Estas líneas son escritas con pulso de fiebre, desde la trinchera, en un castigado rincón de Argentina –la provincia de Mendoza– donde la emergencia educativa ya ha comenzado a mostrar sus garras. Es un pulso de fiebre que brota de la urgencia, la rabia y la solidaridad. Un pulso de parresía: manifestar la verdad y reclamar justicia, criticar y denunciar públicamente lo que debe ser criticado y denunciado. Con datos y argumentos, claro. Pero sin tibieza ni titubeos, sin agachar la cabeza, sin dejarse amedrentar por los riesgos de represalia laboral o la maledicencia del qué dirán.
Lo peor de todo es la indiferencia o la resignación. Lo peor es mirar para el costado o bajar los brazos. Poco importa cuál es el móvil de la apatía o claudicación: si el egoísmo del no me importa porque a mí no me pasó, o el miedo al revanchismo de la patronal. Luchar y resistir siempre es mejor que callar y transigir, se gane o se pierda en la batalla. Cuestión de principios. Cuestión de dignidad.
Escribo esto como un simple profe suplente que da clases en CENS muy humildes de Godoy Cruz, para tratar de dar voz a todas aquellas personas que trabajan o aprenden conmigo, o que lo hacen en otras muchas instituciones de la provincia donde no me toca enseñar, pero que, aun así, me cuesta sentir como ajenas o lejanas (la vocación de enseñar y la voluntad de luchar, cuando son compartidas, crean puentes insospechados de comunidad y empatía, más allá de todo contacto directo o encuentro cara a cara). Vamos a romper una lanza por un sinnúmero de personas –compañeras y compañeros de trabajo, alumnas y alumnos– que han sufrido un grave menoscabo a sus derechos laborales y educativos por parte del gobierno.
Tanto más necesario es hacerlo en una provincia donde los grandes medios de comunicación, en su casi totalidad, optan por no informar nada que pueda perjudicar o desagradar al gobierno. Venales como son, no quieren perder, por nada del mundo, la pauta publicitaria oficial. Por eso callan, por eso ocultan, por eso le dan blindaje periodístico al gobierno. No les importa la verdad. Les importa el negocio. Esa es su concepción del periodismo.
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Hay un cierre masivo de cursos en los CEBJA y CENS de Mendoza, y también clausura de carreras en algunos IES de la provincia. Cerca de 200 docentes, como mínimo, han pasado a disponibilidad (titulares) o perdido horas (suplentes) en vísperas de las vacaciones de verano, como «regalo» anticipado de Navidad (podrían ser bastantes más, pero no hay información oficial, de modo que nos circunscribimos a los casos hasta ahora confirmados a través de la autoconvocatoria y autoorganización gremiales con fines de denuncia y resistencia). De un día para el otro, al menos un centenar de cursos ha dejado de existir como si nada, en todos los departamentos de Mendoza. Por otro lado, a nivel terciario, hubo institutos que perdieron carreras, como la tecnicatura de Comunicación Social en el IES 9-024 de Lavalle. Acotemos que también una gran cantidad de preceptores han sufrido pérdida de cargos.
La inmoralidad de fondo de esta medida se ve agravada por la irregularidad de su forma. Como ha planteado el SUTE, no es atribución de directores y supervisores cerrar cursos o carreras, sino de la Dirección de Línea. Es esta la que debe emitir la orden a tal fin. No una orden verbal, informal, sino una resolución. ¿Qué hizo el gobierno? Al parecer, bajó la directiva sotto voce de que se cierre una X cantidad de cursos en cada supervisión, y dejó en manos de las respectivas supervisiones la definición de cuáles cursos se cierran, con un amplio margen para la discrecionalidad.
En algunos casos, hay serios indicios para sospechar que los cierres han tenido una motivación punitiva o de persecución político-ideológica. Un buen ejemplo es el de la profesora Laura Espeche, públicamente conocida por su militancia sindical y partidaria de izquierda (FURS y FITU), quien perdió horas en un CEBJA pocas horas después de tuitear una denuncia sobre lo que estaba ocurriendo con la Educación de Jóvenes y Adultos (JyA).
Es probable que José Thomas, el secretario general de Escuelas, pague con la misma moneda al autor de este artículo, si llegara a su conocimiento el contenido del mismo. Es la política del terror, del castigo ejemplificador: fomentar el quietismo a través de la represalia y el miedo.
