Ilustración: detalle de Allegory of Bad Government, de Carrie Ann Baade. Óleo sobre lino, 2011-2017. Obra inspirada en la clásica pintura homónima de los hermanos Lorenzetti. Fuente: Beautiful Bizarre.
El presente artículo de la camarada uruguaya María Luisa Battegazzore es una versión ligeramente corregida y aumentada del que fuera publicado en El Chasque, el viernes 20 de diciembre, bajo el título de “De hegemonías y recambios electorales. De triunfos y derrotas, fuerza y debilidad”. Las aclaraciones entre corchetes son nuestras, no de la autora.
En octubre y noviembre de este año, hubo elecciones en Uruguay, donde ha sido vencedora la coalición progresista Frente Amplio (FA), opositora al gobierno actual de Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (blanco, PN) y sus aliados de la centroderechista Coalición Republicana. Desde el 1° de marzo de 2025, Yamandú Orsi será el nuevo presidente de la República Oriental.
El sistema electoral uruguayo incluye dos vueltas: la primera, en octubre, define la composición del parlamento y los dos candidatos que se enfrentarán al mes siguiente por la presidencia. Este sistema se instauró mediante una reforma constitucional en 1996, con fines preventivos, ya que el FA se había convertido en la fuerza política ampliamente mayoritaria, y lo sigue siendo. Para que el presidente sea electo en primera vuelta, se exige la mayoría absoluta de los sufragios emitidos, lo que fue el caso en la primera presidencia de Tabaré Vázquez. En la segunda y tercera presidencias del FA, por el contrario, se debió ir a la segunda vuelta o balotaje, pero se obtuvo mayoría parlamentaria. Una parte de la dirigencia frenteamplista fue favorable a esa reforma constitucional que visiblemente la perjudicaba, dentro del discurso del “gobierno de mayorías”.
Los resultados en 2024 fueron, en primera vuelta, los siguientes: Frente Amplio, 1.071.826; Partido Nacional, 655.426; Partido Colorado, 392.592; y ocho partidos más con cantidades menores de votos. Hubo un inusitado número de votos en blanco o anulados (119.489), lo que se explica, en parte, porque el sufragio es obligatorio. De ellos, 34.383 contenían la hoja por el “Sí” al referéndum contra la reforma previsional de este gobierno, impulsado por la central sindical y otras organizaciones sociales.
En el balotaje, donde compitieron los candidatos del FA y de la oficialista Coalición Republicana, que gobierna desde hace cinco años, triunfó el primero con 1.212.833 votos contra 1.119.537 del segundo. En porcentajes, un 52 contra 48 por ciento.
Triunfos y derrotas, fuerza y debilidad
Los resultados electorales han traído de nuevo al discurso político, académico y mediático el término “gobernabilidad”, que parecía caído en desuso.
Cuando oigo hablar de gobernabilidad, siento escalofríos. ¿Estamos ante un recurrente déjà-vu? Se oye el eco del pacto blanquicolorado que permitió a Sanguinetti aprobar la ley de caducidad y, en su segunda presidencia, imponer la reforma del sistema de seguridad social, introduciendo el régimen de capitalización –individual y obligatorio– en una parte de los aportes jubilatorios, con las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), que son filiales de bancos en plaza.
La implantación en 1995, de este sistema mixto, menos innovador que el modelo chileno, favorito de Lacalle Herrera y Jorge Batlle, se justificó instalando la idea de la crisis inminente del Banco de Previsión Social (BPS). Otro déjà-vu. Cada vez que se quiere reformar algo –la educación, el sistema jubilatorio, las leyes penales o lo que sea– se empieza por machacar (impregnar, en el vocabulario del Marco Curricular 2020) con un relato apocalíptico, anunciador de la catástrofe inminente. Es una regla del marketing: primero se crea la necesidad de un producto y luego se lo ofrece, envuelto para regalo.
La ola privatizadora, enarbolando el discurso de la “reforma del Estado”, formó parte de la declinación, en los hechos, del Estado de bienestar, rematado por las directivas del Consenso de Washington y de los organismos financieros internacionales. Según Hobsbawm, el “Estado de bienestar” habría sido una anomalía en el sistema capitalista, consecuencia de la prosperidad de posguerra y de la competencia con el socialismo triunfante en buena parte del planeta.
