta ocasión. Ningún partido se acerca a la mayoría en ninguna de las dos cámaras, y es probable que el eventual ganador de la presidencia tenga que participar en constantes negociaciones para implementar algo que se parezca a una agenda política.
Un factor importante en la opacidad de la política peruana para los observadores externos es que las etiquetas de los partidos tienden a tener, en el mejor de los casos, un significado meramente provisional. Los políticos con una larga trayectoria bajo las banderas de una única organización partidaria son una gran excepción; más comunes son los «tránsfugas», que cambian de afiliación con cada ciclo electoral. Cada vez son más comunes también los novatos totales: según Steven Levitsky y Mauricio Zavaleta, más del 90% de los diputados elegidos en 2021 ocupaban un escaño en el Congreso por primera vez, y el 80% carecía de experiencia previa en cualquier tipo de cargo electivo. No es difícil ver cómo estas tendencias pueden ir de la mano con un auge del oportunismo y la búsqueda de beneficios a corto plazo (lo que, por supuesto, fomenta el desencanto con los partidos existentes y lleva a los votantes a decantarse por una nueva camada de candidatos outsiders, quienes a su vez decepcionan, lo que conduce a una nueva ronda de fragmentación).
Estas dinámicas forman parte de un proceso a más largo plazo que los politólogos Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara denominan “vaciamiento democrático”. Sostienen que, mientras que en muchos países una concentración excesiva de poder allana el camino hacia el autoritarismo, en Perú es la dilución del poder la que lo hace. Esto ha tenido lugar a través de dos procesos entrelazados. En primer lugar, el desplazamiento del poder desde el Ejecutivo al Legislativo. Esto se ha acentuado en los últimos años, pero, como sostiene el politólogo Omar Coronel, comenzó con la derrota de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de 2016, tras las cuales, según se dice, ella prometió que “gobernaremos desde el Congreso”. Lo que comenzó como obstruccionismo parlamentario se convirtió en un proyecto para reformar la Constitución de forma sigilosa, a medida que el partido de Fujimori tomaba la iniciativa para afirmar el poder del Congreso a expensas del Ejecutivo. El art. 113 de la Constitución peruana permite al Congreso destituir a un presidente por “incapacidad moral o física permanente”. La redacción deja margen para la interpretación y, durante la última década, el parlamento peruano ha convertido esa disposición en un abismo en el que se puede arrojar a los presidentes a discreción.
Al mismo tiempo, Perú ha experimentado un colapso de su sistema de partidos, hasta tal punto que desde hace tiempo se le conoce como una “democracia sin partidos”. Esta segunda evolución se remonta a la década del ochenta, a la doble emergencia de una vertiginosa crisis económica y al conflicto entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla de Sendero Luminoso. Si los partidos de izquierda quedaron en gran medida desmantelados por el colapso de los medios de subsistencia y por la virulenta contrainsurgencia de la década del noventa, los partidos de derecha se desintegraron no solo por el autoritarismo de Alberto Fujimori, sino también por su preferencia por estructuras ad hoc y personalistas (creó un nuevo partido para cada elección a la que se presentó). En ese sentido, como observan Levitsky y Zavaleta, Fuerza Popular de Keiko Fujimori (creada en 2010 para unificar diversos vehículos fujimoristas abandonados, y que sigue en pie unos dieciséis años después) es una irónica excepción al patrón general que surgió bajo el mandato de su padre.
Esta prolongada fragmentación no se ha remediado en el siglo XXI. En todo caso, se ha acelerado, con partidos que carecen de cualquier vínculo orgánico con los votantes –por no hablar de los afiliados– y que entran y salen del Congreso en función de cambios, a menudo insignificantes, en el estado de ánimo o las preferencias del electorado. Levitsky y Zavaleta lo denominan “loterización”, pero dista mucho de ser aleatorio: una vez que la afiliación masiva y el trabajo de organización sólido quedan descartados, lo que gana las elecciones son los recursos, ya sea en forma de propiedad de medios de comunicación o de dinero en efectivo para financiar campañas de relaciones públicas y visibilidad mediática. Las fuentes ilícitas de financiación también forman claramente parte del panorama, con el crimen organizado, las universidades privadas y los lobbies de la minería y la explotación forestal buscando afianzarse en la esfera política.
Estas características, por supuesto, distan mucho de ser exclusivas de Perú: son omnipresentes en los sistemas políticos democráticos de gran parte del mundo. Como argumentó Peter Mair hace más de una década en Ruling the Void (2013), el declive de la participación política y de la identificación con los partidos ha ido de la mano de una creciente desconexión de las élites políticas respecto al electorado. Desde esta perspectiva, Perú parece menos una anomalía y más un anticipo de lo que nos espera al resto. Mientras tanto, se necesitará mucho más que una victoria de Sánchez el 7 de junio para que Perú salga de esta espiral de fragmentación y desencanto. Pero una pausa en la rutina orquestada por Fujimori podría, al menos, proporcionar un respiro en el que empezar a imaginar caminos para salir del atolladero.
Tony Wood