Circulan trascendidos de que el gobierno tiene previsto continuar con esta política de cercenamiento educativo en JyA. Se teme una nueva oleada de cierres antes de las fiestas de fin de año. Debido a lo que acaba de ocurrir y lo que pronto podría suceder, los CEBJA y CENS se encuentran en estado de alerta.
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La DGE quiere escuelas primarias y secundarias más chicas para la población joven y adulta menos favorecida de Mendoza, aquella que está en situación de pobreza, vulnerabilidad o postergación. Menos educación pública, menos «meritocracia» y «movilidad social ascendente» (las comillas son irónicas, claro), más ignorancia e incultura, más desigualdad económica, más precariedad laboral también…
Todo esto en un contexto nacional donde las tres mayores coaliciones políticas del país (la que ganó el balotaje y las dos primeras minorías, La Libertad Avanza, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio) coincidieron en conceptualizar de forma utilitarista y tecnocrática la educación pública como «capital humano», sin ruborizarse. Lo hicieron a través de sus portavoces de turno. Por ejemplo, Milei y Massa en el debate televisado del 8 de octubre.
Quieren recortar el presupuesto educativo, achicar las escuelas. Esa es su «receta», su «antídoto». Por ahí va la tan mentada «reforma estructural» que anunciaron con bombos y platillos durante los meses de campaña electoral.
Me temo que este cierre prematuro de cursos en la modalidad educativa de JyA, es un «laboratorio de prueba» de una ofensiva mucho mayor, a tono no sólo con el neoliberalismo tradicional que ha gobernado Mendoza en los últimos años (con peronistas y radicales, sin distinción), sino también con esta nueva versión aún más radicalizada del neoliberalismo que dirigirá los destinos de la Argentina desde el 10 de diciembre: La Libertad Avanza, con Milei a la delantera. Hablamos de un neoliberalismo extremo, «2.0», asociado a la derecha minarquista y libertariana, como intenté explicar en un artículo anterior para el semanario Kalewche, “Milei el mesías y la palingenesia neoliberal”.
Pronto va quedando muy claro, me parece, cuál era el verdadero significado de esa ambigua y demagógica metáfora de “la motosierra contra la casta”. El ajuste fiscal no es para la partidocracia corrupta, con la cual La Libertad Avanza ha hecho migas demasiado rápido y fácil (reciclando innumerables celebrities de la vieja politiquería a través del vergonzante «pacto de Acassuso» con el macribullrichismo). No, el ajuste es para el sector público en general, con sus trabajadores en primera fila.
Ni lerdo ni perezoso, el gobierno radical de Mendoza, con el saliente Suárez y el Cornejo entrante a la cabeza, ya se ha puesto muy a tono con los anuncios-dinamita de un Milei que todavía no asumió. Eso es ser más papistas que el papa, como reza el refrán. De todos modos, no olvidemos que el radicalismo mendocino tiene un profuso prontuario neoliberal (ítem aula, proyecto de reforma de la Ley Provincial de Educación, etc. etc.), de modo que aquí no hay nada nuevo bajo el sol.
Y esto recién empieza… De un plumazo, los ministerios nacionales de Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social quedarán rebajados a meras secretarías, subsumidos en un organismo-ómnibus llamado “Ministerio de Capital Humano”, nombre ominoso, de pesadilla, digno de una distopía.
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Nada aquí es casual y todo tiene mucho sentido. Ganó la presidencia un candidato que ha mencionado y elogiado mucho a Sarmiento como prócer de la vieja Argentina liberal, pero que, evidentemente, no ha leído ninguno de sus libros, y que mal conoce y comprende su ideario educativo. Con toda seguridad, Milei no leyó La educación popular (1849), ni Las escuelas, base de la prosperidad (1866). Si hubiera leído estas y otras obras, nunca podría invocar el nombre de Sarmiento para justificar planteos reaccionarios como el de que la educación pública es un «gasto» o una «carga»; o que los vouchers son la gran panacea educativa, a contramano de lo que demuestra la experiencia mundial (por ejemplo, el vecino Chile de la dictadura y posdictadura, donde los vouchers han tenido un efecto desastroso en términos de brecha educativa y sociocultural). O este otro planteo, que cito textualmente con muchas náuseas: “Se terminó la atrocidad de que donde hay una necesidad nace un derecho (se olvidan de que alguien lo tiene que pagar), cuya máxima aberración es la justicia social. Se olvidan de que es injusto que la paguen solo algunos”. Brutal egoísmo de clase, darwinismo social sin atenuantes, individualismo feroz del sálvese quien pueda, aporofobia lisa y llana.