La cadena de crisis que se suceden desde 1968 y 1973, hizo incompatible la recuperación de las tasas de acumulación con la distribución del ingreso, que para el capitalismo de los países centrales había significado una expansión enfocada, en parte, en el desarrollo del mercado interno. El llamado neoliberalismo, que reflota las ya añejas propuestas de von Hayek, Schumpeter, von Mises, Friedman y otros, fue una necesidad impostergable. Liberar el capital implicó atacar la fuerza relativa del trabajo y una recomposición profunda del sistema de poder, que en el Cono Sur requirió la implementación de una red de dictaduras, coordinadas en el Plan Cóndor. Consciente de ello, Hayek declaró a El Mercurio su preferencia por una dictadura liberal (en lo económico) sobre una democracia que no lo fuera. Los «libertarios» del capitalismo saben que necesitan un Estado fuerte que imponga la desregulación. A sangre y fuego si es preciso.
Cuando las dictaduras ya no garantizaban la estabilidad política y social, se recurrió a las democracias gobernables.
“Para hacer compatible la democracia con la gobernabilidad, es decir, para impedir que la democracia interfiera con los intereses capitalistas (ingobernabilidad), la Trilateral impulsó una transformación profunda de la sociedad para hacerla menos demandante, junto a un cambio en las relaciones políticas para reforzar el control sobre los conflictos que surgieran ante la negativa del sistema de convertir las demandas sociales en políticas públicas.
La identificación de la ingobernabilidad como crisis de autoridad (dominación) es inherente con la noción de gobernabilidad (governability) como la estabilidad política que se obtiene con la obediencia de los gobernados”. [Dichas transformaciones fueron presentadas] “…no sólo como un fenómeno inevitable sino también como necesario para la expansión de la democracia, y por lo mismo, deseable.” 1
En Uruguay, la ola privatizadora de los años 90 fue frenada, aunque parcialmente, por la lucha popular. Sobre todo desde las organizaciones sociales, que apelaron a un instrumento de democracia directa como el referéndum.
Sanguinetti2, luego de haber usufructuado la férrea mano de yeso de los blancos, no se sintió tan obligado con la gobernabilidad, desde que contribuyó al referéndum que frenó la privatización de la telefónica Antel y dejó a Lacalle Herrera (quien gobernó entre 1990 y 1995, y es padre del presidente hoy saliente) en la estacada. Esta alianza de una parte de las izquierdas con el Foro Batllista influyó para que se derogaran sólo algunos artículos de la ley, por lo que, si bien se impidió la enajenación de las empresas públicas, quedaron resquicios para privatizar (tercerizar) sectores o actividades.
El discurso privatizador, revestido con el manto de la reforma del Estado o del antimonopolio, fue convirtiéndose en ideología dominante, incluso dentro de la izquierda, que no atinaba a diferenciarse cabalmente, y que en parte incorporó esa retórica, reconvirtiéndose en progresismo. El último gobierno frenteamplista creó mecanismos como la participación público-privada (PPP), que, sorprendentemente, algunos jóvenes hoy creen que constituye un diferencial de izquierda respecto al gobierno coaligado. De hecho, en gobiernos progresistas se recurrió al sistema de pergeñar empresas públicas de derecho privado para eludir las normas de contratación y despido de funcionarios, flexibilizar las operaciones comerciales y escapar al control estatal.
Hacia el año 2011, según el entonces presidente José “Pepe” Mujica, del Frente Amplio, había unas sesenta empresas de ese tipo, como ALUR, DUCSA y República AFAP, además de algunos planes dependientes de la Presidencia, como el Ceibal y Juntos.3 “Como no podemos reformar el derecho público, estamos construyendo otro Estado que no sabemos lo que es, por ahí. Esta es una tragedia que van a tener que zurcir en el porvenir algunos que vengan”4. Pero, aunque está relacionado, este es otro tema, que merecería mayor reflexión y discusión. Al menos debería hacerse visible.
