Entrevistamos en extenso al camarada boliviano Nathanael Hastie sobre la gran rebelión popular que sacude a su país, jaquea al gobierno neoliberal de Rodrigo Paz y capta la atención del mundo entero. Nathanael es sociólogo de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz) con estudios de posgrado en Políticas Públicas para la Igualdad (CLACSO) y Modelaje Matemático (UMSA), y también autor del libro Dueños de Bolivia: la historia (no-oficial) del saqueo (Subterránea, 2025). Fue dirigente de la Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia. Actualmente integra el consejo editorial de La Izquierda Diario (Bolivia) y milita en la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI). Nuestra profunda gratitud con él, por su enorme esfuerzo intelectual y fraternal contra reloj para que la entrevista saliera a la luz este domingo.
Las noticias e imágenes que nos llegan de Bolivia son realmente impactantes y esperanzadoras. El pueblo boliviano está protagonizando, nos parece, la rebelión más importante de la región contra el neoliberalismo en estos últimos años. A nuestro entender, no se veía en América Latina tanta lucha de clases –con tanta lucha de calles– desde la gran revuelta chilena de 2019-2020 contra Piñera, antes de la pandemia. Hubo, es cierto, puebladas en otros países andinos como Perú, Colombia y Ecuador; y también grandes movilizaciones de protesta contra Milei en Argentina, por ejemplo. Pero el proceso abierto en Bolivia, a primera vista, tiene otra masividad, otra magnitud, otra intensidad, otra virulencia… ¿Coincidís con esta impresión?
La rebelión obrera, campesina, indígena y popular que hoy vive Bolivia es parte de un proceso de resistencia a nivel continental contra los ajustes neoliberales, el saqueo de nuestros recursos y las aspiraciones del imperialismo estadounidense de establecer una presencia hegemónica en su “patio trasero”. En ese sentido, si consideramos el proceso de lucha contra el ajuste, tanto el que se produjo entre diciembre del año pasado y enero de este año, como el proceso actual que ha ido en ascenso desde el primero de mayo, hablamos de una lucha con capacidad de movilización de masas. Hay amplios sectores de trabajadores, campesinos y pueblos indígenas que exigen la renuncia de Rodrigo Paz a la presidencia.
La lucha que empezó en diciembre del año pasado, no es sólo la lucha contra el ajuste neoliberal, sino también la defensa de las conquistas del movimiento popular y de los bienes comunes naturales ante los intentos de saqueo. Al defender las empresas públicas en el sector estratégico como YPFB, COMIBOL, BoA, ENTEL, ENDE, frente a las intenciones de volver a privatizarlas, se defiende en parte la Agenda de Octubre de 2003.
Somos un país con una historia muy combativa. Los trabajadores, campesinos y pueblos indígenas saben la fuerza que tienen cuando nos movilizamos de forma unitaria, y lo hemos demostrado a través de la historia reciente. Sin embargo, aún con toda la moral de combate, necesitamos avanzar con horizonte estratégico, no sólo tumbar los ajustes o los gobiernos, sino lograr la constitución de un gobierno de las y los trabajadores, campesinos y pueblos indígenas.
Con este conflicto, si bien se declaró la Huelga General Indefinida en el cabildo del primero de mayo, vienen brotando una serie de conflictos más pequeños desde la desmovilización pactada de la COB [Confederación Obrera Boliviana] en enero. Se llega al primero de mayo con la Marcha Campesina e Indígena que venía caminando casi un mes, con la marcha del magisterio que llegaba desde Calamarca, con las luchas de trabajadores de aseo urbano contra la precarización laboral en La Paz, entre otros. En ese sentido, más que un conflicto nuevo, se trata de un segundo round de las protestas contra el ajuste neoliberal del gobierno de Paz y los empresarios. En ese sentido hay muchas lecciones del primer conflicto por el decreto supremo 5503, fundamentalmente la necesidad de desconfiar en las burocracias, de exigir asambleas abiertas o de base y de la autoorganización.
Ante todo, quisiéramos que nos ayudes a ver el conflicto en una perspectiva más amplia, panorámica, totalizadora. A ponerlo en contexto, digamos. Algo así como una síntesis, a vuelo de pájaro, de los antecedentes históricos y las causas más estructurales –o menos inmediatas– del levantamiento popular contra el gobierno neoliberal de Rodrigo Paz, quien asumió la presidencia en noviembre del año pasado. Si te parece bien, podrías empezar con un repaso general/balance crítico muy somero de la etapa progresista del MAS, la Bolivia reformista del siglo XXI presidida por Evo Morales (2010-2019) y Luis Arce (2020-2025), con el breve interregno golpista y derechista que hubo entre ellos.