Vienen tiempos difíciles, oscuros. Habrá que luchar, que resistir. Como profesor de Historia, de Formación Ética y Ciudadana, de Ciencias Sociales, seguiré enseñándoles a mis estudiantes que la educación pública es un derecho humano universal y no una «atrocidad» populista o un «derroche de dinero» clientelista. No me importa lo que cacaree el presidente electo desde el espejismo de un éxito electoral efímero, condenado a evaporarse tan pronto como la sociedad argentina descubra la farsa del «derrame económico» por electroshock. Deben primar nuestras convicciones éticas y políticas, nuestro compromiso pedagógico y social por sobre todas las cosas, aunque eso no sea del agrado del nuevo gobierno. Aunque haya ganado con más del 55% de los votos emitidos a nivel nacional, y con más del 70% en la provincia de Mendoza (decirlo me duele en el alma).
Alguna vez, hace mucho tiempo, un tal Domingo Faustino Sarmiento –¿lo conocen, verdad?– escribió: “La educación ha de preparar a las naciones en masa para el uso de los derechos que hoy no pertenecen ya a tal o cual clase de la sociedad, sino simplemente a la condición humana”. No sé ustedes, pero si tengo que elegir entre esta concepción de la educación pública que nos propuso Sarmiento, y la que hoy nos propone Milei, yo no dudo en elegir –más allá de todas mis divergencias ideológicas, que son muchas y grandes– la concepción sarmientina, aunque me llamen «subversivo», «parásito comunista», «zurdo adoctrinador» y otras linduras como las que fueron pintadas con aerosol en las paredes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo hace pocas semanas.
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Las «luminarias» de la tecnocracia educacional mendocina pretenden justificar los cierres masivos alegando que la matrícula es muy baja. Aquí vale aquella máxima sapiencial de que el remedio no debe ser peor que la enfermedad. ¡Claro que hay problemas de desgranamiento en la matrícula de muchos CEBJA y CENS! ¿Cómo podría no haberlos en un país y una provincia abrumados por la deuda externa y la inflación, con más del 40% de su población por debajo de la línea de pobreza y más de la mitad de sus trabajadores en situación de desempleo, subempleo o precariedad laboral? Las altas tasas de deserción escolar reflejan una realidad socioeconómica catastrófica. Frente a esa problemática, el gobierno provincial debiera buscar alternativas de solución o mejora, no alternativas de complicación o desmejora. Se supone que la DGE está para ayudar a la educación pública, no para ajustarla, no para agravar su crisis. Tendría que financiarla, no desfinanciarla. Debería cuidarla y fomentarla, no desprotegerla y desmantelarla.
Entrevistada por el programa “8AM Arriba Mendoza” de Radio Libertador, el viernes 1° de diciembre, Laura Espeche comentó: “Lo único que dicen es que hay baja matrícula. Bueno, pero nosotros nos preguntamos: si hay baja matrícula, si ven que hay trayectorias interrumpidas de los estudiantes, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno, la Dirección de Línea, las supervisiones, para que esos chicos y chicas puedan sostener su trayectoria educativa? ¿Qué es lo que está pasando detrás de cada estudiante para que no pueda asistir a la escuela? Y esa pregunta no nos la pueden responder”.
Y luego acotó lo siguiente con respecto a la escolaridad universal, gratuita y de calidad: “Ese derecho lo tiene que garantizar en primer lugar el estado. Entonces, cuando decimos que cierran un curso, estamos hablando de una vulneración enorme de derechos para un sector muy postergado. Estos chicos y chicas que asisten a los establecimientos educativos de CENS y CEBJA son el sector más vulnerable, el más golpeado por la crisis, los hijos e hijas de familias trabajadoras que, sabemos, no llegan a fin de mes; que sabemos que están atravesando una problemática muy compleja. Y el estado, en vez de cuidar a ese sector, está cerrando escuelas. Está cerrando cursos, dejándolos sin posibilidad. Está achicando cada vez más la oferta. Esos pibes y pibas que no pueden terminar el secundario, que son expulsados del sistema, ¿dónde van a ir? No es un cierre, dos cierres… Estamos hablando de decenas y decenas de aulas cerradas en toda la provincia. Y esto continúa, porque nos dijeron ‘esto es como el primer barrido’. Es una política de achicamiento de la educación. Es una política de recorte, que afecta a docentes, a estudiantes y al conjunto de la comunidad educativa. Estamos en estado de alerta, debatiendo, organizándonos”.