Un viraje ideológico y político en la mítica “restauración democrática”
La gobernabilidad se justificó, en aquellos tiempos lejanos de la “salida” de la dictadura, agitando el espectro golpista y la amenaza militar para convocar a la unidad nacional, al respaldo y la sujeción al gobierno, identificado con “la democracia” o “la restauración democrática”.
No se acudió a la idea de gobernabilidad para legitimar la “coalición multicolor” (la Coalición Republicana: Partido Nacional, Colorado, Independiente, Cabildo Abierto). Se autovalidaba como instrumento para derrotar al progresismo en el balotaje de 2019 y permitir una acelerada reestructuración en todos los órdenes a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC), presentada inmediatamente después a la asunción del nuevo gobierno (2020), la cual constaba de 476 artículos que abarcaban todos los aspectos imaginables: penales, institucionales, económicos, etc. (Los movimientos sociales impulsaron un referéndum contra 135 artículos de esta norma, que no logró mayoría. Conspiraron en esta derrota la situación de aislamiento por la pandemia y, en mi opinión, las vacilaciones derrotistas en parte del progresismo.) La derecha tiene claro su programa y carece de complejos de culpa a la hora de aplicarlo.
El término “gobernabilidad” reaparece ahora con el triunfo electoral del FA y la perspectiva de gobernar sin mayoría parlamentaria. ¿Alude sólo a la necesidad de negociar con otros sectores y de llegar a compromisos o consensos para aprobar leyes? En el trabajo parlamentario, la negociación y los acuerdos son normales. Durante el período reciente los hubo, incluso por fuera –o por dentro, según cómo se mire– de la coalición que se quería gobernante. Por ejemplo, hubo arreglos entre frenteamplistas, colorados e independientes en torno al fallido proyecto de legalización de la eutanasia, que murió por encajonamiento, con media sanción desde octubre de 2022.
Pensamos que el retorno del vocablo tiene un sentido más profundo y una finalidad de mayor alcance: controlar o limitar a un gobierno progresista y someterlo –aún más– a las “necesidades del mercado” (los intereses del capital) y la lógica del consenso con las fuerzas de derecha. Éstas, con su agresividad permanente, con sus falsedades manifiestas y su campaña electoral continuada sin pausa, dificultan el proceso. Porque aún en el gobierno, no detuvieron la confrontación ni un instante, mientras algunos dirigentes opositores hablaban de diálogo, acuerdos nacionales y políticas de Estado. También es posible que sea una vía para negociar desde posiciones de fuerza, aunque sean discursivas, y cobrar más caro el menor acuerdo.
La izquierda en la democracia gobernable
La izquierda uruguaya, si bien fue inmediatamente excluida del pacto de gobernabilidad, se mantuvo demasiado tiempo apegada a una táctica de “concertación” con los partidos burgueses que, prolongada más allá de su contexto original, la colocó, de hecho, en una situación subordinada. Admitió, inconfesadamente, el ideologema de la gobernabilidad. Las sucesivas «actualizaciones ideológicas» y los renunciamientos programáticos respondieron, entre otros factores, a esa circunstancia.
Es posible que tampoco se percibieran las limitaciones, en el tiempo y en el contenido, de las alianzas políticas y sociales anudadas en la lucha contra la dictadura. Era perfectamente previsible que los partidos burgueses dieran la espalda a las fuerzas populares, a las organizaciones políticas y sociales que habían pagado el más alto precio en esa lucha, una vez que el objetivo común fuera alcanzado. Me pregunto si esa miopía no se explica por una razón de clase y un cambio en la correlación de fuerzas en las organizaciones políticas y sociales. También habría que reflexionar sobre los efectos ideológicos de la derrota y de más de una década de represión encarnizada. Para muchos dirigentes, ser aceptados en el escenario político oficial y en los grandes medios, luego de haber sido proscritos y discriminados, ya constituía un logro a preservar.