Es una pregunta muy amplia. Planteas como punto de partida la Bolivia reformista del siglo XXI, y tomas como referencia el año 2010, es decir cuando ya se había consolidado el pacto constitucional entre el MAS-IPSP y la oligarquía. Prácticamente viene a ser una década de bonanza económica por los precios internacionales del gas, en el que se redistribuyen los excedentes del sector público. En 2005 el 38% de la población vivía debajo del umbral de la extrema pobreza y el 60% bajo el umbral de la pobreza moderada; para 2019 bajó al 12% la pobreza extrema y al 37% la pobreza moderada. Es decir, hubo un cambio objetivo en las condiciones de vida de las grandes mayorías del país. Pero si nos fijamos las ganancias de los grandes ricos, los banqueros, agroindustriales, minería privada, también veremos un crecimiento inédito: en 2005, los bancos privados reportaron 28 millones de dólares en utilidades; para el año 2019, esta cifra se encontraba en 329 millones de dólares. Durante el gobierno de Evo Morales las utilidades de la banca privada se multiplicaron por 11,75.
Lo dijo en su posesión presidencial en 2006: lo que el MAS buscaba era cambiar la relación para que el capital privado nacional y transnacional sean “socios y no patrones”. En los momentos de mayor agudización de la lucha de clases, grupos cívicos y paramilitares de la Media Luna [la región oriental y llana de Bolivia, donde medran la extracción de hidrocarburos y el agrobusiness] atacaron a los movimientos campesino, indígena y obrero, como se expresa en el Enero Negro (Cochabamba, 2007), con constantes agresiones racistas desde la UJC en Santa Cruz, el secuestro y la agresión a campesinos en Sucre (2008), llegando incluso a ejecutar la masacre del Porvenir (Pando, 2008) en la que asesinaron a diecinueve campesinos. Ante ese ataque, mientras existía una voluntad de combate desde abajo, y una marcha de cientos de miles de personas dirigida a La Paz para exigir un referéndum constituyente, las cúpulas del MAS-IPSP optaron por la vía de la negociación. Pactaron el texto constitucional, modificando lo aprobado en la Asamblea Constituyente mediante una comisión de cuatro delegados políticos. Esta negociación sentó las bases de varios de los elementos fundamentales, que hace poco hicieron estallar el conflicto nacional, pues se establecieron las condiciones para blindar jurídicamente la gran propiedad privada y el latifundio, incluso en desmedro del territorio indígena originario campesino, dejando abiertas las puertas para que los agroindustriales avanzaran en sus planes de despojo.
Entre los mejores ejemplos de la política de negociación del MAS se encuentran los acuerdos en torno al reconocimiento económico a las transnacionales cuyas acciones en empresas estratégicas pasaron a manos del Estado. Este fue el caso con las subsidiarias de YPFB (hidrocarburos) y ENDE (generación y suministro eléctricos), como también con la administradora de aeropuertos (SABSA), la telefónica ENTEL, la Empresa Metalúrgica Vinto y la mina Mallku Khota, que pasaron a tener participación accionaria mayoritaria del Estado durante los gobiernos de Evo Morales. Durante la presidencia de Luis Arce Catacora se aplicó –una década después de la aprobación– la ley de pensiones, que terminaba con la concesión de la seguridad social a largo plazo a las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), manejadas por el capital financiero transnacional. A todas estas corporaciones se les pagó el valor de las acciones a precio de mercado, se les indemnizó. El Estado boliviano reconoció los resultados de la CIADI, que obligaba a pagar multimillonarias compensaciones a las transnacionales.
El golpe de Estado de 2019 marca una ruptura con el pacto establecido entre el MAS-IPSP y los grandes empresarios durante prácticamente un decenio. Si bien existieron momentos delimitados de conflictos sobre políticas financieras, laborales o impositivas, esto se encuentra dentro de un contexto general de coexistencia pacífica. A partir de la negociación constituyente, se establecieron los vínculos y mecanismos del lobbying que permitían un intercambio eficaz entre el gobierno progresista y el capital privado. Cedieron la corona para cuidar la bolsa, pero la cesión de la corona no era indefinida.