La DGE alega que el todo el alumnado afectado por los cierres será reubicado en otros cursos, por lo que su derecho a la educación pública no se verá conculcado. ¡Cuánta simplificación y sofistería hay en este argumento! Insistimos: el problema no es que sobren cursos en CEBJA y CENS. El problema no es que haya poca población joven y adulta que no completó sus estudios primarios o secundarios, en absoluto. El problema es que gran parte de esa población no logra compatibilizar, en su dura cotidianeidad (desempleo, subempleo, informalidad, precariedad), el sueño de concluir la escolaridad con la necesidad de parar la olla, de subsistir, de sostener económicamente sus familias o colaborar con ese sostenimiento. Más de la mitad de la población mendocina mayor de edad no ha completado la secundaria, según la Encuesta de Condiciones de vida 2019-2022.
¡Y cierran cursos en CEBJA y CENS! No es ese el camino. El camino es el opuesto: implementar más y mejores políticas públicas de inclusión social y terminalidad educativa. Ampliar y profundizar la ayuda, no reducirla ni aligerarla. Crear mejores condiciones materiales o económicas de existencia es lo que se necesita.
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¿Cómo se puede ayudar a los CEBJA y CENS a mantener su matrícula? Por ejemplo, implementando una amplia política de becas, que les permitan a miles y miles de estudiantes salir del doloroso dilema trabajar o estudiar, donde el hilo se corta siempre por lo más delgado: dejar de estudiar para trabajar. Lo que la educación pública de Mendoza necesita no es la «motosierra» de Milei, sino más presupuesto, más inversión.
¿No hay suficiente dinero? Que el fisco aumente los impuestos a la renta financiera y la riqueza más concentrada. Soluciones no faltan. Lo que falta es voluntad política de garantizar y promover la educación pública. La severidad, la dureza que el gobierno tiene con las escuelas de JyA debería tenerla con los grandes empresarios que amasan fortunas obscenas explotando a sus trabajadores y evadiendo impuestos. Son prepotentes con los más débiles y pusilánimes con los más fuertes. Gobiernan a favor de la camarilla capitalista y en contra de la mayoría trabajadora.
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Docentes titulares y suplentes –también preceptores– afectados por los cierres de cursos crearon un grupo de WhatsApp para organizarse. El sábado realizaron una asamblea virtual para deliberar y acordar medidas de lucha. Resolvieron convocar una concentración de protesta frente a Casa de Gobierno, el próximo martes a las 10 de la mañana. También acordaron reclamarle al SUTE que suministre fondos de ayuda, no solo para sostener la campaña de resistencia por delante, sino también para socorrer a las compañeras y compañeros que perdieron horas y son sostenes de hogar.
Asimismo, decidieron lanzar un petitorio con recolección de firmas a través de Change.org, bajo la consigna “¡No a los cierres de cursos! Defendamos la escuela pública”. Allí puede leerse la siguiente fundamentación: “Exigimos el cese inmediato de medidas de cierre de cursos en las escuelas públicas de gestión estatal de la provincia de Mendoza, y la revocatoria de las actas y las resoluciones de cierre de cursos que ya se han efectuado. Estas medidas tienen un fuerte impacto negativo directo en el derecho a la escolaridad de la población más vulnerable, derecho que es una obligación estatal asegurar, e implican la pérdida de puestos de trabajo de trabajadores de la educación en un contexto general de políticas de reducción y deterioro del sistema educativo, de creciente inflación y pérdida brutal del poder adquisitivo del salario”. Puede firmarse la petición haciendo clic aquí.
Defendamos nuestros CEBJA y CENS contra el ajuste. No dejemos que el gobierno radical imponga su política de achicamiento de la educación pública, en sintonía con los proyectos minarquistas de Milei y sus aliados macribullrichistas. Defendamos nuestras comunidades escolares de la regresiva política tecnocrática de un neoliberalismo exacerbado como nunca, que nos retrotrae a los calamitosos años del menemismo. Docentes, trabajadores de la educación en general, codo a codo con estudiantes y familias, en estado de alerta y en pie de lucha.
Nada está perdido de antemano. Todo dependerá de nuestro nivel de conciencia y unidad, de nuestro nivel de organización y lucha. Recordemos: lo peor de todo es la indiferencia y la resignación.
Federico Mare