A la izquierda hubiera correspondido, actuando con independencia: 1) exigir el estricto cumplimiento de todas las normas en la “restauración” institucional y estar dispuesta a dar la lucha en ese sentido; 2) hacer públicas las negociaciones, acuerdos y concesiones, empezando por las del Pacto del Club Naval y siguiendo por las efectuadas en la llamada CONAPRO,5 de modo que se hicieran conscientes en la militancia y en las masas; 3) incentivar la lucha social y política como forma de avanzar en democracia.
No hago más que retomar, por mi parte, debates de aquella época. Es posible que cuando digo “debates” exagere, ya que esos cuestionamientos, si formulados, no trascendían. No recuerdo que se hayan planteado clara y públicamente en esos términos ni en otros equivalentes, aunque sí hubo protestas contra la “democracia tutelada” y otras manifestaciones de decepción, más bien marginales o acalladas.
Sólo pretendo traducir a la práctica posiciones que planteó claramente Arismendi, desde 1984. Con la perspectiva del tiempo, debo concluir que no fueron entendidas o que fueron descartadas en su significado profundo, revolucionario. Su destino parece haber sido, en el discurso político, ser adaptadas a lo posible, en el reino del realismo pragmático e inmediatista que, en palabras de Gramsci, no ve más allá de su nariz.
En el informe a la Conferencia Nacional del PCU de 1985, se afirma lo siguiente:
“La expresión ‘democracia avanzada’ o ‘avanzar en democracia’, supone hoy la movilización y la unidad del pueblo por afirmar esta democracia, pero para lograr soluciones de justicia social e independencia económica. Supone al mismo tiempo la lucha por un programa de gobierno del FA, o del FA y sus posibles aliados”.
En el pensamiento de Arismendi, la defensa de “esta” democracia sólo es posible imponiendo el avance hacia una democracia real. En tal sentido, es lo opuesto a la “gobernabilidad”, asentada en la alianza de los partidos tradicionales, que, desde 1985, se transformó en la consigna de las clases dominantes. La defensa y profundización de la democracia no prohíben el despliegue de la lucha popular. Al contrario, lo suponen. Arismendi se pronunció tajantemente en contra de las propuestas de “pacto social”, al estilo Moncloa en la España posfranquista.
Con la perspectiva del tiempo, habría que analizar si no hubo un pacto implícito, más peligroso cuanto más oculto. Asimismo, sería conveniente plantearse cómo fue cambiando el bloque social de la izquierda para derivar en el progresismo. No en balde Arismendi reclamaba que la “columna vertebral” del movimiento debía ser el proletariado. Es particularmente sensible el viraje de los intelectuales y la academia que viven una época de desencuentro, ya no con la revolución, sino con cualquier iniciativa de transformación radical y estructural. En este sentido, están muy por detrás del desarrollismo de la CIDE.6
Hay que subrayar, en el planteo de Arismendi, la vinculación democracia-justicia social, que deberá imponerse con la lucha de masas. Se marca la dimensión social insoslayable de la democracia, la exigencia de la realización práctica –no la mera proclamación abstracta– de valores tales como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia, que la ideología del mercado desecha o tergiversa.
La lucha por avanzar en democracia entrañaba el cambio de clases o fracciones de clase hegemónicas, la transformación radical de las estructuras y las relaciones económico-sociales existente. Pero también del orden jurídico, de la cultura, que traducen –aunque no mecánicamente ni en una dirección única– las relaciones de poder realmente existentes.
Acerca de las negociaciones
Lenin, que solía llamar a las cosas por su nombre, es diáfano:
“El deber de un partido auténticamente revolucionario no consiste en proclamar la renuncia a cualquier compromiso, sino en saber cumplir fielmente a través de todos los compromisos –en la medida en que sean inevitables–, con sus principios, su clase, su misión revolucionaria, su obra de preparar la revolución y de educar a las masas populares para triunfar en la revolución.”7
Además de que no se deben hacer concesiones “en lo que toca a la teoría, programa o bandera”, Lenin planteaba que la socialdemocracia y la clase obrera daban su apoyo a todas las fuerzas que se oponen a la autocracia, a todas las nacionalidades y religiones perseguidas, a todo sector oprimido; pero, al mismo tiempo, se deben hacer ver a la clase obrera la contradicción de intereses que ella tiene con sus aliados, “el carácter condicional y temporal de esta solidaridad”, que los aliados de hoy pueden ser adversarios en el mañana. Si se aduce que estos postulados debilitarían la lucha por la libertad política, Lenin señala que “sólo son fuertes quienes luchan apoyándose en intereses reales, reconocidos de determinadas clases; todo factor que vele esos intereses de clase (…) no puede sino debilitar a los que luchan”8.