El golpe de Estado de 2019 pone en evidencia la profundidad estructural del racismo en la sociedad boliviana. Los avances que ha logrado arrancar el movimiento indígena, con las grandes movilizaciones como la Marcha por el Territorio y la Dignidad (1990) y las luchas que llevaron hasta la Guerra del Gas (2003), como el reconocimiento a los territorios, sistemas propios de educación y salud y un grado de reconocimiento estatal, que se expresa en lo “plurinacional”, fueron amenazados de inmediato por el golpismo. La quema de la wiphala, los grupos paramilitares de ultraderecha (Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Kochala, etc.), el odio racista contra los indios y las mujeres de pollera, daban fe que declarar un Estado Plurinacional no basta. El régimen de facto de Jeanine Áñez ordenó la represión, que terminó en las masacres de Senkata y Sacaba. El comandante policial responsable de estas dos matanzas fue nombrado por Rodrigo Paz, hace dos semanas, viceministro del Interior.
Con el golpe de Estado del año 2019 se abre un ciclo político de arremetida de la derecha oligárquica contra los trabajadores, campesinos y pueblos indígenas. Luego de la rebelión popular de agosto de 2020, las cúpulas del MAS-IPSP negocian una salida electoral en la que asume como presidente Luis Arce Catacora, mientras se garantizó la impunidad para los grandes empresarios, banqueros y agroindustriales que financiaron y se beneficiaron con el golpe de Estado.
El gobierno de Luis Arce Catacora nace como imposición de Evo Morales desde el exilio, en oposición a lo resuelto en las asambleas del Instrumento Político. Llega al gobierno por los pactos entre las cúpulas del MAS y el gobierno de facto, para dar una salida electoral a las movilizaciones de agosto de 2020. Arce Catacora dejó un país en crisis.
Durante su gobierno, la empresa privada fugó divisas del país sistemáticamente. Tan sólo en 2024, el sector privado remitió más de 4.700 millones de dólares, pero sólo ingresó al país 239 millones de dólares. Es decir, el 95% de sus ingresos se quedan afuera. Sumando desde 2009, el saldo negativo de divisas del sector privado es de 32 mil millones de dólares, mientras el sector público por sí sólo tenía superávit. Esta fuga sistemática fue facilitada por el MAS-IPSP. Cuando estalló el escándalo de los Panama Papers, una comisión parlamentaria elaboró un informe demostrando las relaciones de los principales empresarios del país con las cuentas en Panamá y presentó un proyecto de ley para penalizar la fuga de capitales. Álvaro García Linera era presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El MAS-IPSP tenía dos tercios en ambas cámaras, pero decidió archivar el proyecto de Ley de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales (PL 182/2018-19).
Arce asumió en medio de una crisis económica producto de la pandemia sanitaria, y más allá del Impuesto a las Grandes Fortunas, fue un gobierno que negoció de forma permanente con los intereses de la oligarquía financiera, con la liberación de exportaciones y la pasividad ante la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. El secuestro de divisas se tradujo en un mercado paralelo de dólares, en el que se llegó a cotizar en torno a 20 Bs mientras el tipo de cambio oficial era de 6,96 Bs. Al no lograr garantizar la importación de combustibles, se formaban enormes filas esperando poder cargar gasolina o diésel. Se paralizó el transporte de alimentos dentro del país, subiendo el costo de la canasta familiar. La salida que dio Arce consistió en incrementar la deuda externa, ahondar las divisiones dentro de las organizaciones campesinas y populares, y aplicar la ley electoral aprobada por Evo Morales años antes para proscribir la participación del propio líder del movimiento campesino.
Es en ese contexto, llegamos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025. El voto blanco y nulo representaba más del 22%, y a contramano de todas las encuestadoras de los medios hegemónicos que posicionaban a Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina a la cabeza, ganó el binomio de Rodrigo Paz-Edman Lara. Rodrigo Paz Pereira es hijo del expresidente neoliberal Jaime Paz Zamora, y fue alcalde y parlamentario durante dos décadas (opositor moderado al MAS.) Edman Lara es un expolicía, oriundo del valle cochabambino, quien fue dado de baja por denunciar actos de corrupción de sus superiores. Al lograr articular de forma orgánica con sectores del movimiento campesino las candidaturas parlamentarias, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), en los hechos una sigla electoral de alquiler sin base social, logró encauzar muchos votos que expresaban el descontento social y el rechazo a la posibilidad del regreso al modelo neoliberal, encarnada en Quiroga y Doria Medina.
