Ilustración de Grimal para BNC Amazonas (2026).
El presente texto del analista brasileño Danilo Paris fue originalmente publicado en Esqueda Diário el 14 de mayo del corriente año, con el título de “A bomba Master no colo de Flávio Bolsonaro: hipóteses e consequências para a política no Brasil”. La traducción al castellano es nuestra, igual que todas las aclaraciones entre corchetes.
La filtración de las grabaciones donde aparecen Flávio Bolsonaro y Daniel Vorcaro [empresario y financista oriundo de Minas Gerais, uno de los mayores magnates del Brasil, antiguo dueño del Banco Master, hoy envuelto en un escándalo de fraude y corrupción] está causando un gran revuelo en el mundo político y en las tendencias electorales brasileñas. El episodio puede tener consecuencias de mayor alcance, ya que afecta a uno de los elementos centrales de la política bolsonarista a lo largo de la última década. La idea de que la familia Bolsonaro representaría una fuerza «antisistema», hostil a las élites tradicionales y ajena a la “vieja política”. Aunque esta idea se ha deteriorado en los últimos años, la oposición al PT por el tema de la corrupción era una retórica demagógica que ocupaba un lugar destacado en la extrema derecha.
Esto se debe a que la evidente cercanía de la relación entre Flávio Bolsonaro y Vorcaro, marcada por expresiones como “hermano”, “colega”, “estoy y siempre estaré contigo”, además de invitaciones a cenas y reuniones, pone de manifiesto que el clan Bolsonaro mantiene relaciones íntimas con la figura central de uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años.
Las dimensiones económicas del caso agravan aún más el desgaste político. Las intenciones de transferir unos 134 millones de reales para la película Dark Horse, sobre la vida de Jair Bolsonaro, revelaron la existencia de canales profundos de circulación de recursos entre los intereses de grandes grupos empresariales y el proyecto de poder de la ultraderecha. Algo que no es nuevo en la historia, pero que en raras ocasiones se revela al público.
La situación es aún más ridícula porque Flávio Bolsonaro había negado públicamente cualquier relación con Vorcaro en diversas ocasiones. La divulgación de las grabaciones no solo echa por tierra el encubrimiento, sino que produce un efecto político particularmente corrosivo en un contexto de fuerte desgaste de la credibilidad institucional que afecta a diversos sectores.
En sociedades caracterizadas por una gran desconfianza hacia el sistema político y sus instituciones, la percepción pública de una mentira deliberada puede tener graves consecuencias, sobre todo cuando choca con el discurso antisistema que la extrema derecha intentaba, de alguna manera, seguir alimentando.
Además, al parecer, todavía hay mucho material para lanzar nuevos dardos contra el clan Bolsonaro. La detención del padre de Vorcaro y las investigaciones de la Policía Federal sobre el posible uso de esos recursos para financiar la estancia y la actividad política de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos lo demuestran.
En este contexto, comienzan a surgir fisuras importantes dentro del propio campo de la ultraderecha. La rápida reacción de Romeu Zema, buscando distanciarse públicamente –aunque él mismo haya recibido un millón de Vorcaro para su campaña– y calificando las filtraciones como una “cachetada”, expresa el inicio de este proceso, que puede profundizarse. Esto indica movimientos preventivos de facciones de la derecha que, ante la posibilidad de un desgaste acelerado del bolsonarismo tradicional, quieren distanciarse o buscar su propio espacio.
Este proceso cobra aún mayor relevancia porque se produjo en un momento en que Lula atravesaba dificultades concretas en cuanto a su popularidad. Hasta hace unas semanas, una parte significativa de las encuestas mostraba un panorama reñido, e incluso una mejor performance de Flávio Bolsonaro en algunas de ellas. Esa misma semana, la encuesta de Genial/Quaest había sido la primera en indicar signos de recuperación del gobierno, aunque todavía en un contexto de muchas incertidumbres.
Las dificultades a las que se enfrentaba Lula se debían precisamente a los límites de su estrategia de conciliación de clases. El oficialismo mantuvo los pilares fundamentales de las reformas neoliberales implementadas en las últimas décadas, especialmente la reforma laboral y la reforma previsional. Sin cambios estructurales en las condiciones materiales de la mayoría de la población, la extrema derecha logró mantener una elevada capacidad de influencia electoral incluso tras la derrota de Bolsonaro y su encarcelamiento.