La claridad rotunda de Lenin, sin eufemismos ni subterfugios, se entiende porque después de Octubre, su finalidad era preparar el largo camino para la futura extinción del Estado, lo que significaba educar a las masas trabajadoras para enfrentar las tendencias a la burocratización o a la conversión de los soviets en órganos de tipo parlamentario. El mismo objetivo inspiraba el proyecto pedagógico de Krupskaia, que buscaba desarrollar la autonomía y la autogestión desde la infancia. Asimismo, sostiene que la dirección de la actividad educativa no debía estar sólo en manos de las autoridades o los expertos, sino que debían intervenir las familias, los sindicatos, las asambleas de fábrica, los koljoses y todas las organizaciones de masas, y no como simples “comisiones de fomento”.
“Nuestro objetivo es hacer participar prácticamente a toda la población pobre en el gobierno del país (…) Nuestro objetivo es lograr que cada trabajador, después de ‘cumplir la tarea’ de 8 horas de trabajo productivo, desempeñe sin retribución las funciones estatales. El paso a este sistema es particularmente difícil, pero sólo en él está la garantía de que se consolide definitivamente el socialismo.”9
Lenin consideraba que ocultar errores o retrocesos a las masas sería engañarlas y “descender al nivel de los politicastros burgueses”.
La democracia gobernable trae cola
Estos días releí el mencionado trabajo de Beatriz Stolowicz, al que los veinticinco años transcurridos desde su publicación otorgan mayor pertinencia. Quizás hoy podamos calibrar más precisamente que entonces el significado concreto de sus planteos.
Señala la “debilidad intelectual” como uno de los factores de la “parálisis política” de las izquierdas: “la crítica a ‘este’ liberalismo no es la crítica del liberalismo en tanto forma histórica de ejercicio de la dominación burguesa; se cuestiona a la ‘democracia realmente existente’ pero no se hace la crítica histórica y política de la democracia liberal, que sigue apareciendo (sobre todo después de la crisis del llamado socialismo soviético) como la democracia en general”.
La resistencia al neoliberalismo y su llamado “pensamiento único” por parte de las izquierdas se va debilitando con el advenimiento del nuevo siglo y se incorporan al discurso propio, como datos de la realidad, términos tan discutibles como globalización. Stolowics define: “la ‘globalización’ es la ideologización del imperialismo convertida en realismo”.
Este realismo pragmático, unido a la concepción de la política como “el arte de lo posible”, entendida en un sentido estático y mecánico, resulta útil para plegarse, de manera acrítica, a las directivas emanadas de los organismos internacionales, y no sólo en cuanto a la política económica. Esta sumisión incondicional y universal es evidente en materia educativa, con la adopción del llamado “enfoque por competencias”, basado en la doctrina del capital humano, atento a las necesidades del mercado laboral, pero también de la gobernabilidad.
La Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), creada en 2012 bajo el gobierno de Mujica, con sedes radicadas exclusivamente en el interior del país, estuvo destinada a implantar esta orientación en la educación superior, algo que ya se había logrado en la Unión Europea con el denominado “Proceso de Bolonia”. El enfoque por competencias es dominante en las universidades privadas del Uruguay. Además, la UTEC tenía el mérito de no ser verdaderamente autónoma ni cogobernada. Porque el liberalismo no es proclive a la participación, y favorece la supremacía del poder ejecutivo. Si el gobierno coaligado elevó la intervención del Ministerio de Educación y Cultura en las instituciones educativas, eso ya estaba presente en la ley 18437 de 2008, a contrapelo de las propuestas de la Unidad Programática de Educación del propio FA, que había funcionado orgánica y regularmente, y que empezó a ser ignorada y desoída –también orgánica y persistentemente– hasta convencerla de su propia inutilidad.