Podemos ahora adentrarnos en el gobierno neoliberal de Paz, del Partido Demócrata Cristiano. Durante la campaña electoral de 2025, se solía decir que no sería tan de derecha como su contrincante en el balotaje, el conservador y minarquista Jorge Quiroga, de Alianza Libre, muy identificado con Milei. Sin embargo, las políticas de Paz no parecen haber sido muy centristas o moderadas que digamos… Lo que se ha visto es una ofensiva derechista en toda regla. ¿Qué medidas ha adoptado el nuevo presidente durante su medio año de gestión? Preguntarte esto es más o menos lo mismo que preguntarte cómo se originó el conflicto que hoy arde en Bolivia.
Apenas asumieron el Poder Ejecutivo y dominaron el parlamento, dejaron en claro su racismo, su desprecio por lo indígena, con un afán de reemplazar los símbolos plurinacionales como la wiphala de los espacios estatales y con el “regreso de la biblia” a espacios protocolares, a pesar de ser Bolivia un país laico. A nivel internacional, Paz ha vuelto a tener cercanía diplomática con Estados Unidos y se ha alineado con el mandato de Trump, al incorporarse en el Escudo de América, junto a los representantes de la ultraderecha regional. El gobierno de Paz ha retrocedido de las posiciones históricas de Bolivia, como el apoyo al pueblo palestino contra el genocidio del Estado de Israel. Ha roto las relaciones diplomáticas con Palestina y la República Árabe Saharaui Democrática, para reestablecer y fortalecer las relaciones con el régimen sionista. El gobierno de Rodrigo Paz y los empresarios constituyen una derecha abiertamente neoliberal y terrateniente, que pretende imponer un ataque a las conquistas de los sectores obreros, campesinos y populares. Sin embargo, es un gobierno débil, condicionado por una relación de fuerzas entre las diversas clases sociales, que como lo demuestra la rebelión popular actual, no está definida. Luego de un ciclo político marcado por una mayor diversificación de las relaciones de interdependencia, Paz representa el regreso al redil norteamericano. Si bien existen ciertos hilos de continuidad en las políticas económicas aplicadas, si bien regresan al Palacio de Gobierno muchos de los actores políticos que hace tres décadas aplicaron el modelo neoliberal, hay un contexto geopolítico distinto. La presidencia de Rodrigo Paz forma parte de un ascenso general de gobiernos de ultraderecha, antiderechos, racistas y serviles. Se inscribe en una nueva ofensiva del imperialismo contra los pueblos del Abya Yala.
Paz eliminó por decreto el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), el impuesto a los juegos y el impuesto a las promociones empresariales,1 reforma tributaria que beneficia de forma directa a los grandes empresarios. En un primer intento de imponer el paquetazo por decreto supremo (presidencial), el gobierno lanzó a fines del año pasado el DS 5503, que incluía la reducción de la subvención estatal a los combustibles (gasolinazo), un marco legal fast track para facilitar y resguardar la privacidad de los contratos de explotación de bienes comunes naturales, la reducción de los derechos laborales, la “racionalización” del gasto público (recorte presupuestario para salud, educación, infraestructura, etc.), un nuevo régimen impositivo que impactaba a empresas unipersonales y profesionales independientes, la liberación de exportaciones de productos de consumo básico, y una modificación perniciosa de las atribuciones del Banco Central de Bolivia.
Las movilizaciones que iban en ascenso después de la llegada de la marcha “Bolivia no se vende”, con un estimado de medio millón de marchistas en la primera semana de enero, se masificaron a través de los bloqueos de carreteras. Es en ese contexto que la dirección de la COB firma el pacto con el gobierno de Paz, aceptando el gasolinazo y cerca a la mitad de los artículos del DS 5503, en un nuevo decreto (5516). La suba del precio de combustibles tuvo un efecto dominó sobre los costos de transporte y de productos de primera necesidad. A esto se suma la importación de gasolina de mala calidad que provocó daños a los motores de miles de automóviles, hecho que generó protestas y paros de los transportistas. (La organización gremial de los transportistas es de los propietarios de los vehículos, no así los conductores, por lo que en una misma federación se encuentra el dueño de decenas de buses que contrata choferes y un conductor que es dueño de su automotor.)
Luego de la abrogación del DS 5503, hubo un cambio desde el gobierno en el ritmo y los mecanismos para los ataques. Algunos elementos como el nuevo régimen tributario para pymes, unipersonales y profesionales independientes conocido como el SIETE-RG, ya se empezó a difundir desde el Servicio de Impuestos Nacionales sin necesidad de un decreto supremo. Y se logró un acuerdo mayoritario en el parlamento para aprobar mediante la ley 1717 (10/4/2026) la eliminación del Impuesto a la Transacción Financiera, que establecía un gravamen del 0,3% sobre las operaciones financieras en moneda extranjera. En paralelo, a los bancos se los beneficia con el DS 5605 (13/4/2026): antes, el 6% de sus utilidades netas debía destinarse a fondos específicos de garantía para vivienda social y proyectos productivos; ahora, todo eso se deja en consideración del Ministerio de Economía.