Por otra parte, lejos de ser un “pato rengo”, como sugirieron algunos analistas, el gobierno de Lula inició la implementación de una serie de medidas e intervenciones para recuperar sus índices de aprobación y sus perspectivas electorales: el programa Desenrola [para el desendeudamiento de las familias de sectores populares y medios], los subsidios al combustible, el fin de la escala 6×1 [un día de franco cada seis jornadas de trabajo], la derogación del “impuesto a la camiseta” [gravamen del 20% a las importaciones por e-commerce de hasta cincuenta dólares], el plan contra el crimen organizado y posiblemente más cosas por venir, con un paquete de 30 mil millones destinado a los camioneros para la compra de nuevos vehículos. Se trata de medidas que pueden tener un gran impacto social y que las encuestas aún no han reflejado. Es más, dependiendo de cómo se perciban varias de ellas, como por ejemplo el fin del sistema de turnos 6×1, los efectos serían aún mayores.
En este escenario, el momento elegido para la ofensiva contra Flávio Bolsonaro difícilmente puede considerarse una mera coincidencia. La historia reciente de Brasil demuestra que los grandes reajustes políticos han implicado articulaciones entre facciones internas del régimen e intereses del imperialismo, especialmente el estadounidense. Por eso, en este escenario no podemos descartar la hipótesis de que, a cambio de la garantía del suministro de tierras raras, Trump haya ofrecido a cambio garantías políticas para la reelección de Lula, lo que podría explicar en parte por qué esta ofensiva se ha hecho pública ahora.
Y la disputa por las tierras raras no es un elemento menor en este contexto. Estos minerales se han convertido en fundamentales para la reorganización contemporánea de las cadenas globales de valor, especialmente en los sectores de la inteligencia artificial, los semiconductores, las baterías, la industria armamentística y la transición energética. El conflicto entre Estados Unidos y China tiene precisamente en este ámbito uno de sus principales ejes de disputa.
Además, pueden darse otras cuestiones dentro de este marco. El aumento de las tensiones militares en Medio Oriente y la consiguiente presión inflacionaria provocada por el petróleo acentúan la preocupación de las grandes potencias por cuestiones relacionadas con la estabilidad política y social. En este contexto, sectores importantes del capital financiero internacional y del establishment estadounidense pueden considerar a Lula una alternativa más funcional que una ultraderecha que ya ha demostrado ser mucho más inestable para este tipo de papel. Los grandes capitalistas saben que la presión inflacionaria y la carestía de los alimentos pueden desencadenar profundos procesos de agitación social.
En este sentido, y como expresión de ello, resultó muy llamativo que en un evento de la gestora Black Rock en Nueva York, exclusivo para inversores, se presentara a Lula como favorito para las elecciones, y que el nombre de Flávio Bolsonaro ni siquiera fuera mencionado por el resto de los participantes. Es decir, nada menos que uno de los mayores oligopolios imperialistas estaba considerando la reelección de Lula como una tendencia, incluso en el contexto de incertidumbre que presentaban las encuestas.
Al mismo tiempo, esto no significa una proximidad ideológica ni un alineamiento permanente de estos sectores con Lula, sino más bien un reconocimiento de su capacidad relativa para gestionar las tensiones sociales, garantizar la estabilidad institucional y asegurar compromisos económicos y estratégicos, como el suministro de tierras raras.
Una forma de interpretar este movimiento podría ser entender que hoy en día existe una especie de “consenso de Estado” en EE.UU., por encima de la propia polarización entre trumpistas y demócratas. Este consenso involucraría a sectores de Wall Street, del aparato de seguridad nacional estadounidense y del llamado Deep State en torno a un objetivo estratégico central, que es la contención de China y la reorganización de las cadenas de suministro globales como cadenas regionales. En otras palabras, existe una percepción creciente dentro del establishment norteamericano de que determinados sectores considerados críticos para la seguridad nacional de EE.UU. (como los semiconductores, las baterías, los minerales estratégicos y los insumos relacionados con la inteligencia artificial), deben trasladarse a espacios más seguros dentro de las Américas, lejos de la creciente inestabilidad asiática.