Se ha ido asumiendo implícitamente la idea de la “mano invisible” de los mercados, su capacidad de determinación, cuando, en realidad, la liberalización del capital es un hecho político, que implica decisiones políticas (como dejaron claro Thatcher y Reagan). Bien dice Juan Ponte que “los mercados no flotan al margen de los Estados, sino que son estos su condición de existencia y fuente nutricia”10.
Esas decisiones, que implican la expropiación creciente de los trabajadores, se alimentan con otras decisiones políticas, que pueden ir desde la represión al condicionamiento ideológico, mucho más duradero y eficaz (según la relación costo-beneficio).
En este sentido, en los marcos curriculares de 2017 y 2022, especialmente en la sección llamada “visión –o mirada– ética”, el objetivo es modelar la personalidad y la conducta de niños y adolescentes, inculcar valores, actitudes y hasta emociones, todo lo cual será minuciosamente evaluado en los “perfiles de egreso” y “las progresiones de aprendizaje”. Se busca producir personas conciliadoras, eficientes, adaptables, resilientes, conformistas y, sobre todo, hacerlas sentir responsables de su suerte, buena o mala.11 El MCRN (Marco Curricular de Referencia Nacional) de 2017 se preocupaba por la conciliación de los contrarios, la concordia y la cohesión sociales, la integración armoniosa de los individuos en una sociedad concebida como organismo o como sistema, en función de las teorizaciones posmodernas de la diferencia, con un sentido idílico y moderador. Da razón a Ponte cuando señala que “lo que caracteriza al capitalismo, más que el individualismo, es el armonismo”.
Y agregaría: la uniformización, paradojalmente, en el marco de las declamaciones a favor de la diversidad. Pero hay diversidades inaceptables; éstas serán culpabilizadas. El relativismo y subjetivismo epistemológicos de la posmodernidad devienen un férreo dogmatismo cuando llegamos a los valores y comportamientos impregnados con el barniz de la moralidad. Este acento está en consonancia con el auge de la psicología conductista, de marcada influencia en los proyectos educativos donde, lamentablemente, y más allá de los discursos, coinciden progresistas y conservadores.
Como bien ha hecho notar el pensador mexicano Carlos Herrera de la Fuente, “Ese miedo a la culpa es lo que motiva el actuar denominado ‘políticamente correcto’; el que nos convierte, simultáneamente, en esclavos y vigilantes. Ése es el motor inmóvil de nuestro siglo”12. Lo que Philip Roth, en su novela La mancha humana, llama “la tiranía del decoro”, o “el éxtasis de la mojigatería”.
En este sentido, señala Ponte en su precitada obra:
“Ahora bien, el neoliberalismo no es una reactivación del viejo liberalismo, sino una nueva forma de concebir el gobierno político. Mientras que el problema del liberalismo del siglo XVIII es cómo disponer en una sociedad política dada un lugar lo más libre de injerencias para el mercado, es decir, preservar un lugar vacío de poder político, el del neoliberalismo es inverso: cómo ajustar de la manera más eficiente el ejercicio del poder político a los parámetros de la economía de mercado. El celo liberal se centra en qué aspectos sociales conviene no intervenir en demasía. La obsesión neoliberal consiste en conocer cómo intervenir lo máximo y mejor posible en los comportamientos humanos. ¿No es esto lo que algunos llaman totalitarismo?”.
Las dimensiones de la gobernabilidad
Vamos a cerrar con algunas citas del mencionado trabajo de Stolowics, que pueden ser controversiales pero que, me parece, anticipan problemáticas que han cobrado concreta actualidad.
1) “Que la democracia pueda jugar ese papel de garante del statu quo y tenga legitimidad en sociedades como las latinoamericanas, implica no sólo la transformación de la concepción que se tiene sobre la democracia, sino un cambio fundamental en la sociedad para transformar a sus actores políticos en funcionales al sistema”.