Se suma a estas medidas la política de deuda externa: el gobierno de Paz ha consolidado y profundizado los empréstitos con la CAF, el BID y el FMI, así como los “bonos soberanos” por un valor de 1.000 millones de dólares. Estos créditos internacionales vienen de la mano con programas de ajuste estructural, que profundizan la condición de dependencia del país, y facilitan el saqueo de los recursos naturales. Con el pago de 500 millones de dólares en marzo de 2026 no sólo dejan al país con pocas reservas internacionales, sino que se genera más deuda externa para pagar la que ya tenemos.
El 10 de abril se promulgó la ley 1720, que posibilita la conversión de la pequeña propiedad campesina en mediana propiedad. Esta ley fue presentada como proyecto desde el órgano ejecutivo durante el gobierno de Luis Arce Catacora, y fue retomado con fuerza por el senador agroindustrial Branko Marinkovic. La ley 1720 supone un retroceso en los derechos conquistados a partir de la Reforma Agraria de 1953, pues da lugar a que las tierras sean hipotecadas y despojadas por la banca privada (en los hechos, un deslinde de la obligación estatal de entregar créditos productivos). Asimismo, permite la compraventa de pequeñas propiedades que, bajo la norma antes vigente, no podían ser mercantilizadas.
Con la Marcha Campesina e Indígena de tierras bajas contra la ley 1720 y el cabildo de la COB, el primero de mayo se resuelve una serie de demandas: el monopolio estatal sobre el comercio exterior, la no exportación de productos de primera necesidad sin cumplir antes con el mercado interno, la defensa de las empresas estatales, la defensa de la educación y salud públicas, la exigencia de elecciones judiciales, el rechazo a la reforma tributaria, el control obrero de las jubilaciones y el rechazo a la ley 1720.2
¿Podrías hilvanar, para nuestros lectores y lectoras de distintos países hispanoparlantes (Argentina, España, México, Uruguay, Perú, Colombia, Chile, etc.) un breve relato de los sucesos recientes en Bolivia, siguiendo el orden cronológico en que se ha desarrollado el conflicto?
Este conflicto, como decía, viene a ser un segundo round de la lucha contra el ajuste y el saqueo, que sintetizan el programa de gobierno de Paz y el FMI. En ese sentido, la lucha bajo la consigna de “¡Bolivia no se vende!” forma parte de un ciclo de resistencia más amplio contra el modelo neoliberal.
El 8 de abril, empieza la Marcha Campesina e Indígena desde Pando, exigiendo la abrogación de la ley 1720 (en ese momento, proyecto de ley 157). Campesinos y pueblos originarios se movilizaban en defensa de sus tierras-territorios, y contra las amenazas de una ley antibloqueo. Esta marcha avanzó durante 29 días para llegar a la ciudad de La Paz.3
El 28 de abril, parte la marcha del magisterio urbano en defensa de la educación fiscal, gratuita y de calidad desde Calamarca. Arriba a La Paz el primero de mayo.
Ese mismo día, se convoca al Cabildo de la Central Obrera Boliviana, que declara la Huelga General Indefinida con bloqueo de carreteras, hasta lograr el pliego unitario de la COB. Tres días después, llega a La Paz la Marcha Indígena y Campesina de tierras bajas.
El 6 de mayo, la ciudad de La Paz ya se encontraba cercada, con el bloqueo de carreteras en las provincias. Esa misma tarde el gobierno arrestó a trece dirigentes fabriles que se encontraban en el ministerio de Trabajo junto a las movilizaciones, pero al día siguiente fueron liberados.
El 9 de mayo, el gobierno convoca al “Encuentro Nacional por el País” para consolidar un bloque unitario desde los sectores de derecha y empresariales. Se determina impulsar una reforma constitucional y reforzar el paquete de medidas.4
El 12 de mayo, sale una columna de sectores campesinos desde Caracollo, denominada “Marcha por la Vida”.
El 14 mayo, luego de rebotar entre las dos cámaras, el proyecto de “abrogación” de la ley 1720 se aprueba con dos disposiciones transitorias que establecen que, dentro de sesenta días, volvería a presentarse otra ley con el mismo objetivo de conversión de tierras, votando hasta el propio impulsor de la ley a favor de su derogación. Una auténtica burla, mientras decía que la volverían a sacar.