Aun así, siempre es importante tener en cuenta que el imperialismo opera en función de intereses variables dentro de un contexto internacional convulso. Si surgiera una alternativa de ultraderecha más disciplinada, más eficaz electoralmente y más capaz de garantizar la alineación geopolítica, no se puede descartar que el apoyo internacional cambie de dirección.
También debemos tener en cuenta que todos estos movimientos se producen en un contexto de intensificación de importantes conflictos sociales que, aunque con desigualdades regionales, se están manifestando con especial fuerza en el estado de San Pablo. No se trata de una cuestión menor, tanto por ser el mayor distrito electoral del país como por ser la jurisdicción gobernada por Tarcísio de Freitas [político conservador afín al bolsonarismo] y desde donde se irradia la política hacia otros sectores de la derecha.
Además, la crisis que afecta a Sabesp [Compañía de Saneamiento Básico del Estado de San Pablo, empresa otrora estatal encargada de la provisión de agua potable y el tratamiento de líquidos cloacales en los 375 municipios paulistas] y la explosión provocada por una fuga de gas han vuelto a situar el debate sobre las privatizaciones en el centro de la escena política, siendo este un aspecto central de la política de Tarcísio. Tras los sucesivos problemas relacionados con Enel [Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, una multinacional italiana que controla gran parte del sector energético brasileño], puede ampliarse la percepción social de que la privatización de los servicios esenciales ha provocado un deterioro profundo de las condiciones de vida en las ciudades y de las infraestructuras públicas.
Volviendo al caso Master, este revela, en última instancia, la realidad de una auténtica república de banqueros, con grandes negocios que pasan por el Tribunal Supremo Federal (STF), siendo Alexandre de Moraes y Dias Toffoli los más implicados, atravesando el núcleo duro del bolsonarismo y llegando incluso a aliados y sectores cercanos al oficialismo. Daniel Vorcaro representa solo una pequeña fracción del sistema financiero brasileño, pero el episodio pone de manifiesto la forma en que los intereses privados de los grandes capitalistas organizan y condicionan permanentemente el funcionamiento del régimen político. Son estos sectores los que establecen los contornos concretos de las políticas económicas y sociales, independientemente de los cambios electorales.
En este sentido, el acercamiento entre Lula y Trump no apunta a ninguna perspectiva real de soberanía nacional. Las declaraciones sobre “amor a primera vista” y la supuesta sintonía entre ambos revelan, en realidad, la continuidad de la inserción subordinada de Brasil en la división internacional del trabajo. Por eso, el debate sobre la nacionalización de los bienes naturales y el control de las tierras raras, el petróleo y las empresas estratégicas como Serra Verde [una minera de gran proyección internacional] adquiere una enorme importancia política. Sin una ruptura con el control privado e imperialista de estos recursos, cualquier discurso de soberanía carece de fundamento en la realidad.
Entretanto, Lula ya ha demostrado que no tiene intención de enfrentarse a esos intereses. De ahí la necesidad de articular las luchas sociales en curso, especialmente en San Pablo, vinculándolas a las movilizaciones nacionales de los trabajadores de la educación, los empleados públicos y los sectores precarizados. Al mismo tiempo, impulsando campañas concretas y unitarias entre los sectores que se autodenominan de izquierda, como por ejemplo “Las tierras raras son nuestras”, podríamos poner en marcha una fuerza social que combata los intereses imperialistas en el país, el entreguismo de la ultraderecha y la política de conciliación del gobierno del Frente Amplio.
En relación con esto, es necesario defender un programa que cuestione en profundidad esta república de banqueros, luchando por una Constituyente Libre y Soberana impuesta por la movilización, donde temas estructurales como la deuda pública, el control de los bienes naturales, la reforma agraria, la revocación de las privatizaciones y de las reformas neoliberales puedan debatirse efectivamente. Esta profunda experiencia política con este régimen podría formar parte de los engranajes que abrirían el camino hacia una perspectiva de ruptura real con el decadente capitalismo brasileño. Es en este terreno donde podría surgir una alternativa efectivamente anticapitalista y socialista para hacer frente a un proyecto de país en el que mandan los banqueros en beneficio de los intereses de los grandes imperialistas.
Danilo Paris