2) “La imposición de pautas de consumo suntuario (con el abaratamiento de muchos productos) induce a los sectores empobrecidos a consumirlos con un desplazamiento adicional de sus necesidades básicas (calidad alimenticia, salud, vivienda, educación, información), lo que aumenta su condición dependiente y marginal y fuerza las actividades. El desempleo y la pobreza incrementan las conductas delictivas de los pobres, y con ello la percepción de inseguridad, haciendo a la sociedad más proclive a formas de privatización de las acciones coercitivas, y más permisiva con las prácticas autoritarias. Y en ese mismo plano de la deseabilidad dispersiva se encuentran las organizaciones no gubernamentales, unidades preferenciales de la poliaquía”.
3) “Las estrategias de gobernabilidad se orientan a aislar los conflictos tratándolos como particularidades (étnicos, religiosos, generacionales o de género, entre otros) y explotando su especificidad para impedir que se articulen en una noción de lo popular. El tratamiento diferenciado va desde cooptaciones y programas focalizados hasta represiones abiertas. Las agregaciones microsociales (comunitarias, barriales) son manipuladas para reforzar prácticas clientelísticas sin mayor alcance en cuestionamientos de tipo sistémico, en lo que puede radicar la funcionalidad de lo ‘local’ para la gobernabilidad conservadora”.
4) “Las élites políticas construyen los equilibrios mediante consensos entre sí, que es la única forma que puede adoptar la política democrática, consensos hacia los intereses dominantes y no confrontación de proyectos de sociedad distintos. Porque no hay alternancia de proyectos, los consensos presuponen acuerdos estructurales básicos, que incluyen naturalmente la convicción de que los asuntos económicos son privativos del mercado. Al existir esos consensos básicos, las diferencias sólo pueden ser de carácter procedimental y sólo en esa medida las diferencias son negociables, concertables”.
5) “En suma, los partidos se limitan a ser la instancia de reclutamiento de las élites. El reclutamiento se realiza a través del juego de la oferta y la demanda, con los atributos de libertad de todo mercado: oferentes en libre competencia y consumidores también libres, igualados solamente en la posesión de la ciudadanía (…). La política es marketing periódico y concertación fuera de los tiempos de la competencia, allí se acaba el asunto de la política”.
Según Stolowics, la izquierda sucumbió a una práctica política de cúpulas, distanciándose de sus bases sociales. Sus debilidades conceptuales no le permitían entender la diferencia entre “ser la izquierda en el sistema o ser la izquierda del sistema”, todo lo cual la condujo al “desperfilamiento programático”.
La mayoritaria oposición de los partidos frenteamplistas al plebiscito promovido por las organizaciones sociales contra la reforma previsional es signo de ese distanciamiento y desperfilamiento, de su sumisión a las necesidades del capital. Al mismo tiempo, la masiva desobediencia de los votantes a sus directivas y la indiferencia a sus relatos catastrofistas, deberían hacer reflexionar a los dirigentes. Gran parte de los votantes de esos sectores apoyaron al «Sí»; otra parte no puso la papeleta por acatamiento y por no causarle problemas al posible futuro gobierno progresista.
Y hay miles de ciudadanos que apoyaron el plebiscito, pero votaron en blanco. Pienso que habría que prestar especial atención a esa expresión que puede ser interpretada como desencanto con el progresismo desde la izquierda, porque la decepción con los políticos puede convertirse en decepción por la política y prohijar el abstencionismo o el ascenso de algún personaje con aura trasgresora y presencia mediática, como el demagogo Milei en Argentina. Quizás ya haya sucedido algo por el estilo con el inesperado apoyo al tonante Gustavo Salle,13 que obtuvo las dos bancas parlamentarias que el FA necesitaba para tener mayoría. Y no me vengan con el verso de Delgado –el candidato del PN apoyado por la Coalición Republicana– de que es bueno estar obligado a negociar (tal sería “el mensaje de la gente”), ni menos con el discurso, que supo estar de moda, sobre la ideal “alternancia” de los partidos en el gobierno.