En medio del proceso de movilización de la COB, el 14 de mayo llegaron a La Paz los mineros cooperativistas, un sector muy contradictorio en sí mismo, con una capa empresarial de «socios» (en algunos casos muy adinerados y ligados directamente a las empresas transnacionales a las exportan los minerales) y otra capa de empleados o socios precarizados, quienes no gozan ni de las más mínimas garantías de derechos laborales. Con el grito “renuncia de Paz” y un escenario muy mediatizado de enfrentamiento entre dinamitazos y represión policial, la dirigencia cooperativista pactó un perdonazo de las deudas con el sistema de seguridad social por más de 95 millones de bolivianos (más de 13,6 millones de dólares al tipo de cambio oficial) y el nombramiento de un viceministro cooperativista. Luego de aclarar que no tenían relación alguna con la movilización de la COB, la dirección cooperativista instruyó no sólo la desmovilización de sus bases, sino que amenazó con romper los bloqueos campesinos para despejar las carreteras.
El 16 de mayo el gobierno ejecuta su operativo militar y policial de desbloqueo para el llamado “Corredor Humanitario”, con una represión brutal que deja cientos de heridos y cuatro personas muertas. Con trece horas de resistencia, no lograron el objetivo de despejar las principales carreteras del país. Ese mismo día, por separado, las Confederaciones de Maestros Urbanos y Rurales firmaron acuerdos con el Ministerio de Educación, en las que acuerdan temas sectoriales como un “bono” para los docentes, a cambio de desmovilizar a sus bases. Sin embargo, en La Paz, Santa Cruz y otras regiones del país, maestras y maestros siguen firmes en la movilización contra el ajuste neoliberal que ataca la educación pública, gratuita y de calidad.
Se van masificando los puntos de bloqueo. Se suman a las movilizaciones sectores vecinales, algunos sindicatos de transportistas y los Ponchos Rojos, bajo la consigna unitaria de exigir la renuncia de Paz. La escalada represiva del gobierno se expresa con balines, gases y arrestos masivos en las movilizaciones. En ese sentido, el 23 de mayo se ejecuta otro operativo de desbloqueo, llamado “Bandera Blanca”, que tampoco tuvo éxito en su cometido. Se mantienen bloqueadas las principales carreteras del país.
¿El conflicto está muy centrado en La Paz, la capital del país, o tiene una amplia proyección nacional, tanto urbana como rural? Sería bueno que nos brindes una «radiografía» de las fuerzas sociales y políticas que están interviniendo en el conflicto, por ambos bandos: clases, fracciones, partidos, sindicatos, patronales, etc. Tenemos entendido que, además de los mineros y otros sectores combativos del proletariado (como los trabajadores del transporte), las organizaciones campesinas y los pueblos originarios están cumpliendo un rol importante en la lucha, igual que el magisterio y las juntas vecinales. Nos gustaría también saber cómo se posiciona y juega Estados Unidos, el hegemón imperial, que con Trump 2.0 está más obsesionado que nunca en controlar su “patrio trasero” hemisférico, como ilustra el caso dramático de Venezuela.
Durante las primeras semanas, el conflicto se ha centralizado en el departamento de La Paz, pero a estas alturas va adquiriendo un carácter cada vez más nacional. Se encuentran más de 58 puntos de bloqueo en seis de los nueve departamentos del país, y cabe resaltar que dos de los departamentos que no registran bloqueos (Beni y Pando) fueron la punta de lanza de la lucha contra la ley 1720. La Marcha Indígena y Campesina venía desde el norte amazónico con las principales organizaciones campesinas e indígenas de Beni y Pando.
En las marchas hay importantes contingentes de mineros y de maestros, pero la fuerza innegable de la movilización se encuentra en los puntos de bloqueo sostenidos por el movimiento campesino en las carreteras interdepartamentales y por los vecinos autoconvocados en El Alto.
Los gobiernos del MAS-IPSP han dividido muchas organizaciones sociales y han cooptado dirigentes sindicales, por lo que llegamos a los conflictos con un tejido orgánico aún debilitado. Además, se genera una legítima desconfianza desde las bases por la traición de la dirección de la COB en enero, cuando la movilización iba en ascenso y pactaron con el gobierno mantener el gasolinazo.
La fuerza y la voluntad de resistencia en los bloqueos no es menor, pues el primer intento de desbloqueo con un operativo militar y policial el 16 de mayo –que se extendió por trece horas– no logró su cometido. Las fuerzas represivas dejaron un saldo de cientos de heridos y cuatro muertos. También se viene denunciando que están apuntando al rostro, con varios heridos que han perdido un ojo, como en las movilizaciones de Chile y Argentina. Hay cerca de 200 personas encarceladas, aprehendidas o procesadas bajo cargos de “sedición” o “terrorismo” por participar en las movilizaciones, entre ellas, dirigentes sindicales contra quienes se han emitido órdenes de arresto.
El reto que tenemos hoy es organizar desde abajo a los sectores que quieren luchar contra el ajuste neoliberal. Tal es el caso de los vecinos del distrito 8 de El Alto, que desde Senkata han organizado un comité de bloqueos, desconociendo a las Federaciones de Juntas Vecinales. En el magisterio se produce el mismo fenómeno: sindicatos, federaciones y maestros de base que denuncian el pacto de la dirigencia y están dispuestos a seguir combatiendo. La unidad de las luchas y la organización de asambleas abiertas se hace imprescindible para llevar hasta el final la lucha contra el ajuste neoliberal y contra el gobierno de Paz.
Desde la burguesía, se visibiliza que han cerrado filas en apoyo al presidente, en cuanto y en tanto exista riesgo de que la movilización avance y pueda tumbarlo, como se expresó en el Encuentro por el País (9/5). Ese apoyo es condicionado: desde las cámaras empresariales, el Comité Pro Santa Cruz y la bancada de Libres le han exigido al gobierno declarar estado de sitio y levantar los bloqueos con mayor fuerza militar.
A esta ultraderecha se suman sectores que están buscando rearticularse, como las denominadas Resistencias, que en los hechos son grupos paramilitares. Ya en 2019 fueron uno de los actores golpistas. Promueven el racismo, al que denominan “antimasismo”. Se trata de un odio profundo a los indígenas, a los campesinos, a las mujeres de pollera. En esta rearticulación buscan sumar a sectores de clases medias urbanas como en el golpe de 2019, pero esta vez sus convocatorias son más marginales, particularmente en la ciudad de La Paz.
El envío de los aviones Hércules de Argentina y Chile, que según denuncias de diputados de Alianza Popular habrían transportado material represivo, se refuerza con un apoyo moral y económico de los gobiernos derechistas de la región. Los comunicados del Departamento de Estado, de la embajada estadounidense y del gobierno israelí dejan en claro la posición de respaldo hacia el régimen de Paz.
La actual rebelión boliviana nos hace recordar los estallidos sociales que hubo en Kenia, Nepal, Indonesia y Francia el año pasado; o los de Bangladés y Sri Lanka en 2024 y 2022, respectivamente. Todas revueltas populares más o menos recientes contra gobiernos neoliberales, al margen de sus diferencias. Ninguna de ellas derivó en una insurrección con horizontes maximalistas, eso sí. Fueron arrebatos espontáneos y efímeros, furias espasmódicas y fallidas. Las izquierdas anticapitalistas, las vanguardias revolucionarias, no lograron organizar ni radicalizar el descontento de las masas, orientarlo, encauzarlo con un programa y una dirección. ¿Cómo definirías la actual rebelión popular en Bolivia? ¿Es solo una revuelta, una pueblada, un estallido social por reivindicaciones puntuales escasamente articuladas, o te parece que se trata de algo más potente y radical? Seguramente no tanto como una insurrección, pero sí tal vez una semi-insurrección… Parece haber cierta organicidad, cierto grado de organización en la lucha, y de conciencia de clase; amén de un objetivo político-general no menor: la renuncia del presidente Paz y la derrota de la ofensiva neoliberal.
La consigna que unifica las luchas de los distintos sectores es la renuncia del presidente Rodrigo Paz y el desmantelamiento de su paquete de ajuste. Lo que no queda claro aún en los sectores movilizados es el ¿qué viene después de la renuncia de Paz? Desde su resguardo en el Chapare, Evo Morales plantea como salida la convocatoria a nuevas elecciones dentro de noventa días. Esta salida, al igual que otras variantes institucionales, tienen un gran problema: se llevarían a cabo con la actual ley electoral (aprobada por Evo Morales), que tiene un carácter proscriptivo contra las iniciativas políticas de trabajadores, campesinos, indígenas y de izquierda, mientras se mantienen vigentes siglas “de alquiler” sin militancia real, implantadas como modelos de negocio. El cambio de siglas es una transacción comercial, como ilustra el caso de Rodrigo Paz en su carrera electoral: candidato por el MIR, FRI, ADN, PDC, UNIR y CC; mientras que, por su parte, Jorge Tuto Quiroga ha ido en listas del FRI, ADN, PDC y MNR5 en múltiples elecciones. Incluso compartieron la misma franja en la papeleta Quiroga-Paz.