María Luisa Battegazzore
NOTAS
1 B. Stolowics, “La democracia gobernable: instrumentalismo conservador”, en Vigencia y actualización del marxismo en el pensamiento de Rodney Arismendi, Montevideo, I Encuentro Internacional, 2001, pp. 199-200. Disponible en www.fundacionrodneyarismendi.org/publicaciones.
2 Julio M. Sanguinetti fue presidente en dos ocasiones: 1985-1990 y 1995-2000. Su agrupación dentro del Partido Colorado se llamó Foro Batllista. Como ministro de Educación y Cultura en el gobierno de Bordaberry, prohijó una ley de educación que terminó con la autonomía de los entes de enseñanza y con la participación docente en ellos.
3 ALUR (Alcoholes del Uruguay) y DUCSA (Distribuidora Uruguaya de Combustibles S.A.) son sociedades anónimas que absorbieron funciones de ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland). Ceibal fue creado en 2007, en la primera presidencia frenteamplista de Tabaré Vázquez, para implementar el proyecto One Laptop per Child (OLPC), preconizado por Nicholas Negroponte. El Plan Juntos, bajo el gobierno de Mujica, atendía el problema de la vivienda en sectores carenciados.
4 www.elobservador.com.uy/nota/empresas-publicas-de-derecho-privado-201161817310.
5 El Pacto del Club Naval fue el cónclave donde militares y dirigentes políticos acordaron la próxima convocatoria a elecciones para terminar con la dictadura cívico-militar. Fue la culminación de largas negociaciones, más o menos secretas, iniciadas en 1980, cuando las fuerzas armadas fueron derrotadas en el plebiscito constitucional que propusieron. Se aceptó un proceso electoral con proscripciones.
En la transición previa a los comicios y la asunción del gobierno electo, desde setiembre de 1984, funcionó la Concertación Nacional Programática (CONAPRO), con el fin de acordar medidas económicas, sociales y políticas a aplicar en la democracia “restaurada”. Participaron los partidos políticos, los sindicatos, las cámaras empresariales y otras organizaciones sociales y culturales. No se trató de un espacio institucional. Sus decisiones no fueron formalmente vinculantes.
6 Aludo al trabajo de Rodney Arismendi Encuentros y desencuentros de la universidad con la revolución, de 1965, donde hace una crítica al desarrollismo, orientación predominante en la academia, y que inspiró la frustrada experiencia de la CIDE (Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico), creada en 1960 por el Poder Ejecutivo e integrada por más de 300 investigadores universitarios.
7 V. Lenin, Acerca de los compromisos, disponible en www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1917/sept/03.htm.
8 Lenin, Las Tareas de los socialdemócratas rusos, disponible en https://prtarg.com.ar.
9 Lenin,. Las tareas inmediatas del poder soviético, disponible en www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas08-12.pdf.
10 “El capitalismo es una economía de antimercado”, entrevista con Juan Ponte. Disponible en www.sinpermiso.info/textos/el-capitalismo-es-una-economia-de-antimercado-entrevista-con-juan-ponte.
11 Entre las palabras más reiteradas en el Marco Curricular 2020, figuran “responsabilidad”, “respeto”, “monitoreo”, “evaluación” y sus derivadas. Particularmente en la “Competencia de ciudadanía local, global y digital”, que implica una banalización o trasmutación del mismo concepto de ciudadanía. En el año 2000, la Comisión de la Unión Europea decía que “los individuos deben tener la voluntad y los medios de hacerse cargo de su destino”, en referencia a la capacidad de adecuarse a los cambios en el mercado de trabajo y la precariedad laboral.
12 C. Herrera de la Fuente, “Manifiesto contra nuestro siglo”, en https://sdemergencia.com/2022/08/26/manifiesto-contra-nuestro-siglo.
13 Abogado, activista con orientaciones difíciles de clasificar, que van desde el ecologismo al antifeminismo. Se hizo conocer por su talante personalista, confrontativo y provocador. En 2024 presentó un partido propio (Identidad Soberana) y logró dos bancas de diputado. Podría ser considerado un outsider de la política. Apeló a denunciar a los políticos, a los sindicatos, la corrupción y conspiraciones varias, apareciendo como el que dice lo que nadie se atreve.