El Órgano Electoral ha normalizado la inscripción fraudulenta de miles de ciudadanos en agrupaciones políticas como mecanismo para legalizar las siglas. Han logrado encontrar argumentos «jurídicos» para revivir la sigla del MIR, el partido del padre de Rodrigo Paz, el expresidente Jaime Paz Zamora. Y en los últimos comicios subnacionales posesionaron como gobernador de La Paz al candidato oficialista con apenas 22% de los votos, sin la segunda vuelta establecida por ley. No hay salida dentro del marco de la institucionalidad vigente, como tampoco la habrá si se imponen las reformas constitucionales que ha anunciado el gobierno de Paz.
No es la primera vez que la clase trabajadora, los campesinos y los pueblos indígenas de Bolivia se enfrentan a esta disyuntiva. La Central Obrera Boliviana lo discutió en la Revolución Obrera de 1952, poco después de su nacimiento. Se avanzó en 1971 con la Asamblea Popular, cuando los obreros, campesinos, estudiantes y partidos de izquierda tomaron el parlamento y empezaron a sesionar en lo que en esa época Le Monde diplomatique calificó como el “Primer Sóviet de América”. Otro tanto en 2000, cuando surgió la Coordinadora del Agua en Cochabamba, en medio de la Guerra del Agua.
Desde la izquierda marxista, la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional planteamos la necesidad de recuperar las experiencias de la clase obrera boliviana expresada en la Asamblea Popular de 1971 y la Coordinadora del Agua. La salida que proponemos es retomar estas experiencias de lucha, y conformar un gobierno provisional de los trabajadores, campesinos y pueblos indígenas que están en lucha, para que la crisis la paguen los ricos y no el pueblo trabajador.
La movilización es intensa, pero la represión –que ya es muy dura– podría escalar… ¿Cuáles son tus pronósticos y expectativas respecto al desarrollo de la rebelión en los próximos días o semanas? ¿Ves posibilidades de crecimiento y triunfo? ¿Hay riesgos de golpe militar o autogolpe?
El gobierno recibe presión desde las cámaras empresariales para declarar estado de sitio y desatar una represión feroz que despeje las carreteras. Los mismos grupos político-empresariales que hicieron un paro cívico-patronal para exigir la renuncia de Evo Morales en 2019, hoy rechazan que el pueblo trabajador, que los campesinos e indígenas usen los mismos métodos de lucha. Por otro lado, una posible negociación, igual que en enero, podría aliviar las tensiones que hoy siente el gobierno. Pero las bases movilizadas han dejado en claro a la COB que no aceptarán esa salida. Las fuerzas armadas y la policía vienen jugando un rol importante como actores políticos, con mayor fuerza desde el golpe de Estado de 2019. Tras la asunción de Paz, han reestablecido relaciones directas con la DEA y el Comando Sur de EE.UU.
Desde los puntos de bloqueo y las marchas contra el gobierno de Paz, las fuerzas populares están dando importantes pasos de autoorganización y unificación, como la práctica de las asambleas abiertas y la articulación de un plan nacional de lucha, no sólo para exigir la renuncia del presidente y derrotar el ajuste neoliberal, sino también para allanar la conquista de un gobierno provisional de las organizaciones obreras, campesinas e indígenas. Para eso hay que hacer efectiva la Huelga General Indefinida, ya declarada por las organizaciones. Ante la crisis económica que han provocado los grandes empresarios, solo cabe una salida: que la paguen ellos, los ricos, no el pueblo trabajador. El resultado del proceso está en disputa. Serán las asambleas y calles las que definan el desenlace de la rebelión en Bolivia.
NOTAS
1 www.laizquierdadiario.com.bo/Rodrigo-Paz-elimina-cuatro-impuestos-que-solo-pagaban-los-ricos.
2 www.laizquierdadiario.com.bo/A-la-huelga-general-indefinida.
3 www.laizquierdadiario.com.bo/Avanza-la-marcha-de-comunidades-indigenas-y-campesinas-por-la-abrogacion-de-la-Ley-1720-de.
4 www.resumenlatinoamericano.org/2026/05/13/bolivia-encuentro-por-el-pais-o-rearticulacion-de-la-derecha.
5 www.laizquierdadiario.com.bo/De-partidos-candidatos-y-calcetines-en-la-segunda-vuelta.